El Balcón de la Sociedad | Educación Física sin dirección ni destino

La Educación Física en Veracruz atraviesa una crisis silenciosa, profunda y desatendida. A casi tres meses del nombramiento de Froylan Alessí Mejía Ávila, como director estatal del área, el malestar crece entre docentes, inspectores y supervisores que no encuentran en su nuevo titular el perfil ni la vocación requeridos para el cargo.

La falta de experiencia del joven funcionario ha generado desconfianza desde su arribo. Su formación en Derecho, sin antecedentes en el campo educativo y mucho menos en el ámbito físico-deportivo, ha dejado en evidencia su desconocimiento de procesos, normas y dinámicas institucionales.

El pasado 13 de febrero convocó a una reunión con inspectores y supervisores del estado. En dicho encuentro presentó, sin claridad ni sustento operativo, una supuesta reestructura orgánica y avances de la guía operativa, cuando el ciclo escolar 2024–2025 se encuentra ya en su etapa final.

Más allá de lo extemporáneo de la propuesta, lo que molestó al gremio fue la forma distante en la que conduce su gestión. A diferencia de sus predecesores, Alessi prefiere el trato remoto, a través de plataformas digitales o de sus asesores, sin dar lugar al diálogo directo con los actores clave del sistema.

Una oficina cerrada con candados

La queja más recurrente entre los trabajadores es su inaccesibilidad. Para hablar con él hay que superar al menos tres filtros, y quienes han intentado hacerlo describen la experiencia como una odisea burocrática. La agenda de citas permanece cerrada y el silencio institucional se ha vuelto norma.

Durante la reunión de febrero, causó risa su afirmación de que los canales de comunicación “están disponibles”, pero solo para temas como comunicación social, enlace de género y protección civil. La educación física, que debería ser su prioridad, quedó fuera de los asuntos atendibles.

Esta actitud contrasta con su visible disposición para acompañar en giras de fin de semana a su amiga, la diputada local Valeria Moctezuma, nieta de la actual secretaria de Educación de Veracruz. En los recorridos proselitistas sí ha estado presente, enfundado en chaleco guinda, siempre cercano al micrófono.

La Dirección de Educación Física no cuenta con dirección ni con liderazgo. Y los temas sensibles, como la inclusión, la salud infantil, la prevención de la obesidad o el desarrollo físico integral del estudiantado, siguen sin atención ni propuestas serias.

Un torneo improvisado, una alerta encendida

A finales de marzo, Alessi lanzó una convocatoria apresurada para organizar el “Torneo Nacional de Futbol Escolar FMF”. A pesar de que la iniciativa provino de la FIFA y la FEMEXFUT, la coordinación del evento recayó en su Dirección, sin recursos, sin planeación y sin consulta previa.

Supervisores de diversas regiones rechazaron participar. El calendario escolar ya contempla múltiples actividades entre abril y junio, y no es viable incorporar competencias sabatinas, menos aún sin entrenamientos previos ni cobertura legal en caso de incidentes.

El riesgo de exponer a los niños a lesiones o accidentes por una ocurrencia improvisada ha sido subrayado por más de un inspector. Se trata, además, de un evento que contradice los principios de la Nueva Escuela Mexicana, que propugna por la inclusión y no por la competencia.

La decisión de organizar un torneo de esta magnitud sin sustento, en días no laborables, sin seguridad para los participantes ni apoyo para los docentes, ha puesto en evidencia la falta de planificación y el desconocimiento legal del propio director, quien debería conocer los límites administrativos.

De trampolín político a tierra de nadie

Varios informes coinciden en que Alessi ha expresado su interés por buscar una sindicatura. Su paso por la Dirección de Educación Física responde más a una ambición política que a un compromiso con la educación o el bienestar infantil. La función pública, en su caso, parece una estación de paso.

Los antecedentes de su equipo no lo favorecen. Su subdirector de supervisión escolar también es abogado. Y la jefatura técnico-pedagógica está a cargo de una licenciada en Educación Especial, sin perfil específico en educación física. No se trata de un asunto menor, sino de una omisión institucional grave.

El descontento se ha extendido. En redes y en «radio pasillo» se menciona con ironía que es más fácil hablar con él durante los recorridos proselitistas que en su propia oficina. La Dirección, dicen, “va sin dirección”, cerrada con candado y sin voluntad de diálogo.

