La vivienda en España ha dejado de ser un derecho para convertirse en una carrera de obstáculos. Alquileres imposibles, sueldos que no llegan y jóvenes sin poder emanciparse. Sin soluciones reales, el futuro se construye con incertidumbre. 🏠
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CHA pide al Gobierno de Aragón que compre cuatro viviendas públicas en Samianigo para destinarlas a alquiler social
https://fed.brid.gy/r/https://arainfo.org/cha-gobierno-de-aragon-viviendas-publicas-samianigo/
En riesgo 200 familias de Vallecas: un Fondo buitre exige el desalojo de viviendas ex-protegidas vendidas por La Caixa
Alrededor de 200 familias del Ensanche de Vallecas se enfrentan a un riesgo inminente de desahucio tras la venta de sus viviendas a un fondo de inversión. La operación, ejecutada por la Fundación "la Caixa", ha transferido la propiedad de los apartamentos (antes considerados de alquiler social) de la calle Mazaterón y Fresno de Cantespino a un fondo que ya ha anunciado la no renovación de los contratos de arrendamiento al expirar su vigencia.
El movimiento vecinal y los inquilinos han puesto el foco en la inacción de las administraciones públicas y ha elevado una serie de exigencias a los gobiernos del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Más información sobre este grave caso de especulación inmobiliaria en la noticia completa publicada en nuestra web:
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Alrededor de 200 familias del Ensanche de Vallecas se enfrentan a un riesgo inminente de desahucio tras la venta de sus viviendas a un fondo de inversión. La operación, ejecutada por la Fundación "la
Dieciocho familias de un bloque de vivienda protegida en Chaca, al borde del desahucio por una subida del 75% en el alquiler
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#5A #05A El próximo 5 de Abril, distintos movimientos sociales junto a la ciudadanía organizada #TomamosLascalles para reivindicar nuestro derecho a la #ViviendaDigna
La Comunidad de Madrid asegura en sus alegaciones que “no está obligada a resolver la situación habitacional” de la recurrente y señala que el desahucio de la denunciante “no lo provocó” la administración autonómicaEl Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se
La torre de Sociópolis en #Valencia resucita: culminan las obras tras más de una década de abandono. Proyecto del anterior gobierno de #XimoPuig de la #Generalitat para viviendas con alquiler asequible
#alquilersocial #Vivienda
#Dragados ganó el contrato publicado en la Plataforma de Contrataciones del Estado
Departamento de #Vivienda en manos de Héctor Illueca
Se cumple un año de la Ley de Vivienda. Lo hace con el respaldo del Tribunal Constitucional a la mayor parte del texto. Ha dado su visto bueno a casi todos sus artículos, incluidos los que permiten la declaración de zonas tensionadas por tener los precios del alquiler disparados. Algo que, en medio de la fuerte oposición de las autonomías del PP, de momento, solo ha activado Catalunya, donde entró en vigor este marzo. La ley reconoció que tener una vivienda digna y asequible es un derecho de la ciudadanía. Sin embargo, ese objetivo está lejos de convertirse en realidad. Los precios de los inmuebles en venta siguen en escalada y los promotores inmobiliarios reconocen que no van a dejar de subir. Pero donde el problema es más grave es en el alquiler, hasta el punto de que el Banco de España alerta de que la mitad de los inquilinos está en riesgo de pobreza porque los arrendamientos se comen la mayor parte de sus ingresos. En este escenario, resolver el problema de la vivienda sigue siendo un reto. Lo es con el Congreso de los Diputados completamente dividido sobre cómo cambiar la legislación, como se ha visto estos días con la retirada de la Ley del Suelo. Para saber cómo solucionar el problema de la vivienda, elDiario.es ha preguntado a ocho expertas y expertos, representantes del ámbito académico, el empresarial o el activismo. A todos se les han hecho las mismas preguntas: cuál es el problema más relevante que tiene España en materia de vivienda, cómo debería solucionarse; y si la ley sirve como solución. Daniel Sorando Profesor en la Universidad de Zaragoza y doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid ¿Cuál es el problema más relevante que tiene España en vivienda? El problema central es el grado de mercantilización de la vivienda y su legitimación en amplias capas de nuestra sociedad. La vivienda ofrece rentabilidades mayores que muchos otros activos financieros, de modo que quienes disponen de capital lo invierten de forma preferente en vivienda. Por supuesto, esta tendencia no es exclusiva del caso español, sino que se repite en numerosas sociedades occidentales. Sin embargo, en España es particularmente grave porque las políticas en el ámbito de vivienda han construido un entorno favorable para esa mercantilización. En breve: la vivienda siempre ha sido un medio de la política económica, no una cuestión de derechos sociales. A medida que la devaluación salarial tras la gran recesión se ha combinado con requisitos más estrictos de acceso al préstamo hipotecario, una brecha se está abriendo entre propietarios de varias viviendas y quienes sólo pueden optar por el alquiler privado, dada la práctica inexistencia de alquiler social. En este escenario conviven tres segmentos sociales que se corresponden con generaciones distintas: rentistas, propietarios no rentistas e inquilinos. ¿Cómo solucionarías el problema de la vivienda en España? La solución pasa por reducir la rentabilidad de la vivienda como medio de obtención de rentas. Para ello se precisa una batería de medidas combinadas, entre las cuales son prioritarias tres: aumentar el parque de vivienda social (de propiedad pública o de organizaciones sin ánimo de lucro), mediante nueva construcción sólo en los contextos geográficos donde sea imprescindible, priorizando la adquisición de vivienda ya construida y asegurando la reserva de viviendas sociales en las nuevas promociones privadas. Hay que