Advierte «Artículo 19» censura y criminalización a periodistas con Ley extorsión

Debaten alcance de nueva ley de extorsión. Organizaciones alertaron riesgos y Diputados aprobaron reforma sobre extorsión.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La organización Artículo 19 señaló riesgos para la prensa y el libre ejercicio del periodismo en México ante la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión por el Congreso de la Unión, promovida por el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum.

El organismo que defiende los derechos humanos difundió advertencias basadas en análisis jurídicos realizados durante las últimas semanas. Las observaciones fueron entregadas a comisiones legislativas antes de la sesión ordinaria.

Para Artículo 19, la necesidad de combatir la extorsión fue reconocida en función de su impacto social, aunque la propuesta incluyó elementos imprecisos que podían afectar la cobertura periodística. El organismo indicó que el proyecto incorporó “deficiencias graves en su técnica legislativa” según sus propios dictámenes. También afirmó que esta redacción podía abrir la puerta a la criminalización de quienes difundían información.

Riesgos y definiciones

Entre los apartados señalados se encontró el artículo quince, cuya redacción incluyó como extorsión la acción de obligar a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo con beneficio propio o ajeno. La fórmula legal no exigió la presencia comprobable de violencia, amenazas o coacción. La organización consideró que esta amplitud introdujo riesgos en la aplicación judicial.

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Extorsión con el mismo número de votos anunciados al inicio del debate, lo que confirmó el respaldo mayoritario a la reforma. El dictamen estableció ajustes formales en varios artículos observados previamente por el Senado. También definió criterios de interpretación obligatorios para autoridades ministeriales.

La organización Artículo 19 señaló que el texto careció de requisitos claros para tipificar la conducta como delito y sostuvo que “incluyó vicios que pusieron en riesgo el ejercicio periodístico”. De acuerdo con su evaluación, la ausencia de parámetros objetivos afectó la seguridad jurídica. La crítica fue formalizada mediante un posicionamiento público difundido horas después de la sesión.

Contra periodistas

La fracción V del artículo diecisiete amplió la definición de extorsión al uso de cualquier medio o dispositivo para emitir o recibir información. El apartado abarcó escritos, señales electrónicas y plataformas tecnológicas. Según Artículo 19, esta amplitud permitió posibles sanciones contra periodistas y medios por publicar hechos noticiosos o críticas a funcionarios.

Desde la perspectiva del organismo, cualquier persona, incluidas servidoras públicas, pudo denunciar que la crítica planteada mediante cobertura periodística constituía extorsión si consideraba que le generaba daño moral o psicológico. La organización documentó antecedentes en procesos civiles con argumentos similares. También recordó que la valoración subjetiva podía influir en denuncias penales.

Artículo 19 advirtió que el problema aumentó si se consideraba la obtención de reconocimiento profesional como “beneficio” para periodistas, lo que según el organismo había sido utilizado por autoridades en procesos contra comunicadores y activistas. El análisis incluyó ejemplos derivados de expedientes previos. La observación formó parte de un capítulo específico de su informe. –sn–

Reporteros

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Diputados avalan nueva ley contra extorsión

El Congreso aprobó endurecer sanciones y fijó nuevas obligaciones institucionales. Cámara aprobó endurecimiento penal y Senado consolidó cambios clave.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                     

La Cámara de Diputados aprobó este martes la minuta enviada por el Senado que creó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, y lo hizo tras avalar un esquema que elevó las penas hasta cuarenta y dos años de prisión. El Pleno avaló el proyecto con cuatrocientos nueve votos a favor, treinta y tres en contra y una abstención, lo que confirmó el consenso mayoritario para avanzar en la reforma. Con ello, la aprobación dejó listo el decreto para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la cual quedó pendiente de ser formalizada por la presidente Claudia Sheinbaum.

El dictamen fue retomado tras la discusión iniciada en la Cámara Alta, donde el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, cuestionó la efectividad de agravar castigos como herramienta exclusiva frente a la crisis de seguridad. El legislador rechazó señalamientos de adversarios políticos que acusaron la existencia de “narco gobiernos”, y planteó que la reforma debía analizarse en función del fenómeno criminal. Durante el debate, Monreal sostuvo que la medida representaba un paso relevante para enfrentar un delito de alto impacto.

El coordinador morenista defendió la pertinencia de la reserva que había impulsado en la primera versión de la reforma aprobada en Diputados y explicó los motivos de su planteamiento inicial. También expuso que las modificaciones del Senado obedecieron a la revisión propia de un órgano colegislador. Al cierre del intercambio, afirmó que aceptaría los cambios porque formaba parte de un proceso bicameral.

Cambios en el Senado

Monreal confirmó que se allanaba a la minuta modificada en el Senado, al argumentar que las cámaras funcionan como instancias revisoras entre sí. Indicó que la colegisladora evaluó de manera integral la reserva presentada días antes y determinó ajustar la propuesta original. En su exposición, recordó que su postura garantista no se contraponía con su voto favorable al dictamen.

