Tal día como hoy «Show de Manuel fraga en palomares»

El «show» de Manuel Fraga en Palomares se refiere al famoso baño que el entonces ministro de Información y Turismo se dio el 7 de marzo de 1966 en la playa de Almería. YouTube +1

Este acto no fue un espectáculo de entretenimiento, sino una operación de propaganda diseñada para calmar el pánico internacional tras el accidente nuclear ocurrido semanas antes. YouTube +1

Contexto y detalles del evento

  • El Accidente: El 17 de enero de 1966, dos aviones estadounidenses colisionaron en vuelo, dejando caer cuatro bombas termonucleares sobre Palomares. Dos de ellas liberaron plutonio al impactar con el suelo.
  • El Objetivo: Fraga buscaba demostrar ante las cámaras del NO-DO que las aguas eran seguras y proteger así la temporada turística bajo el eslogan «Spain is different».
  • Los Protagonistas: El ministro se bañó acompañado por el embajador de Estados Unidos, Angier Biddle Duke.
  • La Polémica: Aunque el baño sugería seguridad, la realidad es que la mayor contaminación estaba en la tierra, no en el mar. Décadas después, todavía existen zonas restringidas por la presencia de residuos radiactivos en el área. YouTube +7

Legado mediático

El evento se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la dictadura franquista. Recientemente, se han realizado documentales y series que analizan este episodio, como Palomares: Episodio 3 – «Bienvenido, Mr. Fraga». En 2026 se cumplieron 60 años del incidente, renovando el interés por este «show» publicitario

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La organización Gazte Koordinadora Sozialista reivindica el ataque al busto de Fraga en Vilalba

📰 Título original: Una organización juvenil de Vitoria reivindica el acto vandálico sobre el busto de Fraga en Vilalba

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La organización Gazte Koordinadora Sozialista reivindica el ataque al busto de Fraga en Vilalba

El pasado fin de semana, un grupo de tres encapuchados viajó desde Vitoria hasta Vilalba para vandalizar el busto de Manuel Fraga, en la Alameda Basanta Olano. Este ataque fue reivindicado por la…

Hemeroteca KillBait

Un colectivo exige a Julio Iglesias que devuelva los 300 millones de pesetas que le pagó la Xunta del PP en 1992

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🏛️ ■ Preguntan a quien pudo suceder a Manuel Fraga si "tenía mala leche" y acaba saliendo Aznar en la respuesta ■ El politólogo Jorge Verstrynge, quien fue secretario general de la Alianza Popular que acabó integrada en el PP, ha publicado sus[…]
https://www.huffingtonpost.es/politica/preguntan-pudo-suceder-manuel-fraga-tenia-mala-leche-acaba-saliendo-aznar-respuesta-f202601.html?int=MASTODON_WORLD

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CONTRATOS MARCIAL DORADO Vs FAKEJOO
Marcial Dorado fue Contratado por Feijóo para Suministrar Gasóleo a Hospitales Gallegos.
ya Manuel Fraga, otorgó numerosos contratos a las empresas de Dorado
Video publicado por laotraizquieda @sehacesaber2023
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TAL DÍA COMO HOY: sHOW DE MANUEL FRAGA EN PALOMARES

Tal día como hoy, hace 59 años, el 7 de marzo de 1966, el ministro franquista Manuel Fraga protagonizó un famoso acto propagandístico en la playa de Palomares, Almería13. Fraga, acompañado por el embajador estadounidense Angier Biddle Duke, se bañó en las aguas del Mediterráneo para demostrar que no eran radioactivas y que la zona era segura para los turistas13.

Este evento se produjo menos de dos meses después de un grave accidente nuclear ocurrido el 17 de enero de 1966, cuando un bombardero B-52 estadounidense colisionó con un avión cisterna durante una maniobra de reabastecimiento en vuelo4. Como resultado, cuatro bombas termonucleares cayeron en los alrededores de Palomares, cada una con una potencia 75 veces superior a la de Hiroshima2.

El baño de Fraga, ampliamente fotografiado y difundido, se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la época franquista6. El ministro, entonces de 43 años, apareció en las instantáneas con un llamativo bañador de talle alto, posando despreocupadamente junto al embajador Duke4.

A pesar de los esfuerzos propagandísticos del régimen, el incidente de Palomares tuvo graves consecuencias. Antes del famoso baño, el ejército estadounidense había retirado alrededor de 1.400 toneladas de tierra contaminada de la zona6. La operación de búsqueda y recuperación de las bombas involucró a 1.600 soldados americanos, y la cuarta bomba no fue localizada hasta 80 días después del accidente2.