limitar las rentas del alquiler de manera eficaz y reducir significativamente las bonificaciones fiscales a los arrendadores e incrementar su tributación, cuyos ingresos derivados pudieran financiar la ampliación del parque de vivienda social. Lograr el apoyo necesario para estas medidas requeriría ofrecer alternativas para la seguridad social de los hogares en este país: fortalecimiento de los salarios y las condiciones laborales, así como de los servicios públicos y/o implementación de una renta básica. ¿Sirve la Ley de Vivienda para solucionar la situación actual? Da algunos pasos en la regulación de alquileres y de reserva de suelo para vivienda social, pero faltan otros. No cuestiona la fiscalidad de la vivienda, ni garantiza un presupuesto público suficiente para ampliar el parque de vivienda pública. Incluso donde se dan pasos, estos son insuficientes, como muestra la regulación de alquileres, en la práctica no aplicada, por dejación de funciones de los gobiernos autonómicos, así como por los agujeros que suponen los alquileres turísticos, de temporada y de habitaciones. La ley debe fortalecerse. Elena Costas Economista y socia de KSNET ¿Cuál es el problema más relevante que tiene España en vivienda? El problema es el acceso asequible a la vivienda. Es un problema especialmente grave para los colectivos más vulnerables, los jóvenes, los hogares en situación de pobreza o exclusión social, o la población inmigrante. En los último años, además, hemos visto que esa falta de acceso asequible se ha ido extendiendo a más colectivos de la sociedad. Es un problema transversal. Contamos con un modelo que históricamente ha promocionado la vivienda en propiedad. Ahí vivimos una primera gran ruptura con la crisis de 2008 y la gran recesión que la siguió. Esa explosión de la burbuja inmobiliaria hizo que se frenase la firma de hipotecas y desplazase a un colectivo considerable al alquiler. Hemos visto en los últimos años un aumento de los precios. El alquiler es, cada vez, más caro y no contamos con un parque de vivienda social o asequible que esté en relación con los países de nuestro entorno, solo es el 2,5%, muy por debajo de la media de la Unión Europea. Los datos nos indican que cada vez son más los hogares que están en situación de sobrecarga financiera con la vivienda, que tienen que destinar más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, la luz y el agua. Y les quedan muchos menos recursos al pago de los gastos del día a día, la alimentación o la crianza. Eso es especialmente grave en el caso de las familias que están en situación de pobreza. ¿Cómo solucionarías el problema de la vivienda? Ojalá tuviéramos una receta mágica para solucionar el problema de la vivienda. Necesitamos soluciones en el ahora, porque hay muchas personas que están en situación de emergencia y, a la vez, muchas soluciones son a medio y largo plazo. Necesitamos un aumento de la oferta de vivienda social y asequible. Ha de haber más parque público en España. Y hay que ser creativos y ver también lo que hacen otros países de nuestro entorno, cómo consiguen esas viviendas públicas. Pero es una solución que lleva tiempo. Ahí España se ha convertido en un campo de pruebas de diversas iniciativas, de controles del alquiler, de índices de precios regulados. Es una buena oportunidad para medir qué funciona y qué no, sabiendo que hay muchas medidas que pueden tener un efecto inflacionario. Ahora hay distintas prestaciones para ayudar con el pago del alquiler, a las personas que están en riesgo de impago y de que se les eche de sus vivienda, pero no están funcionando bien por una falta de agilidad de la administración y por las trabas burocráticas. ¿Sirve la Ley de Vivienda para solucionar la situación actual? Es necesaria para poder integrar correctamente una estrategia estatal de vivienda. El problema es tan grande que requiere un pacto estatal. Es una herramienta útil pero dependerá de qué manera sea capaz de estimular un aumento de la oferta, tanto privada como de suelo público, para tener vivienda asequible y cómo sea capaz de proteger a aquellas personas que están en una situación más complicada para acceder a la vivienda. se ha de jugar mucho con los incentivos y evitar los desincentivos. Irene Lebrusán Doctora en Sociología y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ¿Cuál es el problema más relevante que tiene España en vivienda? Se nos ha olvidado que la vivienda es fundamental para la vida digna. Se ha priorizado su visión como un bien de inversión, olvidando su función social. Si bien los problemas de la vivienda tienen manifestaciones diferentes, entre comunidades, entre municipios, entre barrios incluso, los hogares se encuentran en una completa situación de desigualdad (y de vulnerabilidad, mucho más grave) en el mercado residencial, tanto de compra como de alquiler. La crisis inmobiliaria de 2008 sentó las bases para la posterior entrada en el juego inmobiliario de nuevos agentes, como los fondos de inversión, en un sistema residencial que ya estaba marcado por la desigualdad y la estratificación. España se ha convertido en un foco de atracción para la inversión inmobiliaria internacional, en parte por las facilidades legales y fiscales y ello ha aumentado aún más la presión sobre los hogares. ¿Cómo solucionarías el problema de la vivienda? La vivienda no puede seguir siendo considerada un sector económico, debe ser entendida como sinónimo de bienestar social. Establecería un abordaje coordinado por parte no solo de las diferentes administraciones, sino de los distintos sectores que intervienen y que son, en gran medida, causantes de la situación de malestar social que tenemos ahora. Si intentamos solucionar el problema de la vivienda sin tener en cuenta la ley del suelo, los instrumentos de ordenación territorial, la fiscalidad, la defensa de los consumidores (entendiendo que los hogares firman contratos de compraventa y de alquiler en situaciones de desigualdad y en muchos casos de gran vulnerabilidad) o la regulación del mercado financiero, estaremos