Migrantes se integran al Consejo Económico de la capital

Aprueban reforma que suma voces del extranjero


Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

La Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la capital aprobó modificar la Ley Orgánica del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México (CESA) para incluir representación de residentes capitalinos en el extranjero. Esta reforma fue impulsada por el legislador Raúl de Jesús Torres Guerrero, del PAN.

Según el dictamen, la intención es dar voz a dos representantes de la diáspora mexicana fuera del país. Con ello se busca enriquecer la toma de decisiones públicas con una visión integral que considere los efectos de las políticas locales en quienes radican en el exterior.

Panorama económico migrante

La diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, también del PAN y presidenta de la comisión dictaminadora, explicó que la capital y su zona metropolitana son puntos neurálgicos de atracción económica y cultural a nivel nacional e internacional. Enfatizó que esto propicia un vínculo permanente con migrantes.

La reforma reconoce el aporte económico de los capitalinos que residen fuera del país. En 2024, sus remesas sumaron 4.6 mil millones de dólares, ubicando a la ciudad en el cuarto lugar nacional entre las entidades receptoras de estos recursos.

Colaboración y desarrollo

La legisladora Rangel Lorenzana subrayó que el CESA colabora con las autoridades para fomentar un desarrollo social incluyente, crecimiento económico sostenible y participación ciudadana. Añadió que con esta modificación se fortalece el vínculo entre la capital y su comunidad migrante.

Durante la sesión, también se aprobó otro dictamen que busca ampliar las facultades del CESA. Este segundo documento incluye propuestas para reforzar las atribuciones de sus comisiones internas, así como definir la duración de la Secretaría Técnica del Consejo.

Cambios a la estructura interna

El Artículo 17 de la ley orgánica ahora establece que las comisiones deben contar con al menos tres personas consejeras, respetando el principio de paridad de género. Esto promueve la participación equitativa dentro del órgano consultivo.

Asimismo, el Artículo 4 fue reformado para priorizar alianzas con otros Consejos locales e internacionales. Se trata de impulsar sinergias a través de proyectos conjuntos que beneficien a la población capitalina dentro y fuera del país.

Duración del cargo técnico

El dictamen también aclara la duración del encargo de la persona que ocupe la Secretaría Técnica de la Asamblea General del Consejo. De acuerdo con el Artículo 23, esta persona permanecerá en funciones por el mismo tiempo que dure la gestión de quien encabece el Fondo para el Desarrollo Económico y Social.

Este aspecto administrativo busca dar certidumbre jurídica y operativa al órgano colegiado, alineando periodos de gestión y responsabilidades entre sus áreas directivas.

Aval desde Morena

La diputada Leonor Gómez Otegui, del partido Morena, celebró ambas iniciativas al considerar que fortalecen al Consejo como órgano asesor en el desarrollo económico y social de la ciudad. Dijo que permiten su consolidación como un actor relevante en la política pública.

Gómez Otegui resaltó que la visibilidad del Consejo aumentará con la incorporación de la diáspora y la modernización de sus procesos internos. Aseguró que con estos cambios, el CESA tendrá mayor capacidad de interlocución.

Representación y derechos

La inclusión de representantes migrantes refleja un paso hacia el reconocimiento de los derechos políticos de quienes, a pesar de vivir fuera, mantienen lazos con la ciudad. La reforma permite que sus opiniones sean escuchadas y consideradas en decisiones relevantes.

Además, con esta reforma, se garantiza que las políticas públicas reflejen las necesidades de los capitalinos sin importar su lugar de residencia. Esto fortalece la democracia participativa y el sentido de pertenencia entre las comunidades migrantes.

Sinergia global y capitalina

Se busca que el Consejo sea un puente entre la capital y el resto del mundo, mediante la incorporación de experiencias internacionales. Esto enriquecerá los diagnósticos sociales y económicos sobre los retos actuales de la ciudad.

Con esta acción legislativa, el Congreso reafirmó su compromiso con la inclusión, la paridad y el reconocimiento de la diversidad de su ciudadanía, tanto dentro como fuera del país. –sn–

Niños Migrantes | @SociedadN_

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Avanza investigación sobre el Cártel Inmobiliario: FGJ

La Fiscalía de Justicia investiga a funcionarios y empresarios por corrupción inmobiliaria. Clara Brugada llama a colaboración legislativa.


Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene activas 55 líneas de investigación relacionadas con el llamado Cártel Inmobiliario, según confirmó la titular Bertha Alcalde Luján. Los expedientes abiertos incluyen delitos atribuidos a funcionarios públicos y empresarios.

La fiscal informó que existen actualmente 22 carpetas individuales y 33 bloques de casos que configuran una red de actos delictivos, no como hechos aislados sino como parte de un patrón estructurado de corrupción.

“Tenemos ya cuatro sentencias condenatorias y 16 investigaciones en proceso”, detalló Bertha Alcalde, quien afirmó que las pesquisas no se limitan a un solo periodo gubernamental ni a una alcaldía específica.

Las investigaciones abarcan desde directores generales de obras hasta accionistas y representantes de firmas inmobiliarias que habrían participado en construcciones irregulares.

Corrupción estructural

La funcionaria subrayó que la Fiscalía continuará actualizando la información conforme los casos avancen en sede judicial. Mencionó que los delitos investigados reflejan un “modus operandi estructural” con participación tanto pública como privada.

La mayoría de los hechos corresponde al periodo 2015-2018, aunque se revisan también etapas anteriores y posteriores, lo que evidencia la amplitud del entramado inmobiliario.

Los implicados enfrentan procesos por autorizar obras fuera de norma, alterar usos de suelo y manipular permisos con apoyo de figuras del sector privado.

Entre las prioridades de la Fiscalía se encuentra el análisis de zonas donde se ha detectado presión inmobiliaria y alteraciones sistemáticas del tejido urbano.

Puertas abiertas al Congreso

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la capital mantiene apertura para colaborar con diputadas y diputados federales interesados en conocer detalles del caso.

“Esta ciudad tiene las puertas abiertas a cualquier información sobre el Cártel Inmobiliario”, afirmó la mandataria capitalina, quien convocó a fortalecer la coordinación con el Congreso local.

Llamó a los legisladores a articular esfuerzos para revisar casos concretos y trazar acciones conjuntas frente al fenómeno de gentrificación y corrupción inmobiliaria.

Consideró esencial que la lucha institucional contra estas prácticas se nutra también con participación ciudadana.

Reformas contra la corrupción

Clara Brugada recordó que ya existe en la capital una legislación específica para frenar abusos del mercado inmobiliario. Esa norma, dijo, nació tras la revelación de las prácticas del citado cártel.

Invitó a diputadas y diputados a presentar propuestas que fortalezcan el marco legal existente y cierren espacios a la especulación urbana.

“Bienvenidas todas las propuestas que nos ayuden a mejorar nuestra lucha contra el Cártel Inmobiliario”, expresó.

Indicó que se dará atención prioritaria a edificios que operan con usos de suelo distintos a los permitidos, especialmente en zonas de alta densidad.

Zonas de conflicto urbano

El gobierno capitalino ha identificado diversas áreas donde los traspasos irregulares y la gentrificación han encarecido el costo de vida.

Estos movimientos han generado conflictos vecinales, desplazamientos forzados y pérdida de identidad comunitaria, denunció la mandataria.

Se revisarán los inmuebles intervenidos sin autorización y los permisos expedidos durante administraciones anteriores que avalaron usos no permitidos.

De acuerdo con datos oficiales, algunas de estas propiedades son operadas por consorcios que ocultaron información para obtener licencias.

Compromiso institucional

Bertha Alcalde Luján reiteró que la Fiscalía está comprometida con el combate a la corrupción inmobiliaria y seguirá documentando cada caso con base en pruebas sólidas.

Confirmó que varias de las investigaciones han derivado ya en imputaciones formales y vinculación a proceso de los implicados.

La Fiscalía continuará compartiendo datos públicos sobre estos procesos conforme lo permitan las etapas judiciales. El trabajo se coordina también con dependencias locales para garantizar la legalidad en futuras construcciones. –sn–

Edificio de las hermanas Alcalde Lujan

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