Los fondos buitre ponen en riesgo la soberanía alimentaria española

Los agricultores, preocupados por la compra masiva de parcelas agrícolas por parte de fondos buitre internacionales

Los fondos de inversión se lanzan a por el olivar, la almendra y los cítricos: "Vivimos la 'uberización' del campo español"

Estas firmas de inversión buscan terrenos de regadío, de producción intensiva, y no han perdido interés a pesar de la sequía. También son capaces de diversificar porque están presentes en diferentes mercados y países

La tierra se encarece con la llegada de los fondos de inversión y la mayor demanda de alimentos

El interés inversor propicia un crecimiento discreto pero continuo de los precios de las fincas rústicas, cuyas compraventas crecieron con fuerza hasta septiembre

La uberización alcanza el olivar: los fondos buitre, a la compra de grandes fincas

Coag expone en un informe que el proceso por el que los agricultores pasan de trabajar sus tierras a ser empleados de grandes empresas contribuye a un descenso en el 59% de las explotaciones.

Los trabajadores

“Kings Over the Necessaries of Life”: Monopolization and the Elimination of Competition in America’s Agriculture System | Farm Action

This report shows how extensive market concentration across the food and agriculture system enables a handful of corporations to dictate who farms, what they farm, and what Americans eat.

Aragón se convierte en el nuevo banco de pruebas de la uberización del campo español

