Carlos Cuerpo: "La legislatura no está en riesgo por la ausencia de Presupuestos"
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (Badajoz, 1980), defiende con arraigo la respuesta social del Gobierno de coalición a la doble crisis del shock de la pandemia y de la inflación. "El círculo virtuoso" en el que ha entrado la economía española "no aparece en los libros tradicionales", dice. La afirmación no es baladí, sirve para marcar distancia con su antecesora, Nadia Calviño, quien era considerada la principal representante de la ortodoxia en el anterior Ejecutivo de coalición. Cuerpo fue secretario general del Tesoro Público desde 2021, hasta que la propia Calviño se marchó a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a finales de 2023. Esa experiencia y sus pasos anteriores por la Comisión Europea y por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se dejan ver en la solemnidad con la que habla de cumplir con el objetivo de rebajar el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos) o en la soltura con la que explica que no hay que alarmarse por el nivel de deuda. También muestra una especial preocupación por reducir la desigualdad y celebra especialmente las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La anécdota del ministro de Economía "moderno" que va en traje y zapatillas, que en ocasiones se deja barba y que no usa corbata se filtra a su discurso. Pero nunca se aleja de los conceptos de "responsabilidad" y "equilibrio", que repite constantemente cuando habla de políticas económicas. Un perfil así no debe estar nada cómodo con que el Gobierno de coalición haya renunciado a aprobar unos Presupuestos para este año por la inestabilidad política. De momento, lo niega: "La prórroga de los de 2023 deja espacio para seguir avanzando". Pero lo cierto es que él, que cumple una función crucial al frente de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (el órgano en que los ministros del ramo discuten las principales decisiones de la materia y el Ejecutivo), tendrá que arreglárselas para encajar la realidad económica de este año con el mismo techo de gasto y conflictos abiertos como el del campo o problemas como la inaccesibilidad de la vivienda en muchas regiones y ciudades. ¿Cuáles son las principales consecuencias de que el Gobierno de coalición no pueda aprobar los Presupuestos Generales de 2024? ¿Era un escenario que se contemplaba? Estábamos intentando ser capaces de aprobar los Presupuestos para el año 2024, ya que es una señal importante. Aunque es cierto que ya empezó el año con los Presupuestos de 2023 prorrogados. En términos prácticos, el espacio que genera esta prórroga es suficiente para seguir avanzando con las prioridades políticas para este año 2024, y concentrar ahora el esfuerzo en los Presupuestos del año 2025, incluyendo todo lo que tiene que ver con las inversiones y los compromisos del Plan de Recuperación. ¿La imposibilidad de aprobar los Presupuestos significa que está en riesgo la legislatura? No, yo creo que no. Como he dicho, ya se había avanzado bastante en la negociación de los presupuestos del año 2024. Estamos ya bien entrado en este año 2024 y es un buen momento para empezar a pensar precisamente en el siguiente ciclo presupuestario y tener unos Presupuestos del 2025 que estén acondicionados a nuestras prioridades económicas y sociales. Y que además estén ajustados también al nuevo marco de reglas fiscales europeo, que empieza a ser aplicable en el año 2025. Es decir, que los tiempos coinciden bien. El Plan Presupuestario de 2023 que el Gobierno envió a la Comisión Europea en otoño incluyó el objetivo de reducir el déficit público al 3% del PIB, ¿se puede lograr esta meta sin Presupuestos? El objetivo del 3% de déficit para 2024 es un objetivo importantísimo no solo por la señal que manda de seguir reduciendo nuestro déficit y nuestra deuda, sino también porque es una cifra importante en términos de las reglas fiscales europeas. El 3% es el umbral al cual debemos aspirar. Respecto al Plan Presupuestario, las cifras contemplan un escenario que se conoce como 'no policy change', a políticas constantes, que es consistente con un escenario de prórroga presupuestaria. Es decir, tampoco cambia nada con respecto a los compromisos que ya validó la Comisión Europea porque cumplíamos con las recomendaciones que se nos dieron en la primavera pasada. Las nuevas reglas fiscales de la UE acaban con la flexibilidad que ha tenido el Gobierno desde la pandemia para aumentar