Opinión | José Víctor Rodríguez -Sociedad | ¿El declive del Grupo Tabasco?

Durante los últimos años, el Grupo Tabasco fue considerado la célula política más poderosa del país.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Desde la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador colocó a sus allegados en posiciones clave de la administración pública, bajo el supuesto de que la honestidad bastaba para transformar el gobierno. La experiencia se subordinó a la cercanía, y las consecuencias empiezan a aflorar.

El reciente anuncio de una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública en Tabasco de 2019 a 2024, abre una grieta en la narrativa de integridad que presumía el grupo. La acusación revela no sólo una gestión cuestionable, sino la fragilidad de un aparato construido sobre fidelidades personales y no sobre capacidades profesionales.

Adán Augusto López Hernández, ex gobernador de Tabasco y posteriormente secretario de Gobernación, hoy senador de la República, ha sido el rostro más visible del grupo. Su ascenso en la política nacional no puede explicarse sin su cercanía con el Presidente. La relación familiar e histórica entre ambos sirvió de palanca para abrir espacios a otros tabasqueños que, más allá de sus méritos, terminaron ocupando cargos clave.

Adán Augusto López

El caso de Octavio Romero Oropeza, un ingeniero agrónomo al frente de Petróleos Mexicanos, generó críticas fundadas sobre su idoneidad para dirigir la empresa más endeudada del mundo. Hoy, el deterioro operativo de Pemex y su dependencia del presupuesto federal validan esas preocupaciones.

En el ámbito fiscal, Rosalinda López Hernández, hermana de Adán Augusto, fue colocada al frente de la Auditoría Fiscal Federal. Su vínculo con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, reforzó la idea de que el Grupo Tabasco funcionó como una red de poder político, donde las relaciones personales sustituyeron los procesos institucionales.

La falta de perfil técnico no se limitó a las cúpulas. Javier May Rodríguez, con estudios sólo de preparatoria y experiencia en gestión de programas sociales, fue puesto a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, responsable de obras de alta especialización como el Tren Maya. Su nombramiento expuso el desdén del gobierno federal por la preparación técnica cuando se trata de premiar la lealtad.

El propio presidente justificó estas decisiones al decir que el 90 por ciento del valor de un servidor público es la honestidad. Esa visión desprecia el conocimiento, la experiencia y la capacidad de gestión, y ha convertido al aparato público en un sistema vulnerable, donde errores graves se pagan con dinero público y con vidas.

Lo ocurrido con Hernán Bermúdez no es una anomalía, sino una consecuencia lógica de ese sistema. Su posible responsabilidad penal, más allá de lo que decidan los tribunales, exhibe que la honestidad no se garantiza con declaraciones ni con cargos de confianza, sino con controles eficaces y perfiles profesionales.

El problema no se agota en la esfera federal. Los gobiernos estatales y municipales reproducen esa lógica. En Tabasco, durante el gobierno de Adán Augusto, se consolidó una estructura de intereses bajo el escudo de la 4T. Hoy, esa estructura comienza a resquebrajarse, en parte por la presión judicial, pero también por el desgaste de una narrativa que ya no convence ni a sus propios seguidores.

A nivel local, el caso de Bermúdez pone en entredicho los controles internos de la administración pública estatal. ¿Nadie detectó las irregularidades en tiempo real? ¿El gobernador interino fue informado? ¿Qué papel jugaron los órganos de fiscalización y los congresos estatales en la supervisión del gasto y el ejercicio del poder?

El debilitamiento del Grupo Tabasco ilustra el límite de la política basada en el “me cae bien”. En algún momento, ese grupo funcionó como columna vertebral del proyecto presidencial. Hoy, su protagonismo se reduce a los expedientes judiciales, los cargos polémicos y las decisiones cuestionables en áreas estratégicas.

Es cierto que otros gobiernos también operaron con redes de compadrazgo. Sin embargo, la 4T ofreció ser diferente. La traición a esa promesa no solo decepciona, sino que pone en riesgo los avances reales que pudo haber logrado.

Adán Augusto López y Hernán Bermúdez Requena: MCCI

Los nombramientos deben responder al interés público, no a la lealtad personal. Cuando el mérito se subordina al afecto, el Estado se debilita, y la sociedad termina pagando los costos de una administración basada en vínculos afectivos y no en resultados verificables.

México merece un gobierno que no sólo predique la ética, sino que la practique con reglas, vigilancia y sanciones efectivas. El caso Bermúdez Requena, debe marcar un antes y un después en la evaluación del Grupo Tabasco y del modelo de gobierno basado en el “te conozco desde hace años”.