Este episodio, conocido como «el show de Fraga en Palomares», sigue siendo recordado como un ejemplo de la manipulación mediática del franquismo y un capítulo controvertido en la historia de las relaciones entre España y Estados Unidos durante la Guerra Fría.

Citas:

  • https://cadenaser.com/programa/2018/03/07/la_ventana/1520430068_511760.html
  • https://www.deia.eus/television/2021/04/25/accidente-nuclear-palomares-bano-manuel-1966846.html
  • https://www.almeriahoy.com/2020/08/desmontando-bulos-fraga-si-se-bano-en.html
  • https://victorfernandezcorreas.com/el-banador-de-fraga/
  • https://www.youtube.com/watch?v=T9Bi4cJP1Lc
  • https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/bano-fraga-palomares-anos-una-las-imagenes-con-mas-historia-20210307_1176039
  • https://www.youtube.com/watch?v=pNacg6RcxFg
  • https://eltorotv.com/rebelion-en-la-granja/efemerides-7-de-marzo-el-bano-de-palomares-20240307
  • Fuente: Respuesta de Perplexity: pplx.ai/share

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    52 años del show de Fraga en Palomares

    Nieves Concostrina nos recuerda el popular baño del ministro franquista en la costa almeriense, el 7 de marzo de 1966 | Cadena SER

