SIC investiga a Telecafé por presuntas irregularidades en contratos millonarios con Du Brands
📰 Título original: SIC pone la lupa en famoso canal de TV en Colombia por lío con contratos
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SIC investiga a Telecafé por presuntas irregularidades en contratos millonarios con Du Brands
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación formal contra el canal regional Telecafé por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de apoyo logístico entre 2018 y 2022. Según la entidad, se habrían direccionado al menos 11 procesos contractuales a favor de la empresa Du Brands, por un valor que supera los 43.200 millones de pesos, equivalente al 34% del presupuesto destinado a logística en ese periodo. El organismo de control identificó posibles prácticas que habrían vulnerado los principios de transparencia y libre competencia. Entre los hallazgos se destaca una aparente inconsistencia en los controles contractuales: mientras contratos de menor cuantía tenían requisitos estrictos, aquellos de mayor valor, especialmente derivados de convenios interadministrativos, presentaban controles más flexibles. Además, la SIC señala que las adjudicaciones se habrían realizado de manera discrecional, sin criterios objetivos claros, favoreciendo reiteradamente a Du Brands pese a la existencia de un banco de 91 empresas habilitadas para prestar estos servicios. También se evidenció que la empresa beneficiada no siempre cumplía con los requisitos exigidos ni presentaba la oferta más favorable económicamente. La investigación también incluye un análisis financiero que muestra un crecimiento cercano al 1.000% en los ingresos de Du Brands durante el periodo analizado, seguido de una caída significativa tras el cambio de gobierno, lo que sugiere una posible dependencia de contratos estatales. El caso, originado por una denuncia del senador Edwing Fabián Díaz Plata, fue remitido a la Fiscalía General de la Nación debido a la posible comisión de delitos. Las autoridades buscan determinar si existió una red de favorecimiento indebido que pudo afectar recursos públicos y otros procesos contractuales en entidades estatales.








