elDiario.es - Periodismo a pesar de todo [Unofficial]Victoria Rosell, sobre el juez Puente: “Yo dimití por ética, pero los magistrados no podemos alterar el Poder Legislativo”
eldiario.es (bot no oficial)23 años de cárcel por publicar información veraz https://www.eldiario.es/blog/el-boletin-del-director/23-anos-carcel-publicar-informacion-veraz_132_10912616.html Ignacio Escolar #SalvadorAlba #Periodismo
23 años de cárcel por publicar información veraz
¿Qué tal tu semana? La nuestra no ha ido demasiado bien. Una jueza de Madrid ha decidido mandar al banquillo a uno de nuestros compañeros: al periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, un medio asociado a elDiario.es. Será juzgado por varios delitos de odio, de acoso y de revelación de secretos. La acusación pide para él 23 años de prisión. Repito: 23 años de prisión. La jueza considera que hay pruebas suficientes como para mandarle a juicio y ha fijado una fianza civil de 422.500 euros, que tiene que pagar ya. ¿Quién le acusa? No te lo vas a creer. Todo esto nace de una querella del juez corrupto Salvador Alba. El mismo que está en prisión por fabricar pruebas contra la exdiputada de Podemos Victoria Rosell –que es también pareja de Sosa–. ¿Por qué le acusa? Sus supuestos “delitos de odio” y “acoso” son las noticias que ha publicado Sosa sobre este delincuente, que sigue encerrado en prisión. Supongo que recordarás el origen de esta historia. Es, sin lugar a dudas, el ejemplo superlativo de ‘lawfare’ en España. Uno del que no dudan ni siquiera los que dicen que tal cosa no existe en nuestros tribunales. En 2015, la jueza Victoria Rosell decidió presentarse al Congreso de los Diputados en las listas de Podemos. Ese fue su gran pecado. Al poco de salir de su juzgado, el juez Salvador Alba pidió su plaza. Y desde el primer día en que llegó al antiguo despacho de Rosell –así lo acredita la sentencia del Supremo– Alba empezó a trabajar para intentar destruir la carrera política de “la jueza de Podemos”: su reputación y su libertad. En secreto, sin presencia de su abogado, Alba se reunió con un empresario canario que estaba imputado en ese juzgado: Miguel Ángel Ramirez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Y le ofreció un trato: su exculpación, por medio de una nulidad de la causa, a cambio de que acusara a Victoria Rosell y a su pareja, nuestro compañero, el periodista Carlos Sosa. El plan era culpar a Sosa y a su periódico de haber cobrado de este empresario a cambio de que Victoria Rosell le librara de sus problemas judiciales. Una estrategia muy afilada, que habría destruido la reputación de Rosell, la de Sosa, la de Canarias Ahora y, por extensión, la de elDiario.es. Y que incluso podría haber acabado con Sosa y Rosell en prisión. Salvador Alba no actuaba solo, aunque solo él fue condenado. Al mismo tiempo que este juez corrupto daba estos pasos para fabricar pruebas falsas, el exministro del PP y rival electoral de Rosell en Las Palmas, José Manuel Soria, había presentado una querella contra la jueza de Podemos por una acusación donde ya aparecían algunos de los ingredientes que el juez Alba cocinaba. Como las acusaciones contra Carlos Sosa. Dato importante. Poco antes de esa querella, Carlos Sosa había destapado muchos de los escándalos de José Manuel Soria. Entre otras andanzas, sus noches a precio regalado en una suite de lujo en Punta Cana. Durante los primeros meses, el plan para destruir a Victoria Rosell avanzó según lo planeado, paso a paso, de forma metódica, como un grupo de natación sincronizada que se movía al mismo compás en los juzgados, en la política y en los medios. Tras aquella reunión secreta, en marzo de 2016, el empresario Ramírez fue citado a declarar. Dijo en el interrogatorio lo que el juez Alba quería, y aportó los contratos publicitarios que sus empresas tenían con Canarias Ahora. Días después, esos datos judiciales –y en teoría reservados– llegaron a las páginas de El Mundo. El titular: “El presidente de Las Palmas confirma sus negocios con la pareja de Rosell”. Más tarde José Manuel Soria amplió su querella contra la diputada de Podemos, basándose en “la información publicada”. Y así, por tierra, mar y aire, fue creciendo la presión contra la jueza que se había pasado de valiente por entrar en política por la puerta equivocada. Después llegó el Supremo. Que en abril de 2016 admitió a trámite la querella de José Manuel Soria. Victoria Rosell tuvo que dimitir, abandonar la Diputación Permanente del Congreso –había nuevas elecciones convocadas– y dejar el escaño. Como estaba imputada, tampoco pudo repetir en las siguientes elecciones. El juez Salvador Alba triunfó, pero por poco tiempo. Un imprevisto frustró la impunidad de sus delitos. El empresario Miguel Ángel Ramírez había grabado la reunión secreta entre ambos. En mayo de 2016, elDiario.es publicó los audios. Toda la conspiración salió a la luz, y el caso Rosell se convirtió en el caso Alba. ¿La primera reacción de algunos jueces ante esta prevaricación de manual? No fue ejemplar. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –una asociación conservadora, la más numerosa, a la que pertenecen casi una cuarta parte de todos los jueces españoles– salió a defenderlo. “No hay ningún problema en recibir, como acto de transparencia, a quien se lo solicita. Lo hacen todos los jueces”, dijo en su defensa Manuel Almenar, entonces presidente de la APM y antes vocal del CGPJ a propuesta del PP –Almenar es hoy juez del Tribunal Supremo; fue nombrado en 2021 por el actual CGPJ, cuando ya estaba con el mandato caducado–. Alba había sido el presidente de la APM en Canarias. Era uno de los suyos. Y no uno cualquiera. Pero las pruebas eran contundentes. Y no admitían mucha interpretación. A pesar de estos primeros apoyos, la investigación contra Victoria Rosell fue archivada. Y se abrió una nueva causa judicial contra el juez Alba, que poco a poco empezó a avanzar. Y así llegamos a las nuevas informaciones de Canarias Ahora y Carlos Sosa. Las que ahora llevarán a nuestro compañero al banquillo, acusado por los delitos de “odio”, “acoso” y “revelación de secretos”, con una posible pena de 23 años de cárcel. Cuando empezó el juicio, obviamente, Salvador Alba fue suspendido. Tenía que dejar su juzgado ya que iba a sentarse en el banquillo como acusado. Y para evitarlo, pidió una baja médica un tanto peculiar. La baja médica de Alba la firmó primero un médico que no trabaja siquiera en su ciudad y que estaba acusado de falsificar el historial clínico de su mujer. Y después la prolongó un pediatra –Alba nació en 1970, así que no parecía su paciente ideal–. Carlos Sosa publicó ambas noticias. Mientras estaba de baja médica, firmada por su pediatra, Salvador Alba también se fue de viaje a las Maldivas. Otra noticia que Carlos Sosa también destapó. Finalmente llegó el juicio y más tarde las condenas, impepinables ante la evidencia de las pruebas. La Justicia le sentenció a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación por los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad en documento público, una condena que el Tribunal Supremo confirmó en noviembre de 2021. Alba también tuvo que pagar 60.000 euros a Rosell como indemnización, además de las costas judiciales, y