Sociedad NoticiasKilómetro Cero | Lo que tienes que saber antes de salir de casa | Martes 26 de agosto de 2025
SN Redacción
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) requiere una reforma para tener más «dientes» para actuar, así como mayor colaboración en materia de recuperación de recursos en casos de corrupción, congelamiento de cuentas y fiscalización a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sostuvo la presidente del comité coordinador, Vania Pérez Morales. En entrevista, subrayó que para obtener resultados se requería voluntad política entre todas las instituciones que integran el SNA, ya que sin esto no podía funcionar en su conjunto.
En el Primer Informe presidencial, siete de cada diez ciudadanos aprobaron la labor de Claudia Sheinbaum Pardo, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional en vivienda de Buendía & Márquez, en exclusiva para El Universal. La mandataria continuó con un amplio respaldo: 70% aprobó su gestión, 18% la reprobó y 7% se mantuvo neutral. El apoyo hacia Sheinbaum fue similar, dentro del margen de error, al registrado en el primer mes de su gobierno (74%).
La presidente Claudia Sheinbaum entregó apoyos económicos a mujeres artesanas de la región montañosa de Guerrero, donde afirmó que «un país que no reconoce a sus mujeres indígenas no puede llamarse justo». En su discurso, Sheinbaum enalteció el trabajo de las bordadoras y celebró la entrega de créditos a la palabra mediante el programa Apoyarte, que buscó otorgar hasta 500 millones de pesos para que artículos como huipiles, bordados en esa región, pudieran llegar no solo a Guerrero y Oaxaca, sino a plazas de todo el país.
A través de llamadas por teléfono celular y con la amenaza de que cuentas o tarjetas serían bloqueadas por supuestas anomalías encontradas por el SAT, delincuentes intentaron robar datos personales y dinero a usuarios. Si la persona no atendía la llamada, recibía una grabación donde se escuchaba que se habían detectado depósitos y transferencias que superaban los 50 mil pesos con el RFC de quien contestaba y que el SAT estaba solicitando información de esas cuentas. «Para nosotros es importante aclarar estas operaciones para no bloquear sus cuentas y tarjetas», se escuchaba en uno de los audios.
En 11 meses, el Senado gastó 48.4 millones de pesos en 154 actividades culturales y artísticas para ofrecerlas de manera gratuita al público, entre ellas un altar de muertos de tres millones de pesos, así como dos árboles de Navidad y un nacimiento gigante de 4.8 millones de pesos. Dicho gasto fue 67.5% superior a lo que pagó en seis años, de 28.8 millones de pesos; es decir, ahora pagó 19.5 millones más en un periodo menor. Dos principales proveedores se beneficiaron del negocio cultural ofrecido en la antigua sede del Senado, en Xicoténcatl 9, Centro Histórico. Se trató de Must Wanted Group, de Bernardo Noval, que recibió 28.8 millones en seis años; y de PRo DAHG Producciones, de Alejandro Hernández, que cobró 48.4 millones en 2024.
Ángel Cabrera Mendoza, licenciado en Derecho por la UNAM, fue nombrado presidente de la CNBV, cargo que asumirá el 1 de septiembre. Con una sólida carrera en la Administración Pública Federal y en el sector de reguladores financieros, Cabrera ocupó diversos puestos en la SHCP y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Su trayectoria y su imagen estructurada lo posicionaron como un operador político experimentado.
Con más de 15 mil 980 amparos promovidos por pacientes, familiares y organizaciones civiles contra el gobierno federal por la falta de medicamentos, las camionetas de reparto no representaron una solución al problema, sino solo una medida paliativa, alertó el colectivo nacional Cero Desabasto. En un estudio entregado a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, señaló que «la escasez de medicamentos afecta la salud de miles de pacientes, ya que el derecho a la salud no se garantiza plenamente». También remarcó que «la anulación de procesos como la compra consolidada para los años 2025-2026 constituyó el séptimo intento fallido de implementar una estrategia efectiva de adquisiciones públicas».