condenados, de nuevo, al fracaso. Se plantea el problema de la vivienda como de escasez cuando venimos de una situación de “gente sin casas y casas sin gente”. Es clave abordar la dimensión fiscal que hace que España sea tan atractiva para los fondos de inversión internacionales: los requisitos para comprar una vivienda en España por extranjeros son relativamente sencillos, y los impuestos que paga una persona o entidad extranjera al comprar una vivienda en España resultan competitivos en comparación con otros países europeos. Por último, es necesario un diagnóstico más preciso: queremos una respuesta única y rápida, pero erraremos el tiro si deseamos abordar el problema de la vivienda rural, que también existe, con las medidas que necesita una ciudad como Madrid. ¿Sirve la Ley de Vivienda para solucionar la situación actual? Es una herramienta que demuestra una intención de cambio. Pero no olvidemos que la responsabilidad de la vivienda está transferida a las comunidades autónomas y creo que somos muy poco exigentes con ellas. La ley es útil, pero no es suficiente. Es necesario demandar una responsabilidad compartida reconociendo el papel que tienen las Comunidades sobre el bienestar residencial y la capacidad de acceder a la vivienda de su ciudadanía. Aquí señalaría además una cuestión en la implementación y futuro desarrollo de la Ley. Pensamos en la cuestión de la vivienda como tarea de un único ministerio, pero tiene que existir una mayor colaboración entre distintos departamentos. Es inconcebible que no consideremos la vivienda una cuestión imprescindible en materia de salud. Se nos olvida, pero se nos va la salud, el bienestar y la vida en ello. Pedro Fernández Alén Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ¿Cuál es el problema más relevante que tiene España en vivienda? El problema más relevante que tiene España en materia de vivienda es la falta de oferta, tanto de suelo como de vivienda. La práctica, junto con los años y las crisis que hemos atravesado nos han demostrado que el problema es que se construyen muchas menos viviendas que el número de hogares que se crean por divorcios, emancipaciones, nuevos inmigrantes, etcétera. El año pasado fueron 85.000 nuevas viviendas y 215.000 nuevos hogares. Hay un evidente déficit. ¿Cómo solucionarías el problema de la vivienda? El problema de la vivienda hay que atajarlo desde la base. Como hemos dicho es un problema de oferta. Hay que liberalizar el suelo y crear más vivienda. En segundo lugar, hacerlo con un pacto de Estado. El problema de la vivienda es complicado, complejo y depende de las tres administraciones: de la general del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Todos deben estar sentados en la misma mesa para poder poner en marcha una política que realmente incremente la oferta y eso haga que se ajusten los precios y haya suficiente oferta para colmar la demanda. ¿Sirve la Ley de Vivienda para solucionar la situación actual? Tiene cosas positivas y negativas. No creemos que sea adecuada la política de restricción de precios, pero también es cierto que contiene aspectos muy positivos como la colaboración público-privada, porque para solucionar el problema, sin duda alguna, se tiene que contar con las empresas que son las que pueden potenciar la ejecución de vivienda. A eso hay que sumar la Ley del Suelo, que consideramos necesaria. No solo por cuestiones técnicas sino porque busca dar certeza a los planes urbanísticos y lo que más piden las empresas es tener certezas, el hecho de que un defecto subsanable no anule un plan urbanístico es algo muy positivo para el sector. Ambas leyes pueden ser un importante impulso para la vivienda. Javier Gil Investigador María Zambrano del Departamento de Sociología de la UNED ¿Cuál es el problema más relevante que tiene España en vivienda? Hay un problema de accesibilidad ligada a la financiarización de la vivienda durante la última década. Se ha convertido en un refugio del capital financiero a nivel internacional, debido al contexto: tipos de interés en mínimos históricos, programas de expansión cuantitativa de los bancos centrales, o la baja rentabilidad de otros mercados como los de deuda. Desde 2008, una enorme masa de capital financiero se ha refugiado en la vivienda en alquiler. En 2012-2013, el Gobierno de Mariano Rajoy intervino de múltiples formas el mercado para transformar la crisis de vivienda en un nuevo ciclo de acumulación urbana. Para ello, había que convertir el sector inmobiliario y del alquiler en un mercado muy atractivo para los inversores internacionales. En este marco se aprueban las Golden Visas, se reforma la ley de Socimis, se reducen derechos a los inquilinos al modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, se vende vivienda pública a Blackstone y Goldman Sachs o se crea la Sareb. La crisis de vivienda no es de oferta, sino de acceso. La regulación, las inversiones internacionales y las expectativas de revalorización han ejercido una enorme presión sobre los alquileres. Al mismo tiempo, se han creado mercados paralelos –como los pisos turísticos y los alquileres temporales– que permiten evadir las nuevas regulaciones sobre los precios además de obtener más rentabilidad que en el mercado residencial. Por lo tanto, no se trata de que no haya vivienda para toda la población (crisis de oferta), sino de los usos que se hacen de estas viviendas (crisis de acceso). ¿Cómo solucionarías el problema de la vivienda? Se necesita un nuevo marco de regulación. Ahora mismo el mercado está muy regulado para favorecer la financiarización de la vivienda, la alta rentabilidad de la inversión en el alquiler y la subida de los precios. Necesitamos un nuevo marco de regulación que ponga en el centro el uso residencial de las viviendas y que solucione la crisis de accesibilidad. Es decir, que la población no dedique más de un 30% de sus ingresos al pago del alquiler. Por lo tanto, no se trata de aprobar una medida u otra. Sino de un cambio en el modelo en sí: desplazar la financiarización de la vivienda como eje