    Cadena SER
    Por una ley de prensa democrática

    Ya hay una ley en España que regula a la prensa, una que solo sirve para avergonzarnos como país. Está fechada en 1966, hace más de medio siglo. Está completamente obsoleta, no solo por lo que supone Internet: es una norma previa a la llegada a España de la televisión a color. Pero es la ley que está en vigor, la que promulgó Manuel Fraga en sus años de ministro de Información y Turismo. Aquí la puedes leer, empezando por un preámbulo donde se explica que el objetivo de la norma es “cumplir con los postulados y las directrices del Movimiento Nacional”. Es una ley firmada “desde el Palacio del Pardo” por Francisco Franco: la ley de prensa de un dictador. No es la única ley franquista que, con algunos tachones, aún sigue en vigor. Pero sí la más indignante para un país democrático. No conozco otro lugar en Europa donde la ley de prensa de una tiranía haya sobrevivido hasta hoy.  En 1978, la Constitución española reconoció el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz. Y un año antes, en 1977, el primer Parlamento tras el franquismo derogó buena parte de los artículos de la ley de prensa de la dictadura, los más obscenos, como los que permitían el secuestro de periódicos que cuestionaran “la unidad de España”, la monarquía o “el prestigio” de las fuerzas armadas. Pero no se hizo después mucho más. La ley de prensa de Fraga ahí se quedó, parcialmente mutilada pero aún en vigor. Como una norma que no solo está desfasada: también es una amenaza latente para ese derecho constitucional a la información. Ningún gobierno democrático se ha atrevido nunca a aplicarla hasta sus últimos extremos. Afortunadamente. Pero no quiero ni imaginar qué podría hacer con ella, en el futuro, un Consejo de Ministros en el que se sentara Vox. El artículo 67 permite al Gobierno sancionar a los medios y periodistas que publiquen “documentos de carácter reservado”; el artículo 68, a los que tengan la “intención manifiesta de deformar la opinión pública”. El artículo 69 también da autoridad a la Administración para multar o inhabilitar al director o al editor de un periódico. El artículo 3 deja la puerta abierta para aplicar la censura previa en los estados de guerra o excepción. Y no hablo solo de la ley que hizo Fraga para Franco: me refiero a la norma que hoy sigue estando en vigor. Durante años, buena parte de la profesión periodística ha mirado hacia otro lado ante esta anomalía democrática. Sobre este debate, la frase más repetida entre muchos periodistas es que “la mejor ley de prensa es la que no existe”. Y eso es de facto lo que ocurre en España: tras el recorte de 1977 y el paso de los años, la ley de prensa de Fraga y Franco se ha convertido en un fósil; una norma donde la mitad de los artículos no tienen hoy mucho sentido y la otra mitad son de difícil aplicación, sin chocar frontalmente con la Constitución. Buena parte del articulado refiere a un Ministerio de Información que ni siquiera existe desde hace décadas. La ley de prensa está caduca. Pero pocos en la prensa quieren una nueva ley. Es llamativa la contradicción. También lo podemos llamar hipocresía. La prensa suele defender la regulación: para los partidos, los sindicatos, la patronal, la banca, las eléctricas, las aerolíneas, las grandes empresas tecnológicas o la inteligencia artificial. Para todos menos para la propia prensa. También somos el sector que más aboga por la transparencia: para todos los demás, no para los medios de comunicación, que suelen ser opacos cuando se trata de informar sobre sí mismos. Me atrevo a escribir este artículo, a tirar esta primera piedra, porque en elDiario.es no funcionamos así. Nuestros socios y socias lo sabéis bien. Cada año, detallamos nuestros ingresos y gastos con total transparencia, hasta el último euro. El nombre de nuestros accionistas es público: somos el equipo que fundamos este periódico. Nos hemos sometido voluntariamente a una estricta autorregulación, el Estatuto de elDiario.es, que establece límites tanto periodísticos como de gestión empresarial. Y también cumplimos con los estándares éticos y profesionales de la Journalism Trust Initiative, que lidera Reporteros sin Fronteras. No somos los únicos. Pero sí muy pocos quienes actuamos así.  Buena parte de la prensa ha asumido la libertad de expresión como un absoluto, imposible de regular sin cercenar ese derecho. Como si la libertad de circulación estuviera amenazada porque existan las multas de tráfico, los alcoholímetros y los límites de velocidad.  Es justo al contrario: hace falta una regulación de la prensa, precisamente para proteger el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. Porque una parte de lo que aparenta ser periodismo, y no lo es, se ha convertido en una industria contaminante que está intoxicando a la sociedad. ¿Alguien duda hoy de que los bulos y la desinformación son una verdadera amenaza para las democracias de todo el mundo, también la española? ¿De verdad hay alguna manera de arreglar este gravísimo problema que no pase por algo de regulación? No es un debate ideológico, de izquierdas y derechas: afecta a toda la sociedad.  