El Congreso elevó de forma sustancial las sanciones previstas, pues la nueva ley estableció un castigo mínimo de quince años y un máximo de veinticinco años de prisión para las personas sentenciadas por extorsión. Esta decisión amplió los límites penales, ya que el proyecto inicial contemplaba un rango de seis a quince años de cárcel. Los cambios quedaron concentrados en el artículo primero del decreto que creó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

Los senadores argumentaron que las penas previstas originalmente podrían favorecer a personas previamente condenadas por este delito, lo que justificó el incremento en los umbrales de prisión. También señalaron que la revisión se realizó para evitar vacíos legales. Con ello, el Congreso cerró la posibilidad de reducciones que alteraran sentencias vigentes.

Nuevas obligaciones

La reforma incorporó por primera vez la obligación de que todas las autoridades actuasen con pleno respeto a los derechos humanos en la investigación y persecución de la extorsión. Este requisito no aparecía en la minuta aprobada inicialmente por la colegisladora. La disposición quedó incluida como principio rector de actuación institucional.

Para fortalecer la respuesta penal, la ley ordenó que las fiscalías federales y locales contasen con unidades especializadas, personal ministerial capacitado y policías evaluados y certificados en delitos de extorsión. El Congreso determinó que estas áreas operaran bajo estándares técnicos reforzados. Hasta su implementación, las unidades encargadas del combate al secuestro asumieron provisionalmente la investigación del delito.

La iniciativa también estableció incrementos de penas en casos agravados, como aquellos en que servidores públicos o autoridades penitenciarias facilitaran condiciones para cometer extorsión. En tales situaciones, se añadió un castigo adicional de tres a cinco años, sumado al rango general de quince a veinticinco años de prisión. El dictamen fijó parámetros específicos para sancionar estas conductas.

Medidas adicionales

El Congreso determinó sanciones para funcionarios responsables de prevención, investigación o administración de justicia que omitieran denunciar actos de extorsión ante el Ministerio Público. Las penas fueron fijadas entre diez y veinte años de cárcel. La medida tuvo como fin cerrar espacios a la impunidad institucional.

El dictamen también contempló castigos de seis a doce años de prisión para quienes introdujeran dispositivos electrónicos capaces de transmitir datos, voz o imagen en centros penitenciarios o de internamiento para menores sin autorización. El Congreso sostuvo que estos equipos podían facilitar la comisión de extorsiones desde reclusorios. La disposición estableció un mecanismo adicional para inhibir operaciones ilícitas internas.

Finalmente, el proyecto precisó que los recursos derivados de decomisos o procedimientos de extinción de dominio vinculados a casos de extorsión se aplicarían preferentemente a la restitución de derechos de las víctimas. La norma definió este destino como prioridad en el manejo de bienes asegurados. Con ello, la reforma incorporó un enfoque de reparación directa. –sn–

Camara de Diputados

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Ley de extorsión refuerza justicia en México: Arreola Trinidad

El Estado Mexicano aprobó una nueva ley y envió un mensaje contra la extorsión.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La diputada Azucena Arreola Trinidad afirmó en tribuna que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión estableció un límite firme a este delito, e indicó que la aprobación de la minuta se realizó durante la sesión de hoy en el pleno.

La legisladora federal explicó que la norma buscó cerrar espacios legales que facilitaban la operación de grupos dedicados a la extorsión y que afectaban a miles de personas en el país. La representante chiapaneca señaló que la reforma se integró a una estrategia nacional orientada a restituir la seguridad pública.

La diputada Azucena Arreola Trinidad aseguró que con esta legislación se recuperaría la tranquilidad del pueblo de México, al definir mecanismos que reforzaron la actuación de las autoridades competentes. Relató que comerciantes, transportistas y víctimas directas expresaron su exigencia de contar con instrumentos legales sólidos para enfrentar a los responsables. Indicó que la norma respondió a esa solicitud reiterada en distintos espacios institucionales.

La legisladora puntualizó que la ley incorporó veinte modificaciones distribuidas en quince artículos y un transitorio considerado clave para su implementación. Añadió que las disposiciones fortalecieron las sanciones aplicadas a quienes cometieron este delito y limitaron posibles prácticas evasivas ante la autoridad judicial. Subrayó que el marco legal se actualizó para impedir ventajas jurídicas que favorecieran a grupos delictivos.

Reformas y penas más severas

La diputada explicó que las penas aumentaron a rangos de quince a veinticinco años de prisión con el propósito de evitar que personas sentenciadas obtuvieran beneficios de libertad anticipada. Detalló que la reforma buscó romper incentivos que facilitaron el crecimiento de la extorsión en varios estados del país. Indicó que estas penas se homologaron con entidades que ya aplicaban sanciones de entre diez y quince años.

Señaló que algunas legislaciones locales mantenían castigos reducidos pese a la gravedad del delito y que la reforma federal corrigió estas disparidades. Apuntó que el mensaje de la minuta fue claro al cancelar la percepción de que la extorsión representaba un negocio de bajo riesgo para los responsables. Añadió que las penas efectivas se ajustaron para asegurar su cumplimiento sin excepciones.