central de la regulación, para poner en el centro el uso residencial y la accesibilidad. Esto conlleva un nuevo enfoque y diversas regulaciones desde múltiples ámbitos, siendo la más central una política de control y bajada de los precios de los alquileres. ¿Sirve la Ley de Vivienda para solucionar la situación actual? Es una ley que no está a la altura del problema y qué está lejos de solucionarlo. Necesitamos una regulación integral, que transforme el conjunto del modelo y produzca un nuevo sistema de vivienda articulado sobre la función social y residencial de las viviendas. Mercedes Revuelta Coordinadora de Vivienda de Madrid / Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) ¿Cuál es el problema más relevante que tiene España en vivienda? El mayor problema es el acceso a la vivienda por una parte significativa de la población. Hay más, como la distancia tan grande entre el valor de uso y el valor que le da el mercado a la vivienda. Está la desregulación, la carestía de viviendas en alquiler donde crece la demanda, la falta de vivienda asequible (especialmente en áreas urbanas) y la especulación inmobiliaria. Luego está el modelo productivo del país. El norte de España produce más, es más industrial, tiene más dinero para invertir incluso en vivienda pública, mucho más que el resto del país. Si a esto le añadimos que la vivienda ya es un modelo económico en sí, apaga y vámonos. Vemos una falta de voluntad política para todo lo que tenga que ver con la vivienda pública social. ¿Cómo solucionarías el problema de la vivienda? No hay varita mágica que arregle esto. Se necesita un gran pacto de Estado a largo plazo y la voluntad de querer hacer bien las cosas. No vale con prometer miles de casas en plena campaña electoral. Con el retraso de 100 años que llevamos, toca un cambio de mentalidad. Hay que probar estrategias que se están poniendo en marcha en otros países. Se ha hablado de incrementar el raquítico parque público de viviendas con las casas de Sareb y es una gran mentira. La gran parte del patrimonio de Sareb está a la venta y lo sabe bien Anticipa (de Blackstone) que es la que está gestionando la venta de miles de casas, terrenos y promociones a medio construir al mejor postor y quien ha dado la orden es el FROB, el Gobierno de España. Y hay que agilizar la burocracia. ¿Por qué no puede haber un banco público que haga de avalista, que conceda con facilidad créditos a las administraciones para construir? Es algo que existe, por ejemplo, en Francia. Hay que poner en marcha el tanteo y retracto, para que las administraciones puedan comprar al mismo precio que los fondos buitres. Se puede poner un tope de ganancias de los especuladores, por ley, así como restricciones a las Socimis o los fondos buitres, rastrear los edificios vacíos en las grandes ciudades y expropiarlos para destinarlos a alquileres sociales. O congelar las licencias a pisos turísticos durante unos años, no permitir hipotecas a más de 20 años, reinvertir los beneficios del Estado con Caixabank en un parque de vivienda pública social o un gran pacto de Estado con la iglesia, la banca, los fondos buitre y cualquier otra institución o empresa, que acumule vivienda para que las pongan en alquiler social. ¿Sirve la Ley de Vivienda para solucionar la situación actual? No podemos estar 20 años pidiendo una ley de vivienda estatal y cuando ya está aquí y con lo que ha costado hacerla, decir que no vale para nada. Bienvenido todo, aunque sea pequeño. El gran problema de la ley de vivienda, es que casi todo es voluntario: la regulación de precios, el registro de alquileres, el diagnóstico de las necesidades. Todavía ha transcurrido poco tiempo para poder evaluar su impacto de forma cabal. En los próximos años veremos algunos efectos y su combinación con otras dinámicas del mercado y de las políticas públicas implementadas. Miguel Angel García Investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ¿Cuál es el problema más relevante que tiene España en vivienda? El problema más relevante de vivienda en España es su alto precio sobre la renta media de las personas, tanto en compra como en alquiler, que en unos casos impide el acceso y en el menos malo limita la renta neta con efectos sobre su consumo, la actividad económica y la demanda salarial. ¿Cómo solucionarías el problema de la vivienda? Desde hace 20 años el nivel de viviendas de nueva construcción es inferior a las unidades familiares que se forman. Es necesario ampliar la oferta de vivienda para compra y, sobre todo, alquiler. A la vez, se debe cumplir que una parte de esa oferta tenga un precio razonable con los niveles de renta. Para ello, se debe poner más suelo para construir, compatible con un urbanismo razonable de cada ciudad. Se puede aumentar la oferta de viviendas en alquiler con un precio razonable, con la construcción de nuevas viviendas por la iniciativa privada con una aportación del sector público. La gestión del parque debe ser privada para evitar parálisis en los cobros por motivos de repercusión electoral. También, mejorar los incentivos a los particulares para aumentar la oferta de vivienda en alquiler, una regulación con garantías claras de protección del bien a sus propietarios, buscando el equilibrio con la del inquilino, que incremente las salvaguardas con la duración del contrato. Y la regulación de los pisos de uso turístico. ¿Sirve la Ley de Vivienda para solucionar la situación actual? La nueva ley apuesta fundamentalmente por el control de precios, opción contraria a la planteada como solución. Es muy probable que su repercusión sea la reducción de la oferta y el aumento de los precios. Alejandro Inurrieta Exasesor del Ministerio de Economía en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y doctor en Económicas ¿Cuál es el problema más relevante que tiene España en vivienda? El principal problema del mercado de vivienda en España es, y ha sido, considerar la vivienda como un bien de inversión especulativo. Por ende, solo se han desplegado políticas inmobiliarias en lugar de una verdadera