Gianni Infantino, tres mundiales como 'capo' de la FIFA al servicio del poder para hacer dinero
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¿Sabían que las marchas mundiales del orgullo tienen su origen directo en una serie de disturbios callejeros espontáneos que estallaron en la ciudad de Nueva York durante el verano de 1969?
Los acontecimientos comenzaron la noche del 28 de junio de 1969, cuando las fuerzas policiales locales realizaron una redada rutinaria en el bar Stonewall Inn, un establecimiento ubicado en el barrio de Greenwich Village donde solían reunirse los sectores más discriminados de la comunidad homosexual, trans y lesbiana de la época. A diferencia de ocasiones anteriores donde los asistentes aceptaban los arrestos de forma silenciosa, esa madrugada las personas presentes en el local y los vecinos de los alrededores decidieron resistirse activamente a los abusos, lo que desató manifestaciones multitudinarias y enfrentamientos directos en la vía pública que se prolongaron durante varias noches consecutivas.
Para recordar la valentía de esa resistencia urbana, exactamente un año después, el 28 de junio de 1970, un grupo de activistas organizó lo que formalmente se conoce como la primera marcha conmemorativa a través de las calles de Nueva York, logrando que de manera simultánea se replicaran desfiles similares en los centros urbanos de Los Ángeles, Chicago y San Francisco. En el caso específico de México, los primeros pasos públicos se dieron el 26 de julio de 1978, cuando una treintena de jóvenes integrantes del Frente de Liberación Homosexual de México se unió a una protesta en la Ciudad de México cargando pancartas contra la represión policial. Este hecho abrió la puerta para que el 29 de junio de 1979 se llevara a cabo la primera marcha del orgullo plenamente independiente del país, consolidando un movimiento civil que sustituyó el miedo a las detenciones por la toma pacífica y visible del espacio público.
— A. Eldritch, Periodista, Locutor, podcaster y bloger del fediverso
Alt text via @altbot y @TeLoDescribot
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Cuestionan operativos del Mundial de futbol
“El Estado mexicano no puede usar como pretexto un evento como el Mundial para implementar un estado de excepción y cometer violaciones a derechos humanos”.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Tras las movilizaciones registradas durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la ciudad de México, Verónica Ramírez, integrante del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, advirtió que los operativos desplegados en torno al evento enviaron una señal preocupante sobre la prioridad otorgada a la imagen pública frente al ejercicio de derechos fundamentales.
La especialista consideró que, si bien el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad durante eventos masivos, las acciones observadas alrededor de las manifestaciones de familias buscadoras evidenciaron una lógica de contención más que de protección.
“En contextos de alta visibilidad internacional están privilegiando la imagen pública al libre ejercicio de derechos”, afirmó.
Seguridad no debe convertirse en represión
Ramírez explicó que en las movilizaciones de familias buscadoras no se registraron detenciones arbitrarias de integrantes de estos colectivos; sin embargo, sí hubo acciones que resultan preocupantes desde una perspectiva de derechos humanos.
Entre ellas mencionó el encapsulamiento de contingentes y la imposibilidad de avanzar hacia determinados puntos, pese a que las autoridades habían señalado previamente que se respetaría el derecho a la protesta fuera de los perímetros de seguridad establecidos.
La especialista sostuvo que existe una diferencia clara entre implementar medidas de seguridad y restringir derechos fundamentales.
“Observamos que la intención no fue propiamente cuidar, sino contener y reprimir, porque hubo una marcada desproporción entre los elementos de seguridad desplegados frente a la cantidad de personas en la movilización, que además habían señalado su intención de manifestarse pacíficamente”, explicó.
Añadió que la criminalización de la protesta puede manifestarse de diversas formas, desde mecanismos menos visibles para dificultar la llegada de personas a una movilización, hasta prácticas más graves como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza o restricciones al acceso a la defensa jurídica.
Familias buscadoras exigen verdad y justicia
Ramírez destacó que resulta especialmente preocupante cuando las restricciones recaen sobre grupos como las familias buscadoras o los movimientos estudiantiles, debido al papel histórico que han desempeñado en la denuncia de violaciones a derechos humanos y en la exigencia de rendición de cuentas.
“Han sido grupos sociales que han sostenido la exigencia de verdad y justicia”, señaló.
En el caso de las familias buscadoras, recordó que muchas han asumido tareas que corresponden al propio Estado, como la búsqueda de personas desaparecidas, ante la insuficiencia de las respuestas institucionales.
