infoLibre - Información libre e independienteSumar sale en defensa del vocal "transfuga" que entregó el CGPJ a la derecha, según los progresistas
eldiario.es (bot no oficial)Si el Supremo lo imputa, el fiscal general debería recordar a Mónica Oltra y Victoria Rosell antes de dimitir https://www.eldiario.es/politica/si-supremo-imputa-fiscal-general-deberia-recordar-monica-oltra-victoria-rosell-dimitir_129_11453410.html José Precedo #FiscalGeneraldelEstado #VictoriaRosell #MónicaOltra #Justicia
Si el Supremo lo imputa, el fiscal general debería recordar a Mónica Oltra y Victoria Rosell antes de dimitir
Los Hechos. El comisionista Alberto González Amador, defraudó 350.000 euros a Hacienda en las declaraciones de 2021 y 2022, cuando ya era pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El dinero, más de dos millones de euros, había salido de comisiones por ejercer de intermediario en la venta de mascarillas entre una empresa de Pontevedra que administra su jefe en el grupo Quirón y una firma catalana con contactos en China que se dedicaba al marketing de bebidas alcohólicas. Hacienda inició en 2022 una investigación tras comprobar que González Amador, entonces técnico sanitario, multiplicó por seis los ingresos pero declaró tres veces menos beneficios que en los ejercicios anteriores. En la inspección, que duró dos años, la Agencia Tributaria detectó facturas falsas por 1,5 millones de euros y puso el caso en manos de la Fiscalía. La Fiscalía de Madrid revisó el expediente y presentó una denuncia en un juzgado de Madrid en el que imputó tres delitos a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, dos por fraude fiscal (en el impuesto de Sociedades de dos anualidades) y uno por falsedad documental (por presentar facturas falsas por trabajos no realizados para rebajar artificialmente sus beneficios). Justo antes de que la Fiscalía de Madrid presentara una denuncia que es casi automática, la defensa de González Amador, envía un correo genérico a la Fiscalía de Asuntos Económicos de Madrid en el que reconocía dos delitos de fraude fiscal y se mostraba dispuesto a pactar una condena, con tal de evitar los trámites de juicio: peritos, declaraciones de testaferros... La asunción de los delitos por parte de González Amador no pudo ser más clara. "Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública", admitía en el cuerpo del correo. En un documento adjunto ofrecía penas de cárcel -que no implicasen su entrada en prisión- y el pago de la multa con intereses. Ese correo se envió a una dirección genérica de la Fiscalía de Madrid el pasado 2 de febrero. Cinco semanas más tarde, el 12 de marzo, elDiario.es desvela en exclusiva el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, a la que ella misma había presentado como un "técnico sanitario". La primera información se tituló La pareja de Ayuso defraudó a Hacienda 350.951 euros con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. En una segunda información, ese mismo día ya por la noche, este medio de comunicación reveló la procedencia del dinero: La pareja de Ayuso cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. La reacción de la presidenta de Madrid fue negar el fraude y acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar todas las instituciones del Estado para destruirla. Alegó que era Hacienda quien debía 600.000 euros a su pareja. Lo hizo en un acto público como presidenta de la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo, su jefe de gabinete, que se había negado a contestar a elDiario.es antes de la publicación de la exclusiva porque según él el asunto concernía a un particular sin ninguna relación con la Comunidad de Madrid, asume personalmente la defensa del delincuente confeso. El primer día amenaza por escrito a una periodista de elDiario.es: "Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar". El segundo día, 13 de marzo, a última hora, filtra una información falsa a distintos medios de comunicación -el primero en publicarla sin contrastar es El Mundo, pero detrás fueron Vozpópuli y Libertad Digital-. La tesis que el propio Rodríguez difundió en sus redes sociales sostenía que el fiscal del caso intentó buscar un acuerdo con la pareja de Ayuso pero que fueron "ordenes de arriba" en la Fiscalía las que lo impidieron. Diferentes medios de comunicación, entre ellos elDiario.es, se dirigen la noche del 13 de marzo a la Fiscalía para confirmar que ese dato es cierto. El departamento de prensa pide tiempo para contestar. No les suena que eso sea así, pero van a cotejar la información. El fiscal general, al que Miguel Ángel Rodríguez está acusando de paralizar un acuerdo de un fiscal con González Amador por intereses políticos, solicita la documentación del caso. Una vez coteja que la información es falsa y que el correo exhibido en prensa está amputado, pide a los fiscales de Madrid que desmientan el bulo con las fechas correctas de las comunicaciones para dejar claro que fue la defensa de la pareja de Ayuso quien pidió el acuerdo y, también, que no hay ninguna instrucción de los jefes de la fiscalía para frenarlo. El 14 de marzo de madrugada la Cadena Ser publica la literalidad del cuerpo del correo (sin el documento adjunto que establecía las condiciones del acuerdo, con la pena de cárcel y la multa) donde el abogado de la pareja de Ayuso reconocía los delitos y buscaba el acuerdo. Por la mañana, la Fiscalía remite una nota de prensa a los medios que habían preguntado con la cronología de las conversaciones iniciadas por el abogado del González Amador con el fiscal que lo denunció. El documento solo contiene fechas y desmiente que el pacto hubiera sido ofrecido por la fiscalía. No detalla lo que propone la defensa de la pareja de Ayuso ni ningún otro aspecto de la investigación. La versión de la presidenta se ha desmoronado. Existen documentos por escrito en los que el abogado de su pareja reconoce los delitos. No es Hacienda la que debe dinero a su novio comisionista. Alberto González Amador, al que Ayuso había defendido desde el atril de la Comunidad, es un delincuente fiscal confeso que solo quiere evitar dos cosas, el ajetreo mediático de un juicio y la cárcel. Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez emprenden entonces una nueva estrategia: empezar una guerra contra el fiscal general, la misma que habían intentado sin éxito las primeras horas contra el Ministerio de Hacienda diciendo, también falsamente, que González Amador no había tenido derecho a defenderse (otro bulo, en la investigación de la Agencia Tributaria no solo constan sus alegaciones sino cómo fue intentando retirar las facturas falsas una vez que se sabía perseguido por el fisco). La pareja de Ayuso anuncia entonces que va a denunciar a la fiscalía por revelación de secretos. Lo hace también el Colegio de Abogados de Madrid, a cuya secretaría general acaba de incorporarse un viejo conocido de la presidenta, Luis Banciella. Hasta el 29 de marzo había sido el Abogado General de la Comunidad de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite a trámite la denuncia por revelación de secretos. Empieza a investigar y llama a declarar a Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, y enfrentada desde hace meses al fiscal general. Lastra cuenta al juez que se negó a firmar la nota y que lo hizo por imperativo. Que recibió la orden del fiscal general. Antes de esa comparecencia, el propio fiscal general ya había asumido en primera persona la responsabilidad de la nota. Lo había hecho públicamente y también en un escrito al Tribunal Superior. Fuentes conocedoras de cómo se tramitó esa noche aseguran a elDiario.es que la fiscal superior en ningún momento invocó la revelación de secretos ni una supuesta lesión de los derechos del investigado. Alegó, según esas fuentes, que no estaba de acuerdo en cómo se estaba gestionando informativamente el asunto. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sigue de momento investigando aunque el único competente para imputar al fiscal general es el Supremo. La vía es que el Tribunal Superior de Madrid envíe una exposición razonada. El fiscal general ha advertido a su entorno que aún en el caso de que lo impute el Tribunal Supremo se mantendrá en el cargo hasta que haya una condena. Está convencido de que actuó de acuerdo con lo que exige el estatuto de la carrera en la defensa de fiscales que estaban siendo atacados y para combatir una información que buscaba dañar la institución. Las opiniones. Ni Isabel Díaz Ayuso ni Miguel Ángel Rodríguez van a dimitir. La presidenta convive con un defraudador confeso en dos pisos de lujo que nadie explica cómo se han pagado. El ático de lujo que disfruta está a nombre de una sociedad. Su jefe de gabinete ha difundido información falsa, ha amenazado a periodistas y ha difundido datos policiales sobre identificaciones a redactores de varios periódicos. Sigue en su puesto, cobrando más de 94.000 euros de salario público en la Comunidad de Madrid. Mientras , el Partido Popular pide la cabeza de Álvaro García Ortiz, igual que la Asociación de Fiscales, la más conservadora de las asociaciones de la carrera. Y todo eso sucede mientras los cuatro fiscales del procés, los que defendieron la tesis de la rebelión que acabó desbaratando la sentencia del Supremo, se niegan a aplicar la ley de la amnistía bajo el argumento de que la malversación no está amparada por la norma. La ley establece explícitamente que solo no se podrá amnistiar aquella malversación que conlleve enriquecimiento personal, pero la interpretación de los fiscales del procés es que lograr réditos políticos también lo es. El fiscal general ha dado la instrucción a todos para que haya unidad de criterio en la fiscalía y el martes serán los fiscales de sala los que se posicionen. Sucede así cada vez que un fiscal alega no estar de acuerdo con la orden de un superior. El resultado de esa junta no es vinculante, pero políticamente significará mucho. En ese contexto, con la derecha mediática, política y parte de la judicial de cacería contra García Ortiz, precisamente el magistrado que dictó la sentencia del procés será el encargado de decidir si le imputa. Si cree que hay materia, Manuel Marchena debería investigar al fiscal general como haría con cualquier otro presunto delincuente. Lo que sería un error es concluir que la imputación -una figura garantista y a la vez una palabra con mala prensa- deba acarrear la salida del fiscal general, por mucho ruido que haya. De lo contrario, la imputación acabaría suponiendo una pena mayor -la dimisión- que una propia condena por revelación de secretos. Antes de decidir, Álvaro García Ortiz debería recordar algunos precedentes cercanos. En el caso de la jueza Victoria Rosell, diputada de Podemos, el propio Marchena aceptó la exposición razonada y pidió que se investigase. Su dimisión puso fin a su carrera de diputada. Acabó exonerada de todas las acusaciones pero no recuperó el escaño. El juez Alba que montó con la operación contra ella terminó en prisión. El episodio de Oltra fue todavía peor: la vicepresidenta de la Generalitat renunció a todos sus cargos en medio de una zapatiesta general en la que incluso algunos políticos de izquierda exigieron su renuncia. El archivo del caso la pilló fuera de la política y con su carrera arrasada. El ruido será todavía mayor en el caso del fiscal general. La mayoría de los fiscales de sala han dicho que no hay delito en la nota de prensa. Que el máximo representante del ministerio público caiga por una imputación discutible derivada de la difusión de una nota de prensa sería un precedente muy peligroso para la institución. El Tribunal Supremo tiene todo el derecho a investigar si el fiscal general delinquió, pero ninguno a tumbarlo con una imputación.