Vecinos de Naucalpan aportaron pruebas para evidenciar que el agua extraída desde la Presa Madín y que llega hasta la Ciudad estaba contaminada. Sin embargo, batallaron en juzgados y con autoridades para que reconocieran el problema. Miguel Miramontes, abogado de los residentes, explicó que uno de los documentos presentados ante el Poder Judicial de la Federación, mediante un juicio de amparo, fue un estudio realizado por especialistas del IPN. Marcela Galar, investigadora de la institución académica, identificó que las aguas residuales sin tratamiento descargadas hacia la presa, así como lixiviados provenientes de residuos, llegaban al afluente e invadían zonas protegidas.
La FGR perdió en forma definitiva el caso contra la exesposa de Emilio Lozoya, Marielle Helene Eckes, por un supuesto fraude al fisco de 909 mil 400 pesos en concepto de ISR en 2013. En cumplimiento a una sentencia de amparo, el juez de control Juan Morales Nieves, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, negó a la FGR la orden de aprehensión contra la ciudadana alemana por defraudación fiscal equiparada. Según el fallo, la imputación carecía de méritos porque la ex pareja de Lozoya no era contribuyente en las fechas atribuidas, por lo que no ocasionó perjuicio a la hacienda pública.
Una magistrada federal interpuso un amparo contra la FGR porque durante más de dos años no fue informada sobre el estado de una investigación que ella misma solicitó iniciar por supuestos actos indebidos que le atribuyó la prensa. Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, magistrada del Tribunal Colegiado de Apelación de Zacatecas, demandó que la FGR respondiera sus escritos en los que pedía conocer si la carpeta de investigación continuaba en curso. «Se insiste en solicitar a este Juzgado Federal que asuma un rol severo y estricto al realizar el escrutinio en torno a la constitucionalidad del acto reclamado y se nos informe del estado procesal de tal carpeta de investigación», señaló en la demanda presentada por Teresa Maldonado, defensora pública de la juzgadora.
El Coordinador Jurídico del PAN, Santiago Torreblanca, llamó a la ciudadanía a sumarse al amparo colectivo contra el paquete de reformas denominado «Leyes espía». Correspondió a legislaciones avaladas en un periodo extraordinario en materia de telecomunicaciones, seguridad y búsqueda de personas desaparecidas, mediante las cuales se permitía al gobierno federal acceder a bases de datos de entes públicos y privados, geolocalización en tiempo real, monitoreo de la CURP y datos biométricos. Torreblanca señaló que la ciudadanía tendría hasta el 27 de agosto para adherirse a la medida y compartió en sus redes: «Baja desde la página del PAN este formato de amparo y preséntalo».
Diputados de Morena en el Congreso de la Cdmx respaldaron el Bando Uno planteado por la jefe de Gobierno, Clara Brugada Molina, para enfrentar la gentrificación y acusaron al PAN de respaldarse en el juez Ulises Oswaldo Rivera González para interponer un juicio de amparo en Materia Administrativa. Durante la conferencia La Chilanguera, el legislador Paulo Emilio García González acusó a los blanquiazules de actuar en favor de intereses inmobiliarios. «Hay un grupo de diputadas y diputados que, además, con cargo al erario público que financia sus equipos técnicos, está buscando descarrilar estas medidas, que tienen tres objetivos sencillos: frenar aumentos desmedidos en rentas, construir más vivienda social y arraigar a la gente en sus comunidades».
Para el 29 de agosto deberá ser conformada la nueva Mesa Directiva, informó Gerardo Fernández Noroña, aún presidente del Senado. En su plenaria también se contó con secretarios de Estado, entre ellos Rosa Icela Rodríguez, de Gobernación, y Marcelo Ebrard, de Economía. Los aliados del Partido Verde programaron una reunión el martes con presencia de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí. La bancada del Partido del Trabajo se reuniría hasta el 30 de agosto junto con sus diputados federales.
