Captura a mujer por extorsión y cobro de piso en Iztapalapa

Autoridades capitalinas ejecutaron una orden judicial y aseguraron a una mujer vinculada a extorsión.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que personal policial de la dependencia realizó trabajos de investigación que concluyeron con la captura de una mujer en Iztapalapa, y detalló que las acciones se efectuaron en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Cdmx. La institución precisó que la orden judicial derivó de denuncias por cobro de piso a comerciantes de la zona norte, y señaló que la detenida fue localizada en inmediaciones de un centro penitenciario de la alcaldía. Autoridades indicaron que la imputada quedó a disposición del juez correspondiente.

Las instituciones capitalinas reportaron que la detención se originó a partir de varias denuncias por extorsión, y explicaron que el grupo involucrado operaba en la zona de Cuautepec en Gustavo A. Madero. Las autoridades mencionaron que la misma organización actuaba también en los límites con Edomex, y subrayaron que existía un patrón delictivo que afectó a comerciantes locales. La SSC indicó que la información reunida permitió trazar la ruta delictiva atribuida a la detenida.

La FGJ indicó que se efectuaron acciones operativas e indagatorias que generaron datos de prueba suficientes, y confirmó que estos elementos fueron presentados ante un juez de control. La autoridad judicial dictó el mandamiento correspondiente tras analizar la evidencia, y determinó que existían elementos para proceder. Las instituciones señalaron que la orden de captura se ejecutó conforme al protocolo.

Avance de la investigación

Personal de la SSC y la FGJ se trasladó a un centro penitenciario en Iztapalapa, y ahí ubicó a la mujer de 43 años. Los agentes informaron sobre la orden judicial, y notificaron a la detenida sus derechos constitucionales. La autoridad afirmó que la imputada quedó bajo resguardo en apego a las disposiciones legales.

Las indagatorias revelaron que la detenida posiblemente pertenecía a un grupo delictivo activo en la zona norte de Gustavo A. Madero, y que operaba también en los límites con Edomex. La investigación señaló que la mujer mantenía vínculo sentimental con el supuesto líder, y que este individuo se encontraba recluido en un penal del oriente capitalino. La carpeta de investigación acreditó que existían nexos entre los integrantes de la organización.

Las autoridades capitalinas subrayaron que el caso permitió afianzar líneas de investigación, y confirmaron que se analizaron patrones señalados por comerciantes de la zona. La SSC afirmó que se revisaron pruebas documentales y testimoniales, y puntualizó que estas referencias coincidieron con el comportamiento atribuido al grupo delictivo. La FGJ sostuvo que los registros contribuían a sustentar el expediente penal. –sn–

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Advierte «Artículo 19» censura y criminalización a periodistas con Ley extorsión

Debaten alcance de nueva ley de extorsión. Organizaciones alertaron riesgos y Diputados aprobaron reforma sobre extorsión.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La organización Artículo 19 señaló riesgos para la prensa y el libre ejercicio del periodismo en México ante la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión por el Congreso de la Unión, promovida por el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum.

El organismo que defiende los derechos humanos difundió advertencias basadas en análisis jurídicos realizados durante las últimas semanas. Las observaciones fueron entregadas a comisiones legislativas antes de la sesión ordinaria.

Para Artículo 19, la necesidad de combatir la extorsión fue reconocida en función de su impacto social, aunque la propuesta incluyó elementos imprecisos que podían afectar la cobertura periodística. El organismo indicó que el proyecto incorporó “deficiencias graves en su técnica legislativa” según sus propios dictámenes. También afirmó que esta redacción podía abrir la puerta a la criminalización de quienes difundían información.

Riesgos y definiciones

Entre los apartados señalados se encontró el artículo quince, cuya redacción incluyó como extorsión la acción de obligar a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo con beneficio propio o ajeno. La fórmula legal no exigió la presencia comprobable de violencia, amenazas o coacción. La organización consideró que esta amplitud introdujo riesgos en la aplicación judicial.

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Extorsión con el mismo número de votos anunciados al inicio del debate, lo que confirmó el respaldo mayoritario a la reforma. El dictamen estableció ajustes formales en varios artículos observados previamente por el Senado. También definió criterios de interpretación obligatorios para autoridades ministeriales.