Las consecuencias de esta conducción improvisada ya son visibles. El gremio se ha comenzado a fragmentar, las decisiones se toman de forma vertical y sin consenso, y los programas no obedecen a ninguna lógica pedagógica, sino al capricho del funcionario en turno.

¿Qué tanto importa la Educación Física?

La pregunta es legítima. ¿Qué tanto le importa a las autoridades la Educación Física? Si el nombramiento de un perfil ajeno, la exclusión de los expertos y la imposición de políticas erráticas no generan respuestas, la respuesta se infiere sola: no les importa nada.

Hoy, la salud física y emocional de los estudiantes está en manos de personas sin vocación ni experiencia. Mientras la obesidad infantil crece y la actividad física disminuye, se pierden oportunidades valiosas para incidir desde las escuelas en una mejor calidad de vida.

Designar a perfiles inexpertos por lealtades políticas es una práctica peligrosa. Poner la conducción de una dirección estratégica en manos de un improvisado puede salir caro, no solo en términos operativos, sino también electorales, como ya se comienza a percibir en la comunidad educativa.

El caso Froylán Alessi revela una realidad alarmante: la Educación Física ha sido convertida en un espacio de simulación. Y mientras el titular busca posicionarse políticamente, miles de estudiantes pierden el acceso a una formación física digna, inclusiva y segura.

¿Hasta cuándo se tomará en serio la Educación Física en Veracruz? ¿Hasta cuándo dejarán de usar las instituciones como plataforma personal? Las preguntas quedan abiertas. Y la sociedad tiene derecho a exigir respuestas.

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00:00 Clonando dispositivos
05:26 Tablas de particiones y sistemas de archivos
11:51 UEFI
16:33 Clonando con Software Libre
21:57 Clonando con EaseUS Disk Copy

Vía: Acaele

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El Balcón de la Sociedad | En Veracruz, la sombra de aviadores en la Secretaría de Educación

La corrupción en la SEV Orizaba afecta la educación en Veracruz. Trabajadores denuncian aviadores y cobros indebidos. ¿Hasta cuándo se permitirán estas prácticas?

La delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en Orizaba enfrenta una denuncia pública que expone presuntas irregularidades administrativas y la persistencia de prácticas corruptas que erosionan el sistema educativo. Los trabajadores de esta delegación han señalado la existencia de aviadores en la nómina, un problema que no solo afecta el uso adecuado de los recursos públicos, sino que también compromete la calidad de los servicios ofrecidos en la región.

Los empleados denuncian que los aviadores reciben salarios sin desempeñar labores reales, mientras que las oficinas carecen de personal operativo suficiente. Entre los casos señalados está el de la esposa del delegado, quien figura como trabajadora sin cumplir con funciones específicas. Además, se menciona a De la Luz Nieto, una persona que aparentemente nunca ha sido vista en la delegación, pero registra asistencia perfecta desde enero de 2024.

Estos hechos se agravan con la denuncia de que el delegado exige “moches” a cambio de permitir ausencias laborales, una práctica que, según los trabajadores, ha generado desorden administrativo y afecta gravemente la confianza en las instituciones.

Recursos desviados

El impacto de estas irregularidades trasciende el ámbito administrativo. Los recursos destinados al pago de aviadores podrían emplearse en mejorar las herramientas de trabajo o contratar personal necesario para cubrir las demandas educativas. Esta situación limita la capacidad de respuesta a las necesidades de los maestros de la región, quienes dependen de la delegación para obtener apoyos y servicios básicos.

Los denunciantes enfatizan que estas prácticas no solo constituyen un abuso del erario público, sino que también reflejan una falta de compromiso con la educación en Veracruz, una entidad que enfrenta retos significativos en materia de calidad educativa.

La denuncia apunta también a la complicidad de superiores en la SEV, quienes habrían permitido estas irregularidades. Según los trabajadores, el delegado goza de respaldo interno que dificulta la rendición de cuentas. Este círculo de protección, afirman, ha permitido que se normalicen conductas indebidas como el cobro de cuotas a cambio de beneficios laborales.

Además, se señala la ausencia de controles efectivos para validar la existencia y el desempeño de los trabajadores, lo que facilita la proliferación de aviadores. Esto evidencia una falla estructural que requiere la intervención inmediata de las autoridades estatales y federales.