En medio de la discusión sobre los cambios que se avecinaban en el Poder Judicial, Fernández Noroña consideró que la actual oposición no tenía nada que aportar a la eventual reforma electoral anunciada por la presidente Claudia Sheinbaum, la cual será presentada en enero. El legislador recordó que cuando Morena fue oposición, no se pidió al PRI ni al PAN incorporar sus puntos de vista. También cuestionó: «¿Qué va a proponer la oposición? ¿A Luis Carlos Ugalde, responsable del fraude de 2006? ¿A Lorenzo Córdova, que decía que era antidemocrático que el pueblo eligiera al Poder Judicial por voto universal?».
De cara al relevo en la presidencia del Senado, Fernández Noroña también advirtió que uno de los primeros desafíos sería la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial. «Va a ser una sesión difícil», estimó, y alertó que «la oposición puede intentar reventarla».
Ante la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, más de 200 políticos, intelectuales, especialistas y periodistas exhortaron al gobierno federal a promover un debate público incluyente. Con el objetivo de «preservar la integridad democrática» hicieron un llamado a contemplar seis principios fundamentales en la reforma electoral anunciada por el presidente Claudia Sheinbaum. Por último, hicieron un llamado a robustecer la independencia del Poder Judicial de la Federación.
A principios de este año, 89 organizaciones políticas manifestaron al INE su intención de convertirse en nuevos partidos políticos, pero ocho meses después, sólo dos alcanzan el número suficiente de asambleas exitosas y afiliados para seguir en la lucha y contender en las elecciones intermedias de 2027. El primero es el partido que busca aglutinar, por tercera ocasión, a ciudadanos cristianos evangélicos: Construyendo Solidaridad Paz (CSP). El segundo es el partido Somos México, que resultó del Frente Cívico Nacional (FCN) de parte de la Marea Rosa que respaldó a Xóchitl Gálvez.
El Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Sonora concedió una suspensión provisional para que el municipio de Cajeme, a través del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPASC), garantice de inmediato los servicios de drenaje y alcantarillado en la colonia Fovissste II. La resolución se emitió dentro del juicio de amparo 1890/2025, promovido por un habitante de la zona que denunció que desde 2022 se han registrado fugas de aguas residuales que afectan la calidad de vida de los residentes y generan riesgos ambientales.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila ratificar la validez de la elección de los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), en la que, entre otros, Celia Maya García y Bernardo Bátiz Vázquez obtuvieron su triunfo. El TDJ es uno de los nuevos órganos creados con la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación y será una de las instancias que asuman las funciones que aún tiene el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Será el encargado de investigar y, en su caso, sancionar a los juzgadores federales que hayan incurrido en negligencia o falta grave en sus funciones.
Uno de estos proyectos, que es público, fue elaborado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien propone confirmar los acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a la elección de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial Federal y confirma la declaración de validez, la asignación y la entrega de las constancias de mayoría. En este caso, las magistraturas electas que se perfilan a ser validadas son las de Celia Maya García, Eva Verónica de Gyvés, Indira Isabel García Pérez, Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino H. León Tovar. Este nuevo tribunal sustituirá las labores del Consejo de la Judicatura Federal.
En septiembre entrarán en funciones los juzgadores federales y locales que ganaron las elecciones el 1 de junio, pero muchos no tienen experiencia previa en el Poder Judicial, por lo que decenas están tomando cursos «fast-track». Este tipo de capacitaciones, de dos meses en promedio, se imparten en escuelas judiciales de entidades como Aguascalientes, Baja California, Estado de México y Zacatecas, con la finalidad de «garantizar una adecuada preparación» y que arranquen con «bases sólidas». Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), advierte que habrá una «justicia sin experiencia» y debilitada. Eso se debe, según lo explica Fuentes Velázquez, a que los nuevos juzgadores no son los perfiles más capacitados, sino quienes aparecieron en los acordeones que se distribuyeron en todo el país antes de la elección.