otros 12.150 euros más de multa, que cobra el Estado. Pero el juez empezó entonces una estrategia dilatoria para no ir a prisión. Confiado –así lo esperaba– en que el PP y Vox pudieran llegar al Gobierno y conceder un indulto que evitase que fuera a la cárcel. Primero Alba argumentó que padecía una enfermedad que le impedía volar. ¿La trampa? Que todas las cárceles españolas donde un juez puede cumplir condena están en la península. Sin avión, tampoco había prisión. Luego recurrió a nuevos informes médicos para argumentar que una enfermedad le impedía no ya volar, sino siquiera entrar en la cárcel. Además de intentar evitar la condena, Alba también trató de no pagar la multa a la que fue sentenciado: 12.150 euros. Argumentaba que no tenía capacidad económica para ello, a pesar de que siguió cobrando como juez incluso mientras estaba suspendido. En total, unos 70.000 euros. Aún no se sabe si el Estado le ha reclamado ese sueldo, por un trabajo que nunca realizó. En octubre de 2022, once meses después de la sentencia en firme del Tribunal Supremo, Alba finalmente entró en prisión. Poco antes, en junio, había presentado la querella de la que hablo hoy. No solo contra Carlos Sosa. En su primer escrito, también denunciaba a otros dos periodistas de Canarias Ahora y a Victoria Rosell. También a elDiario.es. Y también a mí, como director de elDiario.es. Además de ser los supuestos responsables de varios delitos de acoso, odio y revelación de secretos, Salvador Alba y su mujer nos acusaban de formar parte de un “grupo u organización criminal”. En mi caso, la querella no prosperó. Ni siquiera se me comunicó formalmente por parte del juzgado que se había presentado. Tampoco se me llamó a declarar. Contra Carlos Sosa, la jueza sí continuó. Hace más de un año que Carlos Sosa sabe de esta querella. Hace varios meses fue citado a declarar. No hemos podido informar sobre ella hasta ayer. Cuando por fin conocimos que la jueza María Ángeles Velázquez le mandaba a juicio. Durante toda la instrucción –más de un año– esta jueza advertía en cada auto de las consecuencias de divulgar el contenido de esta causa, a pesar de que nunca fue declarada como secreta. Nadie duda, tampoco la jueza, de la veracidad de las informaciones de Carlos Sosa. La querella no va por ahí. Lo que denuncia Salvador Alba es que elDiario.es y Canarias Ahora le acosaron, provocaron odio contra él y revelaron datos secretos, que no se podían conocer. En la querella, por ejemplo, Alba asegura que Sosa desveló el nombre del colegio de su hija. Algo que es falso: en ninguna noticia aparece un dato así. Un colegio cuyo nombre, por otra parte, sí ha difundido el propio juez en un libro exculpatorio que ha publicado desde prisión. Alba también acusa a Sosa de revelar datos secretos sobre su enfermedad. Algo que es falso también: solo informó de sus idas y venidas con las bajas médicas que utilizó para evitar su suspensión como juez y, más tarde, su entrada en prisión. Unas noticias contrastadas, veraces y de interés público. La jueza manda al banquillo a Carlos Sosa, en contra del criterio del fiscal. Que no ve delito alguno en estas informaciones y es contundente en la defensa del trabajo periodístico de nuestro compañero. “Es un periodista que cubre una noticia de clara relevancia e interés público, que ha obtenido de forma lícita y las ha publicado, omitiendo datos que puedan afectar a la intimidad de la víctima y de su familia”, dice el fiscal en un escrito donde pide el archivo de la querella. Y tiene toda la razón. La jueza ha fijado una fianza civil de 422.500 euros –siete veces más que la indemnización que pagó Alba a Rosell por su condena por prevaricación–. Carlos Sosa podrá presentar un aval tan enorme porque cuenta con un seguro para estos casos. En elDiario.es también tenemos otro similar. Es casi obligatorio en nuestro trabajo. Lamentablemente, esta no es la primera ocasión en la que nuestros periodistas se enfrentan con una situación así. Tampoco será la última. Esta semana no ha sido la mejor. Pero te prometo que en elDiario.es nunca nos vamos a rendir. Resistiremos, como siempre hemos hecho, mientras contemos con el apoyo de miles de socios y socias como tú. –––––– Los socios y socias de elDiario.es son quienes nos blindan frente a las presiones. Si crees que nuestro periodismo importa y es necesario, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.
Una magistrada envía al banquillo al periodista Carlos Sosa a petición del juez corrupto Alba por informar sobre él https://www.eldiario.es/canariasahora/magistrada-envia-banquillo-periodista-carlos-sosa-peticion-juez-corrupto-alba-informar_1_10906949.html elDiario.es #SalvadorAlba #elDiario.es #Periodismo #CarlosSosa
Una magistrada envía al banquillo al periodista Carlos Sosa a petición del juez corrupto Alba por informar sobre él
Una querella del exjuez corrupto Salvador Alba llevará hasta el banquillo de los acusados a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, cabecera asociada a elDiario.es. Un juzgado de Madrid ha decidido abrir juicio oral contra el periodista por las informaciones que el medio de comunicación publicó sobre el caso de Salvador Alba y la conspiración contra Victoria Rosell y el propio Sosa que le llevó a prisión. La jueza asume buena parte de los postulados de la querella del exmagistrado encarcelado y exige al periodista una fianza de 422.500 euros mientras la Fiscalía avala que todas las informaciones de Canarias Ahora sobre Alba y su conspiración fueron veraces, relativas a un asunto de máxima relevancia pública y no revelaron ningún tipo de información confidencial del exmagistrado y su familia: "Constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información". La decisión de que el caso llegue o no a juicio está en manos ahora de la Audiencia Provincial de Madrid. Salvador Alba fue encarcelado y expulsado de la carrera judicial después de ser condenado en firme a seis años y medio de prisión. Condenado por utilizar su puesto como magistrado en Canarias para conspirar contra la también magistrada Victoria Rosell y acabar con su entonces incipiente carrera política con Podemos. Alba, según declaró probado el Supremo, intentó inculpar en una causa judicial a Rosell y Sosa, su pareja, a través de la manipulación de la declaración de un empresario, Miguel Ángel Ramírez. El objetivo era que alguna acción judicial contra la magistrada, ya fuera una querella del ministro José Manuel Soria o una investigación de la Fiscalía, saliera adelante y cortara su trayectoria pública. Rosell dejó la política aunque nunca fue imputada, la conspiración de Alba fue descubierta y el exmagistrado terminó entrando en la cárcel en octubre de 2022 tras ser condenado por prevaricación, cohecho y falsedad documental. Pero unos meses antes de ingresar en la prisión de El Salto Negro, el exjuez corrupto pasó al ataque contra sus víctimas y presentó una querella (criminal, especifica) por revelación de secretos, delito de odio, acoso y organización criminal. Una querella contra elDiario.es, su delegación Canarias Ahora, dos redactores, Carlos Sosa, Victoria Rosell y hasta el director del periódico, Ignacio Escolar. Según Alba y su esposa Teresa Lorenzo, las informaciones que publicó