Gobierno de Morelos exige respeto de Fernández Noroña hacia el pueblo de Tepoztlán

«Lo menos que tiene que hacer es respetar al pueblo», dijo el funcionario estatal en apego legal y respeto a tierras comunales.


Por Julián Nájera | Corresponsal                                                

El secretario de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito, afirmó que quien llegara a residir en Tepoztlán debía respetar al pueblo y cumplir con procedimientos legales, al ser cuestionado sobre la residencia valuada en 12 millones de pesos del senador Gerardo Fernández Noroña.

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En entrevista, recordó que el alcalde Perseo Quiroz Rendón señaló que 80% de la tierra en Tepoztlán pertenecía a propiedad social. Subrayó que esa condición imponía obligaciones para quienes adquirieran inmuebles en la demarcación.

El funcionario coincidió con la postura municipal y resaltó que Tepoztlán, como pueblo mágico, preservaba usos, costumbres y tradiciones que debían respetarse. Enfatizó que el arraigo cultural constituía un elemento clave para la convivencia.

Agregó que la adquisición de inmuebles tenía que sujetarse a mecanismos legítimos, ya fuera en propiedad privada o ejidal, con el debido cumplimiento de obligaciones fiscales y administrativas ante el ayuntamiento local.

Vivienda en zona exclusiva

Respecto al pago de predial, Salgado Brito aclaró que esa información pertenecía exclusivamente al municipio. Reiteró que la administración estatal no intervenía en las facultades del ayuntamiento en esa materia.

La residencia de Fernández Noroña, ubicada en Villa de Atongo, figuraba entre las más exclusivas del municipio. La adquisición generó debate público y cuestionamientos sobre su legalidad.

El caso atrajo la atención de sectores comunales que advirtieron posibles irregularidades. Recordaron que el predio se encontraba en un área donde no estaba permitido construir, conforme a las restricciones locales.

La situación sería analizada en la asamblea comunal convocada para el 7 de septiembre. Habitantes y representantes de bienes comunales preparaban su posición frente al tema.

Debate sobre tierras comunales

El comisariado de bienes comunales destacó la importancia de preservar el carácter social del territorio. Señaló que el respeto a las reglas internas era condición indispensable para la estabilidad en Tepoztlán.

Enfatizó que las tierras comunales no podían enajenarse sin procedimientos avalados por la asamblea. Recalcó que cualquier intento de construcción debía contar con autorización comunitaria.

El gobierno estatal reiteró que la resolución del caso correspondía a los órganos locales. Confirmó que acompañaría el proceso en materia de respeto a la legalidad.

La polémica revivió antiguos debates sobre la tensión entre expansión urbana y defensa del territorio. Diversas organizaciones comunitarias expresaron preocupación por la pérdida de espacios de propiedad social.

Preservación de tradiciones locales

El secretario de Gobierno insistió en que la convivencia debía basarse en respeto mutuo. Recordó que Tepoztlán mantenía un reconocimiento nacional como pueblo mágico con fuerte identidad cultural.

Aseguró que la protección de costumbres y tradiciones resultaba fundamental para preservar la armonía. Añadió que el apego a la ley era la vía adecuada para resolver cualquier conflicto.

Las autoridades municipales coincidieron en que la regulación comunal debía ser respetada. Reconocieron que la presión inmobiliaria exigía medidas firmes para garantizar el orden territorial.

Habitantes de la zona expresaron inquietud por el impacto que la residencia podría generar. Señalaron que las normas locales no podían ignorarse en beneficio de particulares.

Asamblea definirá el caso

La asamblea comunal del 7 de septiembre sería decisiva. Los participantes discutirían el futuro de la residencia y las acciones a tomar en torno a su legalidad.

El gobierno estatal reiteró su respeto a los procesos internos de la comunidad. Aseguró que su prioridad consistía en mantener la paz social en el municipio.

El desenlace dependería de la decisión de los comuneros y de la aplicación de la normatividad. El caso colocó en el centro el papel de los pueblos originarios en la defensa de su territorio.

La polémica sobre la residencia de Gerardo Fernández Noroña permaneció abierta. La atención pública se mantuvo en torno al equilibrio entre propiedad privada y tierras comunales en Tepoztlán. –sn–

Gerardo Fernandez Noroña | MCCI

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Protestan comuneros en casa de Fernández Noroña en Tepoztlán

Habitantes de Tepoztlán protestaron frente a la casa de Fernández Noroña para exigir respeto comunal.


Por Julián Nájera | Corresponsal                                                

Un grupo de pobladores de Tepoztlán, Morelos, se manifestó frente a la residencia, de 12 millones de pesos, del senador Gerardo Fernández Noroña. Señalaron que el terreno donde se construyó la vivienda estaba dentro del polígono de tierras comunales.

