ESPACIO ANDALUZ – Actualidad, información y divulgación andaluzaLa hija de una solicitante andaluza de la dependencia que jamás recibió respuesta y que falleció en 2020 recibe una carta en 2026 de la Junta asegurando que “van a suspender” su ‘ayuda’: “Qué animalada”
Carabanchelnet 🔻 #7291VICTIMAS 🍉📌“No debemos depositar la responsabilidad de los cuidados en las empresas privadas”, Sara Plaza
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EL MUNDO - Diario online líder de información en español"Mi marido ha muerto, ya pueden cerrar su expediente": el gran fiasco de la Ley de Dependencia con más de 27.000 fallecidos en lista de espera este año
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📌Los fondos de inversión ya lideran el mercado de las residencias privadas
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Los fondos de inversión ya lideran el mercado de las residencias privadas
En una década 84 residencias privadas han sido adquiridas por fondos de inversión. La marca Domus Vi, dependiente del fondo ICG, es ya la mayor proveedora de camas con 18.428 y unos beneficios de 749, 2 millones de eurosResidencia Vitalia Home Legané
Somosdisca 
En este nuevo capítulo de Gente Titánica conoceréis a Isabel, una Titánica que lucha por hacer realidad la vida independiente de las personas con discapacidad a través de su proyecto. Horizonte Inclusivo.
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eldiario.es (bot no oficial)La desigualdad territorial de los servicios sociales: 40 casos por trabajador en Galicia y 300 en Cantabria https://www.eldiario.es/sociedad/desigualdad-territorial-servicios-sociales-40-casos-trabajador-galicia-300-cantabria_1_9644255.html Laura Galaup, Carmen Martínez #Serviciossociales #Leydedependencia #Discapacidad #Dependencia
La desigualdad territorial de los servicios sociales: 40 casos por trabajador en Galicia y 300 en Cantabria
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alerta sobre la desigualdad territorial en el acceso a servicios sociales en España. En su último informe advierte de la disparidad de prestaciones que se encuentran los usuarios dependiendo del código postal en el que residan. Con un sistema muy heterogéneo, que conlleva una inversión del 1,5% del PIB nacional, la organización internacional destaca en la radiografía que ha realizado que en los últimos años el sistema ha contado tanto con diferencias en el número de trabajadores como en los servicios que se ofrecen y también en los criterios que se determinan para acceder a ellos. “En muchos casos, la elevada demanda de servicios sociales suele ser atendida con recursos humanos inadecuados en cuanto a ratios de personal y tipo de profesionales”, concluye el informe que esta organización ha hecho público esta semana con el título Modernización de los servicios sociales en España. La responsable de la investigación, Ana Llena-Nozal, explica a elDiario.es que la situación detectada "parece determinar que no se puede atender igual a los habitantes según estén en una comunidad o en otra". Mayores ratios en Extremadura, Andalucía y Madrid En el documento, compuesto de más de 100 páginas, los investigadores concluyen que las ratios de la atención primaria que se prestaba en 2018 en ese sector son muy dispares dependiendo de la comunidad autónoma en la que resida el usuario. Extremadura, Andalucía y la Comunidad de Madrid registraron los parámetros más elevados, con una ratio de un profesional cada 3.764, 3.294 y 3.338 habitantes, respectivamente; en el otro extremo se sitúa –siempre según el análisis realizado por la OCDE– Navarra (413), Cantabria (446) y Baleares (714). En relación a este asunto, los investigadores alertan de que ocho comunidades “no establecen mínimos de dotación de personal” en las leyes autonómicas que rigen los servicios sociales. Por su parte, entre aquellas que sí han dejado constancia de este dato en la normativa, la cifra “varía de 1.500 habitantes a 4.000 habitantes por profesional”. En el análisis realizado también advierten del caso de Extremadura, la comunidad autónoma con la ratio más elevada, siempre según los cálculos del estudio, que “tenía una ratio global de un trabajador de atención primaria cada 3.764 habitantes”, una cantidad que “es inferior a la ratio mínima establecida en su normativa [3.000]”. A pesar de esta conclusión, la OCDE señala que "en la mayoría de las regiones con datos disponibles, el gasto dedicado a los servicios sociales de