política de vivienda que formase parte del catálogo de bienes y servicios públicos dentro del Estado del Bienestar. Esto se ha traducido en que la construcción de viviendas se ha encaminado a engrosar el patrimonio de empresas y particulares, siempre como propietarios, relegando a una gran parte de la población a no poder tener acceso a una vivienda en alquiler asequible. ¿Cómo solucionarías el problema de la vivienda? La solución, a corto plazo, es imposible porque la estructura de tenencia, los incentivos, la fiscalidad y los medios financieros disponibles, junto a las políticas públicas, siguen favoreciendo la compra venta de vivienda privada, dado que no hay contrapeso significativo en materia de vivienda pública o social, como existe en gran parte de Europa. A esto hay que añadir la existencia de un mercado sustitutivo de alquiler más rentable y sin regulación que es la vivienda turística y de temporada. Todo esto implica que, a corto plazo, solo se puede imponer un control de precios de alquiler para poder mitigar los efectos de la inflación desbocada y los abusos de los propietarios y las agencias. A medio y largo plazo, habría que revolucionar todo el mercado de la vivienda. Impulsar un cambio drástico en la generación de estadísticas en el mercado de alquiler, empezando por obligar a los inquilinos y propietarios a registrar los contratos. Es prioritario crear un cuerpo de inspección para preservar los derechos de los inquilinos e inquilinas. La gestión del suelo es crucial. Es urgente declarar todos los suelos públicos patrimonio que no se puede vender, solo ceder en régimen de derecho de superficie. Para evitar la especulación, implantar un impuesto al suelo que propicie la eliminación de plusvalías especulativas propiciando una recaudación suficiente para ayuntamientos y CCAA. Es urgente la provisión industrial de vivienda modular para solventar en el corto plazo las necesidades más básicas de vivienda. Y hay que establecer impuestos disuasorios para la transformación de viviendas del alquiler regular al turístico y de temporada; y una regulación e inspección implacable. Hay que propiciar un aumento de edificabilidad en distritos y barrios degradados y dotar de presupuesto anual a las políticas de vivienda de, al menos, el 3% del PIB durante los próximos 20 años. Por último, eliminar la posibilidad de transformar locales comerciales en viviendas. ¿Sirve, la Ley de Vivienda para solucionar la situación actual? La actual Ley es inoperante porque parte del supuesto que los actores y gestores públicos la van a acatar. Sería útil si se crease un verdadero cuerpo estadístico muy potente para monitorizar y controlar el fraude fiscal y del resto de normativas, algo que no parece que se vaya a hacer. El control de precios se quedará en nada, al tener las CCAA la posibilidad de no aplicar la normativa. Y, por último, no mejora la negociación colectiva entre tenedores e inquilinos.
El mercado del alquiler no da tregua a los inquilinos hasta el punto de que España “destaca como la economía europea donde un mayor porcentaje de personas que residen en el mercado del alquiler se encuentra en una situación de riesgo de pobreza o de exclusión social”, según afirma el Banco de España en su Informe Anual de 2023. El supervisor toma como referencia los datos de 2022, aunque en los últimos meses el precio ha seguido subiendo, de media un 2%. Esa presión sobre el bolsillo de los inquilinos hace que en España esta situación de riesgo de exclusión o pobreza la viva el 45% de los hogares que está alquilando, cuando la media de la Unión Europea está en el 31%. "El elevado esfuerzo que supone el gasto en vivienda para determinados colectivos los sitúa en una posición económica vulnerable", indica el Banco de España. Y los que peor están, los que menos ingresan. "En España, los hogares vulnerables se concentran, de manera particular, en el alquiler de mercado y entre los quintiles con menor renta". Si se compara esta situación con el resto de los socios de la UE, España está por delante de Malta, Rumanía, Bélgica e Italia, donde ese riesgo de caer en la pobreza también lo viven más del 35% de los inquilinos. Quienes tienen menos presión, quienes residen de alquiler en Países Bajos (menos del 15%), junto con Polonia y Croacia, donde ese porcentaje no llega al 20%, como se ve en el siguiente gráfico. "Los hogares españoles que residían en una vivienda de alquiler a precio de mercado realizaban un mayor esfuerzo en 2022 en términos de su renta bruta, que sus homólogos en las principales economías europeas", justifica la institución encabezada por Pablo Hernández de Cos. "Este esfuerzo era superior en España en todos los percentiles de renta considerados, pero la brecha del pago del alquiler" de la vivienda "respecto al resto de los países era especialmente acusada en la cola inferior de la distribución de la renta donde se concentran las situaciones de sobresfuerzo", añade. Es decir, entre quienes menos ganan (aunque no da un baremo de renta) y se ven obligados a dedicar más del 40% de los ingresos a pagar a sus caseros. En concreto, "la proporción de hogares en alquiler de mercado en España que se encontraban en una situación de sobresfuerzo se situaba en torno al 40% en 2022, 20 puntos porcentuales por encima del promedio de la UE-27", resume el supervisor. "Aunque esta cifra es similar a su promedio desde 2007, dada la mayor prevalencia del régimen de alquiler, el peso de los hogares que se hallaban en esta situación de sobresfuerzo ha aumentado desde el 3,7% de 2007 hasta el 6% de 2022". Si alquilas, tienes difícil poder comprar un piso Se alquila más de forma continuada desde el año 2014, poco después del pinchazo de la anterior burbuja inmobiliaria, y quienes más alquilan son los jóvenes. Más del 50% de los menores de 29 años que han podido independizarse vive de alquiler y casi un 35% de quienes tienen entre 30 y 44 años. Este sobreesfuerzo, limita la capacidad de ahorro y de gasto. "Los precios de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, limitan