Pedro Sánchez escribió una carta, puso en vilo al país durante cinco días... y todo ¿para qué? https://www.eldiario.es/politica/sanchez-escribio-carta-puso-vilo-pais-durante-cinco-dias_129_11333404.html Andrés Gil #CarlosSánchezMato #VictoriaRosell #PabloIglesias #PedroSánchez #ArnaldoOtegi #CeliaMayer #PabloHasél #Valtònyc #Lawfare #Podemos #PSOE
Pedro Sánchez escribió una carta, puso en vilo al país durante cinco días... y todo ¿para qué?
"No existe lawfare en España". Así de contundente fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 31 de diciembre pasado en La Vanguardia. Semanas antes, el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, intentaba argumentar que era un concepto que había quedado fuera del acuerdo con los independentistas para la ley de amnistía. Unos años antes, en 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era tajante ante quienes, desde la izquierda, como el vicepresidente Pablo Iglesias, hablaban de déficits democráticos en España. "España es una democracia plena". insistía Sánchez en sede parlamentaria. Por aquel entonces, se acumulaban casos, como la guerra sucia contra el independentismo catalán y Podemos, las causas a raperos como Josep Valtònyc y Pablo Hasel, por ejemplo, la condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el juicio parcial a Arnaldo Otegi, quien pasó siete años de cárcel, y las causas contra los titiriteros, o los concejales de Ahora Madrid Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, el caso Alsasua, los seis de Zaragoza... Incluso quedaban en la memoria casos previos, como el del concejal sevillano de IU Antonio Torrijos, por ejemplo. Y es que el lawfare busca expulsar a quienes representan una amenaza para el sistema, a través del uso de causas falsas y en connivencia con el poder mediático. Pero Pedro Sánchez no lo criticaba entonces. Y cuando habla ahora y apela a la "regeneración democrática" no recuerda aquel pasado: el presidente dice que no hay precedentes con respecto a lo que él y su familia están sufriendo: "¿Merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa". Sin embargo, su caso no es el primero de noticias falsas y bulos que terminan siendo dosieres judiciales, como aquel informe PISA sobre la financiación de Podemos y el posterior bulo de los pagos del Gobierno de Nicolás Maduro, ante los que respondía Sánchez de esta manera: "Venezuela llegó a la política española de la mano de Iglesias y Monedero". El uso de la justicia contra rivales políticos estaba presente en muchos ámbitos, pero entonces reivindicaba índices democráticos como el de la revista The Economist y pedía "máximo respeto a la independencia de los jueces". Pero en los últimos tiempos el presidente del Gobierno ha visto cómo se le deshumanizaba, cómo se asociaba el sanchismo a las peores pesadillas, al terrorismo y al golpismo, y cómo se construían procesos judiciales contra su esposa con mentiras publicadas en medios de comunicación. Y, entonces, hace una semana, Sánchez estalla. Ya no habla de “máximo respeto a la independencia de la Justicia", como hacía ante informaciones sobre uno de los múltiples casos archivados –más de 20 querellas desde 2015– sobre la supuesta financiación irregular de Podemos, por ejemplo: aquellos eran tiempos en los que Ximo Puig y el PSOE terminaron dejando caer a Mónica Oltra en Valencia por un caso armado por grupos de extrema derecha y que posteriormente se ha demostrado inconsistente. Oltra, en su despedida, en junio de 2022, sentenciaba: "Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas y el día que ustedes quieran reaccionar, les habrán fulminado a ustedes también". Una de esas personas fulminadas políticamente, por ejemplo, ha sido Victoria Rosell, jueza y ex delegada del Gobierno para la Violencia de Género con Irene Montero. Rosell vivió desde 2015 la persecución del exjuez Salvador Alba, condenado a seis años de cárcel por conspirar contra ella, y por el camino tuvo que dejar la primera línea política como diputada, además de recibir el veto del PSOE a su acceso al CGPJ como vocal. Y esta semana pasada pedía reformas al presidente: ¿Y cómo se aterriza la "regeneración democrática"? El miércoles de la semana pasada Sánchez dice que ya no puede más: está sufriendo en sus carnes cosas parecidas por las que otros pasaron anteriormente en los últimos años, ve el daño que eso causa a su familia y decide dar un puñetazo encima de la mesa en forma de carta. La carta es inédita: nunca antes en España –ni en el resto del mundo– un jefe de Gobierno escribía a la ciudadanía para anunciar un periodo de reflexión de cinco días en torno a su continuidad al frente del Ejecutivo. Lo habitual, hasta ahora, era que el líder político reflexionaba en la intimidad y, posteriormente, comunicaba una decisión de este tipo. Pero Sánchez hace otra cosa, comparte su sufrimiento, comparte sus sentimientos de amor a su esposa y su familia y muestra un lado humano desconocido en él; desconocido en cualquier líder político. El marco estaba claro, y lo había establecido el presidente del Gobierno: el acoso mediático y judicial injusto contra su esposa está causando un daño tan profundo como para replantearse su permanencia al frente del país. A partir de ahí, Sánchez inicia cinco días de reflexión y el país y su partido viven cinco días en vilo, con momentos dramáticos en la reunión del Comité Federal del PSOE, un partido de 145 años de historia que, de repente, se siente huérfano ante la hipótesis de la renuncia de Sánchez. Y los días pasan, arranca la campaña electoral de Catalunya sin saber si Sánchez seguirá siendo presidente, se celebra el principal órgano del PSOE entre Congresos –Comité Federal– sin la presencia de su secretario general, se convocan movilizaciones el sábado y el domingo en Madrid, y los medios de comunicación se llenan de informaciones y tertulias en torno a los asuntos señalados por Sánchez en su carta: el uso de la justicia, la política y los medios para acabar con el rival político y la consecuente necesidad de una regeneración democrática. Llegó el lunes, concluyeron los cinco días de reflexión y, ¿qué pasó después? Nada aún, a pesar de que sus socios de Gobierno y parlamentario han presentado numerosas propuestas. Sánchez dijo que se quedaba, el PSOE respiró aliviado, sus socios de gobierno respiraron aliviados, pero no anunció nada más en su comparecencia sin preguntas. Tampoco en su entrevista de esa noche en TVE ni a la mañana siguiente en la Cadena SER. Se dice que quiere reformar la Justicia pero, ¿cómo? ¿En qué términos? ¿Cuándo? Sánchez se ha mostrado como víctima del lawfare, por el espionaje al que fue sometido por las cloacas policiales al llegar a la secretaría general del PSOE, en 2014, pero ni siquiera ha tenido el gesto de recordar a quienes sufrieron las cloacas antes que él y en todos estos años se mostró cuando menos poco empático. En efecto, Sánchez señaló la importancia del poder mediático en la destrucción de los rivales políticos, pero ni anunció ninguna medida al respecto ni reivindicó a las víctimas que lo precedieron. Sánchez paró cinco días, mantuvo en vilo a un país de 47 millones de habitantes, a un partido de 145 años... Y, cuando volvió, pronunció un discurso ya pronunciado muchas veces en el pasado por otras personas que no necesitaron cinco días de reflexión para elaborarlo y que, además, no vino acompañado por ninguna medida concreta, por ninguna transformación que hiciera posible atajar el uso político de la justicia y los medios para destruir rivales sin reproche alguno. Este martes, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que tampoco aprobó ninguna medida para atajar los males enunciados por Sánchez 24 horas antes, la ministra portavoz, Pilar Alegría, tampoco fue capaz de concretar ninguna propuesta que el Gobierno esté pensando en presentar para contrarrestar lo que denunció Sánchez el día antes. Nada. Sánchez se tomó sus cinco días de reflexión: publicó una carta abierta, mantuvo a un país y un partido en vilo. Y, después de todo, no hay nada concreto.