El expediente de los 10 mil 327 millones de pesos, pertenecientes a tres fideicomisos que fueron transferidos a la Tesorería de la Federación (Tesofe) y que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reclama, quedará en manos de los nuevos ministros de la Corte. Se trata de los fideicomisos para pensiones complementarias de jueces y magistrados; para construcción de infraestructura; y para mantenimiento de viviendas donde se alojan juzgadores que son adscritos a una ciudad distinta a la de su residencia.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó una demanda mercantil contra Nacional Financiera (Nafin) para exigir la devolución de 10 mil 327 millones de pesos que se encontraban en tres fideicomisos, cuyo saldo fue transferido a la Tesorería de la Federación (Tesofe) sin previo aviso. El ministro Jorge Pardo, decano de la Suprema Corte, admitió la demanda a trámite el pasado de agosto. Tanto Nafin como la Tesofe ya fueron emplazadas a juicio; esta última solo en calidad de tercera interesada. En su demanda, la Judicatura también pide que se exhiban estados de cuenta a partir del mes de marzo, la declaración judicial de que Nafin incumplió los contratos de los fideicomisos, y el pago de perjuicios, es decir, de los intereses generados a partir del de abril, cuando Nafin vació las cuentas por «instrucciones superiores».
Alimentación para el Bienestar, organismo que sustituyó a Segalmex, asignó contratos a una red de empresas que simuló competencia, que reportó domicilios inexistentes y que utilizó prestanombres con identidad robada. Las cinco empresas de esta red aportaron como direcciones fiscales departamentos, oficinas y bodegas donde nadie los identifica. En documentos oficiales se menciona que el domicilio de Konkistolo y de FamilyDuck está en Durango 2, interior 202, en la colonia Roma Norte, pero MCCI constató que esa dirección corresponde a un despacho legal que da servicio a personal del Poder Judicial.
El juez de Control Enrique Hernández Miranda, que cambió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para que Julio César Chávez Jr. lleve el proceso de investigación complementaria en libertad, ha sido investigado por sus presuntos vínculos con criminales a los que ha favorecido con sus fallos. Algunas de las instituciones que han investigado al juez –que llevó la etapa inicial del proceso penal contra Chávez Jr. por delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, en su probable complicidad con la facción de La Chapiza del cártel de Sinaloa– son la FGR y la UIF de la Secretaría de Hacienda, quienes comenzaron la indagatoria luego que el adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, por cansancio y omisión, no dictó las medidas cautelares contra uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal.
Un juez sentenció a 293 años de prisión a José Luis Luquin Delgado, El Jabón, quien participó, el 28 de marzo de 2011, en el homicidio de siete personas en Morelos, entre ellos Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del escritor Javier Sicilia. La delegación de la FGR en Tamaulipas aportó los elementos suficientes de prueba contra El Jabón por secuestro y homicidio. El día del hecho, en Jiutepec, Morelos, un grupo de sujetos armados, entre ellos el sentenciado, integrantes del Cártel del Pacífico Sur, privaron de la libertad a Sicilia Ortega y seis personas más.
En la última semana de vigencia del actual Poder Judicial, el Tribunal Electoral aprobó la creación de la Unidad Especializada del Procedimiento Especial Sancionador (Uepes). Desde esta nueva área, la Sala Superior resolverá sanciones relacionadas con campañas y violencia política de género de manera exprés definitiva, sin posibilidad de impugnar o pedir revisión. Dicha unidad hará oficial que, en materia electoral, se elimine la primera instancia a la que anteriormente la ciudadanía, partidos políticos, ministros de culto o sindicatos y cualquier funcionario público tenía derecho para revertir una sentencia y pedir un nuevo análisis.
La SCJN ha mantenido por décadas a un solo taller en la Ciudad de México como proveedor exclusivo de las togas que portan sus ministros, prendas elaboradas en seda negra que pueden renovarse a discreción y sin límite. En un recorrido realizado por este diario en el taller encargado de confeccionar las prendas del Poder Judicial, se constató que el inmueble permanecía con la cortina cerrada.
