Los supervivientes de la tragedia de Melilla piden justicia un año después: “No se nos escucha”

Cuando piensa en el 24 de junio de 2022, Ibrahim se recuerda corriendo con la cabeza ensangrentada, pero sin ser ni consciente de la gravedad del golpe, para evitar ser atrapado por la Guardia Civil y esquivar una probable devolución. Fue uno de los primeros en saltar la valla, pero no conoció la magnitud de la tragedia hasta 15 días después, tras salir del hospital de Melilla. Se enteró entonces de que su amigo Saeid se había quedado atrás. Nadie sabía nada de él. Ahora Ibrahim vive en Córdoba, tiene residencia en España como solicitante de asilo y aprende español con el objetivo de seguir adelante en suelo europeo, como tanto había deseado. Sus palabras, sin embargo, no transmiten felicidad. “Este era mi sueño, pero ahora se ha convertido en un sueño triste. Nunca me había imaginado que para entrar a Europa tenía que perder a tanta gente y a tantos amigos”, dice el joven chadiano, de 20 años, por teléfono desde la ciudad donde reside después de haber sido trasladado a la península tras su paso por Melilla. Un año después de la tragedia de Melilla, supervivientes de los hechos –distribuidos ahora entre Marruecos, España y distintos países europeos– piden justicia y relatan a elDiario.es el impacto que ha tenido en sus vidas lo ocurrido en la frontera el 24 de junio de 2022. Según las cifras oficiales, 23 personas perdieron la vida en la valla melillense, pero la ONG Caminando Fronteras eleva los datos a 40 fallecidos y 70 desaparecidos. Aquel día, casi 2.000 migrantes intentaron alcanzar la ciudad autónoma sorteando la frontera por el paso fronterizo de Barrio Chino, donde se formó una avalancha humana en la que fallecieron decenas de personas, tras una respuesta violenta por parte de los gendarmes marroquíes y un dispositivo caracterizado por la falta de auxilio de las autoridades españolas y marroquíes. A pesar de la insistencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en que “ningún hecho trágico” sucedió en Melilla, la investigación periodística del consorcio Lighthouse confirmó que al menos una persona cayó muerta en el lado español de la frontera. Un año después de los hechos no hay ninguna investigación independiente abierta sobre lo sucedido, después de que el PSOE bloquease una comisión de investigación solicitada en el Congreso. La única instrucción sobre la tragedia, abierta por la Fiscalía, fue archivada. La semana pasada, cinco ONG registraron una querella en los juzgados de Melilla para solicitar una investigación rigurosa de lo ocurrido en la frontera, aunque aún no ha sido admitida a trámite. "Ha sido un año muy duro" “Ha sido un año muy duro. He sufrido mucho. Desde entonces, hemos estado muy pendientes de nuestros amigos desaparecidos y aquellos que creemos que están en prisión”, cuenta Ibrahim por teléfono desde Córdoba. “Lo más duro ha sido la separación de mi amigo. Él era un pilar para mí y me preocupa no saber nada de él”, repite Ibrahim. 87 migrantes que participaron en el salto aún se encuentran detenidos en Nador y en otras cárceles del país, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). “No hay información pública sobre los juicios a estas personas ni sobre el resto de personas que fueron trasladadas” a otros puntos del país, ha denunciado Amnistía Internacional. Por mensaje, Ibrahim muestra un listado, facilitado por la AMDH de Nador, de los nombres de los sudaneses encerrados en prisión por Marruecos tras la tragedia de Melilla. Señala uno de ellos con una flecha verde. Saeed Musa Ahmed Adam. Piensa que puede ser su amigo. “Su nombre es Saeid Ahmed Musa Adam, pero aquí está registrado una mezcla”. Confía en que sea él. Un nombre y unos apellidos desordenados son todas las noticias que tiene Ibrahim de su amigo Saeid, sudanés de 22 años, con quien realizó la mayor parte de su trayecto hasta Marruecos. “Durante muchos meses no supimos si estaba vivo o muerto”. No ha podido hablar con él, y su familia no deja de llamarle para preguntar sobre el estado de su hijo o hermano. También los de otros compañeros, de los que no tiene ninguna información.  