🎙 PODCAST | No es polarización, es la guerra sucia https://www.eldiario.es/blog/al-dia/podcast-no-polarizacion-guerra-sucia_132_11323168.html Juan Luis Sánchez #MinisteriodelInterior #JoséManuelVillarejo #PP-PartidoPopular #AlbertoRodríguez #VictoriaRosell #PabloIglesias #PedroSánchez #IreneMontero #Ultraderecha #Polarización #BegoñaGómez #MónicaOltra #Política #Gobierno #Lawfare #PSOE
🎙 PODCAST | No es polarización, es la guerra sucia
El secretario de Estado de Rajoy, Francisco Martínez, diseñó con un comisario corrupto, Villarejo, un trabajo “clandestino”, sin orden judicial ni ningún tipo de denuncia o procedimiento legal, para investigar al suegro de Pedro Sánchez. Para llevarle la información a Mariano Rajoy y matar políticamente a Pedro Sánchez. Pero todo esto no empieza ni acaba con Pedro Sánchez. Hacemos un repaso a los múltiples casos de lawfare contra políticos de izquierdas en nuestro país y fuera de él, en una estrategia clara de la derecha política, mediática y judicial. *** Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al Día”. El número es el 699 518 743. ¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'? ▶ Lo puedes escuchar en Podimo, la app de podcast y audiolibros que apoya ‘Un tema Al Día’. Si te abres una cuenta en Podimo desde este enlace, tienes 45 días de acceso gratuito a todo su contenido exclusivo. ▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias. ▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. Spotify, Ivoox, Apple, Feed RSS, Google Podcast, Amazon Music ▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis. ▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia
El caso Victoria Rosell era el caso Alba: una cacería contra ‘la jueza de Podemos’ https://www.eldiario.es/politica/caso-victoria-rosell-caso-alba-caceria-jueza_130_8529676.html Marcos Pinheiro, Alberto Pozas, Natalia G. Vargas #JoséManuelSoria #TribunalSupremo #VictoriaRosell #SalvadorAlba #Podemos
El caso Victoria Rosell era el caso Alba: una cacería contra ‘la jueza de Podemos’
Es miércoles, 16 de marzo. Año 2016. Son las dos de la tarde y dos hombres han quedado para conocerse y charlar. La cita tiene lugar en un despacho de los juzgados de Las Palmas, en Canarias. "Yo me quedo fuera", dice un tercer hombre. Cierran la puerta y se saludan. De un lado de la mesa del despacho, el juez Salvador Alba; del otro, el empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado en una causa que investiga ese magistrado. El que se ha quedado fuera es su abogado, que prefiere no saber nada de lo que se va a hablar entre esas cuatro paredes. Esa conversación, que dura una hora y 17 minutos, es el hito fundamental de una persecución judicial y política contra una diputada electa de Podemos. El encuentro cristaliza una serie de voluntades con el objetivo común de tumbar a Victoria Rosell, que ha dejado de lado su labor como jueza para dar el salto a la política; la conversación supone también el punto de inflexión de la conspiración. Es el intento de ponerla en marcha, pero será fundamental para destaparla: el empresario ha decidido entrar al despacho con un dispositivo de grabación en el que recogerá toda la charla. El Tribunal Supremo confirmó en noviembre del año pasado que aquel encuentro tenía como objetivo tumbar a la diputada del Congreso Victoria Rosell. El medio utilizado iba a ser la causa que la jueza había investigado contra el empresario, y que ahora estaba en manos de Alba. Este decidió usar la instrucción para desprestigiarla y salvar a Ramírez, a quien se investigaba por no pagar a Hacienda. Un caso de lawfare, guerra jurídica, de libro, que ahora ha quedado plasmado en una sentencia que condena a Alba a más de seis años de cárcel. Ahora la Justicia, después de muchas paralizaciones, ha ordenado su entrada en prisión. Pero la historia no tiene solo a estos tres protagonistas. Hay uno más cuyo nombre aparece en cada capítulo de esa persecución, que ha acabado después de seis años. Es el entonces ministro José Manuel Soria. Su sombra planea durante todo el caso, aunque ha quedado fuera de cualquier investigación judicial. Lo que sigue es la historia en cinco actos de una conspiración a medio camino entre la política y los tribunales que logró que Rosell tuviera que abandonar la política, a la que solo pudo regresar cuando Alba fue condenado por primera vez. Capítulo 1: el salto a la política El inicio de este relato comienza con el punto de partida de ambos protagonistas. Alba había tratado en varias ocasiones de ascender en la judicatura, con poco éxito hasta entonces. Rosell estaba decidida a dar un giro a su carrera y ficha por Podemos, que por entonces trata de levantar una estructura como partido para concurrir a las elecciones generales previstas para diciembre de 2015 tras su irrupción espectacular en las europeas de un año antes. 24 de julio de 2014. Salvador Alba intenta, sin éxito, convertirse en el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. No obtuvo ni un solo voto. Para entonces ya había intentado entrar dos veces en el Consejo General del Poder Judicial: su nombre sonó para ingresar en 2008 y encabezó la lista de candidatos en 2013 con los avales de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria de la carrera y de tendencia conservadora. En ese momento, Alba presidía la APM en Canarias y no obtuvo ni un solo voto en el Senado. 23 de octubre de 2015. Victoria Rosell ficha por Podemos. El partido anuncia que la que fuera portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia iba a encabezar la lista por Las Palmas para las elecciones del 20 de diciembre. Es uno de los grandes fichajes de la formación, que va creciendo a trompicones: Rosell es magistrada, aporta un plus de profesionalidad a una formación fundada por politólogos sin experiencia en la gestión política. Es uno de sus perfiles más relevantes, y los medios la apodarán inmediatamente "la jueza de Podemos". En las elecciones, Podemos logra la segunda plaza en esa circunscripción con 136.278 votos, a menos de 10.000 papeletas del PP. 3 de noviembre de 2015: Salvador Alba toma posesión en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria para relevar a Victoria Rosell, que se encontraba en situación de excedencia voluntaria tras su salto a la política. En este juzgado, Alba asume la instrucción de la causa que atribuía al empresario Miguel Ángel Ramírez delitos contra la Hacienda Pública como administrador de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), y que hasta entonces había investigado Rosell. El mismo día de su toma de posesión, Alba acuerda la declaración como imputados el 30 de noviembre de Miguel Ángel Ramírez (que ya había declarado anteriormente) y de Héctor de Armas (administrador de SIC). Es ya desde ese momento cuando Alba comienza a desviar el objeto de la causa: de investigar al entonces presidente de la UD Las Palmas a indagar en el trabajo previo de Rosell, buscando grietas en su instrucción. Con este fin, Alba pidió a De Armas los libros de contabilidad de cuatro ejercicios, los que van de 2011 a 2014, las operaciones bancarias y los contratos publicitarios de SIC. El abogado de De Armas, Sergio Armario, se mostró sorprendido ante las peticiones de Alba, que no tenían ningún tipo de relación con el objetivo de las diligencias. Entonces, el juez le expresó su interés en "incorporar a la causa documentación de contratos que pudieran vincular a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora [medio asociado a elDiario.es] y pareja de Victoria Rosell, con Ramírez". El abogado entiende en ese momento las motivaciones del juez y se pone manos a la obra para propiciar un encuentro entre Ramírez y Alba. 23 de noviembre de 2015. La Fiscalía Provincial abre una “investigación preprocesal” contra la magistrada Victoria Rosell a partir del contrato firmado entre la UD Las Palmas y Clan de Medios, la empresa de Carlos Sosa, que alguien hizo llegar “de manera anónima” al Ministerio Público. La investigación incorpora un informe del juez Alba sobre la instrucción de Rosell. El contrato que motiva esa apertura de investigación tiene una particularidad: tiene una fecha equivocada y solo existía una copia, que obraba en manos del ministro José Manuel Soria. El 3 de diciembre, varios medios publican los detalles de la investigación de la Fiscalía. Un día después, Soria se querella contra Rosell por injurias y calumnias. La entonces candidata de Podemos había afirmado que el ministro utilizaba los medios del Estado para atacar a adversarios políticos. Poco tiempo después, el TSJC ordena suspender la investigación de la Fiscalía contra Rosell tras un recurso de la jueza al considerar que podía estar atentándose contra su derecho a presentarse a unas elecciones. La Fiscalía intentó sin éxito acudir al Consejo General del Poder Judicial contra Rosell. Capítulo 2: La conspiración La vía judicial contra Rosell no ha prosperado. La querella de Soria contra la candidata de Podemos, que es ya cargo electo en el Congreso de los Diputados, aún no ha sido admitida a trámite. El intento de investigarla por parte de la Fiscalía de Canarias ha quedado en nada. Es entonces cuando empieza a gestarse la conspiración contra Rosell usando la causa que ella instruía como jueza. 15 de febrero de 2016. Al fracasar la iniciativa de la Fiscalía, el ex ministro Soria transforma su querella por injurias y calumnias contra Rosell en otra a la que sumó los delitos de retraso malicioso, cohecho y prevaricación. En su texto se recogen pasajes íntegros del informe que Alba evacuó en diciembre por encargo de la Fiscalía de Las Palmas. 