Los ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen por delante su primera polémica: el uso o eliminación de las togas judiciales que tradicionalmente han usado los integrantes de este Máximo Tribunal Constitucional. La proveedora histórica que confecciona estas prendas reveló que el Poder Judicial de la Federación (PJF) le notificó con retraso sobre el nuevo pedido, lo que derivó en la ruptura de la relación contractual.
Colectivos que defienden la práctica de fumar marihuana en espacios públicos manifestaron que aún persisten dudas por los vacíos legales sobre la tolerancia, puesto que aseguran que la policía los estigmatiza por dedicarse a esta actividad, aun cuando el gobierno de la capital del país habilitó sitios para la llamada «Comuna 420». Basta recordar que antes de estas zonas autorizadas, en la capital surgieron varios «puntos de protesta», creados por los colectivos para exigir una regulación, luego de que en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición de la marihuana para fines recreativos.
Hasta los últimos días de labores de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Grupo Salinas presentó nuevos recursos legales que mantienen detenida la resolución de tres litigios fiscales de Elektra por casi 35 mil millones de pesos. El Pleno saliente, presidido por Norma Piña, cerró sesiones el 19 de agosto, por lo que estos casos, junto con el amparo directo en revisión 3842/2024 –relativo a un crédito de 2012 por 67 millones de pesos– serán resueltos por la nueva integración de la Corte a partir del 1º de septiembre.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había ejercido o comprometido, hasta junio pasado, 4,859.9 millones de pesos equivalente al 92.8% del presupuesto para el año en curso, lo que dejaría a la nueva conformación del máximo tribunal del país el 7.2% de los recursos por ejercer, que equivalen a más de 300 millones de pesos para operar, indican datos del informe de gestión 2023-2025, de la todavía ministro presidente Norma Piña.
En el informe final de su gestión como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Norma Piña ofreció cifras sobre los resultados obtenidos en su trabajo, pero subrayó que aproximadamente seis de cada diez juicios que llegaron al órgano judicial fueron desechados debido a irregularidades detectadas desde los mismos denunciantes. Durante la presentación que hizo Piña Hernández, detalló que de enero de 2023 hasta este mes de agosto se tramitaron hasta mil 310 expedientes, además de 27 que se sumaron debido a que se encontraban en trámite durante el último día de 2022.
Tras el accidente automovilístico que sufrió el pasado viernes por la noche, el ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arístides Rodrigo Guerrero García, continúa hospitalizado con pronóstico de recuperación favorable. Su toma de protesta, junto con la de otros ocho ministros, está programada para el próximo lunes en el Senado.
Con la renovación del Poder Judicial de la Federación que se hará realidad el próximo septiembre, también habrá un cambio, con la desaparición de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La Sala Especializada sostendrá su última sesión esta semana para desahogar los 12 juicios que tiene pendientes.
La gobernadora panista de Chihuahua logró imponer en la cúpula judicial a personajes señalados de falta de experiencia en muchos casos, pero cercanos; el uso de acordeones de los que se queja la oposición nacional fue cosa oficial en la entidad norteña y las impugnaciones de poco han servido. En una medida que se consideró destinada a evitar reveses legales en los comicios, en febrero de este año, la gobernadora panista impulsó a Héctor Molina Martínez, identificado como funcionario afín al exmandatario estatal César Duarte, como magistrado presidente del Tribunal Electoral estatal.
Ex presidentes del IFE e INE pidieron que la iniciativa de reforma electoral sea elaborada por consenso de expertos, academia y organizaciones civiles para evitar que sea impulsada desde el poder político. En un segundo pronunciamiento, al que se sumaron ex presidentes del Tribunal Electoral, así como decenas de académicos, actores políticos y sociales, señalaron que la Comisión Presidencial en la materia «tiene la responsabilidad de promover una deliberación amplia y plural de conducir un debate público incluyente para que la reforma sea diseñada por todos los grupos actores de la sociedad, con la participación de partidos, instituciones, academia, ciudadanía».