el gasto y apoyar el crecimiento económico y las medidas de protección de rentas, tanto de las familias como de las empresas. Esa flexibilidad que hemos tenido en estos últimos años no ha sido óbice para que hayamos reducido el déficit. Hemos conseguido una reducción constante de nuestro déficit y de nuestra deuda. Las previsiones que tenemos para el año 2024 de deuda es estar en torno al 106%, serán 20 puntos por debajo del pico que tuvimos a inicios del año 2021. En apenas cuatro años se habrá reducido la deuda en 20 puntos porcentuales. Recordemos, estaríamos en el 106% del PIB acercándonos o intentando llegar al 100%, que es más o menos el nivel pre COVID. Habríamos cubierto ya más de las dos terceras partes del incremento de deuda que se necesitó para responder a la pandemia. Con lo cual, que no haya habido reglas no ha sido razón para que no hayamos tenido también un elemento de responsabilidad en términos fiscales. Las distintas previsiones apuntan a que el endeudamiento se estancará por encima del 100% del PIB en los próximos años. Las proyecciones se basan en unos supuestos en los que el déficit se mantiene cerca de los niveles actuales o de finales de 2024, como si no fuera a haber un esfuerzo adicional. El objetivo es reducir el déficit y que esto nos permita reducir la deuda. Además, al final, la sostenibilidad de la deuda se mide de manera más amplia. No solo es el stock de deuda que tienes. También es el coste que te supone la carga de intereses, como a cualquier familia. En el Tesoro nos estuvimos preparando durante mucho tiempo, precisamente para un posible incremento de los tipos de interés, a través de un alargamiento de la vida media de la deuda hasta los 8 años. ¿Y esto qué supone? Supone que cada año solo tenemos que refinanciar más o menos entre el 12% y el 14% del total de nuestra deuda. Esto es una especie de colchón para que, ante subidas rápidas del Banco Central Europeo como la actual, que ha sido de 450 puntos básicos, solo tenemos que refinanciar una parte pequeña. El coste de nuestra deuda apenas ha subido 40 puntos básicos [del 2,1% al 2,5%, aproximadamente]. Es decir, diez veces menos. ¿La fragmentación parlamentaria y sobre todo las dificultades para poner de acuerdo a los socios de Gobierno o a los partidos que apoyaron la investidura hacen peligrar el despliegue del Plan de Recuperación? El desacuerdo sobre la reforma del subsidio de desempleo ha provocado una extensión de 2 meses de la evaluación de la Comisión Europea para la concesión del cuarto pago. La extensión del plazo de evaluación del cuarto desembolso no está relacionado con el hito específico del subsidio. La extensión de estos dos meses está relacionada con ajustes técnicos en distintos hitos para facilitar su evaluación. Respecto a la cuestión específica del subsidio, yo creo que estamos avanzando de forma notable y sería optimista. Lo importante es que esta reforma salga y que sea equilibrada tal cual la teníamos en su propuesta anterior, porque es una reforma importante para el mercado de trabajo y para liberar los fondos europeos. Es un doble beneficio en lo que estamos trabajando. Este jueves, la Comisión Europea felicitó a España por la reforma laboral y por otros hitos ligados al Plan Recuperación, pero recordó la falta de una reforma fiscal. ¿La inestabilidad política va a permitir abordarla? Tenemos que acostumbrarnos a los equilibrios parlamentarios, donde las mayorías absolutas son una excepción. Con lo cual, no es un tema de inestabilidad política, sino un tema de negociación y de llegar a acuerdos, que muchas veces son positivos ya que los resultados finales son reformas y medidas más equilibrados. Este ha sido el caso de la reforma laboral, pero también de las reformas que queden pendientes en el marco del Plan de Recuperación. Y una de ellas es, por supuesto, la reforma fiscal, que se corresponde con los siguientes desembolsos que tenemos y en la que ya estamos trabajando. De hecho, pese a que la Comisión está evaluando el cuarto desembolso, nosotros seguimos trabajando en el cumplimiento de los hitos del quinto y del sexto. ¿El Libro Blanco de 2022 sobre el sistema tributario va a ser la base sobre la que se va a abordar esta reforma fiscal? Es una aportación interesante y muy útil, porque es una recopilación de las opiniones de grandes expertos en este tema y, por supuesto, la propia ministra de Hacienda, la vicepresidenta primera, así lo recogió. Dentro de esa reforma fiscal, ¿se incluye permanentes