la capacidad de ahorro de los hogares y condicionan su proceso de acumulación de riqueza a lo largo del ciclo vital", asume el supervisor en su informe anual. "La Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España pone de manifiesto que, en las últimas décadas, la acumulación de riqueza neta (financiera e inmobiliaria) por parte de los hogares jóvenes habría sido menor que la que atesoraron sus homólogos en anteriores generaciones". El problema de fondo es que si estás alquilando, no puedes ahorrar para poder comprarte una vivienda. "La escasa capacidad de ahorro y la reducida renta de los hogares que residen en alquiler dificultan su acceso a una vivienda en propiedad", refleja. "Se estima que, en 2021, un 61% de los hogares que residían en alquiler o en una vivienda cedida no disponían del ahorro necesario para adquirir una vivienda en el municipio en el que residían, teniendo en cuenta la cuantía económica que suponen el pago inicial (no cubierto con crédito hipotecario) y los gastos e impuestos asociados a la compra". Y eso antes de que comenzaran a dispararse los tipos de interés y el Euribor. Entre quienes alquilan y sí tienen colchón para comprar una casa, tampoco es que lo tengan más fácil en ese esfuerzo económico. "Un 40,5% tendrían que hacer frente a una cuota hipotecaria que superaría el umbral máximo recomendado del 35% de la renta neta del hogar a partir del que se incrementa la probabilidad de impago", eso antes de la subida de tipos. Después, "esta proporción aumentaría hasta el 55% con los tipos de interés promedio de 2023 (3,9% TAE)", reconoce el Banco de España. De este modo, si se combinan las dos restricciones –disponibilidad de ahorro suficiente para cubrir los gastos iniciales y ratio de cuota hipotecaria sobre renta inferior al 35%–, se obtiene que 82,5% de los hogares en alquiler no puede tener acceso a una hipoteca en el actual escenario de tipos de interés. En el siguiente gráfico se ve, por territorios, cuántos inquilinos tienen que dedicar más del 40% de sus ingresos a pagar al alquiler. En cambio, esa subida de precios hace que tener una casa en alquiler sea muy rentable para los caseros, más que tener letras o fondos de inversión. El Banco de España constata que "entre 2015 y 2022, el crecimiento acumulado de las rentas del alquiler por metro cuadrado para el promedio del stock de vivienda arrendada supera el 28,5%". Esa rentabilidad hace que cada año entren el mercado del alquiler 100.000 viviendas cada año, aunque no desglosa datos por alquiler de temporada. Sí por alquiler turístico, donde asume que una de cada diez viviendas está destinada a este arrendamiento vacacional. Cambiar los impuestos y no diferenciar a los grandes tenedores Al margen de ver los problemas en vivienda, sobre todo en el alquiler, el Banco de España, lanza una batería de propuestas para tratar de mitigar el problema. Algunas están en marcha, como ampliar el parque de vivienda social y asequible o fomentar la colaboración público privada para que se construyan más casas. Otras, están al margen de lo que ahora mismo hay encima de la mesa del legislador. Por ejemplo, cambiar los impuestos que gravan la propiedad, que según el supervisor es más alto que en el resto de Europa. "Esta mayor tributación sobre la vivienda se refleja, por ejemplo, en los ingresos derivados de la tributación sobre la propiedad, que en España representaban el 2,8% del PIB en 2022, frente al 1,4% del PIB alcanzado en el promedio de las economías de la UE-27", asegura. Y ahí propone poner el foco en quien tiene más pisos. "El incremento de la tributación sobre la propiedad recurrente de inmuebles (por ejemplo, el IBI), además de aumentar la eficiencia del sistema tributario, podría mejorar el acceso a la vivienda", asegura sin dar más detalles. "Este incremento impositivo debería compensarse con una reducción del resto de impuestos sobre la adquisición o la producción de viviendas para evitar un exceso de tributación sobre este activo". Eso sí, estos últimos "deberían plantearse cuando se reduzcan los desajustes entre oferta y demanda en el mercado residencial" por, en caso contrario, "una parte significativa de la reducción de impuestos se trasladaría en forma de un aumento del precio final de la vivienda, transfiriendo los recursos públicos a los promotores y a los propietarios de vivienda en venta". Y, al contrario de lo que dice la Ley de Vivienda en vigor, no quiere que se diferencie el trato a los grandes tenedores, sobre los que se aplican los límites de precios en las zonas tensionadas, de momento solo en Catalunya. "Eliminar el actual tratamiento diferencial en todo tipo de regulaciones y normativa contractual de las personas jurídicas y los denominados grandes tenedores en relación con la situación de los particulares que no entran en esta última categoría". Considera que eso ayudaría a una mejor gestión de riesgos, crear economías de escala y ayudaría a bajar los precios. El Banco de España también es muy crítico con la movilización de pisos y casas vacíos. Hay que recordar que en España hay cerca de 4 millones de viviendas sin habitar. "Entre los municipios con menos de 10.000 habitantes, donde reside cerca del 20% de la población, se localizan el 45% de las viviendas vacías. Al mismo tiempo, en las ciudades con más de 250.000 habitantes, las viviendas vacías representan el 7,5% de su parque total de viviendas". En este tema te contamos dónde están estas casas, municipio a municipio. En cuanto a cómo debería crecer el parque público de vivienda en alquiler, cree que para converger con el resto de Europa –para que sea cerca del 10% del parque de inmuebles en arrendamiento– se necesitarían "en torno a 1,5 millones de nuevas viviendas en alquiler social", apunta. "Un plan a 10 años con el objetivo de disponer de este parque de viviendas supondría incrementar en más de un 150% la producción anual media de viviendas en España registrada en los últimos años". Ahora mismo, en España hay cerca de 27 millones de casas, pero los últimos datos oficiales son de 2022.
