Turrialba facilita patentes comerciales para emprendedores: Adiós al requisito de uso de suelo
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San José, 07 ene (elmundo.cr) – A partir de 2026, los emprendedores de Turrialba contarán con mayores facilidades para obtener su pat [...]
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Avanza investigación sobre el Cártel Inmobiliario: FGJ
La Fiscalía de Justicia investiga a funcionarios y empresarios por corrupción inmobiliaria. Clara Brugada llama a colaboración legislativa.
Por Fausto Hernández | Reportero
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene activas 55 líneas de investigación relacionadas con el llamado Cártel Inmobiliario, según confirmó la titular Bertha Alcalde Luján. Los expedientes abiertos incluyen delitos atribuidos a funcionarios públicos y empresarios.
La fiscal informó que existen actualmente 22 carpetas individuales y 33 bloques de casos que configuran una red de actos delictivos, no como hechos aislados sino como parte de un patrón estructurado de corrupción.
“Tenemos ya cuatro sentencias condenatorias y 16 investigaciones en proceso”, detalló Bertha Alcalde, quien afirmó que las pesquisas no se limitan a un solo periodo gubernamental ni a una alcaldía específica.
Las investigaciones abarcan desde directores generales de obras hasta accionistas y representantes de firmas inmobiliarias que habrían participado en construcciones irregulares.
Corrupción estructural
La funcionaria subrayó que la Fiscalía continuará actualizando la información conforme los casos avancen en sede judicial. Mencionó que los delitos investigados reflejan un “modus operandi estructural” con participación tanto pública como privada.
La mayoría de los hechos corresponde al periodo 2015-2018, aunque se revisan también etapas anteriores y posteriores, lo que evidencia la amplitud del entramado inmobiliario.
Los implicados enfrentan procesos por autorizar obras fuera de norma, alterar usos de suelo y manipular permisos con apoyo de figuras del sector privado.
Entre las prioridades de la Fiscalía se encuentra el análisis de zonas donde se ha detectado presión inmobiliaria y alteraciones sistemáticas del tejido urbano.
Puertas abiertas al Congreso
Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la capital mantiene apertura para colaborar con diputadas y diputados federales interesados en conocer detalles del caso.
“Esta ciudad tiene las puertas abiertas a cualquier información sobre el Cártel Inmobiliario”, afirmó la mandataria capitalina, quien convocó a fortalecer la coordinación con el Congreso local.
Llamó a los legisladores a articular esfuerzos para revisar casos concretos y trazar acciones conjuntas frente al fenómeno de gentrificación y corrupción inmobiliaria.
Consideró esencial que la lucha institucional contra estas prácticas se nutra también con participación ciudadana.
Reformas contra la corrupción
Clara Brugada recordó que ya existe en la capital una legislación específica para frenar abusos del mercado inmobiliario. Esa norma, dijo, nació tras la revelación de las prácticas del citado cártel.
Invitó a diputadas y diputados a presentar propuestas que fortalezcan el marco legal existente y cierren espacios a la especulación urbana.
“Bienvenidas todas las propuestas que nos ayuden a mejorar nuestra lucha contra el Cártel Inmobiliario”, expresó.
Indicó que se dará atención prioritaria a edificios que operan con usos de suelo distintos a los permitidos, especialmente en zonas de alta densidad.
Zonas de conflicto urbano
El gobierno capitalino ha identificado diversas áreas donde los traspasos irregulares y la gentrificación han encarecido el costo de vida.
Estos movimientos han generado conflictos vecinales, desplazamientos forzados y pérdida de identidad comunitaria, denunció la mandataria.
Se revisarán los inmuebles intervenidos sin autorización y los permisos expedidos durante administraciones anteriores que avalaron usos no permitidos.
De acuerdo con datos oficiales, algunas de estas propiedades son operadas por consorcios que ocultaron información para obtener licencias.
Compromiso institucional
Bertha Alcalde Luján reiteró que la Fiscalía está comprometida con el combate a la corrupción inmobiliaria y seguirá documentando cada caso con base en pruebas sólidas.
Confirmó que varias de las investigaciones han derivado ya en imputaciones formales y vinculación a proceso de los implicados.
La Fiscalía continuará compartiendo datos públicos sobre estos procesos conforme lo permitan las etapas judiciales. El trabajo se coordina también con dependencias locales para garantizar la legalidad en futuras construcciones. –sn–
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Luisa María Alcalde reside en zona gentrificada
Datos oficiales revelan construcción sin registro completo en predio ubicado en la colonia Roma. Vinculan su propiedad con presuntas irregularidades urbanas.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La dirigente Luisa María Alcalde vinculó gentrificación con corrupción; vive en zona afectada por ese fenómeno. Durante su intervención en la marcha contra la gentrificación del pasado 4 de julio, la líder de Morena señaló prácticas inmobiliarias irregulares en alcaldías gobernadas por el PAN, particularmente Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.
Alcalde Luján denunció que en esos territorios operó un “cártel inmobiliario”, una red de desarrollos fuera de norma, con presuntos actos de corrupción y construcción sin lineamientos. “Esta problemática está vinculada muchas veces a desarrollos inmobiliarios hechos sin reglas y con moches”, dijo.
Vive en zona señalada
Sin embargo, registros oficiales indican que tanto Luisa María Alcalde como su hermana, Bertha Alcalde, fiscal de justicia de la capital, residen en un edificio ubicado en la colonia Roma, una de las más afectadas por la gentrificación. En 2016, Luisa María Alcalde adquirió una vivienda de dos niveles en Roma Sur por 4.2 millones de pesos. Posteriormente, el inmueble fue demolido para edificar un edificio de cuatro pisos.
La obra concluyó en 2020, cuando Néstor Núñez, de Morena, fungía como alcalde de Cuauhtémoc. En ese predio, el uso de suelo autorizaba únicamente tres niveles. El nuevo edificio incluye un ‘roof garden’, jacuzzi, área de descanso y asadores, sin que exista registro de finalización de obra ni autorización formal de habitabilidad.
Construcción rebasó permisos
Según un reporte de Latinus publicado en febrero de 2024, la edificación no contaba con el aviso de terminación de obra ni con la constancia de uso y ocupación. La falta de estos trámites impide legalmente su uso habitacional, pero hasta la fecha no se han reportado sanciones por parte de las autoridades correspondientes.
En su declaración patrimonial de 2019, Luisa María Alcalde reportó la propiedad de un tercio del inmueble. El monto estimado de la parte donada por sus padres fue de 1.7 millones de pesos. Por su parte, Bertha Alcalde informó haber comprado un departamento de 134 metros cuadrados en agosto de 2016, mes que coincide con la inscripción del predio ante el Registro Público de la Propiedad.
Al margen de la ley urbana
Los documentos revelan que la construcción inició antes de que se autorizaran cambios de uso de suelo o licencias para ampliar verticalmente el edificio. Expertos consultados por medios especializados señalaron que ese tipo de desarrollos contraviene las normas del plan parcial vigente para la zona.
La colonia Roma ha sido una de las zonas más afectadas por la gentrificación, según estudios de organizaciones urbanas como Suma Urbana y Fundar, que advierten desplazamientos sociales y presión sobre los servicios. Diversas investigaciones han documentado el papel de actores públicos y privados en el crecimiento inmobiliario irregular en esa zona, fenómeno que Morena ha criticado desde tribuna. –sn–
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