los impuestos temporales a la banca y a las energéticas? Mi primer mensaje aquí tiene que ser claro: las medidas que introducimos en el momento inicial de la respuesta al shock de la inflación han sido eficaces en cuanto a que han ayudado a tener una aportación más justa de estos dos sectores, con una recaudación en torno a los 3.000 millones de de euros anuales. Además han sido equilibradas porque no han ido en contra de los resultados o de la solvencia de las empresas en el sector energético, ni en el financiero. Es la vía a la hora de plantear cualquier elemento, por lo menos por nuestra parte, de reforma en el sistema tributario. Ahora mismo estamos en una situación de prórroga. Este año tendremos que decidir si finalmente se hacen permanentes o no, y cuál es la configuración final. Pero, ¿usted está de acuerdo en que sean permanentes? Bueno, estamos en esa reflexión. La discusión sobre la permanencia o no de estas figuras hay que verla en el marco general del sistema tributario. En los últimos días, ha habido varias revisiones al alza de las previsiones de crecimiento económico de nuestro país (del Banco de España, BBVA, Caixabank, Funcas…), hasta alinearse con el Gobierno en un avance del 2% del PIB en 2024… ¿Puede seguir la economía española sorprendiendo positivamente en los próximos trimestres? ¿De qué dependerá? Es un patrón que vimos también el año pasado, donde hubo una convergencia por parte de todos los analistas hacia el objetivo del 2,4% del Gobierno, que incluso acabó siendo ligeramente superior. Acabamos con un 2,5%, con cierta aceleración a final de 2023. Esto es muy importante porque da un efecto arrastre positivo para el 2024 y cuando lo juntas con que el pulso se está manteniendo —por ejemplo, cuando miramos la creación de empleo o el gasto de las familias— pues nos posiciona en un buen punto de partida para cumplir con este 2% que el Gobierno tiene como previsión. Desde luego, la fortaleza del mercado laboral es clave y tiene muchas derivadas. Entre otras, el impacto positivo en términos de consumo privado. Esperemos pronto rebasar ese límite de los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, con una recuperación además de poder adquisitivo, puesto que los salarios están subiendo por encima de la inflación. Luego tenemos un sector exterior que está aguantando en España, pese a la situación de desaceleración de nuestros principales socios. Esperamos también que poco a poco la inversión vaya siendo otro vector de crecimiento. ¿Este crecimiento económico está llegando a todas las familias? Los datos muestran que muchos hogares pasan apuros para llegar a fin de mes. Las familias han acusado el impacto de la subida de los precios y del incremento de los tipos de interés. Eso es obvio. Hemos tenido hace solo un año y medio tasas de inflación por encima del 10%, junto al encarecimiento de las hipotecas. Evidentemente, ha afectado a su capacidad de ahorro, de gastos que han tenido que recortar... Creo que ahí tenemos que ser todos conscientes del esfuerzo y de la importancia de que esto se vaya aliviando. Por nuestra parte, hemos sido conscientes de que teníamos que apoyar a los hogares con el escudo social, las medidas de soporte, las bajada de impuestos relacionados con algunos productos esenciales, incluyendo la energía. Entre todos, compartiendo el esfuerzo, estamos consiguiendo que el daño sea mucho menos lesivo que lo que fue la salida de la crisis anterior. ¿No es frustrante que se haya dado una respuesta muy diferente pero que haya familias que estén ahogadas por la inflación? Al contrario, hay que reivindicar una respuesta diferencial a las crisis anteriores. Porque además está permitiendo un círculo virtuoso. Somos capaces de crecer, de que se reduzca la desigualdad en la salida de una crisis, cosa que no es obvia y que no se había producido anteriormente. Y se ha hecho de forma responsable: reduciendo nuestra huella de impacto ambiental, reduciendo nuestra deuda y nuestro déficit. Además, con una apertura al exterior, con una competitividad adicional de nuestras empresas, que se moderen las subidas de los precios... Este círculo virtuoso no aparece en los libros tradicionales. Se veía imposible hace apenas unos años y se está consiguiendo. Claro que nos gustaría que las familias estuvieran en una situación lo más desahogada posible, pero yo creo que hay que valorar la situación actual y qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido esta respuesta. Sin la subida del SMI, sin