Canarias Ahora sobre la conspiración que él dirigió y que le ha costado la cárcel no tenían por objetivo informar a la opinión pública, sino hundir su reputación. Los datos, afirmaba en su querella, habían salido de una causa judicial secreta y el resultado es que tanto él como su pareja sufrieron insultos de odio en internet, vieron publicados datos personales y médicos en esas noticias y eso ha afectado, incluso, a su hija pequeña menor de edad. La jueza María Ángeles Velázquez, que lleva todo el proceso advirtiendo sobre las consecuencias de divulgar el contenido de la causa aunque no estaba decretado el secreto de sumario, en su auto de procedimiento abreviado ratificado en otro posterior de apertura de juicio oral asume una parte importante de estas tesis y deja el caso en manos de un juzgado de lo penal para que celebre un juicio por varios delitos de revelación de secretos, odio y acoso, sin organización criminal. E impone la fianza que solicita Alba, de más de 422.000 euros: siete veces más que la indemnización que se le impuso por conspirar contra Rosell desde su juzgado. La Fiscalía pide archivar el caso En su escrito de acusación, además de casi medio millón de euros, el exjuez Alba pide 23 años de prisión para Carlos Sosa por seis delitos distintos. Expone una teoría delictiva sobre la procedencia de la información y los datos publicados que desmiente la Fiscalía de Madrid en un escrito, presentado a mediados de enero, en el que pide el archivo de la causa y que el periodista de Canarias Ahora no sea juzgado. Se publicaron noticias "de relevancia pública", con datos que "atañen exclusivamente a los hechos noticiables" y que no constituyó un rosario de delitos penados con la cárcel: "Constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información, no lesionando en ningún caso el derecho a la intimidad del querellante y de su familia". Muchas de las informaciones a las que Alba apuntaba en su querella se referían, entre otros hitos, al tiempo en que el Consejo del Poder Judicial tardó en localizarle para comunicarle su suspensión como magistrado. También a cuando se fue de vacaciones sin dictar sentencia por el caso Faycán de corrupción o sobre los contactos que él y su esposa mantenían con miembros de Vox. Informaciones sobre las alegaciones que el propio condenado hacía sobre su estado de salud o hipótesis sobre sus viajes en ese momento que, según la Fiscalía, eran informaciones veraces que no incidían en su intimidad de forma ilegal. "Es un periodista que cubre una noticia de clara relevancia e interés público, que ha obtenido de forma lícita y las ha publicado, omitiendo datos que puedan afectar a la intimidad de la víctima y de su familia", afirma el Ministerio Público. Todo lo contrario a lo que afirma de forma tajante la querella de Alba. El recurso que el propio Sosa ha presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid, solicitando la anulación de su procesamiento, incide en esos mismos argumentos. Acusa a Alba de "faltar a la verdad burdamente", manipulando fechas del proceso, para hacer creer a la magistrada que las informaciones procedían de un sumario judicial secreto en el que Sosa y Rosell estaban personados, y no del trabajo periodístico del equipo de Canarias Ahora. Por ejemplo, la conversación entre el juez Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez se publicó el 12 de mayo de 2016, dos semanas antes de la apertura de la causa en el Tribunal Superior de Canarias. Sosa no fue admitido como acusación en el proceso hasta casi un año después. En conclusión, afirma el escrito, "no puede deducirse que el querellado haya publicado ni una sola información obtenida ilícitamente", al margen de que la acusación de organización criminal de Alba haya valido para atribuirle todas las informaciones publicadas en el periódico, aunque no fueran firmadas por él, incluso si no fueron publicadas en Canarias Ahora. Afea a Alba que, además, intente imputarle el malestar que sufrió su hija pequeña cuando tuvo incidentes en el colegio relacionados con el proceso judicial a su padre: "Evidentemente la menor no sufrió a causa de la noticia sobre el incidente, que presumimos que no leyó, sino por el incidente mismo". El periodista desgrana uno por uno los análisis, noticias e informaciones firmadas por él y defiende, coincidiendo con el Ministerio Público, que ninguna descubrió datos médicos de Alba que no fueran de relevancia para el proceso judicial y su entrada en prisión, o cuando previamente el Consejo del Poder Judicial trató de localizarle para comunicarle su suspensión como juez. También niega haber fotografiado al matrimonio Alba-Lorenzo: "El señor Sosa jamás ha estado en las inmediaciones de la vivienda de los querellantes, ni jamás ha ordenado a algún fotógrafo ni periodista apostarse en ese domicilio ni en una playa ni en algún restaurante para inmortalizar la vida de esas personas". Una cacería de Alba contra Rosell Salvador Alba y Victoria Rosell eran magistrados en Canarias cuando sus caminos se cruzaron. La jueza entró en política de la mano del partido político Podemos y el juez se hizo cargo de su juzgado. Fue en ese momento cuando, con el objetivo de cortar en seco la carrera política de Rosell, Alba decidió adulterar una causa judicial que manejaba para intentar implicar tanto a ella como a su marido, el periodista Carlos Sosa, en un caso de corrupción empresarial. Según los tribunales, Alba intentó que un empresario canario (Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, equipo de fútbol) cambiara su declaración para implicar a Carlos Sosa en la investigación que mantenía abierta. También intentó involucrar a la propia Rosell para que pudiera ser acusada de haber intentado tapar el caso para beneficiar a su marido. El resultado es que, cuando Rosell empezaba su carrera política con Podemos, fue señalada tanto por una investigación de la Fiscalía como por una querella del exministro José Manuel Soria. Esas investigaciones nunca prosperaron y ella nunca fue acusada de nada, pero fue suficiente para que dejara la política en ese momento. Con el tiempo, los investigadores descubrieron que todo era una maniobra de Salvador Alba y que el que había delinquido era él. Fue imputado, investigado y finalmente condenado por urdir todo el complot para acabar con la carrera política de Victoria Rosell, que con los años volvió a la vida pública y fue secretaria de estado contra la violencia de género. El Tribunal Supremo condenó a Alba a seis años y medio de cárcel, condena que en la actualidad cumple en prisión por esa conspiración. –––––– Nuestras socias y socios son el muro que nos protege de las presiones: apóyanos Hazte socio o socia de Canarias Ahora y tendrás todas las ventajas de serlo también de elDiario.es. El periodismo local e independiente te necesita más que nunca para hacer frente a las presiones del poder. Hazte socio, hazte socia
El caso Victoria Rosell era el caso Alba: una cacería contra ‘la jueza de Podemos’ https://www.eldiario.es/politica/caso-victoria-rosell-caso-alba-caceria-jueza_130_8529676.html Marcos Pinheiro, Alberto Pozas, Natalia G. Vargas #JoséManuelSoria #TribunalSupremo #VictoriaRosell #SalvadorAlba #Podemos