16 de marzo de 2016. Salvador Alba y Miguel Ángel Ramírez se reúnen en solitario en el despacho del magistrado, sin presencia del abogado del empresario. El encuentro no trasciende hasta meses más tarde. Ramírez graba la conversación porque, dijo tiempo después, le sorprendió y descolocó que el juez le citara en su despacho. En este encuentro ambos conversaron sobre el interés de Alba en poder acreditar "la quiebra del deber de imparcialidad" de Victoria Rosell como instructora de las diligencias relacionadas con Ramírez, utilizando para ello la posible existencia de relaciones comerciales entre Carlos Sosa y el empresario. El administrador de SIC se comprometió entonces a entregar a Alba los contratos comerciales existentes entre él y el periodista, aunque no eran objeto de la causa, que versaba sobre el impago de impuestos. A cambio, el juez le ofreció a Ramírez una declaración de nulidad de actuaciones que impidiera acciones de la Agencia Tributaria en su contra. Durante la conversación, el juez Alba da instrucciones precisas al empresario imputado sobre qué debe decir en su próxima declaración para sostener las acusaciones contra Rosell y tratar de eliminar el rastro de sospecha sobre que ambos estaban poniéndose de acuerdo. La sombra de José Manuel Soria siempre estuvo ahí. Los hechos probados de la sentencia de la Sala Penal del TSJC establecen que la conspiración de Alba pretendía aumentar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Supremo por el exministro contra Rosell, como así ocurrió. 23 de marzo de 2016: juez e imputado vuelven a verse las caras pero ahora sí en el interior del juzgado con luz, taquígrafos y abogados como testigos. Ramírez sigue el guión pactado con Alba en el encuentro anterior. Durante el interrogatorio de una hora dirigido por el juez, se introducen ya preguntas sobre posibles relaciones comerciales de la empresa Clan de Medios de Comunicación, vinculada a Carlos Sosa, con la empresa Ralons Servicios y Sistemas de Gestión 3000. Incluso el empresario se ofrece a presentar documentación sobre estos vínculos económicos. 28 de marzo de 2016: Soria utiliza varias noticias publicadas en prensa sobre la declaración para su querella ante el Supremo, y la amplía con esas piezas informativas. A pesar de que el contenido de la declaración ya se había publicado en el diario El Mundo, el Juzgado número 8 denegó la solicitud de Rosell de obtener una copia de las palabras del empresario. Unos días después otro diario publica la declaración del empresario. Capítulo 3: El terremoto político El 25 de abril de 2016 el Supremo admite a trámite la querella de Soria contra Rosell por hechos delictivos relativos a su actuación jurisdiccional en la causa de Ramírez. La Fiscalía había dicho en marzo que no veía indicios de delito en la actuación de Rosell y se opuso a investigarla. En el auto de admisión a trámite el Supremo asegura que la investigación deberá dilucidar si las decisiones que adoptó la jueza en una investigación que implicaba al por entonces socio de su pareja "no eran sino el vehículo par la consecución del objetivo de la señora Rosell, que según el querellante, buscaba enriquecer a su pareja". Rosell ya está formalmente investigada por el Supremo a los pocos meses de las elecciones, el escándalo político se desencadena inmediatamente con gran repercusión en los medios. 27 de abril de 2016: Rosell abandona de Diputación Permanente, el órgano de guardia en el Congreso cuando se disuelven las Cortes, al admitirse a trámite la querella interpuesta por Soria en el Supremo. Con la convocatoria de nuevas elecciones ya fijada, supone la pérdida del escaño inminente cuando se disuelva la cámara baja. El impacto político de la admisión de la querella es doble. Rosell deja la Diputación Permanente y poco después se confirma que no repetirá en las listas de Podemos para las elecciones del 26 de junio, convocadas de manera automática ante la falta de acuerdo para formar Gobierno. Capítulo 4: la grabación El objetivo de tumbar a Rosell ya se ha conseguido. El recorrido final de la querella en el Supremo pierde relevancia; la exjueza ha tenido que dejar el cargo electo que consiguió y ha visto truncada su carrera política a los pocos meses de entrar en Podemos. A partir de entonces las bases de la conspiración comienzan a tambalearse. 3 de mayo de 2016. El juzgado número 8 de Las Palmas deja de estar en manos de Salvador Alba. El Boletín Oficial del Estado publica en abril la adjudicación de la plaza a la magistrada Carla Vallejo, actualmente viceconsejera de Justicia del ejecutivo canario. Salvador Alba abandona el juzgado el 3 de mayo de ese año. 11 de mayo de 2016. Miguel Ángel Ramírez entrega al Juzgado de Instrucción número 8, ya con magistrada Carla Vallejo al frente, el audio con la conversación que había mantenido con Salvador Alba en el despacho del juez. Ese mismo día se publican en elDiario.es. Además de acordar la declaración con el empresario, Alba dedica algunos improperios a Rosell, relata su jugada judicial y dice que el fiscal “se tendrá que joder”. Una vez fuera del Congreso y de la política, Victoria Rosell solicita su reingreso en la carrera judicial. Un día después la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acuerda su reingreso. 12 de mayo de 2016. El juez Alba se defiende y dice que "en ningún momento se ha efectuado imputación alguna de actividades irregulares a Victoria Rosell”, y niega que conspirase con Ramírez. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece, defiende a Alba y dice que “no hay ningún problema en recibir, como acto de transparencia, a quien se lo solicita. Lo hacen todos los jueces". Seis días después, la Fiscalía dice que hay delito en la actuación de Alba. 19 de mayo de 2016. La jueza Vallejo también ve delito y eleva una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que abre diligencias penales contra el juez Alba. Al mismo tiempo, el Consejo General del Poder Judicial le abre un expediente que se salda con una propuesta de expulsión que se hará efectiva ahora que la sentencia condenatoria es firme. El 26 de mayo, el TSJC abre diligencias contra el juez. Para defenderse, Alba ficha al abogado del exministro Soria. 4 de octubre de 2016. La Guardia Civil localiza la grabación completa entre el empresario y el juez. Es de más de una hora, pero el empresario solo entregó al juzgado unos 32 minutos. En esa parte de la conversación, ambos aluden al ministro Soria. Ramírez: ¿Tú crees que a José Manuel le va bien esto para la querella que tiene? Alba: A ver, la querella que tiene yo creo que prospera sí o sí, como está, pero desde luego esto... Ramírez: Sí, ya está, admitirla a trámite. Alba: Sí, por supuesto, pero esto, ya… 2 de diciembre de 2016. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que había asumido la querella de Soria cuando Rosell dejó de ser aforada en el Supremo, la archiva. La jueza no cometió delito alguno, ni de injurias ni durante la instrucción del caso. Capítulo 5: la caída del juez El juez Alba no desiste y empieza a intercambiar correos con un exconvicto, que se autoproclama antiguo agente del CESID. Su interlocutor, apodado “La Araña”, le ofrece en marzo de 2017 un “dossier explosivo” para hundir a Victoria Rosell. El juez mostró su interés pero cortó las conversaciones cuando “Araña” le pidió 1.000 euros a cambio, lo que provocó una denuncia por parte del magistrado. Alba ocultó a la Fiscalía los correos que más le comprometían. 29 de septiembre de 2017. El papel de Alba como uno de los integrantes del tribunal que juzga el ‘caso Faycán’ empieza a ser cuestionado por el escándalo relacionado con Victoria Rosell. Un empresario le recusa por “enemistad” del magistrado con su abogado, relacionado a su vez con Miguel Ángel Ramírez. Alba forma parte del tribunal pero se queda en minoría y no puede evitar que el Partido Popular sea condenado por reformar su sede de Telde con dinero público en 2003. 8 de mayo de 2018. Se cierra la instrucción dirigida por la magistrada del TSJC Margarita Varona, y se decreta la apertura de juicio oral, lo que activó la suspensión del juez Alba, que desde septiembre de ese año no ejerce en la judicatura, aunque sigue cobrando del Ministerio de Justicia un salario sin complementos de acuerdo con el reglamento que rige para jueces y magistrados. El Ministerio Fiscal pide para Alba una condena de 10 años de prisión y 29 de inhabilitación, mientras la acusación particular (Victoria Rosell) y las acusaciones populares (Podemos y Carlos Sosa) elevaban la petición de cárcel hasta los 14 años. 19 de julio de 2018. El Consejo General del Poder Judicial decide suspender de manera cautelar a Salvador Alba después de la apertura de juicio oral contra él. La Comisión Permanente le reprocha incluso que busque acreditar su incapacidad laboral cuando ha estado de viaje en las islas Maldivas. 21 de marzo de 2019. La jueza Rosell anuncia que regresa a la política y que se presentará a las elecciones generales de abril con Unidas Podemos. Encabeza la lista del partido por Las Palmas y obtiene un escaño en unos comicios en los que el partido fue el segundo más votado en la provincia. Conservó su acta en la repetición electoral de noviembre. 1 de julio de 2019. Comienza el juicio contra Salvador Alba en el Tribunal Superior de Canarias. El empresario Miguel Ángel Ramírez reconoce la reunión con el magistrado y llega a comparar su manera de proceder con la de “la mafia”. Previamente, Alba se había declarado víctima de un “chantaje”. 