un mantenimiento del empleo y un crecimiento de la creación de puestos de trabajo como el que estamos teniendo, sin subidas de los salarios... Ahora tenemos que ser capaces de conseguir que esos hogares que todavía tienen su capacidad de gasto mensual muy limitada por la evolución de los precios vayan poco a poco mejorando su situación. Una de las políticas que ha reducido la desigualdad es claramente el incremento histórico del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). ¿Apoya que continúe esa política de incrementos importantes? Desde luego es una de las mayores medidas sociales que hemos llevado a cabo y se ha hecho además sin afectar negativamente a o sin tener un impacto significativo en la creación de empleo en estos últimos años. Es decir, que nuestro mercado laboral, nuestras empresas, han sido capaces de absorber este incremento de los salarios sin ver perjudicada su actividad y su rentabilidad. Y eso, de nuevo, es el equilibrio en la determinación de las de las políticas económicas. Cuando miramos qué es lo que dice la evidencia empírica o dónde sitúa, por ejemplo, la Unión Europea el nivel del salario mínimo interprofesional, pues tenemos el 60% del salario medio como gran referencia. Y esa es la referencia en la cual nos estamos moviendo. Por lo tanto, conforme el salario medio siga subiendo, el Salario Mínimo Interprofesional tendrá que irse ajustando para seguir estando en esa ratio del 60%. La desigualdad se ha reducido, pero existen dos grandes brechas económicas: la de género y la generacional. La brecha de de género para este Gobierno es una ocupación y una preocupación continua. La necesidad de tener más mujeres no solo en el conjunto de la fuerza laboral, ocupando el lugar que les corresponde, sino también en ámbitos de dirección es uno de los grandes objetivos y ya hemos conseguido grandes avances. La brecha salarial también se ha reducido, gracias a medidas como la subida del SMI, porque beneficia especialmente a las mujeres. En cuanto a los jóvenes, es una prioridad para la actuación de mi Ministerio y para el Gobierno. Hace poco se aprobó la medida en materia de avales para para los jóvenes en vivienda, donde lo que se intenta es aliviar uno de los problemas que tienen hoy en día: no son capaces de ahorrar lo suficiente como para tener acceso a su primera vivienda. Otro elemento que a mí me preocupa también son los primeros salarios de los jóvenes cuando acceden al mercado laboral. Junto a la inflación, el acceso a la vivienda es el otro gran malestar de la población joven y de las familias en general por los grandes aumentos de precios, tanto del alquiler como de compra. ¿Es suficiente con la Ley de Vivienda que se aprobó en 2023? Es uno de los grandes retos de la legislatura. Al margen de la Ley de Vivienda, desde el punto de vista de la oferta, estamos haciendo un esfuerzo por poner a disposición de los ciudadanos más vivienda en alquiler asequible. Tiene que aumentar el stock de vivienda, para que haya cada vez más viviendas a disposición de los ciudadanos, porque esto ayudará a reducir los precios. Desde el lado de la demanda, hay que aliviar las posibles restricciones. El límite de precios del alquiler que prevé la Ley de Vivienda depende de que las Comunidades Autónomas declaren o no "áreas tensionadas", y muchas de ellas se han negado ya tajantemente. ¿Debe el Gobierno presionarlas para que sigan el ejemplo de Catalunya, que sí lo ha hecho? Tenemos que ser conscientes y respetuosos de las competencias de cada uno de los de los niveles de la Administración. Desde luego, el esfuerzo es máximo para aliviar esta situación y nosotros entendemos que hay un interés compartido por parte de las de las comunidades autónomas. Ponemos a su disposición esta herramienta y toda la información que sea necesaria para efectivamente acabar consiguiendo este alivio. Una de las evidencias que se observan en la Contabilidad Nacional es la debilidad de la inversión privada, de las empresas, sobre todo en la construcción y concretamente en la construcción de vivienda. ¿A qué achaca esta falta de inversión en la recuperación tras el shock de Covid, que además es crucial para el crecimiento económico futuro y para el mercado laboral? Efectivamente, cuando separamos los datos por sectores, vemos que la inversión en los sectores de mayor valor añadido se ha comportado comparativamente mejor. Esto tiene en gran medida un arrastre del propio Plan de Recuperación, donde las inversiones están centradas en