Con 'ucraniedad'
En circunstancias normales, la noticia del archivo de las causas abiertas a Juan Carlos I habría abierto las portadas de los periódicos y los informativos de televisión. Pero la desgarradora guerra en Ucrania la ha relegado a un segundo plano, lo cual supone, dentro de lo que cabe, un cierto alivio para el emérito. No faltan motivos para sospechar que la Fiscalía obró con ‘ucraniedad’ al escoger la fecha para anunciar formalmente su decisión, en lo que constituiría un acomodo inaceptable de los tiempos judiciales. Pero dejemos las suspicacias y vayamos a los hechos. ¿Y cuáles son esos hechos? Que Juan Carlos, siendo rey de España e incluso después de su abdicación, cometió irregularidades fiscales que encajan “con creces” en la categoría de delictivas e incurrió en posibles delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Y que, pese a los duros señalamientos que figuran en el informe del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, este declara el archivo de la causa, lo que libra al emérito del vergonzoso trance de sentarse en el banquillo de los acusados. El Ministerio Público asume que a Juan Carlos lo protegía el escudo constitucional de la inviolabilidad hasta 2014, año de su abdicación, a lo que se suma que algunos de los delitos que se le achacan ya han prescrito. Y con respecto a los dineros que ocultó a Hacienda después de esa fecha, da por válidas las regularizaciones fiscales que el emérito hizo en 2020 y 2021. Hay quienes destacan que el informe es devastador para el anterior jefe del Estado, lo que demostraría que no hubo una actitud complaciente por parte de la Fiscalía. Sin embargo, algunos puntos merecen al menos una discusión. En primerísimo lugar, el referido a la inviolabilidad. El artículo 56 de la Constitución establece que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Tal como indicara Alfonso Guerra, el sentido común sugiere que ese blindaje se circunscribe exclusivamente a los actos derivados de las funciones del monarca; de lo contrario estaríamos ante un estatus propio de las viejas monarquías absolutas. Sin embargo, la Fiscalía ha optado por ceñirse a la estricta literalidad del artículo 56 y ha reconocido el blindaje en un sentido ilimitado, reconociendo la total impunidad del rey incluso en delitos ajenos al ejercicio de sus funciones. Por legítima que sea la posición del Ministerio Público, resulta muy preocupante que se transmita sin más a la ciudadanía que el texto fundamental de España sirve de parapeto a la corrupción. Más allá de cuáles fueran las intenciones de los padres de la Constitución al redactar el artículo sobre la inviolabilidad, el hecho es que una democracia pretendidamente madura no puede permitir que ningún ciudadano, por más que una corona ciña su cabeza, tenga tal carta blanca que pueda delinquir a sus anchas sin temor a ser juzgado. Es más: ahora, después de todo lo visto en el caso de emérito, ¿seguirán los monarcas como si nada por encima del sistema penal? La vía para acabar con esta aberración democrática es una reforma constitucional en teoría sencilla, pero el PP y el PSOE, cuyos votos serían necesarios para sacar adelante la iniciativa, no están dispuestos a apoyarla. Siguen pensando, tras más de 40 años de democracia, que los españoles no están preparados para que se abra siquiera una grieta del melón. Por otra parte, la Fiscalía estableció que Juan Carlos I era “el verdadero titular” de la cuenta del banco Mirabaud de Ginebra que en 2008 recibió 64,8 millones de euros del entonces rey saudí, Abdalá ibn Abdulaziz. Anticorrupción advierte sobre un posible delito fiscal y otro de cohecho pasivo impropio, pero destaca que no ha podido establecer “ni siquiera de modo indiciario” que la transferencia obedeciera a una comisión por el contrato del AVE entre Medina y Meca. Pues claro: cómo podría averiguarlo, si la dictadura que concedió el ‘regalo’, y con la que mantenemos espléndidas relaciones, no colabora con la justicia española ni con la de ningún otro país. Basta recordar que, en diciembre pasado, la Fiscalía suiza archivó una ramificación de este caso sin haberse tomado siquiera el trabajo de enviar una comisión rogatoria al país árabe, por asumir que no obtendría respuesta. ¿Lo intentó la Fiscalía española? Con respecto a las regularizaciones fiscales de 2021, los medios han publicado abundante información de que el emérito presentó declaraciones complementarias solo después de enterarse de que había una investigación en su contra, lo cual le impediría sacudirse de la responsabilidad penal. Pero lo ha logrado, para enfado del gremio de inspectores de Hacienda. Además, queda la sensación de que no se ha investigado suficientemente la identidad del enigmático “tercer beneficiario” de un ‘trust’ en el paraíso fiscal de Jersey que nació con un fondo de unos 15 millones de euros y que hoy, formalmente, está en manos de Joaquín Romero Maura, consejero del emérito. En fin, es la crónica de un archivo anunciado. Juan Carlos se salvó del banquillo y quizá lo tengamos pronto de regreso en casa, pero la Corona ha salido inevitablemente tocada, al igual que otras instituciones, empezando por la Fiscalía, cuya investigación ha estado rodeada de polémica, y las Cortes, incapaces de llegar a un acuerdo para reformar un artículo de la Constitución que, según la lectura que se haga de él, protege el delito. Sin contar con el terrible ejemplo que todo este caso deja a los ciudadanos que pagan esforzadamente sus impuestos. Lamentable, mírese por donde se mire.
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