El caso Victoria Rosell era el caso Alba: una cacería contra ‘la jueza de Podemos’
Es miércoles, 16 de marzo. Año 2016. Son las dos de la tarde y dos hombres han quedado para conocerse y charlar. La cita tiene lugar en un despacho de los juzgados de Las Palmas, en Canarias. "Yo me quedo fuera", dice un tercer hombre. Cierran la puerta y se saludan. De un lado de la mesa del despacho, el juez Salvador Alba; del otro, el empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado en una causa que investiga ese magistrado. El que se ha quedado fuera es su abogado, que prefiere no saber nada de lo que se va a hablar entre esas cuatro paredes. Esa conversación, que dura una hora y 17 minutos, es el hito fundamental de una persecución judicial y política contra una diputada electa de Podemos. El encuentro cristaliza una serie de voluntades con el objetivo común de tumbar a Victoria Rosell, que ha dejado de lado su labor como jueza para dar el salto a la política; la conversación supone también el punto de inflexión de la conspiración. Es el intento de ponerla en marcha, pero será fundamental para destaparla: el empresario ha decidido entrar al despacho con un dispositivo de grabación en el que recogerá toda la charla. El Tribunal Supremo confirmó en noviembre del año pasado que aquel encuentro tenía como objetivo tumbar a la diputada del Congreso Victoria Rosell. El medio utilizado iba a ser la causa que la jueza había investigado contra el empresario, y que ahora estaba en manos de Alba. Este decidió usar la instrucción para desprestigiarla y salvar a Ramírez, a quien se investigaba por no pagar a Hacienda. Un caso de lawfare, guerra jurídica, de libro, que ahora ha quedado plasmado en una sentencia que condena a Alba a más de seis años de cárcel. Ahora la Justicia, después de muchas paralizaciones, ha ordenado su entrada en prisión. Pero la historia no tiene solo a estos tres protagonistas. Hay uno más cuyo nombre aparece en cada capítulo de esa persecución, que ha acabado después de seis años. Es el entonces ministro José Manuel Soria. Su sombra planea durante todo el caso, aunque ha quedado fuera de cualquier investigación judicial. Lo que sigue es la historia en cinco actos de una conspiración a medio camino entre la política y los tribunales que logró que Rosell tuviera que abandonar la política, a la que solo pudo regresar cuando Alba fue condenado por primera vez. Capítulo 1: el salto a la política El inicio de este relato comienza con el punto de partida de ambos protagonistas. Alba había tratado en varias ocasiones de ascender en la judicatura, con poco éxito hasta entonces. Rosell estaba decidida a dar un giro a su carrera y ficha por Podemos, que por entonces trata de levantar una estructura como partido para concurrir a las elecciones generales previstas para diciembre de 2015 tras su irrupción espectacular en las europeas de un año antes. 24 de julio de 2014. Salvador Alba intenta, sin éxito, convertirse en el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. No obtuvo ni un solo voto. Para entonces ya había intentado entrar dos veces en el Consejo General del Poder Judicial: su nombre sonó para ingresar en 2008 y encabezó la lista de candidatos en 2013 con los avales de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria de la carrera y de tendencia conservadora. En ese momento, Alba presidía la APM en Canarias y no obtuvo ni un solo voto en el Senado. 23 de octubre de 2015. Victoria Rosell ficha por Podemos. El partido anuncia que la que fuera portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia iba a encabezar la lista por Las Palmas para las elecciones del 20 de diciembre. Es uno de los grandes fichajes de la formación, que va creciendo a trompicones: Rosell es magistrada, aporta un plus de profesionalidad a una formación fundada por politólogos sin experiencia en la gestión política. Es uno de sus perfiles más relevantes, y los medios la apodarán inmediatamente "la jueza de Podemos". En las elecciones, Podemos logra la segunda plaza en esa circunscripción con 136.278 votos, a menos de 10.000 papeletas del PP. 3 de noviembre de 2015: Salvador Alba toma posesión en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria para relevar a Victoria Rosell, que se encontraba en situación de excedencia voluntaria tras su salto a la política. En este juzgado, Alba asume la instrucción de la causa que atribuía al empresario Miguel Ángel Ramírez delitos contra la Hacienda Pública como administrador de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), y que hasta entonces había investigado Rosell. El mismo día de su toma de posesión, Alba acuerda la declaración como imputados el 30 de noviembre de Miguel Ángel Ramírez (que ya había declarado anteriormente) y de Héctor de Armas (administrador de SIC). Es ya desde ese momento cuando Alba comienza a desviar el objeto de la causa: de investigar al entonces presidente de la UD Las Palmas a indagar en el trabajo previo de Rosell, buscando grietas en su instrucción. Con este fin, Alba pidió a De Armas los libros de contabilidad de cuatro ejercicios, los que van de 2011 a 2014, las operaciones bancarias y los contratos publicitarios de SIC. El abogado de De Armas, Sergio Armario, se mostró sorprendido ante las peticiones de Alba, que no tenían ningún tipo de relación con el objetivo de las diligencias. Entonces, el juez le expresó su interés en "incorporar a la causa documentación de contratos que pudieran vincular a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora [medio asociado a elDiario.es] y pareja de Victoria Rosell, con Ramírez". El abogado entiende en ese momento las motivaciones del juez y se pone manos a la obra para propiciar un encuentro entre Ramírez y Alba. 23 de noviembre de 2015. La Fiscalía Provincial abre una “investigación preprocesal” contra la magistrada Victoria Rosell a partir del contrato firmado entre la UD Las Palmas y Clan de Medios, la empresa de Carlos Sosa, que alguien hizo llegar “de manera anónima” al Ministerio Público. La investigación incorpora un informe del juez Alba sobre la instrucción de Rosell. El contrato que motiva esa apertura de investigación tiene una particularidad: tiene una fecha equivocada y solo existía una copia, que obraba en manos del ministro José Manuel Soria. El 3 de diciembre, varios medios publican los detalles de la investigación de la Fiscalía. Un día después, Soria se querella contra Rosell por injurias y calumnias. La entonces candidata de Podemos había afirmado que el ministro utilizaba los medios del Estado para atacar a adversarios políticos. Poco tiempo después, el TSJC ordena suspender la investigación de la Fiscalía contra Rosell tras un recurso de la jueza al considerar que podía estar atentándose contra su derecho a presentarse a unas elecciones. La Fiscalía intentó sin éxito acudir al Consejo General del Poder Judicial contra Rosell. Capítulo 2: La conspiración La vía judicial contra Rosell no ha prosperado. La querella de Soria contra la candidata de Podemos, que es ya cargo electo en el Congreso de los Diputados, aún no ha sido admitida a trámite. El intento de investigarla por parte de la Fiscalía de Canarias ha quedado en nada. Es entonces cuando empieza a gestarse la conspiración contra Rosell usando la causa que ella instruía como jueza. 