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Sociedad NoticiasMéxico impulsa defensa de derechos de migrantes: Marcela Guerra
La diputada Marcela Guerra Castillo, en el Congreso de Abogados, abordó migración y derechos humanos. Propuso fortalecer leyes y cooperación para evitar criminalización. Guerra Castillo llama a legislar con enfoque ético.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Durante el LIII Congreso Nacional de la Federación de Colegios de Abogados, la diputada federal Marcela Guerra Castillo participó en el foro “Los derechos humanos de las y los migrantes. Reflexiones de Parlamento Abierto”, realizado el 22 de julio de 2025 en la antigua sede del Senado, en la ciudad de México.
La también presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios expresó que el fenómeno migratorio ha cobrado nuevas dimensiones por la implementación de políticas restrictivas desde el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Señaló que este nuevo enfoque ha tensado la relación bilateral, al vincular la migración con temas de seguridad nacional.
Relación bilateral y aristas legales
Guerra explicó que, aunque México y Estados Unidos mantienen una relación sólida en materia económica gracias al Tratado de Libre Comercio desde 1995, persisten desacuerdos importantes en la agenda migratoria. Dijo que la frontera de 3 mil kilómetros se convirtió en una de las más dinámicas del mundo, pero también en una zona conflictiva por la creciente militarización.
La diputada subrayó que la migración no debe asociarse a riesgos de seguridad, pues eso distorsiona su verdadera naturaleza. Recordó que mientras Estados Unidos se preocupa por la seguridad en su frontera sur, México enfrenta la introducción ilegal de armas y el trasiego de fentanilo, lo cual también agrava el entendimiento bilateral.
En este contexto, recordó casos como el operativo Rápido y Furioso, cuando armas estadounidenses terminaron en manos del crimen organizado mexicano. También mencionó los efectos del nacionalismo económico impulsado por Trump, que derivó en aranceles a productos mexicanos como el tomate y el aguacate.
México y su tradición migratoria
Guerra Castillo resaltó que México ha mantenido una postura histórica de apertura migratoria, acogiendo a exiliados de distintas nacionalidades, como españoles republicanos y chilenos tras el golpe de Estado. Recalcó que esta tradición ha reforzado el prestigio internacional del país como tierra de acogida.
Asimismo, señaló que el fenómeno migratorio no es nuevo, y forma parte de la identidad nacional desde la fundación de Tenochtitlán. Enfatizó que esta perspectiva debe mantenerse viva, especialmente ahora que México se ha convertido también en país receptor, tránsito y retorno de personas migrantes.
Agregó que los marcos legales migratorios son parte de las políticas internas de cada país. No obstante, reiteró que Estados Unidos tiene la obligación internacional de garantizar los derechos humanos de las personas en movilidad, sin importar su estatus migratorio.
Derechos humanos y legislación mexicana
La legisladora recordó que desde 2011 México incorporó en su Constitución reformas clave que garantizan los derechos humanos de los migrantes. Explicó que cualquier persona extranjera que pisa suelo nacional debe recibir la protección plena de los derechos fundamentales, sin distinción.
Añadió que a pesar de los avances legales, solo 23 entidades federativas han armonizado sus normas locales con la ley general de migración. Por ello, hizo un llamado a los gobiernos estatales y municipales a realizar los ajustes necesarios para mejorar la atención a migrantes.
Guerra también expuso el papel relevante que juega la comunidad mexicana en el extranjero. Mencionó que 4.8 millones de personas de origen mexicano residen en situación irregular en Estados Unidos, y son las principales afectadas por los discursos antimigrantes del expresidente Trump.
El caso del Darién y la política regional
Refirió que una de las rutas más peligrosas para los migrantes es la del Darién, entre Colombia y Panamá. Indicó que en meses recientes este flujo ha sido contenido tras acuerdos entre Estados Unidos y el gobierno panameño, aunque ello no significa una solución humanitaria.
Contó que en audiencia privada con el papa Francisco, el pontífice les pidió tres acciones clave: respetar derechos humanos, establecer corredores humanitarios y no criminalizar la migración. Resaltó que esa visión coincide con las obligaciones internacionales que ha suscrito México.
Señaló que el país debe actualizar permanentemente su legislación para responder a nuevos fenómenos como la migración por cambio climático o desplazamiento forzado por violencia. Reiteró que la migración no debe entenderse solo como un problema, sino también como oportunidad de desarrollo.
Remesas y clases medias
Marcela Guerra enfatizó el impacto positivo de las remesas, que en 2024 ascendieron a 64 mil millones de dólares. Reconoció que estos recursos son fundamentales para millones de familias mexicanas que integran las clases medias, las cuales requieren políticas públicas sólidas de acompañamiento.
Indicó que un migrante que regresa al país no lo hace siendo el mismo: trae consigo habilidades, conocimiento y capital. Por ello, pidió impulsar mecanismos de reconocimiento de competencias laborales para que se integren rápidamente al mercado productivo.
En ese sentido, propuso facilitar su admisión en escuelas, reconocer sus títulos y certificaciones y permitirles emprender sin trabas burocráticas. Consideró que es necesario también extender estos beneficios a los hijos de migrantes retornados.
Propuesta de transformación consular
Guerra Castillo pidió robustecer el sistema consular mexicano en Estados Unidos, que actualmente opera con 53 sedes. Afirmó que estas oficinas deben convertirse en centros activos de defensa y acompañamiento de los derechos humanos, y no limitarse a trámites burocráticos.
Sugirió aumentar el presupuesto consular, garantizar la protección del patrimonio de los deportados y activar planes de contingencia ante deportaciones masivas. Recordó que incluso administraciones demócratas, como la de Barack Obama, expulsaron a millones de connacionales.
Asimismo, mencionó que el derecho a la identidad y a la doble nacionalidad debe garantizarse como medida de protección jurídica. Enfatizó que México no puede enfrentar solo el reto migratorio, por lo que debe fortalecer alianzas con barras de abogados y organismos internacionales.
Compromiso legislativo
La diputada hizo un llamado al Legislativo para trabajar en coordinación con el Ejecutivo en una reforma integral que garantice una política migratoria digna, justa y alineada con los estándares internacionales. Destacó que el país debe legislar para enfrentar la inminente oleada de retornados.
Apuntó que el Foro de Presidentes Legislativos de América Latina (FOPREL) ha elaborado una ley marco para apoyar la reunificación familiar y evitar la criminalización. Afirmó que estos lineamientos pueden ser base para actualizar la legislación nacional.
Por último, sostuvo que el centro de toda política migratoria debe ser la persona, con énfasis en los derechos humanos y la dignidad. México, afirmó, tiene la experiencia y la vocación para convertirse en referente de justicia migratoria en el mundo. –sn–
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