El 'caso Leire' devuelve al foco judicial a Zarrías, último patriarca del 'Antiguo Testamento' del socialismo andaluz
El 'caso Leire' devuelve al foco judicial a Zarrías, último patriarca del 'Antiguo Testamento' del socialismo andaluz
🗳️ ■ La Audiencia de Sevilla eleva a Europa las sentencias sobre los ERE para evitar "riesgo de impunidad" ■ Suspende la tramitación de la causa "en lo que se refiere a la ejecución de los […]
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El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de la exministra Magdalena Álvarez contra su condena por prevaricación en el caso de los ERE de Andalucía, anulando la sanción de nueve años de inhabilitación que le impuso la Audiencia de Sevilla y obligando a repetir parte de la resolución. El pleno, con mayoría de los siete progresistas frente a los cuatro conservadores del tribunal, ha sacado adelante una ponencia que cuestiona que los altos cargos de la Junta de Andalucía fueran condenados por prevaricación, un delito atribuido a los 16 condenados, entre ellos al expresidente Manuel Chaves, y ordena a la Audiencia de Sevilla el dictado de una nueva resolución. Se trata de la segunda decisión que toma el pleno del Constitucional sobre el caso de los ERE de Andalucía después de admitir a trámite todos los recursos hace un año. Este lunes y por unanimidad el tribunal rechazó el recurso del exconsejero José Antonio Viera, condenado a siete años de cárcel por prevaricación y malversación de caudales públicos. En su caso, la decisión de los magistrados no permite extrapolar el rechazo a otros condenados por los mismos delitos: su recurso ha quedado rechazado por deficiencias técnicas y por expresar sus quejas en "términos genéricos", sin que el pleno entrara a examinar a fondo su condena. "Absoluta falta de control" en casi 700 millones de euros Los tribunales han declarado probado que detrás del título de 'caso de los ERE' se esconde la adjudicación descontrolada de 670 millones de euros en partidas de ayudas a empresas y trabajadores. Ayudas que, según la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo, acabaron en muchos casos en bolsillos de personas que no tenían acceso a ellas porque, desde el mismo momento de su creación, se buscó la ausencia de controles por parte de la administración andaluza. La Audiencia de Sevilla, que avaló posteriormente el Tribunal Supremo, condenó a 19 antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía durante los gobiernos de José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Nueve de ellos fueron condenados a penas de inhabilitación por prevaricación continuada, entre ellos Magdalena Álvarez, Manuel Chaves o Gaspar Zarrías. Los otros diez también recibieron condenas de hasta siete años y once meses de presidio por malversación: José Antonio Griñán, Francisco Javier Guerrero o Carmen Martínez Aguayo, entre otros. En cuanto al delito de prevaricación, se impuso a quienes concedieron las ayudas pero también a los altos cargos que "intervinieron de forma determinante" en la aprobación de las partidas presupuestarias al hacerlo a través de transferencias de financiación y, por tanto, eludiendo cualquier control de la Junta. Los jueces entendieron que los "eslabones necesarios" en el proceso eran resoluciones a efectos penales, también los proyectos de ley de presupuestos entre 2002 y 2009. En cuanto a la malversación, los jueces atribuyeron este delito penado con cárcel a los que "concedieron y pagaron" las ayudas, pero también a quienes "permitieron que se pagaran" conociendo las "gravísimas ilegalidades" del procedimiento. Para los magistrados del tribunal andaluz, Griñán "era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó" y Chaves fue también "plenamente consciente" de esas irregularidades. Existió, según esa primera sentencia, "una absoluta falta de control de la concesión de subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis". Posteriormente el Supremo solo modificó la resolución para absolver a Javier Aguado, Francisco Sánchez y Lourdes Medina, secretarios generales técnicos, y rebajar la condena de Juan Márquez por reparación del daño.