15 de febrero de 2016. Al fracasar la iniciativa de la Fiscalía, el ex ministro Soria transforma su querella por injurias y calumnias contra Rosell en otra a la que sumó los delitos de retraso malicioso, cohecho y prevaricación. En su texto se recogen pasajes íntegros del informe que Alba evacuó en diciembre por encargo de la Fiscalía de Las Palmas. 16 de marzo de 2016. Salvador Alba y Miguel Ángel Ramírez se reúnen en solitario en el despacho del magistrado, sin presencia del abogado del empresario. El encuentro no trasciende hasta meses más tarde. Ramírez graba la conversación porque, dijo tiempo después, le sorprendió y descolocó que el juez le citara en su despacho. En este encuentro ambos conversaron sobre el interés de Alba en poder acreditar "la quiebra del deber de imparcialidad" de Victoria Rosell como instructora de las diligencias relacionadas con Ramírez, utilizando para ello la posible existencia de relaciones comerciales entre Carlos Sosa y el empresario. El administrador de SIC se comprometió entonces a entregar a Alba los contratos comerciales existentes entre él y el periodista, aunque no eran objeto de la causa, que versaba sobre el impago de impuestos. A cambio, el juez le ofreció a Ramírez una declaración de nulidad de actuaciones que impidiera acciones de la Agencia Tributaria en su contra. Durante la conversación, el juez Alba da instrucciones precisas al empresario imputado sobre qué debe decir en su próxima declaración para sostener las acusaciones contra Rosell y tratar de eliminar el rastro de sospecha sobre que ambos estaban poniéndose de acuerdo. La sombra de José Manuel Soria siempre estuvo ahí. Los hechos probados de la sentencia de la Sala Penal del TSJC establecen que la conspiración de Alba pretendía aumentar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Supremo por el exministro contra Rosell, como así ocurrió. 23 de marzo de 2016: juez e imputado vuelven a verse las caras pero ahora sí en el interior del juzgado con luz, taquígrafos y abogados como testigos. Ramírez sigue el guión pactado con Alba en el encuentro anterior. Durante el interrogatorio de una hora dirigido por el juez, se introducen ya preguntas sobre posibles relaciones comerciales de la empresa Clan de Medios de Comunicación, vinculada a Carlos Sosa, con la empresa Ralons Servicios y Sistemas de Gestión 3000. Incluso el empresario se ofrece a presentar documentación sobre estos vínculos económicos. 28 de marzo de 2016: Soria utiliza varias noticias publicadas en prensa sobre la declaración para su querella ante el Supremo, y la amplía con esas piezas informativas. A pesar de que el contenido de la declaración ya se había publicado en el diario El Mundo, el Juzgado número 8 denegó la solicitud de Rosell de obtener una copia de las palabras del empresario. Unos días después otro diario publica la declaración del empresario. Capítulo 3: El terremoto político El 25 de abril de 2016 el Supremo admite a trámite la querella de Soria contra Rosell por hechos delictivos relativos a su actuación jurisdiccional en la causa de Ramírez. La Fiscalía había dicho en marzo que no veía indicios de delito en la actuación de Rosell y se opuso a investigarla. En el auto de admisión a trámite el Supremo asegura que la investigación deberá dilucidar si las decisiones que adoptó la jueza en una investigación que implicaba al por entonces socio de su pareja "no eran sino el vehículo par la consecución del objetivo de la señora Rosell, que según el querellante, buscaba enriquecer a su pareja". Rosell ya está formalmente investigada por el Supremo a los pocos meses de las elecciones, el escándalo político se desencadena inmediatamente con gran repercusión en los medios. 27 de abril de 2016: Rosell abandona de Diputación Permanente, el órgano de guardia en el Congreso cuando se disuelven las Cortes, al admitirse a trámite la querella interpuesta por Soria en el Supremo. Con la convocatoria de nuevas elecciones ya fijada, supone la pérdida del escaño inminente cuando se disuelva la cámara baja. El impacto político de la admisión de la querella es doble. Rosell deja la Diputación Permanente y poco después se confirma que no repetirá en las listas de Podemos para las elecciones del 26 de junio, convocadas de manera automática ante la falta de acuerdo para formar Gobierno. Capítulo 4: la grabación El objetivo de tumbar a Rosell ya se ha conseguido. El recorrido final de la querella en el Supremo pierde relevancia; la exjueza ha tenido que dejar el cargo electo que consiguió y ha visto truncada su carrera política a los pocos meses de entrar en Podemos. A partir de entonces las bases de la conspiración comienzan a tambalearse. 3 de mayo de 2016. El juzgado número 8 de Las Palmas deja de estar en manos de Salvador Alba. El Boletín Oficial del Estado publica en abril la adjudicación de la plaza a la magistrada Carla Vallejo, actualmente viceconsejera de Justicia del ejecutivo canario. Salvador Alba abandona el juzgado el 3 de mayo de ese año. 11 de mayo de 2016. Miguel Ángel Ramírez entrega al Juzgado de Instrucción número 8, ya con magistrada Carla Vallejo al frente, el audio con la conversación que había mantenido con Salvador Alba en el despacho del juez. Ese mismo día se publican en elDiario.es. Además de acordar la declaración con el empresario, Alba dedica algunos improperios a Rosell, relata su jugada judicial y dice que el fiscal “se tendrá que joder”. Una vez fuera del Congreso y de la política, Victoria Rosell solicita su reingreso en la carrera judicial. Un día después la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acuerda su reingreso. 12 de mayo de 2016. El juez Alba se defiende y dice que "en ningún momento se ha efectuado imputación alguna de actividades irregulares a Victoria Rosell”, y niega que conspirase con Ramírez. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece, defiende a Alba y dice que “no hay ningún problema en recibir, como acto de transparencia, a quien se lo solicita. Lo hacen todos los jueces". Seis días después, la Fiscalía dice que hay delito en la actuación de Alba. 19 de mayo de 2016. La jueza Vallejo también ve delito y eleva una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que abre diligencias penales contra el juez Alba. Al mismo tiempo, el Consejo General del Poder Judicial le abre un expediente que se salda con una propuesta de expulsión que se hará efectiva ahora que la sentencia condenatoria es firme. El 26 de mayo, el TSJC abre diligencias contra el juez. Para defenderse, Alba ficha al abogado del exministro Soria. 4 de octubre de 2016. La Guardia Civil localiza la grabación completa entre el empresario y el juez. Es de más de una hora, pero el empresario solo entregó al juzgado unos 32 minutos. En esa parte de la conversación, ambos aluden al ministro Soria. Ramírez: ¿Tú crees que a José Manuel le va bien esto para la querella que tiene? Alba: A ver, la querella que tiene yo creo que prospera sí o sí, como está, pero desde luego esto... Ramírez: Sí, ya está, admitirla a trámite. Alba: Sí, por supuesto, pero esto, ya… 2 de diciembre de 2016. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que había asumido la querella de Soria cuando Rosell dejó de ser aforada en el Supremo, la archiva. La jueza no cometió delito alguno, ni de injurias ni durante la instrucción del caso. Capítulo 5: la caída del juez El juez Alba no desiste y empieza a intercambiar correos con un exconvicto, que se autoproclama antiguo agente del CESID. Su interlocutor, apodado “La Araña”, le ofrece en marzo de 2017 un “dossier explosivo” para hundir a Victoria Rosell. El juez mostró su interés pero cortó las conversaciones cuando “Araña” le pidió 1.000 euros a cambio, lo que provocó una denuncia por parte del magistrado. Alba ocultó a la Fiscalía los correos que más le comprometían. 29 de septiembre de 2017. El papel de Alba como uno de los integrantes del tribunal que juzga el ‘caso Faycán’ empieza a ser cuestionado por el escándalo relacionado con Victoria Rosell. Un empresario le recusa por “enemistad” del magistrado con su abogado, relacionado a su vez con Miguel Ángel Ramírez. Alba forma parte del tribunal pero se queda en minoría y no puede evitar que el Partido Popular sea condenado por reformar su sede de Telde con dinero público en 2003. 8 de mayo de 2018. Se cierra la instrucción dirigida por la magistrada del TSJC Margarita Varona, y se decreta la apertura de juicio oral, lo que activó la suspensión del juez Alba, que desde septiembre de ese año no ejerce en la judicatura, aunque sigue cobrando del Ministerio de Justicia un salario sin complementos de acuerdo con el reglamento que rige para jueces y magistrados. El Ministerio Fiscal pide para Alba una condena de 10 años de prisión y 29 de inhabilitación, mientras la acusación particular (Victoria Rosell) y las acusaciones populares (Podemos y Carlos Sosa) elevaban la petición de cárcel hasta los 14 años. 19 de julio de 2018. El Consejo General del Poder Judicial decide suspender de manera cautelar a Salvador Alba después de la apertura de juicio oral contra él. La Comisión Permanente le reprocha incluso que busque acreditar su incapacidad laboral cuando ha estado de viaje en las islas Maldivas. 21 de marzo de 2019. La jueza Rosell anuncia que regresa a la política y que se presentará a las elecciones generales de abril con Unidas Podemos. Encabeza la lista del partido por Las Palmas y obtiene un escaño en unos comicios en los que el partido fue el segundo más votado en la provincia. Conservó su acta en la repetición electoral de noviembre. 1 de julio de 2019. Comienza el juicio contra Salvador Alba en el Tribunal Superior de Canarias. El empresario Miguel Ángel Ramírez reconoce la reunión con el magistrado y llega a comparar su manera de proceder con la de “la mafia”. Previamente, Alba se había declarado víctima de un “chantaje”. 02 de julio de 2019. Victoria Rosell afirma en el juicio que Salvador Alba “es como nuestro Villarejo”. 12 de julio de 2019. El juicio contra Salvador Alba queda visto para sentencia. El todavía magistrado niega haber querido perjudicar a Victoria Rosell y afirma: “Yo nunca he asesorado al señor Soria”. El fiscal Vicente Garrido hace un duro alegato en el que asegura que Alba “usó su poder como juez para satisfacer un interés personal: desprestigiar a Rosell”. 10 de septiembre de 2019. Tres años después de que se iniciara la conspiración, el TSJC dicta una sentencia que evidencia cómo cada uno de los pasos dados por Salvador Alba componen una maquinación dirigida a acabar con la carrera política de Victoria Rosell que le costará 18 años de inhabilitación y seis años y medio de cárcel. 3 de noviembre de 2019. En una entrevista en el digital ConfiLegal, donde ha escrito varios artículos, Alba asegura que el juicio contra él “fue, como poco, irregular” y plantea una batería de argumentos que acaban de ser rechazados por el Tribunal Supremo. 20 de mayo de 2020. El caso empieza a tramitarse ante el Tribunal Supremo y la Fiscalía pide en su escrito que los jueces confirmen su condena. La representante del Ministerio Público defiende, entre otras cosas, que la grabación realizada por el empresario Ramírez es válida y sirve para cimentar su condena junto con el resto de pruebas. Rosell y la acusación popular de Podemos pide aumentar su condena a 10 años de prisión. El juez Pablo Llarena se aparta del caso por su relación profesional pasada con el acusado. 11 de noviembre de 2021. La sala de lo penal del Supremo celebra una vista pública para estudiar la condena de Salvador Alba. La fiscal Iliana Navia-Osorio pide la confirmación de su condena y es contundente al hablar sobre la grabación de sus conversaciones con el empresario Miguel Ángel Ramírez durante la conspiración contra Rosell: “El contenido de la grabación sonroja”. 25 de noviembre de 2021. Seis años y tres semanas después de sus primeras maniobras conspiratorias, Salvador Alba es condenado en firme. El Tribunal Supremo confirma su condena de más de seis años de prisión, lo que implica que tendrá que cumplir condena entre rejas y que será expulsado de la judicatura. Victoria Rosell recibe la noticia en su despacho donde sigue ejerciendo como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Capítulo 6: el largo camino hasta la cárcel La sentencia que condena a Salvador Alba es firme y la cantidad de años de cárcel impuesta hace muy poco probable que pueda evitar la prisión, pero el juez consigue dilatar casi un año su entrada en el presidio para cumplir condena. Mientras tanto, además, el Consejo General del Poder Judicial rechaza una y otra vez sus recursos para evitar perder la toga de forma definitiva. 15 de febrero de 2022. Salvador Alba alega que padece una patología que le impide cumplir condena en las islas por falta de un módulo específico de seguridad y por su supuesta incapacidad para viajar en avión. El plazo para su entrada en prisión queda en suspenso. 3 de marzo de 2022. El Consejo General del Poder Judicial expulsa a Salvador Alba de la judicatura después de la declaración de firmeza de su condena. El ya exmagistrado intentó varias veces, sin éxito, que el órgano de gobierno de los jueces reconsiderara la decisión pero sus recursos y alegaciones fueron rechazados en abril y en junio de este año. 5 de abril de 2022. El primer intento contundente de Salvador Alba de evitar la cárcel termina en fracaso. El Tribunal Superior de Canarias rechaza su petición de suspender la ejecución de su condena mientras se tramita la petición de indulto que había presentado su entorno apenas tres semanas antes. Previamente también había solicitado al Tribunal Constitucional la suspensión de su ingreso en la cárcel. 2 de junio de 2022. Salvador Alba ha dedicado varios meses a intentar evitar su entrada en la cárcel alegando problemas de salud. En junio de 2022 llegó el último informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife, homologando lo que antes habían dicho sus compañeros de Las Palmas: las patologías que padece el exmagistrado pueden tratarse en la prisión. Alba llegó incluso a recusar a las forenses que firmaron estos informes desfavorables para sus intereses. 13 de octubre de 2022. La Justicia da un plazo de 24 horas al exjuez corrupto Salvador Alba para entrar en una cárcel de su elección. El plazo para su entrada voluntaria en la cárcel llevaba suspendido desde febrero y su condena firme fue dictada hace ahora 11 meses.
