🔥 ■ Chei lleva 13 años en Bali y avisa a los influencers que sueñan con mudarse: "La policía es corrupta y todo se soluciona con dinero" ■ La isla sudasiática "no es cómo te lo venden".
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🎙 PODCAST | Hasta la cocina de la corrupción: el gran juicio de la Kitchen
La gran pregunta que marca el juicio de Kitchen e impacta en el PP: ¿quién ordenó espiar a Bárcenas?
— Pedro Águeda, periodísta de investigación de @eldiarioes.
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«“Se me conminó a que no pusiera el nombre de Rajoy”
Manuel Morocho, inspector de policía que se enfrentó a la corrupción policial de sus superiores durante los años como investigador de los casos Gürtel y caja B del PP».
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Denuncian extorsión a gaseros en el estado de México
Empresarios denunciaron presunta extorsión policial en puntos de venta de gas.
Por Mireya Estrada | Corresponsal
Empresarios de la industria del Gas Licuado de Petróleo (LP) denunciaron una presunta red de extorsión en municipios del norte del Estado de México. Los señalamientos involucraron a elementos de la Policía Ministerial Federal adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR). Los hechos se reportaron desde diciembre pasado en establecimientos legalmente constituidos.
De acuerdo con testimonios recabados, los agentes realizaron supuestos operativos de verificación en puntos de venta de gas LP. Las acciones se concentraron principalmente durante fines de semana. Los empresarios indicaron que las revisiones se presentaron como parte de un combate al combustible robado.
Los establecimientos afectados se ubicaron en Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero. En esas demarcaciones operaron puntos de distribución de gas LP y gasolinerías. Los propietarios señalaron que los agentes carecieron de órdenes formales.
Operativos sin sustento
Los denunciantes afirmaron que los operativos no contaron con respaldo legal. Señalaron que los agentes no exhibieron documentación oficial ni mandatos judiciales. Aun así, realizaron revisiones superficiales en los negocios.
Tras las inspecciones, los policías advirtieron supuestas irregularidades administrativas. Según los testimonios, las amenazas incluyeron clausuras y apertura de carpetas de investigación. Estas advertencias derivaron en exigencias económicas periódicas.
Los montos solicitados oscilaron entre 100 mil y 200 mil pesos mensuales. Los empresarios afirmaron que las cantidades variaron según el establecimiento. Las exigencias se mantuvieron de forma reiterada.
Amenazas y presión
Los afectados señalaron que los agentes amenazaron con clausuras prolongadas. Indicaron que los cierres podrían extenderse hasta un año mientras avanzaban investigaciones. Este escenario generó presión económica inmediata.
En algunos casos, tras minutos de la revisión apareció un agente del Ministerio Público. Los empresarios señalaron que éste mostró supuestas órdenes judiciales. La presencia reforzó la intimidación hacia propietarios y trabajadores.
Un empresario que solicitó anonimato relató que los agentes sí pertenecieron a la corporación. Sin embargo, afirmó que no estaban facultados para ese tipo de inspecciones. La advertencia constante fue la clausura indefinida del negocio. –sn–
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