Tras Andalucía y Extremadura, los fondos de inversión especulativos aterrizan en el sector agrario de la región para acaparar las mejores fincas de regadío.   Este proceso pone contra las cuerdas a los 17.000 agricultores y ganaderos más profesionalizados de Aragón, frena la incorporación de jóvenes e hipoteca el desarrollo del medio rural y la lucha contra el cambio climático.  “Si el nuevo modelo de oligopolios corporativos se impone en el sector, Aragón camina hacia una agricultura sin agricultores”, ha subrayado Javier Fatás.  COAG y UAGA reclaman al Gobierno central y autonómico una apuesta firme y decidida por el modelo social y profesional de agricultura. “Proteger a los pequeños y medianos agricultores profesionales es sinónimo de soberanía alimentaria., desarrollo rural y biodiversidad”. La “uberización del campo español” se agudiza en España y resulta una seria amenaza para el modelo social y profesional de agricultura, mayoritario en nuestro país. Así lo refleja el estudio presentado esta mañana en Zaragoza por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), en colaboración de UAGA. Bajo el título, ”¿Hacia una agricultura sin agricultores/as?. Efectos de la uberización del campo en la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las pequeñas y medianas explotaciones”, la organización agraria COAG ha remarcado que la compraventa de fincas rústicas ha experimentado un aumento significativo, con un incremento del 20% en comparación con 2019. Este auge está siendo liderado por grandes fondos de inversión especulativos, tanto nacionales como extranjeros, que buscan cultivos atractivos como los leñosos y súper-alimentos. En la actualidad, en la Península Ibérica más de 900 fondos poseen ya tierras valoradas en más de 100 mil millones de euros. En clave estatal, Aragón se ha convertido en el nuevo banco de pruebas de la uberización del campo español. Tras Andalucía y Extremadura, los fondos de inversión especulativos están aterrizando de forma más intensa en el sector agrario de la región para acaparar las mejores fincas de regadío. “Este proceso pone contra las cuerdas a los 17.000 agricultores y ganaderos más profesionalizados de Aragón, frena la incorporación de jóvenes e hipoteca el desarrollo del medio rural y la lucha contra el cambio climático. Si el nuevo modelo de oligopolios corporativos se impone en el sector, Aragón camina hacia una agricultura sin agricultores”, ha subrayado Javier Fatás, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, durante la presentación del estudio. En este sentido, el portavoz de COAG ha afirmado que “la brutal reconversión que ya se vislumbra amenaza con convertir a los profesionales autónomos e independientes en “asalariados” de las grandes corporaciones agroalimentarias, como ya está pasando en otras partes del mundo como Argentina o Brasil”. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 había en Aragón 17,613 afiliados a la Seguridad Social agraria, una cifra que ha caído desde los 18,904 registrados en 2018, lo que representa una pérdida de casi 1300 profesionales en apenas cinco años. “Las “pymes del agro”,  verdadero pulmón económico y social del medio rural y dique de contención contra la despoblación y la desertización en decenas de comarcas”, ha puntualizado Fatás. Tal y como recoge el estudio, las explotaciones han tenido que optimizar sus recursos, adaptándose a las nuevas exigencias climáticas, y aquellas que cuentan con recursos hídricos han sido capaces de mejorar notablemente su productividad. La valoración de las tierras con permiso de uso del agua ha generado un interés económico, dando paso a un proceso de especulación que afecta principalmente a las pequeñas y medianas explotaciones, que carecen de recursos para competir con grandes inversores. Todo este panorama refleja la tendencia del sector, donde muchas pequeñas explotaciones han sido absorbidas o compradas por actores más grandes, lo que ha contribuido a una mayor concentración de la tierra. De hecho, los propietarios particulares disminuyeron en explotaciones de menos de 50 hectáreas en un -7,5% y en aquellas de 50 – 100 hectáreas en un -5.7%; Sin embargo, aumentaron en un 20% en aquellas de más de 100 hectáreas. Esta tendencia del modelo productivo pone en riesgo el acceso a la tierra y, consecuentemente, al relevo generacional en el campo. Desde 2009, el descenso de la población activa joven en el sector agrario ha sido constante hasta bajar un 11%. En España, un 41,3% de los titulares de las explotaciones tienen 65 años o más, mientras que sólo el 8,9% tienen menos de 41 años. “El relevo generacional en la agricultura es un reto social, ambiental y territorial”, ha puntualizado Javier Fatás. Por otro lado, hay una derivada adicional en estos procesos: la monetización de la sostenibilidad. Estas empresas que llegan al sector también presentan herramientas para rentabilizar las inversiones desde el punto de vista de la certificación de la sostenibilidad. Ejemplo de ello es la plataforma Arima, de la gestora de inversión Bolschare, que busca medir y certificar desde la huella de carbono a la huella hídrica, pasando por la acción social y la biodiversidad. El objetivo es cuantificar y monetizar cada uno de esos parámetros de sostenibilidad[1] y facilitar la compensación de emisiones de CO2 para empresas mediante créditos de carbono. Aseguran que ya tienen comprometida la medición de 22 mill ha, principalmente en Sudamérica y África, pero que ahora han puesto el foco en Australia, California y Europa, donde afirman ser el principal operador de gestión de activos agrícolas en la Península Ibérica en aplicación de criterios ESG[2]. Las formas de “acaparamiento verde” representan ya el 20% de los acaparamientos de tierra actuales[3]. Asimismo, la uberización del campo está frenando la lucha contra el cambio climático en el sector agrario: Debilitamiento de las capacidades locales. La uberización del campo y la entrada de fondos de inversión debilitan las capacidades locales para implementar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Los pequeños agricultores, que históricamente han sido guardianes de prácticas agrícolas tradicionales y sostenibles, enfrentan mayores dificultades para mantenerse competitivos en un entorno cada vez más dominado por capital especulativo y mano de obra externalizada. Esto ha reducido la capacidad del sector para adoptar tecnologías climáticamente inteligentes o prácticas regenerativas que mejoren la resiliencia de los ecosistemas agrícolas. Aceleración de la degradación ambiental. El modelo agrícola impulsado por los fondos de inversión y la uberización tiende a acelerar la degradación ambiental, un factor que incrementa la vulnerabilidad del sector agrícola ante el cambio climático. Las prácticas intensivas que predominan en este modelo contribuyen al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad, y la erosión de los suelos, lo que complica aún más la capacidad de mitigar los efectos del cambio climático. Falta de incentivos para la innovación sostenible. Tanto la uberización del campo como la llegada de fondos de inversión han generado un entorno económico donde los incentivos para la innovación sostenible son limitados. Los agricultores tienen menos margen financiero para invertir en nuevas tecnologías, como la agricultura de precisión, y menos motivación para aplicar prácticas agrícolas que puedan mejorar la sostenibilidad a largo plazo, como la rotación de cultivos. Ante estas amenazas, COAG y UAGA han reclamado al Gobierno central y autonómico una apuesta firme y decidida por el modelo social y profesional de agricultura. “Proteger a los pequeños y medianos agricultores profesionales es sinónimo de soberanía alimentaria., desarrollo rural y biodiversidad”.           [1] https://bolschare.com/es/nuestro-presidente-ignacio-schmolling-detalla-en-el-mundo-las-claves-que-han-llevado-a-la-compania-a-convertirse-en-un-referente-internacional-en-la-gestion-de-activos-agricolas-destacando-nuestro/ [2] Environmental (medio ambiente), Social (sociedad) y Governance (gobierno corporativo). [3] Ver: https://www.science.org/doi/10.1126/science.ade3535

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