La próxima reforma electoral enfrenta un escenario complejo, no sólo por el choque entre oficialismo y oposición, sino también por las divisiones internas que comienzan a surgir dentro de la Cuarta Transformación y sus bancadas en el Congreso de la Unión. El abogado y politólogo Antulio Ontiveros consideró que la oposición está «totalmente desarticulada» y que su única salida será recurrir a los tribunales. No obstante, también anticipó divisiones dentro de Morena, donde «hay quienes han vivido del sistema plurinominal y pueden oponerse a su desaparición». En cuanto a la viabilidad de la reforma, los expertos coincidieron en que el partido oficialista y aliados tienen los votos necesarios para aprobarla.
El 13 de junio, la jueza de Control, Guadalupe Martínez Taboada, vinculó a proceso al exdirector del diario Tribuna, González Valdez, por presuntamente incurrir en delitos de incitación al odio y a la violencia en contra de la gobernadora Layda Sansores San Román, quien presentó la denuncia en su contra. González Valdez no es el único caso en el que un tribunal tuvo que intervenir y sancionar a periodistas por presuntamente «ofender» a Sansores San Román. El 10 de agosto el Tribunal Electoral estatal ordenó a los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali ofrecer disculpas públicas a la mandataria local por supuestamente haberla ofendido con sus críticas en el programa La Barra Noticias.
La economía mexicana registró un avance de 0.6% en el segundo trimestre del año, en términos reales y con cifras ajustadas por estacionalidad, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que permitió un crecimiento de 0.9% en el semestre. El desempeño final de la actividad económica en el periodo de abril-junio contrasta con 0.7% proyectado por el Instituto en su estimación oportuna hace 20 días y quedó debajo de la proyección que tenía el promedio de especialistas del sector privado recabado por Banco de México al iniciar el mes, que anticiparon una contracción de 0.10 por ciento. No obstante al ligero ajuste a la baja, el PIB anual resultó de 1.2%, como calculó el Inegi en su dato oportuno.
Un análisis del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos advierte que pese a que la presidente Claudia Sheinbaum ha mostrado disposición para colaborar con EU en el combate a los cárteles, las continuas amenazas arancelarias del presidente Donald Trump, así como el amago de una intervención militar estadounidense en México, podrían perjudicar dicha cooperación. A través del estudio Evolución de la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México, elaborado por Clare Ribando Seelke, especialista en asuntos latinoamericanos, se resalta que por más de 15 años, los gobiernos de Estados Unidos y México han mantenido una estrecha cooperación bilateral en materia de seguridad, pues las autoridades estadounidenses consideran que los cárteles mexicanos siguen representando una amenaza para la seguridad nacional de aquel país.
El sector patronal mexicano irá a Washington y a Canadá en octubre de este año a la luz de la próxima revisión del T-MEC, para reforzar los trabajos iniciados con sus contrapartes en esos países, y subrayar las ventajas que tiene el acuerdo comercial para la región en donde México es parte de la solución y no el problema, señaló Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex.
El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, dejó entrever la posibilidad de un recorte a la tasa de interés de referencia en la próxima reunión del banco central. “Con la política monetaria en territorio restrictivo, las perspectivas de referencia y el cambiante balance de riesgos podrían justificar un ajuste de nuestra postura política”, señaló el funcionario durante su mensaje en el simposio de Jackson Hole.
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó ayer con expandir sus despliegues militares a más ciudades lideradas por los demócratas, tras hacerlo en D.C. y Los Ángeles bajo el argumento de altos niveles de criminalidad. El mandatario amenazó a Baltimore tras un choque con el gobernador de Maryland, Wes Moore, un demócrata que ha criticado la inaudita utilización del poder federal por parte de la actual administración republicana para combatir la delincuencia y la falta de vivienda en la capital del país. Moore invitó la semana pasada a Trump a visitar su estado para hablar sobre seguridad pública y recorrer las calles.
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