Aunque no lo parezca, en teoría existe un amplio consenso político sobre este tema. Y no lo digo solo por esa “estrategia nacional” contra las noticias falsas que trató de poner en marcha el Gobierno de Rajoy. Hace pocos meses, en marzo, la mayoría abrumadora del Parlamento Europeo (464 votos a favor, 92 en contra y 65 abstenciones) aprobó la Ley de Libertad de Medios de Comunicación. Casi todos los partidos españoles también estuvieron de acuerdo en la necesidad de esa regulación. Votaron a favor los eurodiputados del PSOE, del PP, de Ciudadanos, de ERC, del BNG y una parte de los de Unidas Podemos –otra se abstuvo, Miguel Urbán e Idoia Villanueva, pero porque querían una norma aún más estricta–. También se abstuvieron los eurodiputados de Junts porque querían que la ley fuera aún más clara en el veto al espionaje a periodistas. ¿En contra de regular y proteger a la prensa? Solo Vox. Esta ley europea, mejorable pero muy interesante, establece unos estándares mínimos para todos los países europeos y reconoce una serie de derechos para la prensa. Entre los más importantes, blindar el secreto profesional y la protección de las fuentes, o limitar el uso de programas espía por parte de los gobiernos –solo con una orden judicial–. Pero también hay obligaciones. A partir de agosto de 2025, cuando entrará plenamente en vigor, los medios europeos tendrán que ser más transparentes: detallar sus accionistas, la identidad real de las personas que los controlan, y también qué parte de sus ingresos viene de los anunciantes públicos, de la publicidad institucional. Unos datos que los distintos gobiernos también tendrán que publicar. ¿Es mucho pedir esta mínima transparencia? Yo creo que no. Más bien al contrario. Es bastante escandaloso que buena parte del gasto en publicidad de muchísimos gobiernos locales y autonómicos sea completamente opaco y no se sepa a qué medios ha favorecido cada administración (el resultado suele ser indecente, cada vez que accedemos a este tipo de información). También es de cajón obligar a los medios a revelar quiénes son sus dueños. La prensa no es un negocio más: es un servicio público, ya que afecta al derecho constitucional a la información. Saber quiénes son las personas que están detrás de cada medio –para así descubrir si tienen otros intereses– es algo que la ciudadanía tiene derecho a conocer.  A la inmensa mayoría de la sociedad le parece obvio que la financiación de los partidos debe de ser transparente, porque afecta a la democracia. ¿Por qué entonces con la prensa no? La ley europea también obliga a crear un organismo regulador independiente para los medios de comunicación. España tendrá que poner en marcha el suyo y definir sus atribuciones –y cuando ocurra, no descartes que el mismo PP que votó a favor de la ley se escandalice por la medida, porque la política en España funciona así–.  Este nuevo regulador, según establece la nueva ley europea, tendrá que evaluar el nivel de concentración de los medios: si están en pocas manos y eso pone en riesgo la pluralidad informativa. O vigilar para que el reparto de la publicidad pública de distintos gobiernos no sea arbitrario o se utilice en beneficio de intereses partidistas, como ahora ocurre. Ese organismo regulador, casi como su primer paso, tendrá también que responder a la pregunta clave: qué es un medio de comunicación. Y qué no lo es.  Hay maneras de hacerlo, sin caer en la arbitrariedad; a través de criterios claros y objetivos. Y la propia ley europea da algunas pistas en su artículo 18, donde define los requisitos que tendrán que exigir las plataformas digitales –como Google o Meta– a los medios de comunicación antes de amplificar sus artículos. Entre otras cuestiones, piden estos tres mínimos:  Que sean independientes de partidos políticos o de terceros países., Que estén sujetos a normas editoriales, bajo la supervisión de alguna entidad externa independiente o un mecanismo de autorregulación., Que no ofrezcan contenidos elaborados por una inteligencia artificial sin revisión humana. Yo añadiría tres más. Un medio de comunicación tiene que tener un equipo de redacción, porque no existe el periodismo sin periodistas. Tiene que ser transparente en su financiación, porque no existe información veraz desde la opacidad. Y, en el caso de la prensa escrita, tiene que tener una comunidad de lectores que lo financie, porque no existe la prensa libre sin ellos: solo la propaganda.  Ojalá una nueva ley española de libertad de medios de comunicación. Ojalá el Parlamento afronte este problema de una vez. Un reto que es complejo y que se debería abordar bajo una premisa básica: que su eficacia no dependa de la bondad de ningún gobierno, que esa ley no suponga una amenaza para la libertad y el derecho a la información incluso si llega a La Moncloa alguien como Donald Trump.  No solo la ley de prensa necesita una nueva redacción. Todas las normas que regulan el derecho a la información son un parche tras otro y se han quedado viejas. Como la ley de protección del derecho al honor, que es de 1982 y tiene enormes lagunas. O la que permite el derecho a rectificación, de 1984, que está anticuada porque se diseñó para la prensa en papel y obliga a rectificar hechos que el afectado “considere inexactos”, aunque realmente sean hechos ciertos. O el delito de revelación de secretos, que en infinidad de ocasiones lleva a los periodistas al juzgado por simplemente cumplir con su trabajo –sé de lo que hablo, nos pasa mucho en elDiario.es–. Sé que no sucederá, que la oposición remará en contra. Pero no debería ser tan difícil el consenso cuando la mayoría de los partidos han estado de acuerdo en Europa de la necesidad de una ley así. Y ya va siendo hora de que el Parlamento entierre definitivamente a ese zombi que es la ley de prensa de Fraga y construya en su lugar una regulación más acorde con una democracia europea del siglo XXI.  Lo dejo aquí por hoy. Te deseo un buen fin de semana. Y espero que algún día tengamos una ley de prensa que no esté firmada por un dictador. Un abrazo,  Ignacio Escolar

