Alista la ONU reunión sobre protección a defensores en Chiapas

Relatora de la ONU abordará riesgos y protección a defensores en Chiapas.

Por Mauro López | Corresponsal                                                

La relatora especial de Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, alista su prticipación el próximo lunes en un conversatorio ques se realizará en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. La actividad fue informada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). El encuentro se centrará en la situación actual de defensores en esta entidad federativa.

El conversatorio lleva por título «La situación de las personas defensoras de derechos humanos en Chiapas: Los retos de su protección». El evento se programó como un espacio de análisis público. El objetivo consistió en exponer riesgos, contextos y desafíos documentados.

El Frayba informó que la participación de Mary Lawlor se realizará en su calidad de relatora especial de la ONU. La visita se enmarca en acciones de observación internacional. El organismo detalló que el encuentro tuvo carácter abierto.

Voces y testimonios

En el conversatorio participarán Alejandra Elizalde y Alicia Gómez, integrantes del Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Chiapas. Ambas expusondrán información documentada sobre agresiones y contextos de riesgo. Su intervención se centró en casos registrados en la entidad.

También se alista la participación de Moctezuma Bersaín Velasco Aguilar, hijo del defensor comunitario Versaín Velasco García. El caso se relacionó con la criminalización de la defensa comunitaria.

Versaín Velasco García permanece privado de la libertad desde el 10 de enero de 2022. Inicialmente estuvo recluido en Ocosingo y después fue trasladado a San Cristóbal de Las Casas. Las autoridades le imputaron los delitos de homicidio, homicidio calificado y robo. –sn–

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Obtienen libertad defensores indígenas tseltales en Chiapas

Indígenas tseltales obtienen libertad y organizaciones documentan detenciones. Primeras liberaciones

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

Las autoridades judiciales de Chiapas dieron a conocer que cinco indígenas tseltales, defensores del territorio, recuperaron su libertad este fin de semana, y precisaron que permanecieron presos desde 2022 en el penal de San Cristóbal de Las Casas, donde enfrentaron una acusación por el homicidio de un policía municipal, hecho que negaron ante instancias judiciales.

Integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señalaron que el caso presentó irregularidades desde su inicio, y recordó que la defensa documentó violaciones al debido proceso. Los involucrados manifestaron que la resolución federal modificó por completo su situación jurídica.

El Frayba detalló que Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco abandonaron la prisión por orden del Tribunal Colegiado del Poder Judicial, y estableció que la liberación fue calificada como “inmediata” en la notificación oficial. La organización indicó que la decisión tuvo efectos en los expedientes penales iniciados en su contra, y comunicó que el fallo fue entregado a las autoridades penitenciarias del estado para su ejecución. Los defensores informaron que regresaron a sus comunidades tras la notificación judicial.

El Tribunal Colegiado explicó que la resolución derivó del análisis del amparo 64 y 65/2025, y especificó que los acusados acreditaron pruebas suficientes para modificar la sentencia previa, hecho que quedó asentado en el dictamen final. La defensa informó que entregó peritajes, testimonios y documentos que cuestionaron la acusación original, y señaló que el tribunal revisó cada elemento antes de emitir el fallo. Los cinco indígenas comunicaron que mantuvieron su declaración de inocencia en todas las audiencias del proceso.

Intervención de organizaciones

Organizaciones de derechos humanos indicaron que el caso recibió acompañamiento de distintas agrupaciones civiles, y precisaron que estas enviaron documentación para reforzar el análisis del Poder Judicial. El Frayba afirmó que las revisiones externas ayudaron a identificar inconsistencias en las primeras diligencias, y agregó que autoridades comunitarias respaldaron el proceso de defensa. Representantes del colectivo señalaron que las investigaciones iniciales presentaron fallas reportadas a las instancias federales.

El Frayba informó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó documentos en calidad de amicus curiae (amigo del tribunal), y explicó que estos materiales detallaron irregularidades en el modo en que se realizaron las detenciones, hecho que quedó asentado en la revisión del caso. La organización argumentó que los informes externos fortalecieron la exigencia de una revisión exhaustiva a la actuación del ministerio público. Los documentos entregados fueron integrados al expediente federal.