Durante estos 12 meses, solo una familia ha logrado identificar y enterrar uno de los cuerpos de los al menos 23 cadáveres de las víctimas de la tragedia. Se trata del de Adam Bikhit. El resto de cadáveres continúan en las morgues de Marruecos, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos de Nador, que no deja de recibir las llamadas desesperadas de los familiares de desaparecidos. “Marruecos no da ninguna información. No sabemos nada. No podemos responder a los familiares. Están desesperados. Un duelo en estas circunstancias es un duelo eterno”, dice Helena Maleno, fundadora de Caminando Fronteras, en contacto también con los allegados de las víctimas. “Las autoridades marroquíes han declarado que no enterrarán los cadáveres sin identificación, pero tampoco facilitan la identificación de los cuerpos”, sostiene Amnistía Internacional. En España, Ibrahim se ha recuperado de la contusión sufrida en su cabeza hace un año. Intenta aprovechar los 18 meses en un alojamiento para solicitantes de asilo en Córdoba para aprender español. “Estoy muy triste. Tengo que asimilar que hay que salir adelante, estudiar… pero nos acompaña ese dolor, ese pensamiento”, reflexiona el chadiano, quien buscaba llegar a Francia pero ha decidido permanecer en nuestro país hasta que se resuelva su solicitud de protección internacional. “Hay una cierta culpa para los que hemos pasado a España. Estamos aguantando, nos estamos armando de paciencia, nos callamos por aguantar. No se nos escucha, no puedo hablar con mi amigo, no sé nada de él, ni de mucha gente querida desaparecida”. “La culpa siempre nos va a acompañar a quienes ese día nos quedamos en Melilla. ¿Por qué mi hermano se queda y yo paso? ¿Quién no va a sentir culpa?”, lamenta el chadiano. "Me siento abandonado" Entre los que se quedaron al otro lado de la valla de Melilla, quienes pasaron horas al sol amontonados unos sobre otros en el patio del paso fronterizo de Barrio Chino, se encuentra Salah. Este joven sudanés de 20 años llegó a Marruecos un mes antes de la tragedia. Aquel 24 de junio fue su primer intento de entrada a la ciudad autónoma. Desde Dajla –Sáhara Occidental ocupado–, relata su trayecto migratorio, su paso por Libia, Níger y Argelia, pero le cuesta recordar lo vivido en la frontera española. “Lo pasé muy mal, sufrí como todos los demás”, se limita a decir. El sudanés, potencial refugiado, llegó a entrar en España tras saltar la alambrada pero fue devuelto en caliente por la Guardia Civil, como lo hicieron con 470 personas, según las cifras aportadas por el Ministerio del Interior al Defensor del Pueblo. Tras el salto, Salah cuenta que fue encerrado en un centro de detención durante tres días y, una vez liberado, los agentes le trasladaron en la frontera con Argelia. “Me dejaron allí abandonado y conseguí volver a Marruecos”, recuerda el joven. “No sé dónde están muchos de mis amigos”. Tras pasar por distintas ciudades de Marruecos, Salah se ha trasladado con varios amigos a Dajla, la ciudad que se ha convertido en punto clave de salida en la ruta migratoria hacia Canarias, una de las más peligrosas. “La vida es muy difícil en Marruecos, bajo a Dajla porque nos dejan tranquilos. Aquí consigo algunos días de trabajo en la construcción, me da para salir adelante y comer algo”, explica el sudanés, quien quiere volver a intentar migrar a España. “Me da igual mar o tierra. Pero el mar es caro, la valla no. No sé si tendré suficiente dinero para pagar una barca. Si no, lo volveré a intentar por Ceuta y Melilla”. Durante las semanas posteriores a la tragedia de Melilla, desde el Ministerio del Interior se destacaba el papel de las mafias en la organización del salto a la valla. Sin embargo, desde el inicio, los supervivientes defendieron que no había ninguna red detrás del intento de entrada, sino la autoorganización, ya que los migrantes no tienen que pagar dinero por intentar sortear la alambrada, como sí ocurre en el caso de las travesías en patera. “Pido justicia. Con la situación que hemos vivido, y siendo refugiados, pido que se nos permita viajar a Europa”, dice Saleh, mientras continúa malviviendo en Marruecos a pesar de haber pisado España y no poder regresar a su país, donde el conflicto se ha recrudecido en los últimos meses. “Mi situación es muy complicada. Me siento abandonado. Estoy en un limbo, no sé qué hacer”, lamenta el joven.