El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha tachado de "injusta" la sentencia por el 'caso ERE' contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a quienes considera "inocentes", pero ha evitado aclarar si apoya que se les conceda el indulto. Sus palabras llegan después de conocerse que la mujer y el hijo de Griñán van a solicitar al Gobierno esa medida de gracia y que la petición contará con el apoyo de los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. "Los indultos tienen su procedimiento y es lo que hay que esperar", ha comentado el 'número tres' del PSOE en declaraciones a Europa Press, incidiendo en que por ahora solo se conoce el fallo pero no la sentencia del Tribunal Supremo y recordando que dos de las magistradas manifestaron expresaron un voto discrepante. "Tenemos que esperar a conocer íntegra la sentencia y luego cada procedimiento tiene su proceso", ha insistido, escudándose en dicho procedimiento para evitar aclarar si él sería partidario de que se concediera el indulto a los dos altos cargos socialistas. Cerdán tampoco ha querido responder a si en el PSOE consideran que indultar a Griñán y Chaves podría afectarles en las próximas citas con las urnas, limitándose a esgrimir que "es injusta la sentencia" que pesa contra ellos. En opinión del secretario de Organización del PSOE, el 'caso ERE' no es "comparable" con 'Gurtel', 'Púnica' u otros casos que han salpicado al PP, aunque se les quiera "equiparar", ya que "no deja de ser una mala gestión de unas ayudas que estaban con un propósito muy loable que era ayudar a trabajadores y empresas donde unos irresponsables y chorizos se aprovecharon de ello". "Fueron unos pocos", ha subrayado, pero "están pagando en este caso inocentes como es el caso de los expresidentes Chaves y Griñán". Según Cerdán, "aquí no ha habido enriquecimiento por parte de nadie, no ha habido financiación de ningún partido, el dinero fue a las empresas y los trabajadores de ellas, y una parte a esos que se aprovecharon de esa situación". "En España no es que la corrupción se llame 'Gurtel', ni se llame 'Lezo', o se llame 'Púnica', la corrupción se llama hoy Partido Popular", ha defendido el dirigente socialista, que ha admitido que "la corrupción es toda grave" tras recordarle que en el caso del expresidente Mariano Rajoy tampoco se demostró su enriquecimiento pero fue objeto de una moción de censura. "La moción de censura no fue contra Rajoy, era contra todo lo que representaba el PP y su presidente Mariano Rajoy", ha afirmado, insistiendo en que el partido fue "condenado por corrupción".
"Están pagando justos por pecadores". Es la lectura que ha hecho Pedro Sánchez de la ratificación de las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE. El presidente del Gobierno ha enfatizado que los exdirigentes socialistas ya dirimieron sus responsabilidades políticas al dimitir "hace más de un lustro" y sobre todo que no han sido acusados ni por enriquecerse personalmente ni por haber financiado irregularmente al PSOE. Lo que no ha querido es pronunciarse sobre los posibles indultos que puedan solicitar los afectados, especialmente Griñán, que está condenado a seis años de prisión. Su defensa ya ha anunciado que recurrirá al Constitucional la sentencia del Supremo y pedirá suspender la ejecución de su condena para evitar la entrada en la cárcel. "Respetamos, como siempre, las decisiones judiciales", ha comenzado Sánchez en contestación a los periodistas en una rueda de prensa en Varsovia, donde ha comparecido junto al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, tras celebrar una reunión de alto nivel entre ambos países: "Hemos conocido el fallo judicial. No conocemos el contenido de la sentencia, hasta septiembre no vamos a poder tener una lectura clara". Las palabras del presidente denotan un cierto enfado con el tribunal. Fuentes gubernamentales critican que vayan a tardar más de un mes en hacer pública la sentencia tras haber dado a conocer la ratificación de las condenas. A diferencia de otras ocasiones, cuando el PSOE marcó distancias con los expresidentes andaluces, en esta ocasión ha salido en su defensa al lamentar las altas condenas, especialmente la de Griñán, sin que se hayan llevado "ni un euro" de las arcas públicas a sus bolsillos. "Chaves y Griñán dimitieron de sus responsabilidades políticas hace más de un lustro. No han sido condenados y ni siquiera acusados de haberse lucrado ni haberse llevado un céntimo de euro ni haber financiado irregularmente el partido", ha aseverado Sánchez, que ha vuelto a repetir que "no ha habido enriquecimiento, ni financiación irregular y sí responsabilidades políticas" antes de asegurar que preside "un gobierno limpio, que ha sido siempre implacable contra la