atención primaria por habitante ha aumentado entre 2012 y 2018". "El incremento ha sido más importante entre 2015 y 2018 que anteriormente, reflejo de la recuperación económica y de un interés de las comunidades autónomas por invertir en los servicios sociales", subrayan. Más tiempo de administración y menos de intervención Los investigadores también detallan qué respuesta se han encontrado por parte de los trabajadores de este sector. “En las encuestas, los profesionales mencionan la necesidad de más personal administrativo y más trabajadores sociales. Estas carencias de personal obligan a los profesionales a dedicar mucho tiempo a las tareas administrativas y les dificulta la intervención y el apoyo social”, apunta el informe. Se recogen varias reivindicaciones que han realizado los entrevistados: mejorar la formación, apostar por la progresión profesional, sobrecarga de trabajo, precariedad de los profesionales que no son funcionarios y burnout (estar quemado). “De hecho, en España, los trabajadores en los servicios sociales y sanitarios cuentan con las tasas más altas de absentismo relacionadas con las bajas y enfermedades laborales”, recuerdan los investigadores. Esta investigación se ha estado cocinando durante dos años, tal y como apunta Ana Llena-Nozal, responsable del informe y economista senior de la OCDE. Para obtener una información verosímil, los datos que se han utilizado proceden de 2018 y 2019, años previos a la pandemia. De esta forma, intentan no “sesgar” las conclusiones con el impacto que tuvo la emergencia sanitaria en los servicios sociales. Entre las hipótesis finales del estudio, Llena-Nozal apunta que en nuestro país "no hay un acuerdo de mínimos ni una definición de lo que debería englobar los servicios sociales". La disparidad de funcionamientos autonómicos provoca que los usuarios no sean los únicos afectados por esta situación. El informe también pone el foco en las consecuencias que tiene para los trabajadores. Por ejemplo, de acuerdo a la información recabada por la OCDE, en algunas autonomías –como Asturias, Baleares y Murcia– un trabajador maneja de media 60 expedientes al año; en Galicia ronda los 40; mientras en otras regiones ese número es mucho más elevado. En Aragón la media es de 250 por trabajador y en Cantabria supera los 300. “También existe una gran variabilidad dentro de las comunidades autónomas: los trabajadores pueden atender el doble o el cuádruple de casos que un compañero de la misma región. En Aragón, por ejemplo, el número mínimo de casos es de 77 y el máximo de 373. En Extremadura, las cifras se pueden multiplicar por 10, con casos que oscilan entre 25 y 250”, apunta el informe. Ahondando aún más en la desigualdad del sistema, los investigadores avisan de los diferentes servicios que promueven las autonomías y los criterios dispares para acceder a ellos. Únicamente siete comunidades –Castilla y León, Catalunya, Navarra, Euskadi, La Rioja, Aragón y Baleares– contaban en 2020 con un catálogo o una cartera de prestaciones aprobada por el Gobierno autonómico. En el resto, este reglamento no había sido ratificado, apuntan desde la OCDE. Esta situación, el hecho de que no se aprueben las normas que determinan el catálogo de servicios, repercute en la atención. Llena-Nozal explica que si no están aprobados, y no se reconocen como "derechos subjetivos de los ciudadanos", "no se pueden ejercitar correctamente". "Mientras estos derechos no están definidos, el ciudadano no los puede reclamar", señala. La organización internacional destaca que esta actuación provoca que no se articulen “verdaderas políticas públicas que den solución a las necesidades sociales que impulsaron el desarrollo y aprobación de la ley y se queda todo en un texto con una serie de principios generales y definiciones que tienen escaso reflejo práctico en la vida de la ciudadanía”. Aún así, Llena-Nozal explica que hay varias comunidades que están trabajando en ello y algunas cuentan ya con borradores. Entre ellas, cita los casos de Valencia y Canarias que han aprobado en los últimos años una ley de servicios sociales. Por lo tanto, constatan que existe “una voluntad de las comunidades autónomas” en “mejorar” tras una pandemia que ha mermado a este sector. Disparidad en los servicios que oferta cada comunidad Analizando las carteras ya aprobadas y los borradores, la OCDE constata “grandes diferencias en la cantidad de servicios y prestaciones ofrecidas entre las comunidades que están