La organización Artículo 19 señaló que el texto careció de requisitos claros para tipificar la conducta como delito y sostuvo que “incluyó vicios que pusieron en riesgo el ejercicio periodístico”. De acuerdo con su evaluación, la ausencia de parámetros objetivos afectó la seguridad jurídica. La crítica fue formalizada mediante un posicionamiento público difundido horas después de la sesión.

Contra periodistas

La fracción V del artículo diecisiete amplió la definición de extorsión al uso de cualquier medio o dispositivo para emitir o recibir información. El apartado abarcó escritos, señales electrónicas y plataformas tecnológicas. Según Artículo 19, esta amplitud permitió posibles sanciones contra periodistas y medios por publicar hechos noticiosos o críticas a funcionarios.

Desde la perspectiva del organismo, cualquier persona, incluidas servidoras públicas, pudo denunciar que la crítica planteada mediante cobertura periodística constituía extorsión si consideraba que le generaba daño moral o psicológico. La organización documentó antecedentes en procesos civiles con argumentos similares. También recordó que la valoración subjetiva podía influir en denuncias penales.

Artículo 19 advirtió que el problema aumentó si se consideraba la obtención de reconocimiento profesional como “beneficio” para periodistas, lo que según el organismo había sido utilizado por autoridades en procesos contra comunicadores y activistas. El análisis incluyó ejemplos derivados de expedientes previos. La observación formó parte de un capítulo específico de su informe. –sn–

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Diputados avalan nueva ley contra extorsión

El Congreso aprobó endurecer sanciones y fijó nuevas obligaciones institucionales. Cámara aprobó endurecimiento penal y Senado consolidó cambios clave.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                     

La Cámara de Diputados aprobó este martes la minuta enviada por el Senado que creó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, y lo hizo tras avalar un esquema que elevó las penas hasta cuarenta y dos años de prisión. El Pleno avaló el proyecto con cuatrocientos nueve votos a favor, treinta y tres en contra y una abstención, lo que confirmó el consenso mayoritario para avanzar en la reforma. Con ello, la aprobación dejó listo el decreto para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la cual quedó pendiente de ser formalizada por la presidente Claudia Sheinbaum.

El dictamen fue retomado tras la discusión iniciada en la Cámara Alta, donde el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, cuestionó la efectividad de agravar castigos como herramienta exclusiva frente a la crisis de seguridad. El legislador rechazó señalamientos de adversarios políticos que acusaron la existencia de “narco gobiernos”, y planteó que la reforma debía analizarse en función del fenómeno criminal. Durante el debate, Monreal sostuvo que la medida representaba un paso relevante para enfrentar un delito de alto impacto.

El coordinador morenista defendió la pertinencia de la reserva que había impulsado en la primera versión de la reforma aprobada en Diputados y explicó los motivos de su planteamiento inicial. También expuso que las modificaciones del Senado obedecieron a la revisión propia de un órgano colegislador. Al cierre del intercambio, afirmó que aceptaría los cambios porque formaba parte de un proceso bicameral.

Cambios en el Senado

Monreal confirmó que se allanaba a la minuta modificada en el Senado, al argumentar que las cámaras funcionan como instancias revisoras entre sí. Indicó que la colegisladora evaluó de manera integral la reserva presentada días antes y determinó ajustar la propuesta original. En su exposición, recordó que su postura garantista no se contraponía con su voto favorable al dictamen.

El Congreso elevó de forma sustancial las sanciones previstas, pues la nueva ley estableció un castigo mínimo de quince años y un máximo de veinticinco años de prisión para las personas sentenciadas por extorsión. Esta decisión amplió los límites penales, ya que el proyecto inicial contemplaba un rango de seis a quince años de cárcel. Los cambios quedaron concentrados en el artículo primero del decreto que creó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

Los senadores argumentaron que las penas previstas originalmente podrían favorecer a personas previamente condenadas por este delito, lo que justificó el incremento en los umbrales de prisión. También señalaron que la revisión se realizó para evitar vacíos legales. Con ello, el Congreso cerró la posibilidad de reducciones que alteraran sentencias vigentes.

Nuevas obligaciones

La reforma incorporó por primera vez la obligación de que todas las autoridades actuasen con pleno respeto a los derechos humanos en la investigación y persecución de la extorsión. Este requisito no aparecía en la minuta aprobada inicialmente por la colegisladora. La disposición quedó incluida como principio rector de actuación institucional.