De acuerdo con testimonios locales, los inconformes afirmaron que el predio no podía ser vendido, escriturado ni transferido sin autorización de la Asamblea de Comuneros. Acusaron que la adquisición contravino los principios agrarios establecidos en resoluciones presidenciales históricas.

Los manifestantes se concentraron frente al inmueble con pancartas y consignas, exigiendo a las autoridades federales y al Congreso de la Unión proteger los derechos colectivos. Al grito de “¡Fuera Noroña!”, solicitaron detener cualquier intento de privatización de las tierras comunales.

Casa comunal en disputa

La casa del senador Fernández Noroña en Tepoztlán se ubicó en una zona de propiedad comunal. Así lo informó Carlos Rojas, asesor jurídico del Comisariado de Bienes Comunales del municipio, en entrevista con medios de la región.

El abogado recordó que la resolución presidencial del 14 de noviembre de 1929 protegió dichas tierras bajo régimen comunal. Por tal motivo, indicó que ningún documento notarial podía legalizar escrituras sobre el terreno ocupado por el legislador.

Según el especialista, la vivienda se localizó además en un área no autorizada para uso habitacional. Este hecho agravó el conflicto legal, al tratarse de suelos considerados de preservación ambiental y valor histórico.

Rojas añadió que, para reconocer la posesión de un predio, el interesado debía acudir ante la Asamblea General de Comuneros. En este caso, aclaró, Fernández Noroña no realizó dicho procedimiento.

Asamblea de comuneros

Los inconformes anunciaron que este viernes se celebraría una Asamblea de Comuneros de Tepoztlán. En la reunión, se determinarían las acciones legales a emprender contra la ocupación del terreno del senador.

Entre las medidas posibles, se incluyó la restitución del predio mediante un procedimiento en el Tribunal Agrario. La comunidad indicó que defendería los bienes colectivos conforme a la ley agraria.

Los pobladores recalcaron que no se oponían al desarrollo urbano regulado, sino a las prácticas que pretendieran modificar la condición jurídica de los terrenos comunales. Expresaron que su prioridad era mantener la herencia histórica de la comunidad.

En sus intervenciones, subrayaron que la defensa del territorio comunal representaba un principio irrenunciable. Recordaron que el municipio de Tepoztlán mantenía una tradición de lucha contra intentos de despojo de tierras.

Protesta frente al inmueble

Los manifestantes colocaron mantas frente a la entrada principal de la residencia del senador. En ellas exigieron respeto a la voluntad de la Asamblea y a los derechos agrarios que protegían el territorio.

Con altavoces y pancartas, reclamaron la intervención de las instituciones correspondientes para investigar la situación legal del predio. Solicitaban la intervención de autoridades judiciales y del Congreso de la Unión.

La protesta transcurrió en calma, sin reportes de enfrentamientos ni incidentes mayores. Los comuneros reiteraron que su movimiento se mantenía en apego a la legalidad y a los procedimientos reconocidos.

Testigos indicaron que las consignas se escucharon por varias horas alrededor del inmueble, lo que visibilizó el conflicto en medios regionales y nacionales.

Posiciones legales y antecedentes

El asesor jurídico comunal explicó que cualquier construcción en tierras comunales debía estar avalada por la Asamblea. Sostuvo que los documentos privados de compraventa no tenían validez frente a los derechos colectivos.

Añadió que el predio señalado pertenecía a un polígono intocable para fines de privatización. Recordó que otras resoluciones judiciales anteriores habían protegido casos similares en Tepoztlán.

Los habitantes recordaron episodios previos de resistencia contra proyectos turísticos y urbanísticos en la región. Manifestaron que estos antecedentes fortalecieron su determinación de impedir nuevas irregularidades.

El caso se convirtió en un ejemplo de conflicto agrario contemporáneo, donde se cruzaban intereses de propiedad privada y derechos colectivos protegidos por ley.

Camino jurídico abierto

La comunidad adelantó que acudiría a las instancias agrarias correspondientes para iniciar procesos de restitución. Confirmaron que los acuerdos de la Asamblea de Comuneros serían la base de su estrategia legal.

De igual forma, indicaron que darían seguimiento a los procedimientos judiciales hasta lograr la protección plena de los terrenos. Señalaron que su lucha se encontraba respaldada por normas vigentes y resoluciones presidenciales históricas.

El asesor comunal destacó que las decisiones adoptadas serían vinculantes para todos los comuneros. Puntualizó que el derecho agrario mexicano ofrecía mecanismos claros para la defensa de tierras colectivas.

La protesta cerró con el compromiso de mantener vigilancia sobre el predio y convocar a nuevas movilizaciones en caso de no obtener respuestas inmediatas. –sn–

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