🇲🇽 Proponen la Inscripción Ejército Mexicano en Letras Doradas en el Congreso de Querétaro.
La diputada Teresita Calzada presentó la iniciativa para agregar la frase “Patria, Honor y Lealtad” en el Salón de Sesiones.
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⚖️📜 Debate en el Congreso local por la Reforma Constitucional del Poder Judicial en Querétaro.
La diputada Claudia Díaz Gayou presentó una iniciativa que difiere de la propuesta del Ejecutivo en temas como número de magistrados, duración del cargo y órgano de administración judicial.
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📊 El Congreso de Querétaro rechazó el Presupuesto 2026 y lo devolvió a comisiones para su revisión. Legisladores buscan que el gasto beneficie directamente a las familias. 👨👩👧👦🏛️
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Tamaulipas armoniza su marco legal para reforzar el combate a la extorsión
En sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y ante la presidenta Claudia Sheinbaum así se comprometió el gobernador Américo Villarreal.
Mayra Torres | Corresponsal
Tamaulipas seguirá trabajando en coordinación permanente con las instituciones del Gobierno Federal por el bienestar y la seguridad de las y los tamaulipecos, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya durante la 52ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
«Con un enfoque humanista, reafirmo mi compromiso de seguir trabajando, en coordinación permanente, por el bienestar y la seguridad de todas y todos en Tamaulipas», expresó el mandatario tamaulipeco luego de la sesión de trabajo celebrada en Palacio Nacional.
Como parte de los trabajos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Consejo Nacional de Protección Civil, Villarreal Anaya aprobó, junto con las y los gobernadores de todo el país, los 11 acuerdos para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad, entre ellos el 01/LII/25, en el que el Consejo Nacional de Seguridad Pública instruye a las y los gobernadores a presentar ante sus Congresos locales las iniciativas de reforma legislativa para armonizar sus marcos jurídicos con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, e informar al Secretariado a más tardar el último día hábil de enero de 2026.
También se instruyó a la Fiscalía General de la República a emitir un manual de operación de las fiscalías o unidades especializadas para la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión, a más tardar el último día hábil de febrero de 2026.
Durante su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum puntualizó que el trabajo coordinado ha permitido reducir en 37 por ciento los homicidios dolosos, el robo de vehículo con violencia y el robo a casa habitación con violencia, que son delitos que más afectan a la ciudadanía.
«Creo que trabajando juntos, el próximo año, a finales del próximo año, cuando nos veamos en esta sesión ordinaria, podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de la extorsión», expresó. –sn–
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Consejo acusa a Clara Brugada por centros cannábicos en Cdmx
El Consejo Nacional de Nueva Derecha acusó a Clara Brugada de habilitar zonas de consumo de mariguana. Acusaciones por centros 4:20.
Por Fausto Hernández | Reportero
El Consejo Nacional de Nueva Derecha acusó a la jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, de utilizar recursos públicos para habilitar y supervisar zonas de consumo de mariguana en espacios públicos, conocidas como “centros 4:20”. La organización afirmó que estas áreas, impulsadas por la mandataria capitalina, fomentaron la drogadicción y el narcomenudeo. Según su postura, la medida provocó un deterioro del tejido social y generó preocupación en comunidades cercanas.
Mediante un comunicado, el Consejo manifestó su rechazo a la existencia de toda una zona dedicada al consumo de mariguana en espacios abiertos de la capital. Señaló que el fomento de estas áreas impactó negativamente en los valores familiares y en la seguridad ciudadana. La postura incluyó el señalamiento de que la estrategia careció de un análisis de impacto social.
Aunado a ello, indicaron que estas acciones representaron un riesgo para la seguridad y la salud pública. Expresaron que la apertura de nueve centros, tres de ellos reubicados, se realizó sin tomar en cuenta la voz de los habitantes afectados. Según su declaración, los recursos invertidos podrían haberse destinado a obras con mayor beneficio comunitario.
“Nos oponemos no solo a la reubicación de tres centros 4:20, sino a que el gobierno habilite con nuestros impuestos espacios que fomentan la dependencia a sustancias”, afirmó el comunicado. En él, advirtieron que la existencia de estas zonas alentó el vicio y la vagancia, afectando directamente a las familias capitalinas.
Preocupación por denuncias ciudadanas
La organización cuestionó que, pese a denuncias ciudadanas por presunta venta de drogas ilícitas, el gobierno capitalino continuara habilitando estos puntos. Señalaron que esta decisión fue tomada sin un proceso de consulta vecinal. Además, criticaron la presencia del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) en dichas zonas.
Para el Consejo, la intervención del IAPA en estos lugares resultó contradictoria. Argumentaron que, lejos de prevenir adicciones, la medida legitimó el consumo público de cannabis. El comunicado indicó que esta situación debilitó las políticas de prevención que deberían prevalecer.
En su análisis, el organismo sostuvo que la habilitación de centros cannábicos no resolvió problemáticas de fondo. Por el contrario, afirmaron que fortaleció redes ilegales de venta y distribución. Consideraron que esto incrementó riesgos en sectores vulnerables de la población.
Asimismo, el Consejo resaltó que la ubicación de estos puntos, en zonas de alta afluencia, incrementó la exposición de menores al consumo de drogas. Para ellos, esta situación vulneró derechos y generó un retroceso en las políticas de protección a la infancia.
