Ordenan reinstalar a trabajadora despedida por embarazo
Tribunal laboral protege derechos sociales y médicos. Sector telecomunicaciones involucrado.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Tribunal Laboral Federal en Naucalpan ordenó reinstalar a una mujer despedida tras informar su embarazo. También exigió continuidad en sus beneficios médicos y laborales, bajo medidas cautelares.
El Décimo Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en Naucalpan, estado de México, resolvió en favor de una trabajadora embarazada que fue despedida tras notificar su condición. La medida se emitió dentro del procedimiento ordinario laboral 405/2025.
La resolución ordenó su reinstalación inmediata, así como el respeto a sus derechos sociales y el mantenimiento de la atención médica. La persona juzgadora estableció una fecha límite para el cumplimiento.
El tribunal advirtió que, en caso de incumplimiento, se impondrán sanciones económicas previstas en la ley. Las medidas fueron dictadas como precautorias mientras se resuelve el juicio principal.
Sector telecomunicaciones involucrado
El caso involucra a una empresa del sector de telecomunicaciones y ocurrió en el municipio de Naucalpan. La trabajadora fue despedida sin justificación tras informar su embarazo.
Ella sostuvo que el despido fue discriminatorio y acudió al tribunal laboral para demandar su reinstalación. Además, solicitó mantener sus derechos sociales y laborales vigentes.
En su escrito de demanda, pidió que no se le diera de baja del IMSS, ni se cancelaran sus seguros médicos contratados. Argumentó que esas acciones vulnerarían sus derechos humanos.
El tribunal concedió las medidas cautelares en lo que se resuelve el fondo del asunto. También exigió preservar el acceso a los servicios médicos y beneficios laborales.
Discriminación por embarazo
La demandante aseguró que la separación fue resultado de su embarazo, lo que violó la Ley Federal del Trabajo y tratados internacionales ratificados por México.
El tribunal analizó testigos y documentos aportados durante el proceso, concluyendo que existen elementos que respaldan la acusación por discriminación.
Determinó que el despido se basó en su estado de gestación y no en motivos administrativos, como alegó la empleadora. El juzgador dictó su reincorporación inmediata con todos los derechos laborales y prestaciones sociales vigentes.
Protección al menor y sanciones
La resolución enfatizó la protección del interés superior del menor. Incluyó el acceso al seguro de gastos médicos mayores, sin interrupciones.
Asimismo, se prohibió a la empresa realizar nuevos despidos durante el juicio relacionados con su embarazo. En caso de incumplimiento, se advirtieron sanciones económicas y medidas correctivas contra la empleadora.
También podrían aplicarse multas al IMSS si incumple la medida precautoria impuesta por el tribunal. El tribunal ordenó que se mantuvieran todos los beneficios, incluso si la trabajadora accede a una futura licencia por maternidad.
Precedente en justicia laboral
La resolución del tribunal establece un precedente sobre medidas cautelares por discriminación laboral contra mujeres embarazadas.
Confirma que el embarazo no debe ser motivo para cancelar prestaciones ni para despedir a una trabajadora. Además, fortalece la aplicación de normas nacionales e internacionales en casos de derechos laborales y sociales.
El caso sigue en proceso, pero la protección judicial ya entró en vigor desde la emisión de la medida. La reinstalación deberá cumplirse en los términos fijados por el juzgado laboral federal, bajo vigilancia judicial. –sn–
Foto: Hugo Reyes | @SociedadN_¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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“Nos dejaron sin trabajo y sin justicia”, personal del Sanatorio Trinidad
Empleados del hospital bloqueoon Insurgentes Sur tras el incumplimiento del convenio laboral registrado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Un grupo de enfermeras, personal administrativo y trabajadores del Sanatorio Trinidad, ubicado en la colonia Roma Sur, realizó esta mañana una protesta pacífica en las inmediaciones del hospital para exigir el cumplimiento de los convenios de liquidación firmados y registrados ante el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, los cuales han sido incumplidos por la actual administración del nosocomio.
La movilización se inició en las calles de Tlaxcala y Minatitlán, donde se ubica el hospital, y posteriormente se trasladó a la Avenida Insurgentes Sur, esquina con Baja California, donde los manifestantes cerraron la vialidad como medida de presión ante la indiferencia de las autoridades y la administración hospitalaria.
María del Carmen Sánchez, enfermera afectada, mostró una copia de la constancia de incumplimiento del convenio firmada el pasado 8 de abril por la administradora Adriana Beltrán Mallén, y denunció que a pesar de existir un documento legalmente registrado, ni el pago ni las condiciones pactadas han sido respetadas.
«Desde hace año y medio que esta nueva administración tomó el control, todo se vino abajo. Antes trabajábamos felices y los pacientes lo sentían. Ahora, nos quedamos sin trabajo y con deudas acumuladas», expresó.
Por su parte, Violeta Ramírez, trabajadora administrativa, acusó directamente a Beltrán Mallén y Alicia Sígales Chicas, respaldadas por los socios minoritarios Jesús Torán Sierra, Juan Beltrán Arriaga, Eduardo Rocha Pérez, Erik Ramírez Arias y Javier Alfonso Ortega Alonso, de imponer una gestión que ha deteriorado profundamente las condiciones laborales y humanas del sanatorio.
Durante la protesta, Valeria Romero, integrante del colectivo de trabajadores afectados, denunció las amenazas veladas de la administradora: “Nos dice que no importa lo que hagamos, que tiene amigos en el gobierno y no nos va a pagar ni convenios ni demandas; es decir, nos deja sin trabajo y con sus amigos en el gobierno, sin justicia”.
El caso más alarmante fue el testimonio de Antonio, camillero aún activo en el hospital, quien reveló que lleva tres meses sin recibir su salario, además de tener pendientes prestaciones como bonos, vales y su fondo de ahorro.
Tras la manifestación, una comisión de los trabajadores fue atendida en el Centro de Conciliación Laboral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, por la funcionaria Martha Guadalupe Arellano Jasso, quien informó que ya no hay vía conciliatoria posible y que el caso deberá ser judicializado ante el Tribunal Laboral.
Pese a ello, los afectados regresaron al hospital para continuar con las protestas y advirtieron que, ante la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades y la administración, continuarán con movilizaciones y cierres viales.
«Es la única forma en que nos escuchan. Cerramos Insurgentes porque ya no tenemos nada que perder», sentenció una de las enfermeras. La protesta generó afectaciones viales significativas en Insurgentes Sur y en el servicio del Metrobús, donde decenas de unidades se vieron obligadas a detener su operación momentáneamente. –sn–
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