sector tecnológico. En la construcción se está lastrando la inversión. Hay una razón más estructural y es que veníamos de la crisis del gran boom inmobiliario en el anterior ciclo económico y tras el estallido de la burbuja hemos tenido una década de desapalancamiento en el sector. Hemos tenido una década en la que hogares y empresas han ido reduciendo su deuda. Ahora hemos llegado a un punto de inflexión y esperemos que se recuperen los niveles de inversión y se vaya poco a poco cerrando esa brecha con respecto a 2019. Uno de los grandes conflictos abiertos son las protestas del campo y del resto sector primario. ¿Cree que se podrán atender sus reivindicaciones? Hay una transformación estructural del sector y nosotros venimos trabajando a todos los niveles, porque la respuesta no es sencilla. Hay una respuesta a nivel europeo porque parte de la regulación viene de la UE. Hay una respuesta a nivel nacional y hay también algunas competencias a nivel de las comunidades autónomas. En lo que concierne a la actuación del Estado, se han dado ayudas directas por más de 1.400 millones en los últimos dos años. La Ley de la Cadena Alimentaria está siendo exportada a otros países que la ven como un ejemplo a seguir, por la simplificación de todas las tramitaciones asociadas a la Política Agraria Común (PAC). Desde mis competencias directas, se ha dado apoyo a nivel comercial, precisamente para que se cumpla la reciprocidad, por ejemplo, en los intercambios comerciales, en lo que tiene que ver con las condiciones fitosanitarias de los de los productos. Las tensiones inflacionistas en esta crisis han sido uno de los motivos que han agravado los problemas en los sectores primarios. ¿Confía en que la moderación de las subidas de precios prosigan y alivien en parte el conflicto? Sí, el hecho de que haya pasado ya el pico de la inflación energética y que los costes se estén incluso reduciendo es importante. También estamos viendo que la inflación de los alimentos está reduciéndose. Sigue elevada, pero sobre todo para los consumidores, no tanto para los agricultores y el resto de productores. Pero hay que intentar mirar más allá de los elementos a corto plazo y pensar en las necesidades de medio y largo plazo que el propio sector nos está señalando. Uno de ellos es la mano de obra. No encuentran trabajadores. Otra cuestión es hacer frente al cambio climático. No olvidemos que los primeros afectados por la sequía son los propios agricultores y ese equilibrio entre rentabilidad y sostenibilidad del sector es precisamente el gran reto que afrontamos todos. La política monetaria ha sido muy agresiva en su lucha contra la inflación, con una histórica subida de los tipos de interés. ¿Está por llegar el golpe del encarecimiento de las hipotecas y del resto de préstamos a la economía o ya se ha visto lo peor? Los mercados y los analistas han anticipado que probablemente hemos llegado ya al nivel máximo de tipos de interés y que en la segunda mitad de este año se van a ver ya las primeras bajadas por parte del Banco Central Europeo. El ciclo de subidas va a empezar a revertirse. Será un alivio para los hogares y las empresas que hayan visto subida o incrementada esa carga por hipotecas o por préstamos a tipo variable. Va a ser también otro elemento que apoye también el crecimiento a futuro al dar margen adicional a familias para consumir y a empresas para invertir. En cualquier caso, con el plan de recuperación vamos a tener acceso a 84.000 millones de préstamos. Pretendemos trasladar esas condiciones favorables a las empresas para que este tirón de la inversión pueda tener recorrido más allá de este año y el año que viene. El gobernador del Banco de España, Pablo de Hernández de Cos, termina su mandato en junio, ¿tiene ya un sustituto? Estamos a tiempo de ir pensando el nombre del sustituto o sustituta del gobernador del Banco de España, que por supuesto tendrá que cumplir con características de su antecesor, Pablo Hernández de Cos, como son una experiencia profesional contrastada y unas capacidades técnicas sobresalientes. ¿Va a ser complicada la negociación para su designación con la oposición? La decisión del gobernador del Banco de España le corresponde al Gobierno. No va a ser difícil porque vamos a tener candidatos y candidatas magníficos. En los círculos económicos, se ha planteado un intenso debate sobre la productividad y la reducción de la jornada laboral, que es un compromiso del Gobierno de coalición. ¿Hay margen para rebajar las horas