La derecha en #Uruguay dejó un déficit de 4,1% del PIB más deudas vencidas por U$S1.000 millones. Además varios negocios ruinosos que hay que investigar. Pero en vez de hacerse cargo se victimizan. Llega el momento de responder.
Nuestra visión de largo plazo es más que tener baja inflación y equilibrio, es más que simple crecimiento con desigualdad; pensamos en otro tipo de sociedad y Gustavo Antúnez señala que habrá que cambiar el modelo, antes que sea tarde y ya no quede nada que hacer.
Nunca serán suficientes los esfuerzos para reducir las violencias, por eso hay que actuar de inmediato según los planes propuestos aprovechando todos los recursos; Leonardo Galante nos muestra que hay un plan integral, no solo policial para hacer otra seguridad pública.
En otras palabras
Decidimos cancelar el contrato con Cardama luego que se comprobara que la empresa que actuaba como garante del contrato millonario no existía en la dirección declarada en Londres y que, además, no registraba actividad económica desde hacía más de dos años. Según relató Sánchez, una inspección realizada por la embajada uruguaya en el Reino Unido encontró en el lugar una inmobiliaria, y no las oficinas de la entidad que debía respaldar la operación. «Lo que quedó demostrado es que la empresa que se presentó como garantía de un contrato millonario no estaba en la dirección declarada, no tiene actividad económica y su propietario es un ciudadano ruso radicado en Rusia. Eso es muy grave«.
El secretario agregó que un estudio jurídico británico que asesora al Estado uruguayo confirmó que la supuesta entidad bancaria se encuentra en proceso de liquidación y no mantiene operaciones financieras. Ante esa información, el gobierno decidió frenar el contrato para proteger los recursos públicos y dar curso a la denuncia. «Todos los funcionarios públicos estamos obligados a denunciar cuando existen indicios de un delito. En este caso, el Estado actuó como debía: detuvo el contrato, denunció los hechos y pidió que se investigue si hubo complicidad de funcionarios o si el Estado fue víctima de una maniobra«.
Sánchez subrayó que la medida se tomó «en defensa del Estado uruguayo» y con el objetivo de «preservar el interés nacional». Señaló además que el presidente ordenó iniciar acciones civiles y penales y activar todos los mecanismos legales previstos en el contrato.
El Poder Ejecutivo espera una posición responsable y unitaria de todo el sistema político frente a lo ocurrido. «Lo razonable es que, más allá de las diferencias partidarias, todos los sectores acompañen la investigación hasta el fondo. Primero, hay que comprobar la estafa y luego identificar a los responsables. Este no es un tema menor«. El secretario insistió en que no se trata de una disputa política, sino de un asunto que compromete la transparencia y la seguridad jurídica del país. «No estamos acusando a ningún partido ni a ningún funcionario. Estamos haciendo lo que corresponde: proteger al Estado uruguayo frente a una presunta estafa«.
¿Cómo le decimos a la gente que la plata no alcanza? Primero hay que dejar de tirar millones en contratos dudosos. Nos vemos como cada viernes en:
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