02 de julio de 2019. Victoria Rosell afirma en el juicio que Salvador Alba “es como nuestro Villarejo”. 12 de julio de 2019. El juicio contra Salvador Alba queda visto para sentencia. El todavía magistrado niega haber querido perjudicar a Victoria Rosell y afirma: “Yo nunca he asesorado al señor Soria”. El fiscal Vicente Garrido hace un duro alegato en el que asegura que Alba “usó su poder como juez para satisfacer un interés personal: desprestigiar a Rosell”. 10 de septiembre de 2019. Tres años después de que se iniciara la conspiración, el TSJC dicta una sentencia que evidencia cómo cada uno de los pasos dados por Salvador Alba componen una maquinación dirigida a acabar con la carrera política de Victoria Rosell que le costará 18 años de inhabilitación y seis años y medio de cárcel. 3 de noviembre de 2019. En una entrevista en el digital ConfiLegal, donde ha escrito varios artículos, Alba asegura que el juicio contra él “fue, como poco, irregular” y plantea una batería de argumentos que acaban de ser rechazados por el Tribunal Supremo. 20 de mayo de 2020. El caso empieza a tramitarse ante el Tribunal Supremo y la Fiscalía pide en su escrito que los jueces confirmen su condena. La representante del Ministerio Público defiende, entre otras cosas, que la grabación realizada por el empresario Ramírez es válida y sirve para cimentar su condena junto con el resto de pruebas. Rosell y la acusación popular de Podemos pide aumentar su condena a 10 años de prisión. El juez Pablo Llarena se aparta del caso por su relación profesional pasada con el acusado. 11 de noviembre de 2021. La sala de lo penal del Supremo celebra una vista pública para estudiar la condena de Salvador Alba. La fiscal Iliana Navia-Osorio pide la confirmación de su condena y es contundente al hablar sobre la grabación de sus conversaciones con el empresario Miguel Ángel Ramírez durante la conspiración contra Rosell: “El contenido de la grabación sonroja”. 25 de noviembre de 2021. Seis años y tres semanas después de sus primeras maniobras conspiratorias, Salvador Alba es condenado en firme. El Tribunal Supremo confirma su condena de más de seis años de prisión, lo que implica que tendrá que cumplir condena entre rejas y que será expulsado de la judicatura. Victoria Rosell recibe la noticia en su despacho donde sigue ejerciendo como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Capítulo 6: el largo camino hasta la cárcel La sentencia que condena a Salvador Alba es firme y la cantidad de años de cárcel impuesta hace muy poco probable que pueda evitar la prisión, pero el juez consigue dilatar casi un año su entrada en el presidio para cumplir condena. Mientras tanto, además, el Consejo General del Poder Judicial rechaza una y otra vez sus recursos para evitar perder la toga de forma definitiva. 15 de febrero de 2022. Salvador Alba alega que padece una patología que le impide cumplir condena en las islas por falta de un módulo específico de seguridad y por su supuesta incapacidad para viajar en avión. El plazo para su entrada en prisión queda en suspenso. 3 de marzo de 2022. El Consejo General del Poder Judicial expulsa a Salvador Alba de la judicatura después de la declaración de firmeza de su condena. El ya exmagistrado intentó varias veces, sin éxito, que el órgano de gobierno de los jueces reconsiderara la decisión pero sus recursos y alegaciones fueron rechazados en abril y en junio de este año. 5 de abril de 2022. El primer intento contundente de Salvador Alba de evitar la cárcel termina en fracaso. El Tribunal Superior de Canarias rechaza su petición de suspender la ejecución de su condena mientras se tramita la petición de indulto que había presentado su entorno apenas tres semanas antes. Previamente también había solicitado al Tribunal Constitucional la suspensión de su ingreso en la cárcel. 2 de junio de 2022. Salvador Alba ha dedicado varios meses a intentar evitar su entrada en la cárcel alegando problemas de salud. En junio de 2022 llegó el último informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife, homologando lo que antes habían dicho sus compañeros de Las Palmas: las patologías que padece el exmagistrado pueden tratarse en la prisión. Alba llegó incluso a recusar a las forenses que firmaron estos informes desfavorables para sus intereses. 13 de octubre de 2022. La Justicia da un plazo de 24 horas al exjuez corrupto Salvador Alba para entrar en una cárcel de su elección. El plazo para su entrada voluntaria en la cárcel llevaba suspendido desde febrero y su condena firme fue dictada hace ahora 11 meses.
Victoria Rosell: "La comparecencia de Rubiales es el manual del machista" https://www.eldiario.es/politica/victoria-rosell-comparecencia-rubiales-manual-machista_1_10466538.html José Enrique Monrosi #RealFederaciónEspañoladeFútbol #VictoriaRosell #FútbolFemenino #LuisRubiales #Igualdad #Fútbol
Victoria Rosell: "La comparecencia de Rubiales es el manual del machista"
La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell (Murcia, 1968) confiesa sentirse "asqueada" tanto por el comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que besó en la boca sin su consentimiento a la campeona del mundo Jenni Hermoso, como la comparecencia del propio Luis Rubiales este viernes ante la Asamblea de la Federación. "Aquí no se está tratando de hacer justicia, se está ejecutando un asesinato social. Se me está tratando de matar. No hay deseo ni posición de dominio [el beso a Jennifer Hermoso], aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos medios, que están rindiendo pleitesía ante el falso feminismo, que es una plaga en este país. El beso es libre, mutuo, consentido. Yo le dije, ¿un piquito? Y ella me dijo 'Vale'”, afirmó Rubiales en su intervención. El Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, ya ha elevado al Tribunal de Arbitraje Deportivo la petición de un expediente por falta grave y la solicitud de inhabilitación. ¿Qué le pareció la comparecencia de Luis Rubiales? Estoy avergonzada, me he sentido asqueada. Me ha recordado a muchos presuntos agresores sexuales que he tenido delante y que acusan a las víctimas de ser unas mentirosas para intentar victimizarse ellos. Ya sentimos vergüenza con su actuación en Sidney y su comparecencia lo ha acabado de rematar. Ha sido el manual del machista dispuesto a plantear esto en términos de una guerra y llegar hasta unos extremos poco compatibles con la dignidad y la decencia. ¿Cree que ha contribuido a revictimizar a Jenni Hermoso con su comparecencia y su acusación al intentar dejarla como mentirosa? Sí, lo que pasa es que cuando las mujeres tienen entornos y normas que las apoyan, a veces tildarlas de mentirosas y hacer dudar de su palabra con expresiones que pueden resultar aún más ofensivas produce una reacción paradójica: que las víctimas exigen aún más justicia y más reparación. Es Jenni Hermoso quien tiene que decidir si acude a los tribunales o no o si le dice a la Fiscalía que si se querella o no, pero creo que las palabras de Rubiales incluso podrían ser el detonante de una decisión de exigir toda la verdad. Cuando se intenta humillar a las víctimas a veces resurgen si tienen suficiente apoyo. Habla de la vía penal. ¿Qué supondría respecto a la administrativa, que es la que está activada por el momento? El único ámbito y espacio en el que se le puede imponer una pena privativa de sus derechos y proteger a la víctima con medidas como el alejamiento, una indemnización a su daño psíquico, moral y social, o una inhabilitación profesional de él, es la vía penal. ¿Rubiales cometió una agresión sexual? El hecho sería constitutivo de una agresión sexual. Es importante nombrar a las cosas por su nombre y esto es violencia sexual. Debemos respetar su presunción de inocencia, no podemos decir que ese señor ha cometido un hecho delictivo, pero es legal y es pedagogía decir que un tocamiento, una palmada o un beso no consentido es violencia sexual. Eso es información y no atenta contra su presunción de inocencia. Es una derivada de la ley del solo sí es sí que pasa por poner el consentimiento en el centro. Antes de la ley no era considerado agresión. Antes la agresión sexual exigía violencia o intimidación. Existía la figura del abuso pero con una altísima cota de impunidad que alcanzaba hasta el 90%. Ahora hay penas que protegen muchísimo más a las víctimas y no me refiero a las de prisión. La ley introduce penas como la inhabilitación profesional, que no solo protege a la víctima sino que protege a las demás, nos protege a todas, porque puede apartar al agresor de su responsabilidad o prohibir que se desempeñe responsabilidades relacionadas con menores, por ejemplo. Y son penas mucho más importantes que dos meses o tres más de prisión, que es en lo que muchos pusieron el foco con la ley del 'solo sí es sí'. La reacción social que ha generado el comportamiento de Rubiales, que es lo que le ha llevado a una situación insostenible, se asienta en un convencimiento generalizado de que obviamente un beso forzado es una agresión. Más allá de la aplicación de las penas, ¿ha contribuido a esa concienciación la ley del 'solo sí es sí'? Completamente. Es mucho más fácil cambiar una ley que una cultura, pero las leyes que consiguen su objetivo son las que arraigan en una sociedad. Por mucho que los reaccionarios nos hagan sufrir y nos golpeen duro esto va calando, hay un debate sobre la violencia sexual, una conversación permanente. Y eso no lo hace el BOE, lo hace el feminismo y lo hace la lucha