establecidas en los catálogos autonómicos”. El número de prestaciones que se ofertan oscilan entre las 136 propuestas por Catalunya y las 30 de Murcia. Los investigadores no han encontrado información en las consejerías de asuntos sociales de Canarias, Cantabria y la Comunidad de Madrid. Por este motivo el análisis realizado sobre las prestaciones garantizadas abarca 14 comunidades autónomas. La relevancia de que el acceso a estos servicios quede recogido como un derecho en alguna norma o reglamento garantiza que “se pueda ampliar la partida presupuestaria en caso de más demanda”, recuerdan desde la OCDE. El servicio de información es el que está presente en más carteras; se menciona en los catorce catálogos analizados, aunque está garantizado en 10. En otros casos, como las ayudas para las víctimas de violencia de género, la desigualdad es más evidente. Solo seis regiones garantizan en sus reglamentos autonómicos la atención psicosocial a las afectadas, aunque en cuatro más también existe este servicio. Por su parte, siempre según la información recabada por la organización internacional, en once comunidades se contempla la atención residencial para estas víctimas; no obstante, solo en siete de ellas esta asistencia está garantizada bajo condiciones. Sin embargo, la OCDE no solo pone el foco en los servicios que se ofertan, también en los criterios de elegibilidad, donde una vez más encuentran desigualdades dependiendo de las comunidades autónomas. Por ejemplo, los investigadores del informe destacan que para acceder a la renta mínima de inserción se establece como requisito “residencia legal en algún municipio de la Comunidad, como ocurre en Castilla y León o en Extremadura, mientras que en otras, a este requisito se añade el de ‘residencia efectiva’ e ‘ininterrumpida’ en cualquier municipio de la Comunidad, en concreto, en La Rioja, en Cantabria, en Asturias; o el de ‘residencia efectiva’ y 'continuada' en la región, tal y como sucede en Murcia, Cataluña, Galicia y la Comunidad de Madrid”. Copago en atención residencial y domiciliaria Asimismo, el copago es un factor presente en la asistencia social. La cantidad que tienen que pagar los usuarios para recibir una prestación varía dependiendo de su código postal. “Únicamente Castilla-La-Mancha, La Rioja y la Comunidad Valenciana garantizan el servicio de mediación familiar de forma gratuita para toda la ciudadanía”, apuntan desde la OCDE. Y añaden: “[En] las otras comunidades, el servicio es gratuito únicamente para familias que cumplan los requisitos de atención jurídica gratuita, cuando la mediación es iniciada por una autoridad judicial”. Para obtener una plaza en una residencia también hay que hacer frente a un copago. La evaluación de la organización internacional ha revelado que “en algunas comunidades el patrimonio del solicitante o la totalidad de las rentas percibidas” no se han tenido “en consideración a efectos del cálculo” de la cantidad que tienen que abonar los usuarios. De media los beneficiarios de estas plazas pagan el 40% del coste de la atención residencial, aunque los porcentaje autonómicos oscilan entre el 17,6% de Canarias, 17,3% de Extremadura y el 20,9% de Madrid; frente al 49,7% de Castilla y León, 49,8% de Euskadi y 55,8% de La Rioja. En la ayuda domiciliaria la brecha es mucho mayor. Los usuarios en Murcia tienen que afrontar de media el 44%, frente al 2% que se contempla Andalucía, según los cálculos realizado por la OCDE con datos de 2019. En la misma línea se sitúa la tarifa horaria que se paga por usuario. En un extremo se encuentran los 9,04 euros de Extremadura y los 9,42 euros de Galicia, y en otro los 16,5 de Baleares y los 17,4 de Aragón. España se encuentra por debajo de la media en gasto de servicios sociales de los países de la OCDE. "Para reducir la desigualdad tendría que buscarse una manera de encontrar unos mínimos en el país para que los ciudadanos tengan derecho a los mismos servicios y para que se pueda pedir una transferencia de estas prestaciones de una autonomía a otra", indica Llena-Nozal. El Ministerio de Derechos Sociales está trabajando en un proyecto de ley de servicios sociales con el que garantizar una protección mínima en el conjunto del territorio español y combatir las desigualdades territoriales. Al frente del texto está el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, quien aseguró esta semana que confía en remitir en las próximas semanas el texto al Consejo de Ministros.