corrupción". "Hemos condenado siempre los comportamientos de quienes se aprovecharon de un mecanismo aprobado por el Gobierno andaluz y el Parlamento de Andalucía que ayudó a cientos de trabajadores y empresas en momentos de muchísima dificultad. En ningún momento se puede afirmar que Chaves y Griñán hayan tenido nada que ver con nada de lo que antes he señalado. Podemos afirmar que están pagando justos por pecadores", ha afirmado Sánchez. La pregunta que deja sin responder el Ejecutivo es si lo que hicieron Chaves y Griñán puede considerarse corrupción dado que Sánchez defendió modificar la ley para prohibir que se pueda conceder el perdón gubernamental a personas condenadas por ese tipo de delitos. "Pronunciarme sobre hipótesis no procede. Los pasos que han decidido las defensas serán los que sean y el Gobierno lo que va a hacer es actuar en el marco de la ley y colaborando con la justicia", ha respondido el presidente a la pregunta sobre la medida de gracia para los expresidentes andaluces. A Sánchez le han preguntado también por la situación del periodista español Pablo González, encarcelado en Polonia desde hace 150 días acusado de espiar para Rusia. El presidente ha reconocido que ha abordado el asunto con el primer ministro Morawiecki, pero no ha dado más detalles. "He agradecido la colaboración del Gobierno polaco", ha afirmado el presidente, que ha recordado que González "recibe asistencia consular como cualquier otro ciudadano español en esta situación" y que "el cónsul le ha visitado en varias ocasiones y le ha encontrado bien". "Este es un asunto que está en manos de los tribunales polacos", ha agregado Sánchez, que ha mostrado respeto al "Estado de derecho y la justicia polaca" al igual que lo solicita "siempre" para la justicia española. También ha asegurado que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, está en contacto con su homólogo polaco "para hacer seguimiento sobre el tema y prestar apoyo a la familia del español que está ahora mismo sometido a juicio". Sánchez ha viajado este miércoles a Varsovia acompañado de los ministros de Exteriores, Defensa, Comercio, Industria y Turismo, Transportes y Seguridad Social e Inclusión, este último como gesto por la labor que está desempeñando Polonia en la acogida de refugiados. La reunión de alto nivel, que sigue a la que en mayo de 2021 se celebró en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, persigue reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países, que tienen importantes relaciones comerciales con una balanza que superó el pasado año los 14.000 millones de euros. En esta ocasión, la presencia de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, buscaba suscripción de una declaración marco de apoyo para el contrato que ha suscrito Ineco en el marco de del proyecto de conexiones "Nudo de Transporte Solidaridad" en Polonia, que tiene un potencial económico de unos 28.000 millones, según fuentes del Gobierno español. En el caso de Margarita Robles, ha firmado un memorando de entendimiento en materia de Defensa con el Gobierno polaco. Preguntado por el incremento del gasto militar en los próximos presupuestos, que es un asunto que despierta las reticencias de Unidas Podemos y también de los aliados parlamentarios de la izquierda, Sánchez ha evitado dar cifras concretas y se ha ceñido a defender que el aumento suponga llegar al 2% del PIB en 2029.
Por mucho que se esperara desde hace meses, la comunicación del fallo del Tribunal Supremo en el caso de los ERE, sin sentencia "como en otras ocasiones similares", pilló desprevenidos a unos y a otros precisamente porque no había donde sujetar jurídicamente la estimación o desestimación de los recursos de casación que se habían interpuesto. La escueta nota de prensa del tribunal "en atención a la relevancia pública del caso" y que anticipaba este martes el fallo, que confirma las condenas principales y envía seis años a prisión al expresidente de la Junta José Antonio Griñán, ha servido al PSOE para aferrarse a la discrepancia expuesta al respecto por dos magistradas, aún no conocida en detalle a la espera de "que se redacte", quienes consideran que tanto Griñán como dos exconsejeros y dos exdirigentes de IFA-IDEA "deberían haber sido absueltos del delito continuado de malversación de caudales públicos", según el anticipo de la postura de las dos magistradas, también avanzada en la nota del Supremo facilitada a la prensa. Juan Espadas, secretario general de los socialistas andaluces, ha sido claro a la hora de defender esa postura que por ahora basa en esa “controversia jurídica” y que hace ver que el fallo no ha sido unánime en esta pieza separada de la macrocausa. Ese "voto discrepante", como lo denomina el Supremo, según Espadas “justifica sobradamente que, desde este partido tengamos una posición que, cuando conozcamos el voto particular” de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, "sepamos si se aproxima sin duda al resultado final de considerar que, efectivamente, no existe la calificación de ese delito de malversación que esos otros tres magistrados sí han considerado”. Así lo ha ratificado el Supremo en su fallo que da pie a una sentencia que Griñán ya ha anunciado que recurrirá en el Tribunal Constitucional. Su abogado ve “incorrecta, errónea” y “claramente injusta” la sentencia, reitera que su cliente “nunca ha cogido ni un euro de los fondos públicos” y atisba “un rayo de esperanza” en los votos discrepantes. En ese voto discrepante "se considera que también deberían haber sido estimados parcialmente los recursos interpuestos por don Miguel Ángel Serrano Aguilar, don Jesús María Rodríguez Román, don Francisco Vallejo Serrano, doña Carmen Martínez Aguayo y don José Antonio Griñán Martínez y que, anulada la sentencia de instancia, estos recurrentes deberían haber sido absueltos del delito continuado de malversación de caudales públicos", ha dicho el Supremo, lo que ha dado pie también al PSOE federal, quien ha remarcado que "ni Griñán ni Chaves en ningún momento se beneficiaron personalmente de nada, y por eso bien puede decirse que pagan justos por pecadores”, como también expuso Espadas en rueda de prensa. “Todos los pronunciamientos judiciales concluyen que no hubo enriquecimiento personal, esto es concluyente, está en todos los pronunciamientos”, ha dicho también este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Las subvenciones a personas físicas Hubo un precedente incluso en la anterior decisión judicial del Supremo, en junio de 2015: no todo el dinero de los ERE fue defraudado en perjuicio del erario público. Al no haber trascendido aún la sentencia última, aún no se conoce cómo se ha resuelto esa cuestión, pero la propia sentencia de la Audiencia de Sevilla de noviembre de 2019, ratificada por el Supremo ahora en la mayor parte de su contenido, ya excluyó de la malversación las ayudas directas a los trabajadores cuando castigó penalmente a 19 exaltos cargos de la Junta por la creación y mantenimiento del sistema de concesión de ayudas al excluir ciertos conceptos (como las 'subvenciones a personas físicas que fueron afectadas por un ERE') y ciertas cantidades de ese dato global de los créditos presupuestarios de los programas 22E y 31L que se han venido juzgando. También lo asumió la propia Junta cuando afirmó que seguiría abonando las ayudas a los 6.000 prejubilados que se beneficiaron de los ERE pese a que aún el montante global del fraude se sitúa en 680 millones mientras no diga otra cosa el Supremo o no se detalle el dinero malversado. “¿Cómo se puede condenar por malversación de caudales a mi cliente si no me dicen qué cantidad ha malversado?”, se preguntaba un abogado de las defensas ya tras la primera sentencia. Otras defensas plantearon ya en la instrucción llamar a capítulo a esos prejubilados por si tenían algún tipo de responsabilidad “a título lucrativo”. Espadas ha hecho referencia expresa a esa cuestión cuando ha dicho este martes que aquellas ayudas, bajo un sistema no desprovisro de "errores" y de "conductas reprobables", sirvieron para "salvar a buena parte del tejido productivo andaluz” y “evitando que más de 6.000 personas se fueran al paro” con unas ayudas que “el Gobierno de Moreno ha seguido abonando durante toda la pasada legislatura”. Malversación de ida y vuelta Sin detenerse en detalles, Espadas también ha aludido a que aquel procedimiento para la concesión de ayudas “se activó con el mismo marco normativo que en otras comunidades autónomas” y con “los mismos operadores”. “Si también se hubieran mirado con la misma lupa se habrían encontrado deficiencias”, ha enfatizado. Ya el ahora fallecido exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero expuso durante la instrucción y en el propio juicio que el sistema que usó la Junta de Andalucía era “exactamente el mismo” que el que venía usando el Ministerio de Empleo desde 1995. Habrá que ver cuáles son los argumentos concretos del Supremo en ese sentido después de que, al contrario del primer parecer del Supremo, cuyo instructor, Alberto Jorge Barreiro, rechazó encausarle por malversación en aquella exposición motivada de 2015. Fue un año después, en junio de 2016, cuando el juez de Sevilla Álvaro Martín (el tercer instructor de la macrocausa tras la jueza Mercedes Alaya y María Núñez Bolaños) el que transformó definitivamente las diligencias previas en procedimiento abreviado contra los exdirigentes de la Junta e incluyó toda la cantidad presuntamente malversada en esta 'pieza política' del