Sociedad NoticiasEl Balcón Social | Plurinominales: la historia antes de la reforma Sheinbaum
Desde 1979, cada reforma electoral en México ha respondido a un déficit detectado en la elección anterior. No han sido cambios casuales, sino ajustes al engranaje político para garantizar una representación más justa y una democracia más sólida. Hoy, con el anuncio de Claudia Sheinbaum Pardo de eliminar diputaciones y senadurías plurinominales, la pregunta obligada es: ¿cuál es el verdadero propósito?
El punto de partida debería ser la elección de 2024, donde la oposición acusó que la normatividad vigente permitió una sobrerrepresentación de la coalición Morena-PT-PVEM. Este episodio, más que cualquier argumento teórico, da sustento a revisar el modelo y definir si la eliminación de plurinominales corregiría —o agravaría— los vicios de representación.
Las plurinominales no fueron un capricho de la clase política. Surgieron en 1979 para dar espacio institucional a movimientos de izquierda y garantizar presencia de minorías en el Congreso de la Unión. En aquel año se incorporaron 100 diputados bajo este esquema. En 1982 se agregaron 32 senadores plurinominales. Fue una respuesta al presidencialismo absoluto que en 1976 llevó a José López Portillo como candidato único.
En 1987, una nueva reforma creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, abriendo cauce institucional a los movimientos sociales posteriores al sismo de 1985. Esto permitió que en 1988 la Cámara de Diputados llegara a 500 integrantes.
La reforma de 1990, impulsada por Carlos Salinas de Gortari tras el fraude electoral de 1988, despojó a la Secretaría de Gobernación de la organización electoral. Nació el Instituto Federal Electoral (IFE) y con él el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que facilitó la creación de partidos como el PT y el PVEM, hoy aliados del bloque oficialista.
En 1996, el IFE se volvió plenamente autónomo y se instauró la elección directa del jefe de Gobierno capitalino. Ese cambio marcó el inicio de la pérdida del control presidencial sobre el poder local y abrió la puerta a la alternancia del año 2000.
La reforma de 2007 respondió al conflicto postelectoral de 2006. Estableció el recuento voto por voto en caso de que la diferencia entre primer y segundo lugar fuera menor al 1%. Fue una cicatriz institucional de la cerrada contienda entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador.
En 2014, otra reforma cambió el nombre del IFE a Instituto Nacional Electoral (INE) y centralizó la organización de comicios estatales, incluyendo las elecciones para gobernadores.
De esta forma, el planteamiento de Sheinbaum busca modificar la Constitución para impedir que una coalición supere en más de 8% su votación total al momento de asignar curules y escaños. El límite actual se calcula por partido, lo que permitió que Morena y sus aliados sumaran una representación mayor en 2024.
El argumento contra las plurinominales es claro: sus beneficiarios no hacen campaña y suelen ser figuras de cúpula designadas por dedazo. El modelo vigente en la ciudad de México ofrece una alternativa: todos los aspirantes deben competir. Los 33 distritos se asignan a los ganadores, pero los segundos lugares más votados también obtienen representación.
Ese esquema garantiza que nadie llegue al Congreso de la Unión sin haber enfrentado las urnas. Incluso las “figuras protegidas” del partido tendrían que competir, aunque sea en territorios donde su fuerza política sea hegemónica.
Antes de eliminar un mecanismo que históricamente ha servido para equilibrar el poder, es necesario precisar la intención de la reforma. Sin un objetivo claro, el riesgo es convertir la corrección de un vicio electoral en un retroceso democrático.
La historia de las reformas electorales muestra que cada cambio tuvo una motivación política concreta. La de 1979 abrió espacios a minorías, la de 1990 fortaleció la autonomía electoral, la de 2007 buscó certeza en procesos cerrados. La que ahora se plantea debe explicitar si busca equidad o hegemonía.
El debate no será técnico, sino profundamente político. En un país con memoria de fraudes, exclusión y sobrerrepresentación, la eliminación de plurinominales podría cambiar la estructura del Congreso, pero también, sin duda, redefinir las reglas del juego democrático.
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