La correspondencia para renunciar al contrato de una residencia de bajo coste: “Es una misión imposible” https://www.eldiario.es/madrid/correspondencia-renunciar-contrato-residencia-coste-mision-imposible_1_9230709.html Laura Galaup #MensajerosdelaPaz #ComunidaddeMadrid #Leydedependencia #Residencias #Dependencia #Alzheimer
La correspondencia para renunciar al contrato de una residencia de bajo coste: “Es una misión imposible”
"Se ha convertido en misión imposible". Este es el resumen que realiza el padre Ángel sobre la gestión que la asociación que él preside, Mensajeros de la Paz, realiza desde hace un año en la residencia de alzhéimer Fundación Reina Sofía en Madrid. "Comenzamos con mucha ilusión, pero nos hemos visto rechazados desde el principio, la situación no ha hecho sino empeorar", apunta el sacerdote en una de las cartas –a las que ha accedido elDiario.es– dirigidas en los últimos meses a Concepción Dancausa, consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid. El conflicto se hizo público a raíz de las quejas de los familiares de varios usuarios que se concentraron frente a la residencia pública de gestión indirecta. A principios de junio, los allegados de los residentes denunciaron un empeoramiento en la calidad de vida de los usuarios desde que Mensajeros de la Paz se hizo cargo de la gestión de este centro de mayores. Concretamente, aseguraron que existe falta de personal, de higiene y de terapia ocupacional. Mensajeros de la Paz quería "renunciar" a la gestión Coincidiendo en el tiempo con las quejas de los usuarios, el presidente de Mensajeros de la Paz dirigió un escrito a Dancausa en el que aseguraba que esta entidad deseaba "renunciar a continuar con la gestión" de la residencia. "A pesar de que nos hemos volcado en ella, llevando allí a los mejores profesionales de los que disponíamos, ofreciendo diálogo, esfuerzo y cariño; no ha servido para nada debido a la poca disposición y el mal ambiente que nos encontramos allí desde que llegamos por parte de algunos sectores que no nos querían", apunta el padre Ángel en una misiva firmada el 1 de junio y obtenida por esta redacción a través del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Mensajeros de la Paz llegó hace un año a este centro, después de que Clece, la empresa –una filial de la constructora ACS–que llevaba gestionando la residencia desde su inauguración hace más de quince años, rechazase continuar al frente de la residencia. "Acordamos no prorrogar el contrato porque los costes se han incrementado en un porcentaje muy superior a los porcentajes de revisión de precios que teníamos en ese momento. Los costes en los quince años de gestión subieron un 35% porque sube la vida, el IPC y los convenios" apunta Jesús Nogales, director de operaciones de Clece, y añade "que los precios del contrato" a lo largo de esa década subieron "en torno a un 8%". La Comunidad de Madrid asegura que este centro es un recurso "referente" destinado "a combatir de una manera integral la enfermedad de alzheimer, abarcando para ello distintos campos de actuación desde un punto de vista multidisciplinar". Clece se desmarca de la gestión Con la salida de Clece, Mensajeros de la Paz llegó a la residencia después de que la Comunidad de Madrid le adjudicara en julio la gestión por 13,6 millones de euros. Se trata de un contrato que tiene vigencia hasta noviembre de 2023. Nogales asevera que con el precio planteado por la Comunidad no podían mantener "durante mucho tiempo los estándares de calidad" que tenían. "Con Clece estábamos mejor, no es que fuese la panacea. Había trabajadores y residentes que tenían ciertos problemas, pero contábamos con una geriatra que funcionaba bien y se coordinaba con los servicios médicos y de enfermería. Siempre ha habido problemas de falta de personal, pero [el centro] funcionaba bastante mejor", resume Nacho Varas, uno de los familiares que se están movilizando en contra de la gestión de Mensajeros de la Paz. En esa misma línea se manifiesta la presidenta del comité de empresa. Aunque reconoce que la gestión de Clece "no es que fuera una maravilla", sostiene que desde que Mensajeros de la Paz entró en la residencia la situación "ha sido un caos". "Nada más entrar empezaron a reducir personal. Cuando se fue Clece éramos 204 trabajadores, ahora calculo que somos 185 y eso porque últimamente están contratando a gerocultores y auxiliares", señala esta trabajadora. A su vez, también alerta de que hay escasez de enfermeros y médicos "porque dicen que no encuentran" personal con esa cualificación. Aun así, asegura que en los últimos meses, tras la manifestación de los familiares, la entidad social "está haciendo por mejorar algunas cosas". Junto a la entidad del padre Ángel, al concurso público también se presentaron Ferrovial, Sacyr y Quavitae Servicios Asistenciales –empresa gestora de las residencias Domus Vi–. La primera entidad fue excluida de la licitación por presentar una propuesta que incurría en una bajada