Alianza Global para Alternativas a la Incineración GAIA. 25 años por la Justicia Ambiental

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Panamá revisa avances en la implementación del acuerdo de Escazú

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Organizaciones alertan por retroceso en justicia ambiental

Colectivos ambientales advirtieron sobre el impacto del proyecto de Yasmín Esquivel en la SCJN.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

Diversas organizaciones civiles expresaron su preocupación ante el contenido del proyecto de sentencia elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa en la contradicción de criterios 217/2021, por su potencial retroceso en materia de derechos humanos y justicia ambiental. El documento fue programado para discusión el 9 de octubre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El proyecto propuso restringir la legitimación activa de asociaciones civiles y defensoras del medio ambiente para promover juicios de amparo por violaciones al derecho a un entorno sano, limitando la participación de la sociedad civil en causas ambientales.

Según el texto, el objeto social de una organización resultó insuficiente para acreditar interés legítimo, dejando sin efecto criterios anteriores que habían reconocido la posibilidad de que asociaciones civiles actuaran en defensa de derechos colectivos y difusos.

Riesgo de retroceso ambiental

En resoluciones previas, la Corte había sostenido que las decisiones en materia ambiental debían garantizar legitimación amplia a las asociaciones, permitiendo su acceso a la tutela judicial con base en su objeto social orientado a la defensa del medio ambiente.

Esa jurisprudencia reconocía que el derecho a un medio ambiente sano, previsto en el artículo 4 constitucional, constituía un derecho difuso, protegido en favor de toda la colectividad, y que las organizaciones especializadas formaban parte de esa comunidad beneficiaria.

Por ello, las asociaciones no necesitaban acreditar una afectación individual para acudir al amparo, bastando con demostrar su misión institucional en la promoción y defensa del interés público ambiental.

Contradicción con compromisos internacionales

El Acuerdo de Escazú, firmado y ratificado por México, obliga a garantizar acceso efectivo a la justicia ambiental y a eliminar barreras para la defensa del entorno por parte de personas y colectivos. Las organizaciones señalaron que restringir la legitimación contradice los principios de este tratado internacional.

Además, advirtieron que el proyecto vulneraría el principio de no regresión ambiental, pilar reconocido en los instrumentos internacionales que México ha suscrito, y que prohíbe reducir el alcance de los derechos previamente garantizados.

Las agrupaciones recordaron que el Acuerdo de Escazú fue concebido para fortalecer la participación pública y el acceso a la información ambiental, por lo que limitar la actuación de asociaciones representaría un incumplimiento directo de sus obligaciones internacionales.

Coincidencia con reformas restrictivas

La preocupación creció ante el contexto legislativo actual. El Senado de la República aprobó reformas a la Ley de Amparo orientadas a restringir el interés legítimo y limitar la suspensión de actos de autoridad, medida que podría reducir la capacidad ciudadana para frenar violaciones a derechos fundamentales.

El análisis simultáneo del proyecto de la SCJN, señalaron las organizaciones, reflejó una tendencia institucional hacia el cierre del espacio cívico y la desprotección de derechos colectivos. En conjunto, estos cambios afectaron la eficacia de los mecanismos de control constitucional.

Expertos en derecho ambiental y constitucional coincidieron en que tales modificaciones podrían debilitar la protección del medio ambiente y los derechos humanos frente a megaproyectos o políticas públicas con impacto social negativo.

Impacto en la defensa colectiva

De aprobarse el criterio propuesto, las asociaciones civiles y colectivos comunitarios quedarían sin posibilidad de promover amparos si no acreditaban afectaciones directas al entorno durante la etapa inicial del juicio.

Esa exigencia implicaría un retroceso frente a los avances jurisprudenciales que habían reconocido el interés legítimo como herramienta de defensa para causas ambientales, sociales y de derechos humanos.

En términos prácticos, la medida reduciría la capacidad de la sociedad civil organizada y de comunidades locales para oponerse a proyectos extractivos, obras públicas o decisiones gubernamentales que afectaran la biodiversidad o el equilibrio ecológico. –sn–

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Procuradurías ambientales fortalecen acciones contra el maltrato animal

Autoridades ambientales y organizaciones civiles acordaron estrategias conjuntas para mejorar la justicia en bienestar animal.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

Con el objetivo de fortalecer la procuración de justicia en materia de bienestar animal, las Procuradurías Ambientales Región Centro de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE) y Humane World for Animals México —antes conocida como Humane Society International México— realizaron un encuentro internacional orientado a la investigación y atención de casos de maltrato animal.

El evento reunió a servidores públicos, académicos, investigadores y ciudadanos interesados en la protección de los animales. La jornada permitió el intercambio de experiencias entre especialistas, así como la creación de estrategias interinstitucionales para mejorar la actuación de las procuradurías en la atención de denuncias y la sanción de responsables.

La iniciativa buscó consolidar una agenda de trabajo que articule la investigación, educación y participación ciudadana con el propósito de erradicar el maltrato animal en México. También se abordó la importancia de la colaboración con la sociedad civil organizada como herramienta clave para garantizar el respeto a los derechos de los animales.