Para fortalecer la respuesta penal, la ley ordenó que las fiscalías federales y locales contasen con unidades especializadas, personal ministerial capacitado y policías evaluados y certificados en delitos de extorsión. El Congreso determinó que estas áreas operaran bajo estándares técnicos reforzados. Hasta su implementación, las unidades encargadas del combate al secuestro asumieron provisionalmente la investigación del delito.

La iniciativa también estableció incrementos de penas en casos agravados, como aquellos en que servidores públicos o autoridades penitenciarias facilitaran condiciones para cometer extorsión. En tales situaciones, se añadió un castigo adicional de tres a cinco años, sumado al rango general de quince a veinticinco años de prisión. El dictamen fijó parámetros específicos para sancionar estas conductas.

Medidas adicionales

El Congreso determinó sanciones para funcionarios responsables de prevención, investigación o administración de justicia que omitieran denunciar actos de extorsión ante el Ministerio Público. Las penas fueron fijadas entre diez y veinte años de cárcel. La medida tuvo como fin cerrar espacios a la impunidad institucional.

El dictamen también contempló castigos de seis a doce años de prisión para quienes introdujeran dispositivos electrónicos capaces de transmitir datos, voz o imagen en centros penitenciarios o de internamiento para menores sin autorización. El Congreso sostuvo que estos equipos podían facilitar la comisión de extorsiones desde reclusorios. La disposición estableció un mecanismo adicional para inhibir operaciones ilícitas internas.

Finalmente, el proyecto precisó que los recursos derivados de decomisos o procedimientos de extinción de dominio vinculados a casos de extorsión se aplicarían preferentemente a la restitución de derechos de las víctimas. La norma definió este destino como prioridad en el manejo de bienes asegurados. Con ello, la reforma incorporó un enfoque de reparación directa. –sn–

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Condenan a ex director de la policía de Acambay

Fiscalía del Edomex obtuvo condena y excomisario acumuló procesos.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

El operativo denominado Operación Enjambre registró una nueva condena luego de que la Fiscalía del estado de México informó que logró un fallo por extorsión contra el ex comisario Eulises González Hernández. La autoridad estatal señaló que el proceso avanzó conforme a las pruebas recabadas. También indicó que la investigación integró declaraciones y análisis periciales.

El juez responsable del caso emitió el fallo de condena tras valorar los datos de prueba presentados por la Fiscalía mexiquense. La autoridad judicial fijó para el viernes 21 de noviembre la audiencia de individualización de sanciones. El expediente quedó bajo supervisión del Poder Judicial estatal.

Las instituciones investigadoras precisaron que la resolución formó parte del conjunto de acciones abiertas dentro de la Operación Enjambre. La Fiscalía detalló que la carpeta incluyó delitos cometidos presuntamente en Acambay. El Ministerio Público reiteró que mantuvo seguimiento en cada una de las líneas de investigación.

Investigación del caso

Las indagatorias establecieron que en junio de 2024 Eulises González Hernández contrató a varias personas para trabajos diversos. Para agosto de ese mismo año, les ordenó vigilar una pollería en Acambay y ejecutar el “levantamiento” del dueño del establecimiento. La Fiscalía señaló que esa instrucción constituyó el inicio del delito investigado.

El excomisario entregó armas de fuego a las víctimas para la ejecución del ilícito. Las personas contratadas se negaron a acatar las órdenes al identificar el carácter delictivo de la instrucción. Según la carpeta, el excomisario los amenazó con enviarlos a prisión y causar daño a sus familias.

Las autoridades documentaron testimonios y pruebas que confirmaron la coerción ejercida por el excomisario. El expediente integró registros sobre los roles asignados por el acusado. Asimismo, la Fiscalía indicó que estos elementos resultaron determinantes para sostener la acusación.

Antecedentes penales

La Fiscalía del Estado de México recordó que Eulises González Hernández ya contaba con una sentencia previa de 68 años y 6 meses por desaparición forzada. Ese caso se relacionó con el excomisario de Seguridad Pública de Temascalcingo Agustín “N” y su escolta Juan Carlos “N”. La autoridad señaló que la nueva condena se sumó al historial delictivo del acusado.

El Ministerio Público registró que los hechos previos también formaron parte de investigaciones amplias sobre abusos cometidos por mandos policiales. La institución detalló que ambos casos implicaron uso de autoridad y violencia. Los expedientes permanecieron en seguimiento dentro del programa estatal de control interno.