que llama a las cosas por su nombre, llama violencia sexual a la violencia sexual y no lo llama piropo ni cosas que pasan. Se trata de cambiar la mirada y creo que los hombres, los que no son machistas cerriles, estáis haciendo ese ejercicio desde hace unos años revisando vuestro propios comportamientos, la mayoría educacionales. Y ese cambio cultural es mucho más importante que el BOE. El Ministerio de Igualdad irá a la Asociación de Futbolistas de España (AFE) a dar formación. ¿Cómo es posible que en un ámbito como el fútbol no existieran hasta ahora protocolos antiacoso o formación contra el machismo? Estamos legislando auténticas deudas, cosas que el Estado y el legislativo le debían a la sociedad española. Nosotras damos formación a toda la administración, al funcionariado, a la justicia…Y todavía no habíamos llegado al ámbito deportivo. La AFE tiene 14.000 personas sindicadas. Les hemos ofrecido esta formación y han aceptado este ofrecimiento. Estamos recuperando el tiempo perdido, pero esto no se hace en semanas ni en meses. Las empresas están obligadas a protocolos de este tipo. ¿Se están aplicando y funcionan? Tenemos convenios con cientos de empresas que tienen el sello de empresas libres de violencia de género y promueven este tipo de actuaciones. Vamos poco a poco construyendo este país con todos los protocolos necesarios. La ley del deporte obliga a tener protocolos antiacoso y sanciona sin subvenciones a las federaciones que no los tengan, por ejemplo. Hay que entender que con cada protocolo no puede haber un policía mirando si se cumple, por lo que el compromiso y la información de las propias personas trabajadoras es fundamental para garantizar el cumplimiento. En los espacios de ocio el protocolo está funcionando, pasó con el caso de Dani Alves y está pasando con los puntos violeta. Los avances han sido muchísimos, aunque quede mucho también por recorrer. La caída de Rubiales, parece que próxima, no significará el fin del machismo ni de las agresiones sexuales, pero seguramente se convertirá en un símbolo. ¿Qué importancia le da? Va ser un hito en la historia de la igualdad en este país y en la lucha contra las violencias más invisibilizadas, más normalizadas. Hay gente que se convierte en un símbolo sin pretenderlo, como la víctima de la manada o Ana Orantes. En este caso nos hemos cansado de repetir lo importante que era que tantos niños y niñas se sintieran referenciados en las mujeres campeonas. ¿Qué mensaje estaríamos trasladando si la conclusión es que puedes ser campeona del mundo pero que luego puede llegar un hombre a hacer lo que quiera con tu cuerpo? Sería demoledor. Por eso puede ser un hito en la lucha contra las violencias machistas. Hay hitos que pueden ser legales pero otros son sociales y este es el caso. Una gesta como la victoria de las mujeres en un campeonato del mundo no puede acabar con la humillación por parte de un señor.
Fɹancisco J Яodríguez Amorín#VictoriaRosell tras el comité de crisis: "Hay que insistir a la juventud de que los mensajes no pueden ser negacionistas"
Tres de las asesinadas por la violencia de género en el mes de julio eran mujeres jóvenes que no alcanzaban los 30 años. La delegación del Gobierno hace una llamada a la ciudadanía para que denuncie esta violencia oculta y sistémica.
En @publico_bot
https://www.publico.es/mujer/victoria-rosell-comite-crisis-hay-insistir-juventud-mensajes-no-negacionistas.html
Victoria Rosell tras el comité de crisis: Hay que insistir a la juventud de que los mensajes no pueden ser...
Tres de las asesinadas por la violencia de género en el mes de julio eran mujeres jóvenes que no alcanzaban los 30 años. La delegación del Gobierno hace una llamada a la ciudadanía para que denuncie esta violencia oculta y sistémica.
Voyager 🛰@bennassar estic buscant la declaració de Irene digent "Fachas Con toga" pero no veig res...
Ara, clar que hi ha jutges amb togs, poden preguntar al amic de Victoria Rosell 
Potser podemos es uno dels partits que més persecució mediàtica tinga, i comparar-los amb Trump es casi delirant.
El populisme parla més de libertad, cerveza y defensar la nació.
Si Podemos es tant odiat es per mesures clares, no buides. És legítim.
Victoria Rosell: "Nadie advirtió que pudiera existir una revisión a la baja como las que se están dando" https://www.eldiario.es/sociedad/victoria-rosell-nadie-advirtio-pudiera-existir-revision-baja-dando_1_9725121.html Alberto Pozas #Agresionessexuales #Abusossexuales #VictoriaRosell #IreneMontero #Violaciones #Agresiones
Victoria Rosell: "Nadie advirtió que pudiera existir una revisión a la baja como las que se están dando"
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, lleva una semana achicando agua del barco de la ley del 'solo sí es sí', uno de los proyectos estrella de la legislatura del Ministerio de Igualdad. Durante la entrevista, celebrada en la redaccción de elDiario.es este viernes, Rosell defiende la ley y se muestra segura de que el Tribunal Supremo confirmará que las condenas de los delincuentes sexuales no se deben rebajar de forma retroactiva y generalizada por el efecto de la última reforma del Código Penal. No cree que sea necesario introducir ninguna reforma ni ninguna disposición transitoria ante lo que considera que son resoluciones judiciales contradictorias y, en algunos casos, también erróneas. Y va rebajando el tono sobre las acusaciones de machismo generalizado a los jueces que vertieron en un primer momento algunos compañeros de partido, y que motivaron quejas contra Podemos de Juezas y Jueces para la Democracia, la asociación donde la propia Rosell ejerció de portavoz. A la hora de hacer autocrítica, admite que puede haber faltado "pedagogía" sobre esta norma y reconoce que es un problema tener que hacerla ahora para responder a "bulos y fake news". ¿Se esperaban la polémica que se está produciendo con la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’ y las rebajas retroactivas que se están produciendo en el caso de algunos delincuentes sexuales? La previsión estuvo durante toda la tramitación de la ley. Se puso encima de la mesa la necesidad de que no hubiera revisiones a la baja que resultaran desproporcionadas, perjudiciales para las víctimas o alarmantes. En cuanto a la polémica, personalmente me ha extrañado un poco que suelen venir, sobre todo las que están inflamadas –las que se forma un suflé que se desarma en una semana pero pueden contribuir a crear mucha inseguridad en las mujeres y en el sistema–, de un lado de la sociedad y los medios, y esta vez han logrado establecerla a lo largo y ancho de todo el país hasta que hemos pedido calma y explicado, desde el presidente del Gobierno hasta nosotras mismas, por qué ahora es el momento de la respuesta judicial, a ser posible con unidad de criterio para no crear más inseguridad. Los distintos tribunales territoriales están solucionando casos en sentidos distintos. ¿Se está creando inseguridad jurídica? El mismo artículo de la Constitución que consagra la irretroactivdad de las leyes penales desfavorables consagra el principio de seguridad jurídica y es muy importante en un Estado de derecho. Es indeseable que haya criterios distintos y resoluciones distintas para casos similares. La jurisdicción lo que hace es examinar caso por caso, y ninguno es igual. Para compararlos hay que usar un pincel fino y no una brocha gorda. Pero normalmente no tienen esta publicidad, no se ponen micrófonos a cualquier abogado como el de ‘la manada’ de Pamplona, que es una voz muy parcial y no es una voz experta. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad porque el Tribunal Supremo sugirió que a los violadores grupales de Pamplona les faltaba pena. Se les había condenado por su violación pero no por la participación en la de los otros cuatro. Ni la Fiscalía General del Estado todavía ha sacado un criterio unificador para el derecho transitorio ni lo ha hecho el Tribunal Supremo. Nosotras, el Gobierno y Justicia estamos convencidas de que hay un cuerpo de derecho transitorio más que suficiente a lo largo de todos estos años y una jurisprudencia consolidada y estamos seguras de que será finalmente lo que se aplique. ¿Era necesaria la disposición transitoria que algunos expertos identifican como el problema que originó estas rebajas de condenas? ¿Se puede aplicar la que ya existe de reformas anteriores? Se está hablando de que no hay una disposición transitoria. Si buscan en el BOE consolidado del actual Código Penal español y se van al final, antes de las disposiciones finales hay una transitoria, la quinta, que sigue ahí vigente. Hay una jurisprudencia consolidada a lo largo de todas las transitorias. Porque también hay disposiciones transitorias muy temporales para una reforma en concreto y hay disposiciones transitorias que son parte del cuerpo doctrinal y jurisprudencial. Y esta, afortunadamente, ya está muy clara. Si la pena que has impuesto en sentencia firme cabe en la siguiente legislación, no se revisa. Con la salvedad de una sentencia de 2013 que dice que se puede matizar y ver las circunstancias individualizadas. Los juristas estamos muy acostumbrados a hacer este calculo técnico. Técnico, que no automático. Siempre ha habido discordancia en primeras interpretaciones. Porque esto se está interpretando en primera instancia aunque sea una audiencia, que fue quien condenó. Sí que hay casos que crean bastantes más indicios de ser erróneos, de obedecer a un error en la interpretación de la ley y con muchas posibilidades de ser revocados. ¿Qué error están