La pasada semana, minutos después de ser desahuciado, Álex (70 años) se quitó la vida en Sabadell. Su mujer sufría movilidad reducida y, por un revés económico, llevaban meses sin pagar el alquiler. En València, el Ayuntamiento ha desalojado a Antonia y a sus tres hijos (de 3, 6 y 8 años) de la casa que ocupaban en El Cabanyal. Hace unas semanas, Blanca, de 78 años, fue desahuciada en Barcelona de la vivienda en la que residió durante medio siglo por una deuda de solo 88 euros. Los anteriores son tres casos que han tenido reflejo en los medios, que afectan a personas que atraviesan situaciones de obvia vulnerabilidad social y económica y que reflejan el constante goteo de desahucios, a pesar de que la legislación puso en marcha un marco para frenar ese tipo de desalojos. Pero hay otros, que no aparecen en las estadísticas, los silenciosos o invisibles, que afectan a inquilinos que tienen que dejar sus casas por un mercado del alquiler que no da tregua. Hay caseros que, de forma unilateral, deciden subir las rentas, bajo la premisa de "son lentejas". Es decir, si quieres seguir en la vivienda que alquilas, te toca pagar más porque siempre habrá otro inquilino que sí esté dispuesto a pagar lo que se pide. Las estadísticas dicen que los desahucios están en mínimos históricos, pero ahí siguen. En esta entrega de 'Un tema al día' también analizamos por qué continúan pasando. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a lo largo de 2023 se produjeron 26.659 desalojos. La gran mayoría, el 75%, afectaron a personas que vivían en alquiler, otro 20% derivaron de ejecuciones por no pagar la hipoteca y 1.723 a otro tipo de causas, que no se detallan. Y las zonas donde hay más incidencia, Catalunya (más de 7.000), Andalucía (casi 4.500), Comunitat Valenciana (3.800) y Madrid (cerca de 2.400). "Llevamos tiempo con una falsa percepción sobre los desahucios", explica Mercedes Revuelta, activista por el derecho a la vivienda y miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). "Pueden haber disminuido en volumen", en las estadísticas, pero "siguen las orden judiciales que decretan los desalojos en un entramado que está colapsado", añade. "Luego están los invisibles, donde el casero manda un burofax y la familia, con miedo, se marcha, se va con familiares o se busca la vida y eso no se contabiliza. De esos tenemos muy poca información". Un marco legal que no siempre se cumple Ahora mismo hay dos instrumentos legislativos para intentar minimizar los desalojos. Por un lado, un Real Decreto; por otro, la Ley de Vivienda. El primero es el texto que aprobó el Gobierno en plena pandemia, a principios de abril de 2020. Un paquete de medidas sociales y económicas para tratar de poner escudo a la pandemia de coronavirus. En él, se decreta la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Esa medida se ha ido prorrogando, prácticamente, cada seis meses. La última vez, a finales de diciembre, cuando el Ejecutivo llegó a un acuerdo con EH Bildu, en el último paquete de ayudas anticrisis, para prolongarla hasta 2025. Por otro lado, la Ley de Vivienda que entró hace casi un año, recoge expresamente que en los desahucios "se amplía el ámbito de protección cuando se identifiquen situaciones de vulnerabilidad". En concreto, se debe "promover su adecuado realojo y el acceso a una vivienda digna y adecuada, atendiendo a sus condiciones de vulnerabilidad social y económica" y ahí tienen que actuar los servicios sociales municipales y autonómicos. En ambos casos hay fallas o lagunas, que topan con el colapso administrativo y con decisiones judiciales que, en muchas ocasiones, obvian las situaciones de vulnerabilidad. "El juez es quien decide y puede molestarse en pedir el informe a servicios sociales o tirar para adelante", manifiesta Mercedes Revuelta. "El abogado de oficio se lo puede pedir al juez y, este hablar con servicios sociales, pero también están colapsados, no llegan a tiempo y se tira para adelante con el desahucio". "Vemos que no se está cumpliendo el Real Decreto [el aprobado en 2020] que suspende los procedimientos judiciales y los desahucios porque hay un margen de discrecionalidad", indica Víctor Palomo, miembro del Sindicato de Inquilinos de Madrid. "Está a su discrecionalidad y, aún viendo la vulnerabilidad, no la conceden", ahonda. "La Ley de Vivienda introdujo que había que informar a servicios sociales y eso no lo hace la mayoría. Lo tiene que pedir el abogado, cuando la ley dice que tiene que ser el juez. Y luego depende de la valoración de vulnerabilidad que hagan los servicios sociales. Hay algunos que tienen un criterio objetivo y otros que no hacen un