La legisladora precisó que el cambio legal blindó el objetivo central de homologar castigos e impedir la liberación anticipada de personas sentenciadas por extorsión. Expuso que las medidas reforzaron el trabajo institucional para impedir que los responsables evadieran sus condenas por vacíos procesales. Sostuvo que el nuevo marco normativo cerró rutas de escape utilizadas por operadores delictivos.

Responsabilidad institucional y centros penitenciarios

Indicó que la reforma restableció sanciones severas dirigidas a servidores públicos vinculados con actos de corrupción relacionados con la extorsión. Explicó que diversas autoridades, entre ellas algunos fiscales, agentes del Ministerio Público, custodios y policías de distintos niveles, quedaron sujetas a controles más estrictos. Añadió que la norma buscó eliminar prácticas de omisión que facilitaron este delito durante años.

La legisladora exigió el fin de la complacencia institucional que permitió la repetición de actos delictivos en varias regiones del país. Recordó que numerosas extorsiones se realizaron desde el interior de centros penitenciarios y reclusorios, lo que evidenció fallas estructurales en los mecanismos de vigilancia. Expuso que la minuta planteó medidas específicas para atender este fenómeno.

Detalló que la ley endureció penas para quienes introdujeron dispositivos, facilitaron telecomunicaciones clandestinas o permitieron estas actividades desde cargos penitenciarios. Añadió que se estableció el uso obligatorio de inhibidores de señal en los centros de reclusión con el objetivo de evitar comunicaciones ilícitas. Indicó que también se impidió que personas que extorsionaron desde prisión accedieran a beneficios de preliberación. –sn–

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Ricardo Monreal defiende postura garantista ante ley de extorsión

Ricardo Monreal explicó su postura garantista y cuestionó sanciones desproporcionadas en la nueva ley.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

Durante la conferencia de prensa “Legislativa del Pueblo”, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, explicó los motivos por los que presentaron reservas al dictamen de la nueva Ley General para Sancionar los Delitos de Extorsión.

El legislador afirmó que su enfoque partió del principio de proporcionalidad de las penas. Señaló que no puede castigarse con mayor severidad a una autoridad omisa que a un delincuente directamente responsable.

“Mi motivo fue técnico”, dijo Monreal. “No puede imponerse más castigo a quien no informa que al que extorsiona”, puntualizó el senador durante su intervención ante medios.

Critica desproporción punitiva

El coordinador parlamentario argumentó que la disposición aprobada establecía sanciones de diez a veinte años para las autoridades omisas. En contraste, el delito de extorsión cometido por un ciudadano contemplaba penas de seis a quince años de prisión.

“Existe una desproporción punitiva”, expresó el legislador. “La autoridad que omite informar recibe más castigo que quien comete el delito, lo cual contradice la técnica jurídica y los principios del derecho penal”, subrayó.

Recordó que su intervención no buscaba obstaculizar el avance de la ley, sino corregir un punto de fondo en la proporcionalidad penal, conforme a los principios de equidad en la justicia.

Monreal reafirma su visión garantista

El senador precisó que su posición se basó en la doctrina clásica del Derecho Penal, enseñada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la cual es egresado. “Yo soy garantista. Me formé bajo la Escuela Clásica del Derecho Penal como garantista”, afirmó.

Explicó que el garantismo jurídico busca proteger los derechos fundamentales de todas las personas, incluso de los acusados, para evitar abusos del poder punitivo del Estado.

Subrayó que su postura no implicaba suavizar la persecución del delito, sino asegurar que la aplicación de la ley se mantuviera dentro de los límites constitucionales y del debido proceso.

Rechaza el populismo punitivo

Monreal contrastó su postura con la llamada teoría del “enemigo del Estado”, que considera a ciertos delincuentes como sujetos sin derechos. Dicha visión, señaló, impulsa políticas penales extremas y penas desproporcionadas.

Afirmó que algunas corrientes contemporáneas defienden el castigo ejemplar sin atender las causas del delito. “A eso lo llaman populismo punitivo o medidas draconianas”, expuso ante reporteros.

“Yo no creo en eso”, añadió. “Creo que las causas del delito deben atenderse desde su origen y que el sistema de justicia debe centrarse en la resocialización y reparación del daño”.

Promueve equilibrio penal

El senador sostuvo que su propuesta busca garantizar el equilibrio entre justicia y derechos humanos. Dijo que las leyes deben asegurar la protección de la víctima sin menoscabar la dignidad del victimario.

Consideró que el Derecho Penal debe ser el último recurso del Estado y no un instrumento de venganza. “Creo en la resocialización del ofensor y en la reparación a quien sufrió el daño”, expresó.

Subrayó que los cambios legislativos deben revisarse bajo criterios técnicos y constitucionales para evitar violaciones a derechos humanos y desproporciones legales en las penas. –sn–

Ricardo Monreal

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