    elDiario.es
    "El PP de Galicia ya no existe": cómo el partido de Fraga es hoy una sucursal de Madrid https://www.eldiario.es/galicia/pp-galicia-no-existe-partido-fraga-hoy-sucursal-madrid_1_10527280.html Daniel Salgado #AlbertoNúñezFeijóo #PP-PartidoPopular #AlfonsoRueda #ManuelFraga #Política #Galicia #Derecha
    "El PP de Galicia ya no existe": cómo el partido de Fraga es hoy una sucursal de Madrid

    Hace una semana, a la misma hora en que la Mesa del Congreso aprobaba el uso de las lenguas cooficiales en el hemiciclo, el PP gallego votaba en contra en el Parlamento autonómico. “Una sobreactuación que aparta el foco de lo que realmente preocupa en la calle”, adujo el diputado encargado de exponer la postura del grupo popular, en una reiteración del argumentario del partido. Lo sucedido, más allá de su carácter simbólico respecto a los idiomas del Estado, es síntoma de la culminación de un largo proceso, explican analistas consultados por elDiario.es, el de la asimilación de la derecha gallega a la madrileña. “Desde el punto de vista discursivo, político o ideológico, el PP de Galicia ya no existe”, sostiene el ensayista y colaborador de este periódico Antón Baamonde. “Yo desde luego hubiera votado a favor”, no duda en asegurar Xesús Palmou. Lo fue casi todo en el Partido Popular de Fraga Iribarne: concejal, conselleiro de Xustiza e Interior y, entre 1999 y 2006, secretario general de los populares gallegos. “No me opondría”, insiste, aunque eso no significa que cuestione la actual línea política de la que fue su organización: “[Ese voto en contra] no quiere decir que el PP no haga una defensa a ultranza del uso del gallego en Galicia. Hacerlo en el Congreso no creo que sea un asunto central”. El consenso institucional sobre el gallego fue uno de los paradójicos logros de la etapa Fraga –un político que procedía de la cúpula de la dictadura– con el que Núñez Feijóo arrampló sin miramientos al llegar a la presidencia de la Xunta de Galicia en 2009. Su primer gabinete redujo, por primera vez en democracia, la presencia de la lengua cooficial en la enseñanza. Es ahora su sucesor, y entonces número dos, Alfonso Rueda, el que no se aparta de ese camino. "Es una cesión a Puigdemont", se despachó este martes. “En 2009, y con Fraga fuera de juego, Feijóo y Rueda se atreven a hacer algo que no se habían atrevido antes”, señala Lourenzo Fernández Prieto, catedrático de historia de la Universidad de Santiago y articulista habitual de La Voz de Galicia. Palmou no lo comparte. El Plan de Normalización Lingüística que, en 2004, subscribieron PP, Partido Socialista y los nacionalistas del BNG sigue vigente, dice, y a cargo del departamento de Política Lingüística se encuentra Valentín García, “del más alto nivel, y con credenciales galleguistas”. Las partidas presupuestarias destinadas a la materia se han reducido, sin embargo, de manera drástica. Y el ahora presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, se sumó en 2007 a una manifestación de la desaparecida asociación contraria al gallego Galicia Bilingüe. Antón Baamonde recuerda que fue Feijóo quien colocó el gallego en “el epicentro” de su estrategia de asedio al bipartito de Touriño y Quintana y “lo puso en cuestión”. Pero aquello, añade, fue solo un elemento más en el giro que estaba introduciendo en el PP gallego. “Su política fue consistentemente centralista y de una derecha radicalizada”, considera, “a día de hoy, no se sabe cuál puede ser su especificidad respecto del PP madrileño”. Sus sucesivos ejecutivos no solicitaron ni lograron ninguna nueva competencia y, bajo su mando, el sistema financiero autonómico se disolvió sin mayores aspavientos por parte de la derecha política y social. “Las condiciones en que un banquero venezolano ganó las cajas son dignas de ser investigadas”, apunta, en referencia a la constitución de Abanca a partir de las cajas gallegas de ahorro. Además, sus pronunciamientos públicos se adhieren prácticamente sin matices a los emitidos por Génova, también en lo referido a los pactos con la extrema derecha, por ejemplo. Pero Baamonde no equipara la metamorfosis estratégica de los populares gallegos con su debilitamiento. “Su aparato sigue siendo poderoso”, advierte, como demuestran los 700.000 sufragios del 23 de julio –menos que la suma de socialistas, BNG y Sumar–, “y es un partido que está muy naturalizado en Galicia”. Fernández Prieto coincide, y habla de una estructura enorme y enraizada, con militantes “hasta en la última aldea”, “un mastodonte”. Quizás por eso, anota, el viraje hacia el centralismo y la pérdida de autonomía le ha llevado años desde lo que entiende como “turning point” de 2009, “que empieza con los ataques a la lengua” por parte de Feijóo. Y que finaliza, por el momento, con el sometimiento del PP de Ourense a las directrices de Rueda: la Guardia Civil cazó a Manuel Baltar, presidente de la Diputación y del partido en la provincia, a 215 por hora y al volante de un coche oficial, y la cúpula popular de