¿Y si no tenés «red social»? (plataformas privadas para «chupar» datos y hacer perfiles )
No sé qué pasa si no tenés redes sociales! Supongo que te hará, automáticamente, sospechoso!
Tal vez tener una red social para mostrarle a la migra con tu nombre y apellido real y una con un nic un pseudónimo para usarla libremente!
Tal vez usar Mastodon o alguna otra plataforma del fediverso con un nic!
Sobre el Fediverso
Estoy en Mastodon
#estadosUnidos #irseDeLasRedes #redesSociales #revisarTuRedSocial
Transformando las cuentas de Instagram, y otras plataformas, en «activos» para comprar o vender! ¿Vos le seguís creyendo a las «redes» sociales?
Lori Regattieri reflexiona:
«Las interacciones sociales (likes, visualizaciones, seguidores) dejan de ser sólo indicadores de popularidad y se tornan métricas económicas que representan un potencial de ganancias. La cuenta es precificada en base a ese potencial y negociada como un activo en el mercado informal»
«La capacidad de monetizar la atención del público torna a la cuenta un activo alineado a las monedas fiduciarias. Se transforman directamente compatibles con la lógica de transformarlos en un activo por medio de los flujos de pago digital. Las cuentas monetizadas son tratadas como unidades económicas listas para su conversión en dinero real»
Y si ponés «Venta de cuentas en Instagram» en tu buscador amigo te van a aparecer varios lugares para comprar/vender eso!
¿Vos le seguís creyendo a las redes (plataformas para captar datos) sociales? Mejor irse lo antes que se pueda de ahí!
Yo estoy en el Fediverso, algo más sobre el tema.
#asset #comprarCuentas #instagram #irseDeLasRedes #irseDeTwitter #monetizarInteracciones #monetizarSeguidores #monetizarUnaCuenta #redesSociales #venderCuentas
As interações sociais (curtidas, visualizações, seguidores) deixam de ser apenas indicadores de popularidade e se tornam métricas econômicas que representam potencial de lucro. A conta é precificada com base nesse potencial e negociada como um ativo no mercado informal
La ministra habilitó a las fuerzas a hacer perfiles de usuarios de redes sociales
Cuidado: Patricia Bullrich ciberpatrulla
Organismos de derechos humanos y juristas advierten que la resolución de Seguridad podría afectar la libertad de expresión y dar vía libre a una vigilancia masiva.
Según la resolución 428, las fuerzas podrán monitorear lo que sucede en la web de acceso público y fuentes digitales abiertas. Esto quiere decir, podrán entrar en aquellos sitios de internet “cuyo acceso no implica una transgresión al derecho a la intimidad de las personas”.
El Ministerio de Seguridad le da vía libre a las fuerzas para ciberpatrullar en función de una larga lista de delitos: venta o tráfico de drogas, amenazas, coacción e intimidación, venta de armas o explosivos, venta de objetos robados o falsificados, comercialización de instrumentos públicos, malos tratos o crueldad contra animales, acoso o violencia por motivos de género, prostitución infantil, trata de personas, lavado de activos, terrorismo y “cualquier otro delito que se pueda obtener noticia en el ciberespacio”. Esto es leído por los especialistas como una “excursión de pesca”: las fuerzas salen a ver qué encuentran.
Además, Bullrich sostiene que estos lineamientos deben servir para la búsqueda de personas desaparecidas y de personas requeridas por la justicia. Es evidente que a la ministra no le interesan todos los prófugos: en marzo dejó caer las recompensas que ofrecía el Estado nacional a quienes aporten datos para encontrar a 21 represores de la última dictadura. En ese momento dijeron que preferían inyectar el dinero en la lucha contra el narco en Rosario.
Según la resolución, se preserva la libertad de expresión –algo puesto en entredicho por juristas y referentes de organizaciones de derechos humanos—y se debe destruir el material relevado. No especifica en qué plazo.
Las fuerzas, si detectan un posible delito, deberán denunciarlo ante los tribunales. Mensualmente, deberán informar cuántas denuncias hicieron ante la Dirección de ciberdelito y asuntos cibernéticos del Ministerio de Seguridad.
