Sociedad NoticiasOpinión | José Víctor Rodríguez -Sociedad | La palabra bajo fuego
En México, ejercer el periodismo equivale a caminar sobre un campo minado.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
El riesgo no es retórico ni abstracto: entre enero y julio de 2025, al menos ocho periodistas fueron asesinados por informar. Las cifras sitúan al país como el más peligroso de América Latina para la prensa, superando a naciones en conflicto y con redes criminales extendidas. Informar es, en este territorio, una actividad de alto riesgo.
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha alertado sobre la escalada de violencia letal contra comunicadores en la región. Trece periodistas murieron en el continente durante los primeros siete meses del año. Ocho de ellos en México. No por errores ni accidentes: los ejecutaron por publicar investigaciones, por incomodar al poder, por evidenciar al crimen. Por cumplir con su trabajo.
Entre las víctimas se encuentra Calletano de Jesús Guerrero, asesinado en el estado de México, a pesar de estar inscrito desde 2014 en un mecanismo federal de protección. También Alejandro Gallegos de León, quien dirigía La Voz del Pueblo y había documentado al crimen organizado. Las historias se acumulan. Las respuestas del Estado permanecen estancadas en discursos huecos.
La violencia contra la prensa se nutre de dos males: la impunidad y la inacción. Las investigaciones rara vez llegan a una resolución. En ocasiones, como en el caso de Kristian Zavala Martínez y Raúl Irán Villarreal Belmont, ni siquiera se esclarecen los móviles, aunque sus coberturas sobre desapariciones forzadas apuntan a represalias claras. Guanajuato, Guerrero, Sonora, Puebla, Quintana Roo… Ninguna entidad es territorio seguro para informar.
En la capital del país, Cozumel o Acapulco, periodistas han sido asesinados minutos después de transmitir en vivo, como Ronald Paz Pedro, o encontrados sin vida tras años de amenazas, como Melvin García. El sistema de protección del Estado no previene ni reacciona a tiempo. La violencia se perpetúa mientras los perpetradores gozan de impunidad y los gobiernos de silencio.
No se trata solo de la omisión de justicia. Es la criminalización indirecta del oficio. La narrativa oficial que minimiza, sospecha o desacredita. En un país donde denunciar puede equivaler a firmar la sentencia de muerte, el silencio se convierte en un mecanismo de supervivencia. Y eso erosiona la democracia.
En América Latina, la situación es igualmente grave. En Perú, Gastón Medina y Raúl Celis fueron asesinados por sus coberturas sobre corrupción y crimen ambiental. En Colombia, el periodista Óscar Gómez murió investigando nexos entre grupos armados y autoridades. Y en Ecuador, el editor Patricio Aguilar pagó con su vida un reportaje sobre redes de corrupción en el puerto de Esmeraldas.
La constante en todos estos casos es el abandono. La mayoría de las víctimas trabajaban en medios locales o comunitarios. Cubrían temas sensibles. Denunciaban abusos. En ocasiones ya habían sido amenazadas o contaban con medidas cautelares insuficientes. El asesinato termina por silenciar voces imprescindibles.
En México, tres de cada cuatro agresiones contra periodistas no se castigan. El Mecanismo de Protección federal, aunque necesario, opera con escasos recursos y bajo estructuras burocráticas que no permiten reacción inmediata. No hay coordinación entre federación y estados. No existe prevención. Solo reacciones lentas y lamentos institucionales.
Las autoridades federales prometen reformas, pero la situación no cambia. La mandataria Claudia Sheinbaum ha expresado su preocupación, pero hasta ahora no se ha presentado una estrategia integral que garantice el derecho a informar. La prensa crítica necesita más que retórica: requiere garantías, recursos y decisiones firmes.
México no debe aspirar a consolidar una democracia mientras sus periodistas mueren sin justicia. No habrá transformación real si el derecho a la libertad de expresión se ejerce bajo amenaza. La prensa no es enemiga del Estado. Es su espejo, su contrapeso, su conciencia. Cuando se apaga una voz, se apaga una parte del país.
En ninguna profesión se justifica que informar implique riesgo de muerte. La libertad de expresión no puede depender del azar ni de la geografía. Tiene que ser un derecho garantizado, no una temeridad heroica. Hoy, el periodismo mexicano sobrevive a balazos. Mañana podría no sobrevivir.
Punto Cero
Hoy se sabe que, desde enero pasado la Fiscalía General de la República (FGR) busca en todo el mundo a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco. Lo acusan por mantener presuntos vínculos con la célula delictiva conocida como La Barredora. ¿Qué ha hecho la autoridad en estos seis meses?
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: El precio de un jitomate mexicano
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