informe de valoración porque son reacios", se lamenta. "La moratoria no cubre todos los casos que debería cubrir", argumenta Enric Aragonès, miembro del Sindicat de Llogaters de Catalunya. "Hay casos donde se pospone la situación del desahucio y otros donde los jueces no la usan con el espíritu para lo que se aprobó". "Conseguimos activar la moratoria en los casos que tienen mucho acompañamiento, cuando conseguimos la documentación. Se consigue atrasarlo, pero no se paraliza", matiza. "Miedo a que llamen a la puerta" El goteo de desahucios ha derivado en un aumento de las acciones para intentar frenarlos. En València, Madrid, Barcelona o Tenerife. Pero el miedo a tener que dejar la casa en la que se vive sigue sobrevolando a muchas familias. "Tengo cuatro hijas, estudiantes", explica Rita que vive en el distrito madrileño de Vallecas. "Me llamó el banco y me dijo que había vendido mi casa, donde estoy de alquiler social, a un fondo y ahora me llaman cada dos por tres. Estamos muy nerviosas, porque estamos casi en la puerta. Fuimos a hablar con ellos, a negociar el alquiler y no quieren ni hablar. Dicen que no quieren renovar el contrato de alquiler social que teníamos desde 2014. Tengo certificado de vulnerabilidad", justifica. Su contrato de arrendamiento acabó en junio, pero sigue pagando la renta mensual. "Hay cuatro menores y mi marido está trabajando para tratar de salir adelante y no nos dejan. No nos dan alternativa. No quieren". "Mi caso es igual", tercia Salma, que también vive en Vallecas. Ambas protestan en una acción de la PAH. "Estoy en un piso del fondo social de vivienda, llevo 10 años y ahora nos amenazan con el desahucio. He ido a la PAH, que nos han ayudado con la vulnerabilidad, pero tenemos miedo de que vengan y llamen a la puerta. Han vendido y tenemos que salir de casa". Salma tiene tres hijas y reconocida una discapacidad. Otras situaciones han llegado hasta Naciones Unidas. Así ha ocurrido con Richard y Josefina que ocuparon una vivienda de BBVA. Su situación llegó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que reprendió a España por vulnerar su derecho a la vivienda. Ahora les vuelve a sobrevolar la amenaza del desalojo. Su situación es llamativa porque ese Comité concluyó que el Estado tiene "la obligación" de "proporcionarles una reparación efectiva", además de una vivienda social. "En diciembre han denunciado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por qué no se cumple esa resolución de la ONU y por qué les ha expulsado de las listas de solicitud de vivienda pública, llevan 18 años esperando”, señala Mercedes Revuelta. Los desahucios silenciosos Junto a los casos donde la vulnerabilidad resulta patente, están esos desahucios invisibles o silenciosos, los que llevan a dejar una vivienda, pero sin salir en ninguna estadística. "Es abandonar la vivienda sin que lo ordene un juez, que el arrendador fuerce la marcha del inquilino", define Víctor Palomo. "Ahí vemos perfiles muy heterogéneos. No son desahucios por impago, sino porque los caseros exigen cobrar más y vemos que se están rescindiendo contratos porque hay aspiración de que se puede cobrar más", añade. Y lo ven tanto con grandes tenedores como pequeños propietarios. "Nada cuesta el doble de un día para otro, hay esa percepción de que se puede cobrar más por un alquiler y eso deriva en ansiedad y en inestabilidad pero no hay datos, los inquilinos abandonan. Nosotros los consideramos desahucios", apuntan desde el Sindicato de Inquilinos. “Es gente que no ve venir una comitiva policial, que no se quiere ir pero les echan", ahonda Enric Aragonès. "Es un drama invisible" donde exigen dejar la casa bien por "finalización de contrato o porque te quieren imponer una subida de precios que no puedes asumir. Te vienen dadas o lo tomas o lo dejas. Decimos a la gente que se quede, porque cuando te vas no hay más margen de negociación, pero si te quedas hay un elemento de negociación muy fuerte". A eso se suma el despegue de los alquileres de temporada, donde los inquilinos están aún más desprotegidos. "Es un uso fraudulento, si es tu domicilio tienes que defender que es tu vivienda, que es un contrato de vivienda de uso permanente", indica Aragonès. "Es una forma de trampear la Ley, porque ahí no se aplica ningún concepto de vulnerabilidad y la relación es la del Código Civil", recalca Víctor Palomo. El Gobierno tienen en marcha un grupo de trabajo para regular los alquileres por temporada, que quedaron fuera de la Ley de Vivienda, pero de momento solo ha habido una reunión y no hay medidas a la vista para regularlos.
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