Sociedad NoticiasAutoridades violan derechos en marcha de «Generación Z» Mexicana de Abogados
Protesta juvenil expone tensiones nacionales. Crece condena por violencia y urge garantizar derechos.
Por Fausto Hernández | Reportero
La Barra Mexicana de Abogados (BMA) expresó su condena por los hechos de violencia registrados durante la manifestación de la Generación Z del 15 de noviembre, afirmó que se vulneraron derechos fundamentales de personas que ejercían su derecho a la libre expresión y sostuvo que la protesta se desarrolló de forma pacífica.
La carta difundida en redes sociales incluyó la firma de la presidente de la institución Ana Maria Kudisch Castelló, quien subrayó la diferencia entre la protesta legítima y los actos violentos del grupo conocido como bloque negro. El documento expuso que dicha violencia buscó desacreditar la movilización mediante daños materiales.
La BMA señaló que la presencia de personas vestidas de negro había sido constante en marchas que cuestionaron al gobierno federal, expuso que su actuación generó confrontaciones violentas y precisó que ello tuvo el propósito de deformar una expresión ciudadana auténtica. Indicó que la protesta tuvo como antecedente el asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán, hecho catalogado como criminal por la organización. La institución afirmó que ese crimen provocó indignación nacional.
La BMA llamó a las autoridades encargadas de la seguridad pública de la Cdmx para que aplicaran los protocolos de actuación en las próximas movilizaciones, indicó que entre ellas se encontraba la programada para el 20 de noviembre y sostuvo que tales protocolos debían garantizar la libre expresión. También pidió medidas que aseguraran la integridad de las personas que participaran en futuras concentraciones. La organización manifestó que el respeto legal debía mantenerse en toda circunstancia.
Acciones institucionales
La BMA solicitó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) garantizara en su totalidad los derechos humanos de las personas detenidas, afirmó que ello incluía la protección de su integridad personal y precisó que requería acceso inmediato a defensa legal. Indicó que las personas detenidas debían contar con comunicación con familiares en apego a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La institución mencionó que también se aplicaban las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La BMA sostuvo que la protesta pacífica constituyó un derecho fundamental, expuso que funcionó como un mecanismo básico de participación ciudadana y afirmó que resultó esencial para cualquier sistema democrático. Recalcó la necesidad de su protección efectiva por parte de las autoridades. Aseguró que ese resguardo fortalecía la vigencia del Estado de Derecho en México.
La BMA indicó que la manifestación analizada mostró la relevancia social de preservar la libertad de expresión, subrayó que dicho derecho debía protegerse sin excepción y remarcó que su restricción afectaba la vida pública. Sostuvo que existieron condiciones para un diálogo ciudadano sin violencia. Confirmó que ello dependería de la actuación institucional.
Contexto y antecedentes
La BMA describió que las movilizaciones posteriores podrían incrementar la demanda social de garantías, señaló que el país vivía un periodo de tensión pública y destacó que el respeto a estándares internacionales resultó determinante. También precisó que la ciudadanía mantuvo atención en las autoridades. La institución afirmó que las movilizaciones recientes revelaron preocupación colectiva.
La BMA sostuvo que el análisis jurídico de la protesta permitiría documentar patrones en incidentes anteriores, explicó que ello podría servir a investigaciones oficiales y planteó la necesidad de reforzar medidas preventivas. Indicó que tales medidas fortalecerían la protección de los participantes. La organización confirmó que continuaría observando el proceso.
La organización añadió que su posicionamiento formó parte de un seguimiento a casos semejantes, informó que había realizado observaciones en otras marchas y aclaró que su objetivo consistió en preservar el orden democrático. Precisó que la protesta social había sido un elemento habitual en la vida pública. La BMA reiteró que su comunicación tenía fines estrictamente institucionales. –sn–
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