Propuesta de cambio legal
En este contexto, el organismo pidió un cambio a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Esta normativa eliminó la prohibición absoluta del consumo lúdico de mariguana en el país. El Consejo propuso restablecer límites que eviten el consumo abierto en espacios públicos.
Citaron el “Estudio sobre las prácticas y preferencias de la regulación de Cannabis en México”, en el que se indica que más del 60% de la población rechazó el uso lúdico y la legalización del cannabis. Con base en esta estadística, argumentaron que la postura oficial contradijo la opinión mayoritaria.
Además, señalaron que la permisividad actual generó un marco legal ambiguo. Consideraron que esta situación provocó vacíos en la regulación, lo que a su vez complicó la actuación de autoridades locales y federales.
En su pronunciamiento, reiteraron que las zonas de consumo público afectaron la convivencia social. Para el Consejo, la medida debilitó las redes comunitarias que fomentaban actividades culturales y deportivas. –sn–
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Avanza investigación sobre el Cártel Inmobiliario: FGJ
La Fiscalía de Justicia investiga a funcionarios y empresarios por corrupción inmobiliaria. Clara Brugada llama a colaboración legislativa.
Por Fausto Hernández | Reportero
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene activas 55 líneas de investigación relacionadas con el llamado Cártel Inmobiliario, según confirmó la titular Bertha Alcalde Luján. Los expedientes abiertos incluyen delitos atribuidos a funcionarios públicos y empresarios.
La fiscal informó que existen actualmente 22 carpetas individuales y 33 bloques de casos que configuran una red de actos delictivos, no como hechos aislados sino como parte de un patrón estructurado de corrupción.
“Tenemos ya cuatro sentencias condenatorias y 16 investigaciones en proceso”, detalló Bertha Alcalde, quien afirmó que las pesquisas no se limitan a un solo periodo gubernamental ni a una alcaldía específica.
Las investigaciones abarcan desde directores generales de obras hasta accionistas y representantes de firmas inmobiliarias que habrían participado en construcciones irregulares.
Corrupción estructural
La funcionaria subrayó que la Fiscalía continuará actualizando la información conforme los casos avancen en sede judicial. Mencionó que los delitos investigados reflejan un “modus operandi estructural” con participación tanto pública como privada.
La mayoría de los hechos corresponde al periodo 2015-2018, aunque se revisan también etapas anteriores y posteriores, lo que evidencia la amplitud del entramado inmobiliario.
Los implicados enfrentan procesos por autorizar obras fuera de norma, alterar usos de suelo y manipular permisos con apoyo de figuras del sector privado.
Entre las prioridades de la Fiscalía se encuentra el análisis de zonas donde se ha detectado presión inmobiliaria y alteraciones sistemáticas del tejido urbano.
Puertas abiertas al Congreso
Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la capital mantiene apertura para colaborar con diputadas y diputados federales interesados en conocer detalles del caso.
“Esta ciudad tiene las puertas abiertas a cualquier información sobre el Cártel Inmobiliario”, afirmó la mandataria capitalina, quien convocó a fortalecer la coordinación con el Congreso local.
Llamó a los legisladores a articular esfuerzos para revisar casos concretos y trazar acciones conjuntas frente al fenómeno de gentrificación y corrupción inmobiliaria.
Consideró esencial que la lucha institucional contra estas prácticas se nutra también con participación ciudadana.
Reformas contra la corrupción
Clara Brugada recordó que ya existe en la capital una legislación específica para frenar abusos del mercado inmobiliario. Esa norma, dijo, nació tras la revelación de las prácticas del citado cártel.
Invitó a diputadas y diputados a presentar propuestas que fortalezcan el marco legal existente y cierren espacios a la especulación urbana.
“Bienvenidas todas las propuestas que nos ayuden a mejorar nuestra lucha contra el Cártel Inmobiliario”, expresó.
Indicó que se dará atención prioritaria a edificios que operan con usos de suelo distintos a los permitidos, especialmente en zonas de alta densidad.
Zonas de conflicto urbano
El gobierno capitalino ha identificado diversas áreas donde los traspasos irregulares y la gentrificación han encarecido el costo de vida.
Estos movimientos han generado conflictos vecinales, desplazamientos forzados y pérdida de identidad comunitaria, denunció la mandataria.
Se revisarán los inmuebles intervenidos sin autorización y los permisos expedidos durante administraciones anteriores que avalaron usos no permitidos.
De acuerdo con datos oficiales, algunas de estas propiedades son operadas por consorcios que ocultaron información para obtener licencias.
Compromiso institucional
Bertha Alcalde Luján reiteró que la Fiscalía está comprometida con el combate a la corrupción inmobiliaria y seguirá documentando cada caso con base en pruebas sólidas.
Confirmó que varias de las investigaciones han derivado ya en imputaciones formales y vinculación a proceso de los implicados.
La Fiscalía continuará compartiendo datos públicos sobre estos procesos conforme lo permitan las etapas judiciales. El trabajo se coordina también con dependencias locales para garantizar la legalidad en futuras construcciones. –sn–
Edificio de las hermanas Alcalde Lujan¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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