cometiendo los tribunales que están fallando en ese sentido? Yo no puedo hablar de errores judiciales sin que se haya pronunciado [el Tribunal Supremo], hay que poner calma en este debate. Tampoco puede un juez decir: “Yo lo he hecho perfecto, he aplicado la ley sin ningún tipo de duda”. No sin ningún tipo de duda, porque lo has hecho de manera contraria a tu vecino de partido judicial. Las disposiciones transitorias tienen la ventaja de que llevan décadas con su cuerpo doctrinal y jurisprudencial y se aplican por igual en toda España. Ni los jueces pueden presumir de infalibilidad ni nosotras señalar una sentencia concreta y decir cuál es el error. Pero de forma generalizada, por las que estamos leyendo, afectan sobre todo lamentablemente a delitos de abuso, porque el abuso desaparece [en la reforma del Código Penal] pero no porque desaparezca, sino porque es un solo delito junto con la agresión. Hay que leer todo el esquema. Yo ya era jueza cuando cambió el sistema de delitos contra la libertad sexual en el Código de 1995 y no era estudiar distintas penas y distintos artículos, era cambiar el esquema y ahora hemos mejorado notablemente este. Hay cambios en el acoso, el stalking, hay inhabilitación de patria potestad para agresores sexuales cuando las víctimas son menores, está el impedir acceder al tercer grado sin haber cumplido la mitad de la condena, que solo estaba previsto para violencia de género… hay muchos cambios. Pero el más paradigmático puede que sea que cualquier acto sexual sin consentimiento, como nos decía el Convenio de Estambul y reclamaba el movimiento feminista y el feminismo jurídico, es ya agresión y apartamos todo ese término de abuso que trataba a las mujeres y niños y niñas víctimas mayoritarias como objetos de derechos más que como sujetos de derecho. ¿Ha fallado algo en la redacción de la ley? ¿Ha habido algún error en la elaboración, falta de tiempo? Me parece que la crítica de que ha faltado tiempo tiene que proceder, para no presumir mala fe, de la ignorancia. Esta ley se estaba trabajando desde 2018. Cuando accedemos al Gobierno está hecho el trabajo de las catedráticas de Derecho Penal y empezamos ya la elaboración del texto como anteproyecto de ley con los primeros borradores. Estamos hablando de marzo de 2020, hace dos años y medio, fue al Consejo de Ministros en primera vuelta. Después fueron todos los informes de órganos constitucionales, Consejo del Poder Judicial… y abro paréntesis: no dijo que no bajáramos los mínimos. Eso no lo dijo nadie. ¡Nadie! Ni Consejo Fiscal, ni Consejo del Poder Judicial, ni Consejo Económico y Social ni Consejo de Estado, ni toda la parte de participación ciudadana en la que participa gente que te manda un email, sobre todo participan personas con interés y con conocimiento, muchas abogadas feministas y mucha sociedad civil. Nadie advirtió que pudiera existir una revisión a la baja como las que se están dando en algunos casos creando bastante inseguridad jurídica. Creemos que nadie lo advirtió porque los mayores expertos creen que el sistema transitorio está bastante consolidado y que no se iban a dar estos casos, pero en todo caso que se corregirán en la vía judicial y no gubernativa, que es en la que tienen que corregirse. Nadie advirtió este riesgo porque creemos que obedece a una interpretación inicial del texto que se irá consolidando en otro sentido y, desde luego, lo que tienen que hacer seguro es unificar criterio. Esta es una reforma que afecta a 16 leyes. Y desde Igualdad se ha defendido que no es una ley punitivista. ¿Ha faltado algo de pedagogía sobre esta ley? Probablemente nos falte pedagogía porque estamos cambiando muchas cosas muy importantes que llevaban fallando muchos años. Pero ese sistema no está solo asentado en el ordenamiento jurídico, está asentado en la ciudadanía. Yo querría recordar las resistencias que tuvo la ley de protección contra la violencia de género, que no solo fue discutidísima sino que cuando llega a los despachos judiciales ocasiona que más de cien jueces planteen cuestiones de inconstitucionalidad, diciendo que discriminaba a los hombres. Lo que sí es que hay más atención mediática, 2004 no es 2022 a efectos de redes sociales. Unas críticas muy exacerbadas al Gobierno y un movimiento reaccionario mundial, global, contra el feminismo. Contra el feminismo como movimiento plenamente democratizador. Todos estos factores han confluido pero también puedo asumir perfectamente la autocrítica de la pedagogía. Ahora estamos saliendo a explicar pero de manera reactiva frente a bulos o fakes. Creo que los pronunciamientos sin calma y sin reflexión de todos los actores políticos, e incluyo al CGPJ y las asociaciones de jueces que han salido precipitadamente a atacar a la ministra pidiendo su dimisión y el CGPJ defendiendo a capa y espada... ¿Y si luego esto es erróneo? ¿El Supremo se va a sentir plenamente libre de decir que estas primeras sentencias o autos que tanto defendisteis no estaban aplicando nuestro cuerpo jurisprudencial? Yo espero que haya una norma interpretativa, un criterio interpretativo general por parte de la Fiscalía General y estoy convencida de que el Tribunal Supremo mantendrá su jurisprudencia y tendremos una consolidada más temprano que tarde por la alarma social. Ahora, también me gustaría pedir que la parte de la ley que más se debería conocer tampoco se está conociendo y eso no puede ser todo culpa del Consejo de Ministros ni del Parlamento. Esa reacción contra el feminismo está jugando contra la información que se está dando, no hay buena información, de calidad, yo normalmente no tengo estos espacios donde exponer con tranquilidad y rigor qué significa esta reforma, creo que es la primera vez que me graba alguien diciendo los cambios en el acoso, la patria potestad, el tercer grado… Si esto no les da seguridad a las mujeres es que nada se la da, y esto no está en los medios, no está en la opinión pública y debería estar. El Supremo dictará su primera sentencia sobre este asunto y la Fiscalía se ha pronunciado en contra de revisar la condena de este violador. ¿Tiene Igualdad un ‘plan B’? No. En un Estado social y democrático con división de poderes, si hubiera al final del camino una jurisprudencia que consideráramos que no interpreta correctamente la ley desde luego no corresponde al Gobierno ni siquiera tomar alguna medida… pero yo estoy convencida de que eso no va a pasar. El Supremo va a mantener su constante y consolidadísima jurisprudencia y por el camino lo que estamos viendo son sentencias de primera instancia contradictorias con un código no asentado. Yo llamaría a la calma. Entiendo que alarmen y más cuanto más se infle el 'souflé' y más intencionada sea la dirección comunicativa, pero pienso que esto se va a llevar con cierta normalidad. Ojalá no queden muchas víctimas por el camino, ojalá esas sentencias si cometen algún error a la baja no supongan la puesta en libertad de alguien que no ha cumplido su tratamiento penitenciario y no esté preparado para salir y pueda reincidir como consecuencia de estos fallos judiciales si se corrigen. La fase de revisión dura poco, tres o cuatro semanas, todos los órganos judiciales intentan acomodar las sentencias que están ejecutando y solo se revisan las que se están ejecutando. No tiene que haber un ‘plan B’ cuando ya hay una buena norma que da buenos derechos, que tiene un acervo de disposiciones transitorias detrás y veremos que el Estado está a la altura, el Poder Judicial finalmente va a unificar criterio y va a corregir estos pequeñas fallos que pueda haber en el inicio del camino de una norma. El mundo judicial no ha recibido bien las críticas de machismo emitidas desde Igualdad a algunos jueces que han tomado estas decisiones. Algunas de estas reacciones vienen de su asociación, Juezas y Jueces para la Democracia. ¿Cómo las ha recibido? Pertenezco a Jueces para la Democracia y a la Asociación de Mujeres Juezas, que ha hecho un comunicado apelando a la calma con una visión a largo plazo. Tampoco creo que sea adecuado que la asociación conservadora, la Profesional de la Magistratura, pida la dimisión de una ministra por unas manifestaciones. Yo no he oído, porque no lo han dicho, a nadie de Igualdad generalizar y decir que todos los jueces son machistas. Esto se lo he oído a comentaristas y tertulianos que han querido exacerbar esta crítica para después a su vez descalificar a quien la había pronunciado. Nosotras no hemos generalizado pero la ONU, tanto la relatora especial como la recomendación del CEDAW, nos advierte de que los prejuicios y estereotipos de la Justicia suponen una forma de discriminación de las mujeres, niños y niñas que en este tipo de delitos crean una revictimización, eres víctima del delito y víctima del proceso. Y esta falta de formación judicial o este machismo judicial, estos prejuicios y estereotipos machistas abonaban la cultura de la impunidad. Esto son palabras preocupantes. Es verdad que la ministra de Igualdad se hizo eco de esto, lo relacionó con algunas de las primeras interpretaciones, primeras críticas furibundas que tampoco se había leído el texto completo. Pero nuestra intención es decir que hay que formarse, especializarse y que hay que actualizarse, no criticar al Poder Judicial en su conjunto. Todos los sectores jurídicos ponen en valor la especialización y formación constante. La ministra no tuvo tiempo de exponer todo esto delante de las cámaras de elDiario.es y hacer esta reflexión y habló de que uno de los problemas detectados por la ONU, por el feminismo