caso de los ERE, ahora ratificada según el fallo del Supremo. Descontrol en la concesión de ayudas En 2019, la Audiencia de Sevilla declaró probado que en los años noventa la Junta de Andalucía y su Consejería de Empleo pusieron en marcha un sistema de ayudas de dinero público para las empresas que contratasen a trabajadores con una edad cercana a la jubilación y también a empresas en crisis. Un sistema que se extendió entre los años 2000 y 2009 y que siguió adelante a pesar de los múltiples reparos, entre otros, de la Intervención de la Junta de Andalucía. Estos millones de euros se canalizaban de manera irregular a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) valiéndose de modificaciones presupuestarias igualmente irregulares y evitando la mayoría de los controles y filtros de la administración para enviar el dinero lo más rápido posible a las empresas y trabajadores. Las consecuencias de este descontrol perpetrado bajo los gobiernos de Chaves y Griñán, según sentenció la Audiencia de Sevilla, fue que muchos trabajadores y empresas en crisis que podrían haber optado a estas ayudas no lo hicieron, mientras que otros que ya no tenían derecho siguieron cobrando durante años. Según el cálculo del tribunal provincial sevillano, entre 2000 y 2009 se transfirieron de esta manera irregular 679,4 millones de euros para pagar estas ayudas sociolaborales y a empresas. Todos los condenados llevaron su caso hasta el Tribunal Supremo y la Fiscalía pidió que la sentencia fuera confirmada. “Todo este sistema era prevaricador”, dijo el fiscal ante la sala de lo penal del Supremo el pasado mes de mayo. Las defensas, por su parte, afirmaron que todo este caso estaba basado en “una conjetura colosal” con Chaves negando que sus resoluciones sean prevaricadores y Griñán esgrimiendo que el sistema de ayudas cuestionado ya existía cuando se puso al frente de la Consejería de Economía de la Junta.
El Tribunal Supremo ha decidido confirmar las condenas de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves por su participación en el caso de los ERE de esa comunidad autónoma. En el caso de Chaves, los jueces de la sala de lo penal confirman su condena de nueve años de inhabilitación y en el de Griñán de seis años de prisión, lo que implicará su entrada en prisión. El fallo no se ha aprobado por unanimidad sino "por mayoría" de tres a dos de los miembros que han integrado la Sala, informa el Tribunal Supremo. Las dos magistradas Susana Polo y Ana Ferrer han anunciado que dictarán un voto discrepante. Ha presidido el tribunal Juan Ramón Berdugo y le han acompañado en el fallo que se ha impuesto Carmen Lamela y Eduardo de Porres. El tribunal ha estimado tres recursos de casación y parcialmente uno más y ha desestimado todos los demás, incluidos los de Chaves y Griñán. Por este motivo, el Tribunal Supremo ha acordado anular la sentencia en primera instancia y redactar una nueva que se conocerá próximamente. En 2019, la Audiencia de Sevilla declaró probado que en los años noventa la Junta de Andalucía y su Consejería de Empleo pusieron en marcha un sistema de ayudas de dinero público para las empresas que contratasen a trabajadores con una edad cercana a la jubilación y también a empresas en crisis. Un sistema que se extendió entre los años 2000 y 2009 y que siguió adelante a pesar de los múltiples reparos, entre otros, de la Intervención de la Junta de Andalucía. Estos millones de euros se canalizaban de manera irregular a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) valiéndose de modificaciones presupuestarias igualmente irregulares y evitando la mayoría de los controles y filtros de la administración para enviar el dinero lo más rápido posible a las empresas y trabajadores. Las consecuencias de este descontrol perpetrado bajo los gobiernos de Cháves y Griñán, según sentenció la Audiencia de Sevilla, fue que muchos trabajadores y empresas en crisis que podrían haber optado a estas ayudas no lo hicieron, mientras que otros que ya no tenían derecho siguieron cobrando durante años. Según el cálculo del tribunal provincial sevillano, entre 2000 y 2009 se transfirieron de esta manera irregular 679,4 millones de euros para pagar estas ayudas sociolaborales y a empresas. Todos los condenados llevaron su caso hasta el Tribunal Supremo y la Fiscalía pidió que la sentencia fuera confirmada. "Todo este sistema era prevaricador", dijo el fiscal ante la sala de lo penal del Supremo el pasado mes de mayo. Las defensas, por su parte, afirmaron que todo este caso estaba basado en "una conjetura colosal" con Chaves negando que sus resoluciones sean prevaricadores y Griñán esgrimiendo que el sistema de ayudas cuestionado ya existía cuando se puso al frente de la Consejería de Economía de la Junta.