Investigación profunda

Los trabajadores exigen que la nueva gobernadora y la Secretaría de Educación emprendan una investigación exhaustiva para aclarar estas denuncias. Entre las medidas solicitadas se incluyen la revisión de los registros laborales, la validación de la plantilla de trabajadores y la verificación de los servicios ofrecidos.

Asimismo, demandan la implementación de mecanismos que garanticen la transparencia en el manejo de los recursos públicos y sanciones ejemplares para quienes resulten responsables de estas prácticas.

El fenómeno de los aviadores no es exclusivo de Veracruz, pero su impacto es particularmente grave en un estado que enfrenta altos índices de pobreza y marginación. Cada peso mal empleado es un peso menos para la educación de los niños y jóvenes, lo que perpetúa las desigualdades y limita las oportunidades de desarrollo.

Los casos señalados en Orizaba reflejan una desconexión entre las prioridades institucionales y las necesidades reales de las comunidades. Esto no solo afecta la percepción pública sobre las autoridades educativas, sino que también mina la moral de quienes trabajan en condiciones precarias para cumplir con su labor.

Rendición de cuentas

La denuncia pública de los trabajadores representa un acto de valentía que merece una respuesta contundente por parte de las autoridades. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para recuperar la confianza en las instituciones y garantizar que los recursos se utilicen en beneficio de la educación.

En este contexto, la nueva administración estatal enfrenta un desafío crucial. La resolución de estos casos no solo tendría un impacto positivo en la delegación de Orizaba, sino que también enviaría un mensaje claro de que la corrupción no será tolerada en ningún nivel.

El sistema educativo debe ser un reflejo de los valores que se desean inculcar en las nuevas generaciones. Permitir que prácticas corruptas se perpetúen dentro de las instituciones educativas envía un mensaje contradictorio que erosiona los principios de justicia y equidad.

Garantizar la transparencia en el manejo de los recursos educativos es una deuda que las autoridades tienen con la sociedad. Más allá de las cifras y los registros, se trata de proteger el derecho de los niños y jóvenes a una educación de calidad que les permita construir un futuro mejor.

La SEV en Orizaba enfrenta una oportunidad para demostrar que la educación es una prioridad real en Veracruz. Este caso, aunque alarmante, podría ser el punto de partida para implementar cambios estructurales que beneficien a toda la comunidad educativa.

Las autoridades estatales y federales tienen en sus manos la responsabilidad de actuar con firmeza para garantizar que los recursos educativos se utilicen de manera adecuada. La transparencia y la rendición de cuentas no solo son necesarias, sino indispensables para construir un sistema educativo que esté a la altura de las necesidades y aspiraciones de la sociedad.

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El Balcón de la Sociedad | En Colima, la complicidad, el crimen y la seguridad pública se entrelazan

La denuncia pública de una persona trabajadora del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de Colima sacude las entrañas de la seguridad en Colima.

La denuncia pública de una persona trabajadora del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de Colima, que lleva 17 años en la institución, sacude las entrañas de la seguridad en Colima. Según su testimonio, en este gobierno estatal se han tejido redes de complicidad entre operadores, policías y funcionarios de alto nivel, facilitando así al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el acceso a información sensible y, en consecuencia, el dominio en los territorios que le resultan estratégicos.

La denuncia revela que los operadores de la Fiscalía son los únicos autorizados para ingresar con celulares al C5, permitiéndoles comunicarse con células criminales por medio de grupos de WhatsApp. Con esta práctica, reciben y transmiten información sobre denuncias anónimas y operativos, alertando a los miembros del CJNG sobre cualquier intervención de la autoridad en su contra.

Los alcances de la complicidad en el C5 van más allá de una comunicación entre criminales y operadores. Según la persona trabajadora denunciante, el personal técnico encargado del mantenimiento de cámaras y sistemas de video supervisados por la empresa Seguritech estaría involucrado en el borrado de material clave, facilitando que miembros del CJNG eviten ser identificados y, mucho menos, detenidos. El hecho de que esta denuncia permanezca sin ser investigada refleja la profunda descomposición institucional y la percepción de impunidad que la misma alimenta.