La ONU indicó que los testimonios contenidos en el amicus curiae describieron que las detenciones se realizaron sin órdenes judiciales, y expusieron que existieron omisiones en el registro de la primera comparecencia, elementos revisados por el Tribunal Colegiado. La organización internacional señaló que la evidencia disponible permitió cuestionar la validez de las acusaciones, y reiteró que el proceso debió investigarse con mayor precisión desde su inicio. Los informes entregados subrayaron que la estructura del caso presentó inconsistencias relevantes. –sn–

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El GIDH alerta sobre la grave crisis de derechos humanos en Chiapas

En diversas zonas de Chiapas operan estructuras criminales que ejercen control armado, someten a las comunidades con violencia y generan “territorios silenciados”.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, encabezado por su presidente, el doctor Jesús Rey Fierro Hernández, expresó profunda preocupación por el deterioro acelerado de la situación en Chiapas, donde —bajo una aparente calma— persiste una crisis estructural de violencia, control territorial armado, desapariciones y desplazo forzado.

Al pronunciarse sobre el reciente informe presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Fierro Hernández, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, advirtió que lo documentado por dicha organización coincide con los análisis realizados por el GIDH, los cuales señalan que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia están fallando de manera sistemática, permitiendo que la impunidad se convierta en una constante en la entidad.

“Lo que ocurre en Chiapas es la expresión más cruda de un Estado debilitado, incapaz de proteger a las comunidades y, en algunos casos, vinculado a pactos que profundizan la violencia. Las denuncias del Frayba confirman lo que desde hace años venimos advirtiendo: la población está desprotegida”, señaló el presidente del GIDH.

Fierro Hernández recordó que, en diversas zonas de Chiapas —particularmente en la región fronteriza y en territorios autónomos zapatistas— operan estructuras criminales que ejercen control armado, someten a las comunidades con violencia y generan “territorios silenciados”.

“Esto refleja una crisis humanitaria que exige atención urgente del Estado mexicano; hablamos de más de 16 mil personas desplazadas, comunidades completas que han sido expulsadas de sus territorios, agresiones a defensores, despojos y un proceso continuo de militarización que no ha traído seguridad. Lejos de resolver la violencia, la agrava”, afirmó el especialista en derechos humanos.

El GIDH retomó los señalamientos de Pedro Faro, quien alertó sobre el incremento sostenido de desapariciones, incluidas aquellas vinculadas al conflicto armado interno y a la presencia de grupos criminales. Entre los casos más graves se encuentra la desaparición de diez comerciantes guatemaltecos en 2023, un hecho actualmente revisado en el ámbito internacional.

Asimismo, agregó Fierro Hernández, se han documentado 36 desapariciones en territorios de autonomía zapatista; 34 personas desaparecidas pertenecientes a la Zona Tierra y Libertad; y decenas de casos adicionales denunciados por organizaciones comunitarias.

El presidente del GIDH subrayó que estos hechos apuntan a patrones claros de violencia institucional, “cuando las desapariciones se multiplican y las instituciones encargadas de investigar fallan una y otra vez, no hablamos de errores: hablamos de responsabilidad del Estado”, enfatizó Fierro Hernández.

“El desmantelamiento progresivo de organismos autónomos, la centralización del poder y la falta de independencia judicial profundizan la crisis. Sin instituciones sólidas, ningún pueblo puede ser protegido. Chiapas es hoy la prueba más dolorosa de esa fragilidad”, dijo.

De esta forma, el GIDH hizo un llamado firme al Estado mexicano para implementar acciones inmediatas de protección a comunidades en riesgo; garantizar la búsqueda efectiva de personas desaparecidas; frenar la colusión entre autoridades y grupos criminales; así como

“Chiapas es un territorio donde la violencia se normaliza, donde las comunidades viven bajo miedo y donde la verdad es ocultada. México enfrenta una crisis profunda de derechos humanos y es obligación del Estado revertirla con acciones firmes y transparentes”, concluyó Jesús Rey Fierro Hernández. –sn–

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