que trabajamos o no? Cuando hablamos de la jornada laboral, es interesante mirar lo que ha ocurrido en las últimas décadas, donde la jornada laboral se ha reducido y no ha sido óbice para que haya subido la productividad. Es lo que va seguir pasando en el futuro. Al abordar la reducción de la jornada laboral, que es un compromiso claro en el acuerdo de gobierno, es importante que se mantenga el equilibrio. Hay que darle espacio tanto a los empresarios como a los sindicatos, para que dentro de su negociación implementen estas medidas con la suficiente flexibilidad como para que efectivamente acaben contribuyendo de manera positiva a dar ese espacio adicional a los trabajadores, pero sin que sea en detrimento de las de las empresas y de su productividad. El gran reto de la productividad es una de las prioridades. En ello estamos trabajando, desde que llegué, con medidas en muchos ámbitos. Entre ellas, está, por ejemplo, la creación del Consejo de Productividad que esperamos que en las próximas semanas quedé constituido. Se trata de un órgano con independencia funcional y con grandes expertos que puedan analizar este reto y darnos una guía sobre actuaciones para ir mejorando. También tenemos la gran oportunidad de aprovechar todos los avances tecnológicos, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial, que puede ser una de las grandes herramientas que mejoren la productividad, sobre todo en nuestras pymes. Entiendo entonces que la reducción de la jornada laboral se va a dejar a la negociación colectiva. Pero, si los empresarios se niegan a un acuerdo, ¿pasará como con el SMI y habrá una decisión unilateral por parte del Gobierno? Los empresarios y los sindicatos están avanzando en el marco de su negociación. Las discusiones están siendo muy positivas y productivas. Estoy convencido de que vamos a ser capaces de conseguir cumplir con este objetivo de gobierno y hacerlo de manera equilibrada y optimizando el impacto de esta medida que es tan importante. Claro, pero si fracasa la no negociación, ¿se va a cumplir con el compromiso igualmente? Bueno, somos muy conscientes de la importancia de que esto salga como parte de la negociación bilateral y ahí les vamos a apoyar en todo lo que necesiten. El Estado anunció recientemente su entrada en el accionariado de Telefónica. ¿El Gobierno repetirá esta política en otras empresas españolas? El de Telefónica es un caso muy claro. En numerosos países en la Unión Europea, los Estados tienen una participación en las empresas de telecomunicaciones estratégicas. Es el caso de Francia, Italia, de Alemania y hasta hace poco era el caso de España. Es una cuestión estratégica asociada a la importancia de este sector específico, teniendo en cuenta los elementos de autonomía y de seguridad que tenemos que incorporar en el campo de las telecomunicaciones. No tiene que ver con ningún tipo de política general, de participación del Estado en empresas. ¿El escudo anti OPA (Ofertas Públicas de Adquisición) tiene entonces fecha de caducidad? Yo creo que tenemos un sistema bastante equilibrado, en cuanto a que permite proteger sectores estratégicos por razones, entre otras, de seguridad, y, al mismo tiempo, atraer inversiones. Es decir, existe para proteger empresas y sectores que consideramos clave y estratégicos, pero no se hace en detrimento de la entrada de capital extranjero, puesto que es una señal de confianza para los inversores. ¿Qué ocurrirá con el intento de compra de Talgo por parte de una empresa húngara? No hemos recibido todavía ni en el Ministerio de Economía ni en la Junta de Inversiones Exteriores, que es la encargada de canalizar este tipo de operaciones, la petición. Cuando llegue, se analizará igual que hacemos con el resto. Con la misma visión de proteger nuestros intereses estratégicos. ¿La participación en Caixabank también tiene ese sentido estratégico? Estamos muy satisfechos con como está evolucionando y como está siendo dirigida y gestionada la institución, tanto por el presidente como por el consejero delegado. Y esto se está trasladando en una mejora de la valoración por parte del mercado y también en unas buenas perspectivas. Es muy importante para nosotros, puesto que el objetivo de nuestra participación en el banco es maximizar su valor en el medio plazo. Hay un compromiso de desinversión, de acabar saliendo, pero lo haremos cuando creamos que hemos podido maximizar el retorno para el contribuyente español.
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