Lola La Picotera 
En todos los casos la pena que se había impuesto es "perfectamente imponible" conforme a la nueva legislación.
Y ahora, qué hacemos con los jueces fascistas?
Que sigan los pasos del juez #salvadoralba
Vergüenza de toga https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/verguenza-toga_129_9628033.html Victoria Rosell #CGPJ-ConsejoGeneraldelPoderJudicial #FiscalíaGeneraldelEstado #FiscalGeneraldelEstado #VictoriaRosell #PoderJudicial #SalvadorAlba #Corrupción
Vergüenza de toga
La primera vez que sentí vergüenza de toga fue como observadora independiente en los juicios contra activistas saharauis, acreditada por el Consejo General de la Abogacía Española. En una apelación colectiva, todas las pruebas apuntaban a una previsible anulación o al menos reducción de las condenas. A la vista de todas las personas presentes, el magistrado recibió un fax y leyó una sentencia que no encajaba con lo que allí se había visto y oído. Después, la protesta y una violenta represión policial. El causante de esa violencia, en su despacho, ya sin toga, invitaba a jueces y fiscales españoles a pasar días de verano en la costa marroquí, subrayando la importancia de mantener esos intercambios que apuntalaban los lazos de amistad entre ambos países. Las influencias se alimentan de canapés, y subir es no mirar hacia abajo. Nunca pensé que iba a sentir mucha mayor vergüenza de toga en mi propio país. Y ha sido la peor experiencia de mi vida. Mucho antes de la persecución legal a Podemos y de la demostración de la utilización de la guerra jurídica –el denominado "lawfare"– en el caso del exjuez Salvador Alba Mesa, sus protagonistas ya se encontraban en casos de corrupción. En 2005, el presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Canarias –predecesor de Salvador Alba en el cargo– y de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín Martín, fue grabado en unas intervenciones telefónicas aceptando favorecer a un gran narcotraficante, Rafael Bornia Bordón. Sugirió su libertad al fiscal antidroga, tras su busca y captura internacional. Parte de la carrera desaconsejó al instructor remitir pieza separada para su debida investigación al Tribunal Superior de Justicia: perro no come perro (odio esa expresión). Aquello surgió de un hallazgo de esos derivados de los círculos secantes telefónicos –político-empresario-tribunal– en una investigación por corrupción en un lucrativo concurso de energía eólica, en la Consejería de Industria de Luis Soria López, colocado allí por su hermano, el presidente del PP canario, José Manuel Soria López. El magistrado fue juzgado y condenado por sus compañeros del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y expulsado de la carrera judicial, pero en el Tribunal Supremo (TS) fue absuelto en 2010. La sala presidida por Manuel Marchena confirmó los hechos probados, pero eran constitutivos de otro delito distinto al único por el cual el fiscal jefe del TSJC había formulado acusación. Era tráfico de influencias y no negociaciones prohibidas. El magistrado fue repuesto en la carrera judicial con todos los honores, y cobró todos los salarios dejados de percibir desde su suspensión. Tuvo incluso un acto público de desagravio –pese a los hechos probados– organizado por el abogado canario Eligio Hernández, exmagistrado y ex fiscal general del Estado, que había sido su máximo defensor público, junto con el juez Salvador Alba Mesa, entonces solo conocido por defender públicamente la inconstitucionalidad de la Ley de Violencia de Género de 2004 y por pedir dinero a empresarios para los congresos judiciales. Quédense con los personajes. Hemos tenido muchas ocasiones de comprobar lo que se premia y se castiga en el quehacer judicial: el palo y la zanahoria, en desafortunada pero veraz expresión de Carlos Lesmes (que en nueve años ha cometido dos sincericidios: ese y el de la justicia eficaz para robagallinas). Cumplir tu deber con independencia de cargos y apellidos genera represalias. La independencia se demuestra cuando tus resoluciones contrarían al poder: si no lo haces, el sistema te premiará y la ciudadanía no lo sabrá. Tu familia seguirá orgullosa y no sufrirá. Tu carrera y tu vida mejorarán. Muy sólidos tienen que ser tus principios para contrapesar eso en la balanza. La lealtad que se premia no es a la Constitución y la ley, que es la única que legitima el ejercicio del inmenso poder que puede tener un juez o magistrado de instrucción en nuestro país. Todos estos personajes, y alguno más dispuesto a prestar una ayuda valiosa a un ministro del PP, confluyeron en el caso Alba, cuando todavía era el caso Rosell. Los hechos se han publicado sobradamente en este y otros medios de información. Yo me marcho del Juzgado con una excedencia sin sueldo –dos meses sin sueldo con dos hijas adolescentes– para presentarme a las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 como independiente en las listas de Podemos. El presidente del TSJC, Antonio Doreste –cuyo nombramiento judicial procedente de la élite política de Coalición Canaria fue denunciado por Jueces para la Democracia–, nombra para sustituirme a Salvador Alba Mesa. Ambos se saltan las normas: Alba ya ha cumplido los 180 días máximos anuales de doblete judicial –y de sueldo–, pero ya se sabe, las leyes son para robagallinas. Inmediatamente empieza a buscar algo que dar a su admirado Soria, directamente o a través de sus periodistas de cabecera. Es un viejo recurso que les sigue funcionando: cuando un político accede ilícitamente a información reservada o secreta necesita que se publique para que prosperen sus montajes judiciales. No lo encuentra, y se lo inventa. (Aún conservo el recuerdo de un chat que abrí ese día llamado "Amenaza al alba". No sé si algún día se sabrá el destrozo que hizo ese individuo en un juzgado de instrucción y de control del CIE). Como declara probado la sentencia del TSJC confirmada por el Tribunal Supremo, el mismo día en que Alba toma posesión, el 3 de noviembre de 2015, en una causa con miles de folios que no ha leído, cita a prestar nueva declaración a Miguel Ángel Ramírez, empresario investigado por delito fiscal, tras la cual le impone una fianza de 35 millones de euros, que después la Audiencia Provincial reduciría a una décima parte, 3,5 millones. El mensaje ya está lanzado por Alba: tiene el poder de excederse en 30 millones de euros calculando la cuota a Hacienda sin que la fiscal Evangelina Ríos Dorados rechiste, y hundir a la empresa. En ese escenario empieza a pedir a los imputados –e introducir en esa investigación– informaciones sobre mi pareja ajenas a los delitos investigados, en concreto un borrador de contrato de alquiler con opción de compra