De lo contrario, más casos similares seguirán apareciendo, y con ellos, la erosión de un proyecto político que alguna vez prometió cambiar la historia del país. Por lo pronto, será que Adán Augusto López Hernández tiene sus días contados como líder del partido Morena en el Senado de la República? o, incluso, su vida política habrá concluido? Ya lo veremos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Opinión | José Víctor Rodríguez -Sociedad | ¿Simulación en Naucalpan, simulación mexiquense?

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

La ética pública no admite atajos. Cuando un gobierno se construye sobre promesas de honestidad, rendición de cuentas y derechos humanos, cualquier fisura representa no solo una contradicción, sino una traición a su propia base moral. El caso de Mitzi Nayelli Segura Matadamas, funcionaria del municipio de Naucalpan, revela un patrón de simulación institucional que debilita la credibilidad de Morena y de los gobiernos que actúan bajo su emblema.

Segura Matadamas aparece en la página oficial del gobierno municipal que dirige Isaac Martín Montoya Márquez como directora del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad.

En su currículum institucional, exhibido por el gobierno municipal de Naucalpan, se afirma que cuenta con una licenciatura en Comunicación por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, una revisión al Registro Nacional de Profesionistas revela que ese título no existe. No se trata de un error menor, sino de una falta que podría derivar en responsabilidades administrativas y penales por usurpación de funciones y falsificación de documentos oficiales.

Mitzi Segura Matadamas

El municipio de Naucalpan, gobernado por Montoya Márquez, enfrenta así una crisis de integridad que alcanza al más alto nivel de su política de género. ¿Cómo puede una administración impulsar políticas públicas de protección a las mujeres cuando coloca al frente de esa tarea a una persona sin la formación, la certificación profesional ni la probidad necesarias?

El problema no se limita a una funcionaria ni a un gobierno local. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuya administración representa la instauración de los principios de Morena en el Estado de México, tiene la obligación moral y legal de sancionar este tipo de prácticas. Permitir que se mantenga a una persona con credenciales académicas falsas en un cargo de responsabilidad pública, además vinculado a los derechos de las mujeres, compromete toda la política de género de la entidad.

Delfina Gómez

Morena prometió regeneración ética. No hay regeneración cuando la opacidad reemplaza la legalidad, ni cuando se otorgan cargos públicos por lealtades partidistas o favores políticos. La trayectoria de Segura Matadamas en administraciones pasadas, incluso bajo gobiernos del Partido Acción Nacional, refuerza la sospecha de una permanencia motivada por conveniencias más que por méritos.

La simulación institucional no solo vulnera el servicio público, también revictimiza a las mujeres que recurren a estas instancias en busca de apoyo. ¿Qué confianza puede tener una víctima de violencia cuando quien dirige el área carece de formación profesional y técnica, pero conserva su cargo por vínculos partidistas?

El delito en cuestión no es menor. Usurpar un título universitario para acceder a un cargo público constituye una falta grave que puede derivar en inhabilitación y responsabilidades penales. Sin embargo, la impunidad parece proteger estas conductas cuando el respaldo político pesa más que la verdad legal.

Naucalpan se convierte así en ejemplo de cómo una estructura de gobierno, en apariencia alineada con los valores progresistas, termina replicando las prácticas del viejo régimen. La ética partidista no puede ser de discurso. La integridad comienza por el cumplimiento riguroso de los requisitos básicos de un cargo público, incluso, al interior del partido Morena, que exige honestidad, transparencia y honradez intachables.

Isaac Montoya

Es imperativo que el gobierno mexiquense intervenga. No se trata de una vendetta política ni de una cacería de errores administrativos. Es una obligación ante el derecho constitucional de los ciudadanos a ser gobernados por personas honestas, preparadas y legalmente habilitadas.

El respeto a los derechos humanos de las mujeres requiere políticas públicas construidas con rigor. No puede basarse en la improvisación, la mentira ni el clientelismo. La “directora” del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad es, hoy, el ejemplo más claro de cómo una causa justa puede corromperse desde su raíz.

Punto Cero

En medio del escándalo que involucra a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública en por liderar el narcotráfico en Tabasco, buscado por la Interpol, el actual senador Adán Augusto López Hernández, gobernador tabasqueño durante la gestión de Bermúdez Requena, reapareció en redes sociales tras varios días sin actos públicos. En su mensaje, defendió su gestión como gobernador de Tabasco y afirmó estar a disposición de cualquier autoridad que lo requiera.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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