Este tipo de colusión en una institución clave para la seguridad ciudadana es alarmante. El C5 fue creado para vigilar y prevenir el crimen, pero la denuncia indica que, en lugar de combatir el crimen, este sistema de vigilancia ha sido convertido en una herramienta que protege y favorece las operaciones de uno de los cárteles más peligrosos de México. Los testimonios aquí expuestos ponen en duda no solo la eficiencia, sino también la integridad de los procesos de seguridad que tanto se han anunciado como logros de la administración actual.

En el relato de la denunciante, la participación de la actual gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, y de su secretario particular, Eduardo Jurado, es central. Según sus declaraciones, la cuota económica del CJNG es recibida a través de Jurado, situación que permite al cártel operar sin obstáculos en el estado. La percepción de impunidad que genera esta acusación no solo contribuye a la violencia, sino que también mina la confianza de los ciudadanos en sus autoridades y en las instituciones de seguridad pública.

La implicación de funcionarios de tan alto nivel en actos de corrupción que afectan la seguridad pública no es un hecho menor. Aunque estas aseveraciones deben ser investigadas a fondo, el simple hecho de que una persona trabajadora con casi dos décadas en el C5 se atreva a denunciar tales prácticas refleja el hartazgo y la desesperación frente a la impunidad y el control que las organizaciones criminales han adquirido en varias esferas gubernamentales.

La persona trabajadora también apunta a la Fiscalía, señalando que los ocho policías presuntamente vinculados con el CJNG fueron detenidos a petición del mismo cártel, en una estrategia para proteger a sus elementos clave y así ganarse la confianza del gobierno federal. Este tipo de movimientos refuerza la idea de que la Fiscalía en Colima podría estar actuando más como una extensión del crimen organizado que como un organismo de justicia independiente y efectivo.

La colusión entre elementos de la Fiscalía y el CJNG, de confirmarse, socavaría cualquier esfuerzo genuino por frenar el crecimiento del crimen organizado en la entidad. Sin una Fiscalía comprometida con el estado de derecho, el sistema judicial pierde la capacidad de operar como contrapeso ante los excesos y omisiones del poder ejecutivo, y deja a la población a merced de una violencia sin freno y de un sistema sin justicia.

La violencia en Colima ha alcanzado niveles críticos, en gran medida debido a la protección que el CJNG recibe de las autoridades estatales, según la denuncia. Este respaldo no solo obstaculiza los esfuerzos de seguridad pública, sino que fortalece las operaciones del cártel, consolidando su control territorial y su influencia en el sistema político local. La situación actual de violencia extrema es, en parte, consecuencia de una política permisiva que prioriza los intereses de grupos criminales por encima de la seguridad de los ciudadanos.

El asesinato de inocentes y los enfrentamientos armados en la vía pública son solo algunos de los síntomas de esta crisis de seguridad. La denuncia sobre el asesinato de la sobrina de la persona trabajadora del C5, víctima de una bala perdida en una balacera en La Villa, simboliza la tragedia cotidiana que viven muchas familias en Colima. Esta violencia indiscriminada daña irreparablemente el tejido social, afectando a miles de personas que no tienen otra opción que ver cómo sus vidas y su bienestar son pisoteados en la pugna por el poder entre el CJNG y las instituciones.

Reformas inmediatas y el reemplazo de mandos corruptos son las primeras medidas que deberían implementarse para restaurar la confianza en las instituciones de seguridad. Además, se requiere un compromiso de todas las esferas de gobierno para asegurar que las instituciones públicas no solo sean eficaces, sino también incorruptibles. Colima necesita una gobernanza que anteponga la seguridad ciudadana a cualquier interés económico o político y que sea capaz de revertir esta crisis de violencia y corrupción.

La situación en Colima es solo un reflejo de un problema más amplio en México, donde los lazos entre el crimen organizado y las instituciones de seguridad son un secreto a voces. El país necesita una estrategia integral que incluya tanto la depuración de cuerpos policiacos como la implementación de controles externos para evitar que los recursos y las herramientas de vigilancia beneficien a los cárteles.

Para que el sistema de seguridad pública funcione, es indispensable restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Esta denuncia debe ser el primer paso para una investigación exhaustiva y una reestructuración del C5 en Colima. México no puede seguir permitiendo que las instituciones encargadas de proteger a su población sean parte activa de la cadena de corrupción que alimenta la violencia.

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