que acaba en manos de José Manuel Soria, cabeza de lista electoral por el PP, y del periódico El Mundo, que me dedicó cinco portadas con información falsa en 15 días de campaña. El fiscal jefe provincial, Guillermo García-Panasco, decide la víspera del inicio de la campaña electoral, el 3 de diciembre, faltar a la neutralidad política y confirmar públicamente que ha abierto una "investigación pre procesal" sobre posibles relaciones comerciales entre mi pareja y el investigado. No pestañea al anunciar que ha llegado "un sobre anónimo" a la fiscal Evangelina Ríos Dorados, hecho que Alba desmiente después afirmando que lo llevó él mismo. Luego se supo que a él ese documento se lo dio José Manuel Soria. Así, el 4 de diciembre empieza una campaña sucia con Soria anunciando una querella contra mí, firmada por Nicolás González-Cuéllar, editor de Manuel Marchena y abogado personal de Soria, después sustituido por Eligio Hernández. La querella contiene información que la propia Fiscalía del Supremo calificó de "ignota procedencia" por corresponder a un proceso penal en el que Soria no era parte y, por tanto, reservado para él. La procedencia es un "corta y pega", con cambio de letra y espaciado incluido, del informe reservado que Alba remitió a García Panasco. Yo hasta entonces estaba indignada; todo era falso y no podía tener recorrido judicial, era guerra sucia política del PP y sus brazos judiciales. El día que se constituye la Comisión Constitucional del Congreso, al nombrarme secretaria de la comisión, Cospedal dice en voz alta que estoy imputada por prevaricación. Me muero de vergüenza, la mejor representante de la política sin escrúpulos y con negocios me ofende en público. Vivo con esa manipulación política y mediática. Pero empiezo a sentir mucho miedo cuando compruebo que me niegan el acceso y el derecho de defensa tanto en la investigación de la Fiscalía en Las Palmas como en el Tribunal Supremo. Cuando la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia me da la razón y ordena al fiscal paralizar la investigación y, el mismo día, García-Panasco no la detiene, sino que la manda al CGPJ. Cuando el CGPJ me incoa expedientes disciplinarios siendo diputada. Repito: expedientes disciplinarios judiciales siendo diputada. Cuando el Tribunal Supremo desoye dos informes del fiscal de sala interesando la inadmisión de la querella de Soria, y continúa la causa permitiendo a Soria presentar escritos pese a no haberle pedido ni siquiera la obligatoria fianza, y denegándomelo a mí, "hasta que decidiera si era competente". Y cuando ordena de oficio pedir como diligencias que Alba remita un informe –cuando ya se han recibido en el CGPJ y publicado al menos dos, que destilaban bilis y mendacidades–, y que se una al procedimiento judicial la declaración manipulada del empresario, cuyo contenido habían pactado en la reunión que el empresario había grabado. La sentencia declara probado que estos documentos fueron esenciales para que la querella de Soria prosperara, y que se engañó al Tribunal Supremo con esos documentos falsos. Pero fue cinco años después. Un magistrado amigo me llamó para decirme que, aunque nada fuera cierto, me iban a investigar a mí y a mi familia, a arrastrarme por el fango mediático y a condenarme. Que ya había pasado antes y lo volverían a hacer. Que lo mejor era renunciar a todo. Yo me resistía a creerlo, pero, efectivamente con esas pruebas falsas, se admitió a trámite el 26 de abril la querella falsaria de Soria y me abrieron una causa penal. Decido dimitir y perder el aforamiento el 27 de abril de 2016, y aun así recibo un oficio de la Sala Segunda del Supremo firmado por Marchena a la Junta Electoral de Las Palmas para que informe de "si me presentaré como candidata a las siguientes elecciones", a celebrar el 26 de junio. Finalmente, cuando se publica la grabación que revela la falsedad de las pruebas, el Tribunal Supremo remite el caso al tribunal competente, el TSJC. Un testigo me cuenta que hubo carreras y gritos en el alto Tribunal. Aún tengo que soportar meses de investigación en paralelo a la de Alba hasta que se sobresee en diciembre de 2016, y personarme como acusación particular: como el fiscal me niega inicialmente la condición de víctima, se personan dos acciones populares con la correspondiente fianza y gastos: mi pareja y el partido político Podemos. El resto es historia. El Supremo declaró que García-Panasco violó mis derechos fundamentales en campaña electoral, y el fiscal general del Estado, nombrado por el PP, De la Maza, lo ascendió. No me digan que no es hermoso que estuviera en el lugar adecuado en el momento oportuno: en el mismo Tribunal Constitucional al que han accedido Arnaldo y Espejel por el PP para decidir sobre su actuación. En la jurisdicción penal, solo Alba ha sido investigado y condenado por su corrupción, siendo evidente que no pudo hacer todo esto solo, y para demostrarlo grabó al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya Valdés, exviceconsejero de Justicia nombrado por el PP; al entonces presidente del TSJC, Antonio Doreste; a la fiscal Evangelina Ríos Dorados, que declaró bajo juramento que la información sobre mi pareja no tenía justificación, pero lo permitió y formuló 82 preguntas ayudando a Alba. Otro magistrado fue grabado sugiriendo a Alba que podía desaparecer la grabación original que le incriminaba. Hemos oido a Alba pedir información sobre mí a empresarios, abogados y asesinos condenados. Y todo ello para servir a Soria, a quien la sentencia menciona en diez ocasiones. Para enfangar las elecciones generales, y para sacarme del escaño de diputada. Mi miedo era racional: todo estaba planeado para que funcionara. Alba hoy sería vocal del CGPJ; Nicolás González-Cuéllar, magistrado del Tribunal Constitucional; Soria iba a suceder a Rajoy hasta que se demostraron sus negocios 'off shore' y sus mentiras dichas con la misma solemnidad con la que anunciaba una querella por unos delitos inexistentes. Los demás siguen en sus puestos togados, creando una desconfianza en el poder judicial que este se queja de que no se merece, pero la ciudadanía tampoco. Un poder que puede cambiar la composición de los otros poderes elegidos democráticamente. Un poder que puede dar mucho miedo. Y a veces, vergüenza. Tras demostrar la verdad, me han reconocido su error el exdirector de El Mundo David Jiménez y el presidente de la Sala 2ª del TS, Manuel Marchena, engañados por Soria y Alba. A ambos he agradecido su gesto. La sentencia firme dice que los documentos falsos engañaron al Tribunal Supremo y me causaron graves daños y perjuicios. Aún estoy esperando la reacción del PP y de otros cómplices. Y la entrada de Alba en prisión.