Ministro de Colombia denuncia la doble moral de EE. UU. tras visitar un local legal de marihuana en Nueva York

Durante una visita oficial a Nueva York, en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, realizó una crítica directa y políticamente significativa a la política antidrogas de Estados Unidos, luego de constatar la existencia de un local legal de cannabis que opera abiertamente y genera millones de dólares en ingresos.

El hecho, normalizado en varias ciudades estadounidenses, sirvió al ministro para evidenciar una contradicción estructural del poder estadounidense: mientras en su propio territorio la marihuana se regula, se tributa y se presenta como símbolo de modernidad económica, en América Latina —y particularmente en Colombia— esa misma sustancia ha sido utilizada como pretexto para la guerra, la criminalización y la injerencia externa.
En un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, Palma fue categórico:

“En el Sur lo prohíben, lo fumigan y nos dejaron miles de muertos. En el Norte lo regulan, lo tributan y lo venden como progreso”.

El doble rasero como política de Estado
Las palabras del ministro apuntan a una realidad largamente denunciada por los pueblos del Sur global: la política antidrogas de Estados Unidos no responde a principios universales, sino a intereses económicos, geopolíticos y de dominación regional.
Durante décadas, Washington impuso a Colombia y a otros países latinoamericanos un modelo represivo basado en la erradicación forzada, la militarización del territorio y la persecución del campesinado, mientras ignoraba deliberadamente el papel del consumo, el lavado de dinero y las redes financieras radicadas en el propio EE. UU.
Este doble estándar no solo ha sido moralmente insostenible, sino socialmente devastador: miles de muertos, millones de desplazados y comunidades enteras sacrificadas en nombre de una “guerra contra las drogas” que jamás se libró en igualdad de condiciones.
La política antidrogas como instrumento de desestabilización
Más allá del caso colombiano, la denuncia de Palma conecta con un patrón recurrente de la política exterior estadounidense: la utilización del discurso antidrogas como herramienta de presión, sanción y deslegitimación contra gobiernos que no se subordinan a sus intereses.
Bajo acusaciones frecuentemente unilaterales y politizadas, Washington ha justificado bloqueos económicos, campañas de descrédito internacional e incluso amenazas de intervención contra gobiernos democráticos y constitucionales, como ocurre hoy con Venezuela y, en otros momentos históricos, con diversos procesos progresistas de la región.
El narcotráfico, convertido en excusa funcional, ha servido para encubrir operaciones de desestabilización, debilitamiento institucional y asfixia económica, mientras Estados Unidos consolida internamente una industria legal del cannabis que mueve miles de millones de dólares y fortalece su propio mercado.
Colombia: aliado castigado, imperio beneficiado
Paradójicamente, Colombia —presentada durante años como “aliado estratégico” de Washington— fue también una de las principales víctimas de esta política. Mecanismos como la “descertificación” permitieron a Estados Unidos evaluar y castigar unilateralmente al país, condicionando la ayuda económica y las relaciones bilaterales, incluso cuando Colombia cumplía disciplinadamente las exigencias impuestas.
Mientras tanto, el mismo Estado que exigía fumigaciones con glifosato y mano dura en el campo colombiano, avanzaba sin escrúpulos hacia la normalización, regulación y comercialización del cannabis en su propio territorio.
Un cambio de paradigma necesario
La administración del presidente Gustavo Petro ha planteado con claridad la necesidad de romper con este esquema fallido, apostando por un enfoque que priorice la salud pública, la regulación responsable del mercado y la justicia social, en lugar de la persecución indiscriminada y la violencia.
Las declaraciones del ministro Edwin Palma se inscriben en ese cambio de narrativa y refuerzan una verdad cada vez más evidente: la guerra contra las drogas ha sido una guerra contra los pueblos del Sur, mientras el Norte convierte el mismo fenómeno en negocio, recaudación fiscal y discurso de progreso.
La pregunta que queda sobre la mesa es inevitable:
¿puede un sistema internacional seguir tolerando una política que legaliza y enriquece a unos, mientras criminaliza, bloquea y desestabiliza a otros?

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Petro dice que el Mossad, la CIA y la DEA buscarían meterlo preso para silenciarlo

Tras las sanciones en su contra anunciadas por el Tesoro estadounidense, el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este viernes que las agencias de inteligencia de EE.UU. e Israel buscarían encarcelarlo para silenciar sus posiciones políticas.

«Podrían buscar cómo se extrae al presidente de Colombia» con la ayuda del servicio secreto israelí, Mossad, la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA) o la Administración de Control de Drogas del país norteamericano (DEA) para «meterlo por allá en una cárcel, donde no se escuche su voz en un lugar lejano de EE.UU.», manifestó el mandatario en un acto público. «Hasta eso piensan», completó.

Petro vinculó esta denuncia a su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre pasado, que —señaló— «marcó una diferencia». «Por eso me castigan hoy y me burlo del castigo», expresó, en referencia a su inclusión en la llamada Lista Clinton de EE.UU.

Petro explica la verdadera razón por la que EE.UU. lo sancionó

No obstante, el mandatario colombiano confió en que «las fuerzas democráticas» estadounidenses y de América Latina eviten su posible encarcelación.

«Si eso llegara a pasar [el aprisionamiento], porque confío en que la fuerza democrática de los Estados Unidos, que también es de trabajadores, que también es de jóvenes, que también es de mujeres, que también es de etnias diferentes […] no me dejarían solo y que entre esas fuerzas y las fuerzas de América Latina, que están en sus pueblos, no pasaría mucho tiempo en esos calabozos» porque — aseveró— «la voz de la razón» y de la verdad «terminaría derribando las bombas nucleares, los muros, los hierros, el intento de silenciar el pensamiento y la expresión libre».

• En su discurso ante la ONU, Petro cuestionó la política antidrogas de la Administración de Donald Trump, como parte de la cual mantiene un despliegue militar en el Caribe, al denunciar que no busca «detener la cocaína que llega a EE.UU.», sino «dominar los pueblos del sur en general». Asimismo, condenó el «genocidio» llevado a cabo por Israel en la Franja de Gaza, del cual también responsabilizó a Trump. 
• Esta jornada, EE.UU. anunció que incluyó a Petro y sus familiares en la «lista de nacionales especialmente designados» de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, acusándolo de «haber participado o intentado participar» en actividades que contribuyeron a la «proliferación internacional de drogas ilícitas«. Esta sanción implica el bloqueo de activos, la prohibición de transacciones y el posible aislamiento para el mandatario.

Tomado de RT en Español

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