Colaboración interinstitucional y sociedad civil

Durante su participación, la Dra. Claudia Edwards, directora de programas de Humane World for Animals México, señaló que encuentros como este representan “una muestra del interés creciente de las instituciones gubernamentales por erradicar el maltrato animal en todas sus formas”.

Edwards subrayó que cada vez más estados del país se suman al compromiso de aplicar políticas efectivas de protección animal y de coordinar acciones conjuntas con las procuradurías ambientales, fortaleciendo el vínculo entre autoridades y asociaciones civiles.

En la jornada participaron representantes de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Cdmx (PAOT), la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (PROPAEM), la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente de Aguascalientes (PROESPA) y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET).

Estas instituciones compartieron sus experiencias en la atención de denuncias por maltrato animal, la capacitación de su personal y los avances legislativos alcanzados en sus respectivas entidades.

Avances y retos en legislación

En el encuentro se presentaron ponencias sobre la evolución del marco legal en materia de bienestar animal en México, con énfasis en la necesidad de homologar criterios entre los distintos niveles de gobierno y las fiscalías ambientales.

De acuerdo con los especialistas, uno de los principales retos sigue siendo el fortalecimiento de los protocolos de actuación durante los rescates y aseguramientos de animales víctimas de maltrato, así como el establecimiento de sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos.

El evento contó con la participación de 191 asistentes, quienes analizaron temas relacionados con el comportamiento animal, la evaluación de entornos domésticos y urbanos, y las oportunidades de mejora en la atención institucional.

Asimismo, se reconoció la importancia de la labor de las asociaciones protectoras, consideradas aliadas estratégicas en los procesos de rescate, rehabilitación y adopción de animales víctimas de abuso o abandono. –sn–

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⚡ Mientras las Big Tech nos prometen que la digitalización salvará el planeta, cada algoritmo de IA consume energía equivalente a países enteros. Esta investigación muestra que otro modelo tecnológico es posible y está siendo construido por nuestras comunidades.

📖Lee Acciones por la justicia ambiental desde infraestructuras tecnológicas autónomas y comunitarias: https://mayfirst.coop/es/post/2025/justicia-ambiental-infra/. Una colaboración de @sursiendo y @mayfirst
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Ecocidio se tipifica como crimen internacional

Académicos y activistas debatieron sobre ecocidio y su impacto ambiental en América Latina.

Por Martín García | Reportero                                      

El ecocidio fue planteado como un delito cercano al genocidio porque desplazaba poblaciones enteras y generaba crímenes contra defensores ambientales, además de asociarse con fenómenos globales como el cambio climático, señaló el director del CIALC de la UNAM, Gerardo Torres Salcido.

El académico indicó que el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe impulsaba nuevas visiones regionales. En este marco, investigadores nacionales e internacionales estudiaban fenómenos vinculados con desplazamientos, despojos y violencias ejercidas también contra comunidades.

En el Seminario Internacional El delito de ecocidio en América Latina, explicó que la defensa de derechos humanos debía relacionarse con la protección de ecosistemas. Añadió que el problema crecía de manera significativa en la región y requería atención inmediata.

Propuesta global

La organización Stop Ecocidio Internacional desarrollaba acciones intersectoriales para caracterizar el ilícito como crimen internacional. El objetivo consistía en que la Corte Penal Internacional lo incorporara dentro de su marco jurídico, iniciativa considerada esencial por los especialistas reunidos.

La investigadora del CIALC, Eva Leticia Orduña Trujillo, advirtió que la afectación climática y ambiental impactaba otros derechos fundamentales. El primero de ellos era la vida, que debía garantizarse frente a las consecuencias de daños irreversibles en ecosistemas.

La especialista señaló que América Latina registraba el mayor número de agresiones contra defensores ambientales. Entre las violaciones documentadas destacaban asesinatos y desapariciones forzadas, considerados los hechos más graves en la región.

Asimismo, añadió que la estigmatización representaba otro riesgo. Activistas eran catalogados como opositores al desarrollo o “terroristas”, lo que facilitaba procesos de criminalización con el encarcelamiento como principal recurso estatal.

Perspectiva regional

La académica Natalia Denise Alonso, del Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, sostuvo que las condiciones estructurales del sistema-mundo debían considerarse al elaborar políticas ambientales. Resaltó la necesidad de articular demandas socioambientales y legislar de manera clara sobre ecocidio.

Alonso explicó que la movilización social en favor de la justicia ambiental se había apropiado del término. La construcción de esta noción se consolidaba como un riesgo percibido, aun sin contar con una definición técnica aplicada de manera uniforme.

Señaló la urgencia de trabajar en una definición de ecocidio adaptada a América Latina. Esta conceptualización debía responder a las necesidades regionales y al mismo tiempo resultar relevante para países del sur global con problemáticas similares.

En su análisis, reconoció que cada región poseía sus propias historias. Sin embargo, coincidían problemáticas comunes relacionadas con explotación ambiental, conflictos sociales y políticas insuficientes para garantizar una protección efectiva de los ecosistemas. –sn–

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