Por ello, limitar su derecho a la protesta puede traducirse en nuevas formas de violencia y revictimización para quienes continúan exigiendo información sobre el paradero de sus seres queridos.
El Mundial no justifica excepciones a los derechos humanos
La especialista enfatizó que la organización de un evento de alcance global no exime al Estado mexicano de cumplir con las obligaciones establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Recordó que los estándares internacionales establecen que las autoridades no sólo deben permitir las manifestaciones públicas, sino también garantizar la seguridad e integridad de quienes participan en ellas y de quienes realizan labores de documentación periodística.
“El Estado mexicano no puede usar como pretexto un evento como el Mundial para implementar un estado de excepción y cometer violaciones a derechos humanos”, concluyó. –sn–
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Acabo de firmar esta petición para que la Unión Europea no ceda sus bases de datos policiales a Estados Unidos a cambio de mantener la exención de los visados. Si el acuerdo prospera, el capo estadounidense tendrá acceso a datos biométricos de todos los ciudadanos europeos.
Firma aquí: https://action.wemove.eu/sign/2026-06-dont-send-our-data-to-the-US-petition-ES
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Patricia Patiño condiciona permanencia de Rodrigo Paz por estado de excepción
Afirmó que las tres consideran que al abrogar la 1341 y reglamentar una nueva normativa se intenta abrir un espacio para violar derechos constitucionales civiles, políticos y humanos.
SN Redacción | Prensa Latina
La Paz.- La diputada del Partido Demócrata cristiano Patricia Patiño reiteró hoy que exigirá la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, en caso de que los legisladores aprueben la reglamentación de la Ley de Estado de Excepción.
Perteneciente a la fracción disidente del PDC con el que el presidente Paz llegó al poder, Patiño emitió esta declaración en medio de los bloqueos en que diversos sectores sociales exigen la renuncia del jefe de Estado en protestas ininterrumpidas desde hace 35 días.
En medio de estas movilizaciones en su contra, Paz anunció este miércoles que envió al Legislativo un proyecto de ley para reglamentar el estado de excepción.
Informó que el documento ya ha sido enviado y que espera que pronto sea resuelto.
Añadió que la normativa “es para fortalecer” a las Fuerzas Armadas “en su actuación”, en el contexto de lo que denominó una “acción humanitaria”.
Sin embargo, el vicepresidente del Estado declarado opositor al Ejecutivo, Édman Lara, expresó su rechazo al estado de excepción y abogó por una solución negociada en la mesa de conversaciones entre el Gobierno y los protagonistas de las marchas y bloqueos.
Al respecto, insistió en ofrecer la mediación de la Vicepresidencia del Estado, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo.
Desde que hace 35 días la Central Obrera Boliviana (COB) llamó a exigir en marchas y bloqueos la renuncia de Paz, convergen en este tipo de medidas de presión los participantes en la Marcha por la Vida procedentes de Oruro, afines al expresidente Evo Morales; integrantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto; mineros, campesinos Ponchos Rojos; trabajadores fabriles, maestros, gremiales y transportistas.
Tal situación provoca un panorama crítico en varias regiones tras el cierre de las vías durante más de un mes, lo cual impide el acceso a combustibles, oxígeno para hospitales, alimentos, insumos médicos y medicamentos.
Principalmente en La Paz y El Alto es muy notoria la escasez de estos productos, y lo poco que se vende duplicó o triplicó su precio ante la desesperación de la población, que reclama soluciones.
Frente a esta realidad, Patiño se sumó a una huelga de hambre de legisladores y criticó la falta de resultados en los intentos de diálogo entre el Gobierno y los movilizados, impulsado por la Vicepresidencia del Estado, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo.
A pocas cuadras de la ALP, en la sede de la Defensoría del Pueblo, iniciaron similar medida extrema hace 14 días las amas de casa Andrea Manríquez, María Oporto y Ruth Huanca, quienes se sostienen solo mediante la masticación de hojas de coca.
Entrevistada por Prensa Latina en el lecho donde sostiene esta forma de protesta, Huanca criticó la derogación de la Ley 1341, la cual cerraba el paso a la impunidad de policías y militares en la represión durante la protesta social.
La huelguista explicó a esta agencia de noticias que la Ley 1341 nació de un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que tras una investigación dictaminó que hubo masacres tras el derrocamiento del Gobierno de Evo Morales en 2019 en Senkata, Sacaba y Huayllani, con saldo de 37 muertes. –sn–
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https://akerix.com/on-this-day/05-28-maya-angelou-2014