El ciberpatrullaje no es nuevo. Se usó intensamente durante el gobierno de Cambiemos. La entonces Policía Metropolitana –hoy de la Ciudad—estaba haciendo sus controles “de rutina” en marzo de 2016, cuando advirtió que una usuaria proponía matar a la hija menor de Mauricio Macri, Antonia. La Metropolitana denunció la situación ante el juez federal Ariel Lijo. A partir de este incidente, el magistrado le avisó al Departamento de Seguridad Presidencial de la PFA. La fuerza –conducida por Bullrich—aprovechó la oportunidad para concentrarse en la actividad de tuiteros que estaban descontentos con el entonces presidente. Hubo denuncias –y detenciones—varias por amenazas.
Durante el gobierno del Frente de Todos (FdT), hubo ciberpatrullaje durante la pandemia. Hubo un caso paradigmático: el de Kevin Guerra, un veinteañero de Balcarce. Kevin estaba matando el tiempo durante el aislamiento y escribió, en tono jocoso, si seguía en pie lo del saqueo si no se pagaba el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Kevin fue investigado por la justicia provincial y luego por la federal. Finalmente resultó sobreseído. La entonces ministra de Seguridad Sabina Frederic convocó a organismos de derechos humanos para discutir un protocolo para regular la actuación de las fuerzas de seguridad, pero finalmente se derogó esa normativa.
Bullrich dice que hay un vacío. Y vuelve a la carga. La novedad es que ahora se utilizará inteligencia artificial.
Las críticas
“En este nuevo texto tampoco es claro de qué se trata el ciberpatrullaje y bajo qué hipótesis se usa y con qué controles”, subraya Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Resulta grave, además, que entre los delitos que figuran para hacer figuras preventivas en el espacio cibernético esté el de amenazas y otras formas de intimidación o coacción. Cualquier mensaje en Twitter podría considerarse amenaza, más aún si se habilita el patrullaje automatizado sin estándar específico de control humano”, advierte.
Hay otro punto que detectaron en el CELS y que les causa preocupación. La resolución de Bullrich replica el inciso 2 del artículo 4 de la ley de Inteligencia, que dice que no se puede obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas o usuarios por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política. Sin embargo, omite la parte en la que afirma que tampoco se puede hacer inteligencia por la adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales. Alarma la omisión sobre todo cuando la ministra denuncia a quienes participan en protestas si integran organizaciones sociales o gremios.
“Bullrich le está dando a la PFA y al resto de las fuerzas de seguridad federales una facultad para hacer tareas de inteligencia”, afirma, por su parte, María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). “Aunque la resolución dice lo contrario, es un instrumento que invade la libertad de expresión y la criminaliza. Es todo tan vago que puede entrar cualquier cosa”, añade la abogada.
Al constitucionalista Andrés Gil Domínguez le preocupa parte del artículo 3 de la resolución. Allí, se establece que las denuncias requerirán de un análisis en función de las “características comunicacionales” propias del medio en que se realizan y del presunto infractor. Además, afirma que se excluirán aquellas conductas consideradas regulares, usuales o inherentes al uso de internet y que no evidencien la intención de transgredir alguna norma.
Gil Domínguez explica que el Ministerio de Seguridad no puede regular en materia de libertad de expresión, algo que le corresponde al Congreso, y de yapa les da discrecionalidad absoluta a las fuerzas de seguridad para decir qué conducta es regular o inusual. “Esto implica la posibilidad de analizar perfiles y decidir qué se denuncia. Por ende, es la posibilidad de perfilar a todos y de coartarles la libertad de expresión a todos”, resalta.
Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, describe que se pretende homologar el ciberpatrullaje con el patrullaje que hace un policía en la calle para prevenir el delito. “No es un mero recorrido. Es una forma de vigilancia. Se va armando un seguimiento de personas, pero se le pone un velo inocente. Es una forma de inteligencia de fuentes abiertas. Por ende, debe estar enmarcada dentro de la inteligencia criminal que se hace dentro de una causa por un delito específico, con orden judicial y el contralor correspondiente”, dice.
Para Busaniche, la resolución de Bullrich deja muchas preguntas sin responder: qué tecnología se va a emplear, qué acuerdos se van a hacer con las plataformas, si éstas van a habilitar el ciberpatrullaje sobre perfiles que no son públicos, si se usará una tecnología del tipo caja negra –como la que se utiliza para el reconocimiento facial, que tienen sesgos específicos que perjudican a ciertas poblaciones o grupos sociales.
#ciberpatrullaje #facebook #irseDeLasRedes #patriciaBullrich #redesSociales #twitter
No oficial