La Fiscalía mexiquense reiteró que las sentencias acumuladas mostraron la gravedad de los hechos. Las autoridades indicaron que las resoluciones se obtuvieron mediante procedimientos formales. Los jueces resolvieron con base en pruebas verificadas. –sn–

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🚨 La Policía Estatal rescató a dos estudiantes víctimas de secuestro virtual en San Pedrito Peñuelas.
La rápida reacción evitó un delito y permitió su regreso seguro.
Mantente alerta y denuncia cualquier llamada sospechosa.
#Seguridad #Querétaro #PolicíaEstatal #Extorsión
Más información en: www.amanecerqro.com

https://amanecerqro.com/policia-estatal-rescata-a-dos-estudiantes-victimas-de-secuestro-virtual/

Detenidos dos jóvenes tras un robo violento y extorsión por un patinete en Palma

Vaya historia de violencia para solo robar un patinete. Qué desastre.

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Senado aprueba Ley General contra la extorsión

Senado avaló nueva ley y legisladores alertaron impacto nacional.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El pleno del Senado aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual homologó el tipo penal en el país, y aumentó hasta 42 años las penas aplicables. La votación registró 110 sufragios a favor en la sesión ordinaria. El dictamen incorporó ajustes técnicos que ampliaron su alcance operativo.

Debido a modificaciones introducidas por los senadores, la minuta regresará a la Cámara de Diputados, cuyo presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, señaló que se “allanarán” a los cambios. La decisión legislativa mantuvo el trámite ordinario de revisión. La colegisladora confirmó que la aprobará tal como quedó modificada.

En el debate, legisladores de distintos partidos reconocieron la gravedad del delito en el territorio nacional, y expusieron su efecto directo en la economía. Algunos senadores revelaron que también fueron víctimas de extorsionadores. Las intervenciones marcaron coincidencias sobre la necesidad de fortalecer capacidades institucionales.

Recursos y exigencias

Los grupos parlamentarios del PAN, MC y PRI votaron a favor, aunque solicitaron recursos para implementar la Ley. Las bancadas advirtieron que sin presupuesto no se lograrían los objetivos planteados. Los posicionamientos incluyeron llamados a revisar las capacidades estatales.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Murguía, señaló que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la extorsión fue el segundo delito más cometido en el país. La legisladora subrayó que la cifra negra alcanzó 97%. Sus declaraciones retomaron comparaciones con el robo en vía pública y transporte.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, afirmó que el incremento de casos respondió a una debilidad institucional. La legisladora indicó que se requerían presupuesto, fortalecimiento policial y capacidad ministerial. También mencionó que los gobernadores necesitaban voluntad política para atender el problema.

Cambios aprobados

Entre los ajustes aprobados destacó la prohibición de beneficios de libertad anticipada para personas sentenciadas por extorsión. El dictamen indicó que tampoco procedería la conmutación o sustitución de pena ni preliberaciones previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Las restricciones fueron incluidas para delimitar claramente el régimen sancionador.

El documento estableció que quien introdujera o intentara introducir dispositivos electrónicos a centros de readaptación social enfrentaría penas de seis a 12 años de prisión. La disposición abarcó tecnología análoga, telefonía, radiofrecuencia, internet o mecanismos satelitales. La previsión buscó cerrar vías de comunicación ilícitas desde cárceles.

El Pleno discutirá el dictamen este miércoles, conforme a lo previsto en la agenda legislativa. Las comisiones involucradas informaron que se cumplió el proceso de deliberación. La Junta de Coordinación Política confirmó que mantendrá el trámite sin modificaciones adicionales. –sn–

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Detenidos dos jóvenes tras un robo violento y extorsión por un patinete en Palma

La Policía Nacional de Palma ha detenido a dos jóvenes tras un violento asalto ocurrido en la madrugada del sábado en el barrio de Son Gotleu. La víctima, un hombre que circulaba en su patinete por la calle Indalecio Prieto, fue rodeado por un grupo de siete jóvenes de origen magrebí. Tras propinarl... [Ver más]

Detenidos dos jóvenes tras un robo violento y extorsión por un patinete en Palma

Lo que pasa es el resultado de un sistema que deja de lado a los más desfavorecidos. No es jungla, es pobreza.

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Detenidos dos jóvenes tras un robo violento y extorsión por un patinete en Palma

Esto es lo que pasa cuando no hay ley ni orden, pura jungla urbana. Asco.

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