desproporcionada. Tras examinar las ofertas, la Comunidad de Madrid otorgó a la propuesta de Sacyr una calificación de 99,25 puntos; a Quavitae Servicios Asistenciales, 88,71 puntos y a Mensajeros de la Paz, 72 puntos. Finalmente, fue la entidad del padre Ángel la que se quedó con el contrato porque sus otros dos rivales decidieron retirar su oferta. Mensajeros de la Paz fue la única entidad que no se retiró A esta situación aludió el presidente de Mensajeros de la Paz cuando se dirigió a la consejera del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado 1 de junio. "Aceptamos gestionar esta residencia tras la renuncia de la empresa que consiguió el concurso", apunta el responsable de la entidad. Y añade: "Nos resistimos de inicio, pero accedimos porque queríamos ofrecer un buen servicio, por el bien común, aunque no hemos sido capaces de conseguirlo, a pesar de contar con muchísima experiencia de muchos años y de gestionar más de cien residencias en toda España". Por lo tanto, y para encontrar una solución a un asunto "que está muy enquistado", el padre Ángel aseveró el pasado 1 de junio que ya le había planteado su "intención de dejarlo" al director general de Atención al Mayor y a la Dependencia. "Nos dijo que para poder hacerlo debería subrogarse otra empresa al contrato (sic) que firmamos nosotros. Conocemos a alguna que estaría dispuesta a hacerlo, pero esto sería siempre contando con vuestra autorización", remata el presidente de Mensajeros de la Paz. Para Nacho Varas, la petición que realizó esta entidad “fue de cara a la galería”. “Ellos saben que no se pueden ir sin una penalización. La solicitud se hizo a raíz del ruido que se ha generado por la concentración que organizamos”, indica Varas. Su madre está residiendo en este centro. Varas denuncia que en este año de gestión de la entidad del padre Ángel los usuarios han sufrido “falta de personal mantenida en el tiempo”, “falta de terapeutas ocupacionales” y “falta de médicos”. Además, alerta sobre los menús escogidos en este centro creado para mayores que son grandes dependientes. “Nos preocupa la calidad de ciertas comidas. Por ejemplo, el pescado viene con muchas espinas y tememos que algún residente se atragante o se le claven en la garganta”, señala Varas. Quejas de los usuarios de la residencia A pesar de la petición expresa de Mensajeros de la Paz a la Consejería autonómica para renunciar a la gestión de la residencia, a día de hoy continúan al frente de este centro. Así lo confirman desde la Comunidad de Madrid: fuentes del departamento de Dancausa destacan que la decisión de romper el contrato depende únicamente de la organización del padre Ángel y añaden que si finalmente lo ejecutan "tendrán que hacer frente a una sanción administrativa". Ante las críticas de los familiares de los usuarios, el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso ha colocado a un supervisor para que "controle la gestión". El funcionario autonómico está vigilando que se agilicen las compras de material para que no haya problemas de suministros" y también supervisa si la "ratio de personal es la establecida en el contrato", apuntan fuentes regionales. Una semana después de la primera misiva enviada, el padre Ángel se reunió con la consejera. En ese encuentro, los portavoces de Mensajeros de la Paz le expusieron su "visión en la problemática que se ha producido en la residencia" y le confesaron "las dificultades" que han tenido, tal y como reconoció el sacerdote en una segunda carta enviada un día después de esa reunión. En esa carta también rebaja el tono relativo a su intención de salir del centro. "Como yo te decía en mi anterior carta, y volví a repetirte en nuestra reunión, nosotros poníamos a vuestra disposición la mejor salida que se pudiera encontrar para el bien de todas las partes, si se hubiera decidido que lo más acertado fuera que diéramos un paso atrás y que dejáramos la gestión de la residencia, no teníamos ningún inconveniente en hacerlo", escribió el 7 de junio. "Lo que nunca haríamos, ni haremos, será romper unilateralmente un acuerdo, porque ante todo debemos gratitud, cariño y sobre todo lealtad, a vosotros, que siempre habéis estado a nuestro lado", continúa explicando el padre Ángel a la consejera un día después de reunirse con ella. La misiva termina apuntando que Mensajeros de la Paz no debe "ser oposición", sino "colaboradores de los gobiernos, sean cuales sean". Además de dirigirse a Dancausa, el presidente de Mensajeros de la Paz también escribió a Ayuso tras reunirse con su representante de Políticas Sociales. En esa misiva aseveró que están haciendo "todos los esfuerzos posibles por revertir la situación" del centro e indicó que desde la Consejería del ramo han "recibido comprensión y entendimiento". Un escrito que la consejera le agradeció el 13 de junio en una respuesta dirigida a su interlocutor. Esta redacción ha tratado de recabar la versión de Mensajeros de la Paz, sin haber obtenido respuesta por el momento.