Alertan sobre “zonas de sacrificio” y exigen justicia ambiental en México
“La justicia ambiental debe ser una prioridad nacional. No puede haber desarrollo legítimo si éste implica vulnerar derechos fundamentales”, dijo
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, encabezado por su presidente Jesús Rey Fierro Hernández, advirtió que México enfrenta un desafío urgente para cerrar la brecha entre su liderazgo internacional en materia de sustancias tóxicas y derechos humanos, y la realidad que viven diversas comunidades afectadas en el territorio nacional.
El doctor en derecho y Premio Nacional de Derechos Humanos 2017 señaló que, si bien el país ha tenido un papel relevante en foros internacionales, persisten problemáticas estructurales que requieren atención inmediata desde el ámbito de las políticas públicas.
“México ha asumido compromisos importantes a nivel global en materia ambiental y de derechos humanos, pero es indispensable que ese liderazgo se refleje con claridad en acciones concretas dentro del país, particularmente en las regiones más vulnerables”, sostuvo.
El GIDH expresó su preocupación por la proliferación de las denominadas “zonas de sacrificio”, derivadas del crecimiento industrial sin controles suficientes, donde comunidades enteras enfrentan riesgos sanitarios y ambientales de largo plazo.
En este contexto, el organismo reconoció como un avance el establecimiento de Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA), pero subrayó que esta figura debe traducirse en políticas efectivas que garanticen justicia ambiental.
“El reconocimiento institucional del problema es un primer paso, pero no puede quedarse en el diagnóstico. Se requieren planes integrales que atiendan las afectaciones, reparen el daño y prevengan nuevas violaciones a derechos humanos”, indicó Fierro Hernández.
Asimismo, destacó la importancia de que los estudios científicos desarrollados en distintas regiones del país sean incorporados de manera vinculante en la toma de decisiones públicas.
“Las evidencias ya existen. Lo que falta es que se conviertan en políticas de Estado con enfoque de derechos humanos, basadas en los principios de prevención, precaución y responsabilidad integral”, enfatizó.
El organismo también alertó sobre el incremento en la importación de desechos y su utilización en procesos industriales bajo esquemas como el coprocesamiento, práctica que —señaló— puede generar impactos negativos en la salud de la población.
“Lo que se presenta como una solución económica para la industria puede convertirse en un costo social y sanitario elevado. La quema de residuos no es compatible con un modelo de desarrollo sostenible ni con una economía circular”, apuntó.
Finalmente, el Grupo Integral de Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno federal a fortalecer la regulación, la vigilancia ambiental y la participación comunitaria, con el objetivo de garantizar que el desarrollo industrial no se realice a costa de la salud y la dignidad de las personas.
“La justicia ambiental debe ser una prioridad nacional. No puede haber desarrollo legítimo si éste implica vulnerar derechos fundamentales”, concluyó. –sn–
Jesús Rey Fierro Hernández
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