y por todo el feminismo jurídico son los estereotipos machistas de la Justicia. Dicho con calma, creo que es absurdo negar la evidencia de que esto existe. No podemos decir que todos los jueces son machistas ni negar la evidencia de que hay machismo en la sociedad y en la carrera judicial, solo que en la carrera judicial ha sido objeto de pronunciamientos de la ONU. ¿Cómo valora que varias audiencias provinciales hayan decidido iniciar estos procedimientos de oficio? Me alegro de que me preguntes eso, porque he visto que ha levantado suspicacias cuando no sospechas o críticas un poco desde mi punto de vista exageradas. Yo como magistrada, y cualquier audiencia provincial, ante un cambio legal si estás en fase de ejecución sí que es correcto dar traslado a las partes diciendo que hay un nuevo Código Penal, informe del Ministerio Fiscal, la acusación, la defensa y la víctima… que he visto pocos traslados a las víctimas. Que también tienen sus derechos a conocer cualquier decisión que les afecte, espero que esto también se corrija y que se interprete poniendo a las víctimas en el centro sin restar ningún derecho constitucional a los acusados y condenados. Pero es lógico dar traslado a las partes para decidir en pocas semanas sobre esta posibilidad de revisión a la baja. ¿Se ha quedado solo Podemos defendiendo esta ley hasta que el resto del Gobierno se ha sumado a la consigna de esperar al Supremo? Yo entendí perfectamente que a la ministra que pillaron en otro acto y en seguida con un micrófono en la mano… dijo: "Lo estudiaremos". A mí si me preguntan sobre agricultura o algo que no es desde luego de mi competencia inmediata pero estoy haciendo unas declaraciones en nombre del Gobierno también diría: "Lo estudiaremos". Si de ahí alguien saca que hay que cambiar una norma… yo creo que ha sido un poco exagerada la polémica dentro del Gobierno. Ya pasados un par de días, yo estoy muy acostumbrada a dar la cara por lo que es mío y lo que no es mío si son cosas en las que creo. Al creer yo en esta ley y en esta acción de gobierno feminista, aunque no hayamos sido las autoras de la medida más debatida, se defiende. Y yo siempre he dado la cara por las cosas en las que creo y creo que el equipo del Ministerio de Igualdad se puede caracterizar por esto. ¿Qué opinión le merece la razón del PP de condicionar la renovación del CGPJ a la eliminación de las puertas giratorias entre la política y la Justicia? ¿Cree que el objetivo era que usted se quedara fuera del Consejo? Es tremendamente preocupante. Excusa tras excusa, incluso mirar las excusas es un poco mirar el dedo que señala a la luna porque lo que hay es un gravísimo problema de bloqueo antidemocrático e incumplimiento de la Constitución por parte del PP enrocado dentro del CGPJ. El Consejo está muy tocado institucionalmente por culpa de este bloqueo del PP igual que lo está el Tribunal Constitucional. Se han creído los dueños de las instituciones pero tienen que pensar en el daño constitucional e institucional que están causando a este país porque es de lo más grave que ha pasado en democracia. No pueden creer que las instituciones son suyas y si pierden democráticamente las elecciones enquistarse dentro. No puede ser por haber estado en política, se contradice con sus propios actos como otros muchos magistrados. También por la misma razón que José Ricardo de Prada, mucho más humilde, que es haber conseguido meter en la cárcel a un juez corrupto y haber desvelado una trama de corrupción que giraba en torno a un exministro corrupto del PP en Canarias como fue José Manuel Soria. ¿Había miedo de que el grupo de Unidas Podemos en la Cámara Baja se dividiera a la hora de votar un acuerdo entre PP y PSOE para renovar el Consejo en el que no estuviera usted como candidata a vocal? Yo no sé si eso se llegó a plantear. Por una cuestión de principios, cuando estás en el núcleo de lo que el PP quiere que sea el debate, que quería que fuera sobre mi persona y no sobre su bloqueo antidemocrático, yo no formo parte ya de esas negociaciones. Yo no creo que hubiéramos llegado al punto de dividir el voto en el grupo parlamentario. Lo que yo sé, y me fio de todos los portavoces, es que se me dijo que no se me había dejado caer en ningún momento, se me defendió siempre y no como persona sino frente al veto y lo que significaba. ¿Qué nos están diciendo, que la actividad política es menos digna que proceder de una abogacía de empresa, de un gran despacho de abogados? ¿De verdad vamos a comprarle a la ultraderecha el marco de que la política es una actividad denigrante para una carrera jurídica? Haber estado en política unos años siendo delegada del Gobierno no puede ser, y de hecho no es, mi peor tarjeta de presentación y si es así creo que quien tiene un problema es quien pone este veto por delante, porque está haciendo un daño tremendo a la institución que ellos siempre han dominado y quieren seguir dominando. Vídeo: Nando Ochando y Xabi González
Igualdad modera las críticas a los jueces y confía en que el Supremo rechace las rebajas de condenas a violadores https://www.eldiario.es/sociedad/igualdad-modera-criticas-jueces-confia-supremo-rechace-rebajas-condenas-violadores_1_9722920.html Alberto Pozas, José Enrique Monrosi #Agresionessexuales #VictoriaRosell #Abusossexuales #Violaciones
Igualdad modera las críticas a los jueces y confía en que el Supremo rechace las rebajas de condenas a violadores
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha defendido este viernes la nueva ley del 'solo sí es sí' y ha negado que haya que introducir ningún cambio para evitar nuevas rebajas de condenas a delincuentes sexuales. Una comparecencia en la que Rosell ha rebajado las críticas a los jueces que toman estas decisiones, apuntando ahora a la existencia de errores en la interpretación de la norma: "Ha habido lo que nosotras consideramos errores judiciales claros en una aplicación precipitada, sin calma, sin reflexión sin una buena lectura de la ley". Cierra la puerta a una corrección desde una reforma: "Dejemos hablar al poder judicial y la fiscalía general", ha dicho. Rosell ha negado que sea necesario incluir una disposición transitoria en el nuevo Código Penal que, en versiones anteriores de la Ley, ha limitado la capacidad de los jueces para bajar una condena de forma retroactiva. "No falta. Tenemos un derecho transitorio desde hace décadas que puede ir cambiando y no era conveniente que cambiara para que no diera lugar a distintas interpretaciones", ha explicado. Se ha referido a diversas sentencias de tribunales como la Audiencia de Madrid, que en los últimos días han rebajado las condenas de delincuentes sexuales. "Algunas de las sentencias revisadas yerran porque ya no es abuso, es violación, y hay una que dice claramente que no reviso porque ya no son seis meses, son dos años y seis meses". Para Rosell, "si la pena anterior que la persona cabe en el nuevo código, no se revisa" y añade que "todavía no hemos visto un caso en el que se haya aplicado correctamente el nuevo esquema sobre algunas penas que automáticamente se están reduciendo mirando sólo los mínimos". Nadie en ningún informe advirtió, además, sobre esta posibilidad. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha lanzado un mensaje de "calma" y ha apuntado a la "preocupación" del Ministerio "por lo que puedan estar sintiendo muchas mujeres en nuestro país". Para Rodríguez, la ley del 'solo sí es sí' es "una buena norma" que "ha cambiado un paradigma del Código Penal que necesitaba otro enfoque diferente", relacionado con "cambiar los esquemas" y no con "cambiar las penas". La secretaria de Estado también ha reflexionado sobre que la adaptación de esta norma "va a requerir de un tiempo de aplicación y de que vaya siguiendo su camino en lo judicial". En España, sostiene, "hasta ahora lo que se hacía era un tratamiento que tenía que ver con la medicina general. No se atendía a la gran cantidad de conductas sancionables y afortunadamente vivimos en un país donde más conductas son sancionables, para cualquier ciudadano y ciudadana y también en el Código Penal". Rosell y Rodríguez han hecho estas declaraciones en plena polémica por la aplicación que algunos tribunales del país están haciendo de las nuevas condenas para algunos delitos sexuales, interpretando que muchas de ellas deben ser rebajadas. Así lo han entendido, por ejemplo, en Madrid, Galicia o Baleares al contrario de lo que ha establecido la Audiencia de La Rioja en los 54 casos que ha estudiado. Este viernes también se ha pronunciado el portavoz de Unidas Podemos en la cámara baja, Pablo Echenique: "El Ministerio de Igualdad ha dicho lo mismo que el presidente: hay que esperar a que los operadores jurídicos unifiquen doctrina. Y, al mismo tiempo, cuando hay una Audiencia Provincial como la de La Rioja, que aplicando la disposición quinta del Código Penal tumba 54 rebajas de pena a la vez, es evidente que hay otros jueces que están interpretando una ley con un sesgo (ideológico) del que la ONU ya nos ha alertado", ha expresado. Tal y como ha revelado elDiario.es este viernes, el Tribunal Supremo tiene intención de resolver su primer caso en las próximas semanas a raíz del recurso de un condenado a 12 años de cárcel por violar a su sobrina en Baleares en 2014. Es el primer caso en el que los jueces estudian alegaciones de la defensa específicamente dirigidas a que la nueva ley del 'solo sí es sí' ayude a rebajar la condena de un delincuente sexual y la Fiscalía, como sucede en La Rioja, ha rechazado estos argumentos.