Santiago aprovechó la circunstancia para apartarlo. Lo envió al Senado y en el ente provincial se sienta ahora Luis Menor, cercano a Rueda. Las guerra entre boinas y birretes Rueda ha triunfado donde, en su día, se estrelló Núñez Feijóo. “No diría que ha solucionado esas tensiones. En Pontevedra, por ejemplo, el PP de la ciudad y el de los pueblos no acaban de entenderse”, indica Fernández Prieto. Esa fractura, la que separa una derecha urbana de una rural, atravesó a los populares gallegos durante toda su historia. En el cambio de siglo, adoptó el nombre periodístico de guerras entre boinas y birretes. Xosé Hermida, cronista de El País, las siguió entonces con dedicación. “Cuando ocurrió el accidente del Prestige”, relata a elDiario.es, “la dirección madrileña aprovechó la crisis y el deterioro físico de Fraga para acabar con el partido autónomo”. Por aquel entonces, las relaciones entre el PP gallego y el estatal ya no atravesaban su mejor momento. Fraga se había descolgado del furibundo nacionalismo español de Aznar con su propuesta de administración única –según la cual la Xunta de Galicia acabaría desplazando a la administración periférica del Estado– y había causado incomodidad en Madrid. Xesús Palmou también menciona esta y otras iniciativas –la presencia de Galicia en las negociaciones comunitarias que le afectasen, “algo que se consiguió”–, “lo que no quiere decir que estuviese enfrentado a Madrid”. “Fraga quería marcar perfil propio en la política estatal. Era el fundador del partido y nadie le tosía. Xosé Cuíña [entonces conselleiro de Política Territorial], al mismo tiempo, acentuaba su galleguismo”, dice Hermida. No se trataba tanto de una elaboración teórica como de un reparto de poder. “A menudo era folclorista y sentimental”, añade, “pero es cierto que figuras políticas como Cuíña no querían hacer carrera en Madrid. Su aspiración era la presidencia de la Xunta. Era, de alguna manera, gallegocéntrico”. Ya no es el caso. El salto de Feijóo a Madrid, que no se atrevió a dar en 2018 y sí cuatro años después tras involucrarse junto a Díaz Ayuso en la decapitación política de Pablo Casado, resulta el ejemplo más expresivo, pero no el único: junto a él, además de un nutrido grupo de asesores, se marcharon el portavoz parlamentario Pedro Puy o el vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde, ambos ahora diputados en el Congreso. No solo sucede en el PP. “Tal vez haya una Galicia que ha evolucionado como el PP en esa dirección, Madrid”, inquiere Antón Baamonde, “es una pregunta inquietante, en qué medida esa ausencia de diferencia entre el PP gallego y el madrileño, que antes sí había, responde a una característica de la sociedad gallega”. En cualquier caso, las posiciones de Cuíña respecto a sus teóricos superiores en Madrid que recuerda Hermida son ahora inimaginables en el PP. “Durante el Prestige fueron los de la boina los que avisaron a Fraga de que debía tomar el mando, que el gobierno [de Aznar] no estaba haciendo nada”, afirma, “aquello desató la ofensiva para reducirlos a la obediencia”. La historia se repitió, casi en forma de farsa, con Baltar, “el último residuo” de la corriente. La "diluida retórica galleguista" de Feijóo Feijóo, promovido por otro gallego fundamental para entender las vicisitudes del conservadurismo español, José Manuel Romay Beccaría, se hizo entonces con el control del PP gallego. Era en el momento en el que, por segunda vez en la historia de la autonomía, la izquierda y el nacionalismo gobernaban la Xunta. Una oposición frontal y sin cuartel rematada con una campaña electoral que según el propio Rueda “había tensionado mucho el tema” lo condujo a su primera e inesperada mayoría absoluta en Galicia. “Creo que sí hubo cierto cambio en su discurso una vez ganó las elecciones”, entiende Xosé Hermida, “volvió a cierto galleguismo retórico, pero mucho más diluido que en la etapa de Fraga”. Lo que le valía extemporáneas críticas por “nacionalista” a cargo de la más hiperventilada derecha madrileña y le servía para construir una imagen centrista que no se compadecía con los hechos concretos. Poco más. En la primera de sus legislaturas se empeñó en desmontar las políticas del bipartito, incluidas aquella que protegían y promocionaban la lengua gallega, abandonó la preocupación por aumentar el autogobierno o profundizar en el Estatuto. Menos todavía por modificarlo, después de haber boicoteado su reforma en 2007. Redujo al mínimo las políticas de memoria histórica. A partir de ahí, instaló cierto piloto automático, sin grandes medidas de fondo ni un horizonte claro. Ganó cuatro mayorías absolutas consecutivas. Antón Baamonde resumió sus impresiones en el titular de un breve ensayo publicado en elDiario.es: “¿Pero qué ha hecho realmente Feijóo?”. Su sucesor, Alfonso Rueda, ha hecho del continuismo su bandera explícita. Y entre sus objetivos no parece figurar, de entrada, la recuperación ni del consenso sobre el idioma propio ni de la autonomía política de su partido.

    elDiario.es