elDiario.es
Del Tarajal a Melilla: muertes de migrantes sin culpable oficial

Julio de 2020. La sede en Ceuta de la Audiencia Provincial de Cádiz da carpetazo a la causa del Tarajal, que investigaba la muerte de 14 personas en la frontera de la ciudad autónoma en un intento de entrada a nado respondido por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo lanzados hacia el agua. La intervención se hizo, según los jueces, "de forma adecuada y proporcional a las circunstancias del caso". Los guardias civiles implicados, que llegaron a estar imputados y procesados, "no tenían obligación de socorrer" a los migrantes, apuntó el auto, ratificado por el Supremo en junio de este año tras un largo procedimiento que nunca culminó en la apertura de juicio oral.  Diciembre de 2022. La Fiscalía archiva la única investigación abierta sobre la tragedia de Melilla. "Los agentes mantuvieron en todo momento una conducta proporcionada a la gravedad de los hechos que se estaban produciendo, consistentes en el ataque masivo a una frontera española", concluyó el Ministerio Público. "Los agentes que formaban parte del operativo en tierra no eran conscientes, ni podían serlo, del riesgo que se estaba generando en el interior del patio, por lo que difícilmente pudieron plantearse la posibilidad de adoptar medidas para evitar lo que dramáticamente sucedió". Entre las muertes del Tarajal y la tragedia de Melilla transcurrieron más de ocho años, pero -al menos por el momento- el resultado de las investigaciones abiertas en España ha sido el mismo: carpetazo sin culpables oficiales, olvido de las familias de las víctimas y escasa cooperación con Marruecos para esclarecer lo ocurrido. Aunque con menor repercusión mediática, otros casos de fallecimientos de personas migrantes en su intento de alcanzar suelo español también han tenido desenlaces semejantes.  Seis meses después de los hechos sucedidos en la valla melillense, los allegados de la mayoría de fallecidos y desaparecidos continúan sin saber dónde se encuentran los restos de sus seres queridos, no han sido reparados por las autoridades ni han alcanzado respuestas por parte de la Fiscalía. Nueve años después de las muertes del Tarajal, los familiares de las víctimas, organizados en una asociación en Camerún, tampoco han encontrado justicia y cuatro de los cuerpos siguen sin identificar, reposando en nichos sin nombre en Ceuta.  No son casos excepcionales, se trata del destino habitual de las investigaciones sobre tragedias migratorias. No siempre llegan a iniciarse pero, si lo hacen, estos procedimientos suelen acabar archivados sin culpables oficiales. El hecho de que las muertes ocurran entre dos países, la colaboración habitual entre autoridades de distintos Estados para frenar las entradas irregulares, la opacidad que suele reinar en las zonas de seguridad impuestas en los perímetros fronterizos y la "deshumanización" de las personas migrantes son algunas de las razones escondidas detrás de la "impunidad", alertan las expertas consultadas por elDiario.es.  "Los dos casos más graves, Tarajal y Melilla, han quedado sin culpables. Además del archivo de la tragedia del 24 de junio, nueve años después, las muertes de Ceuta también siguen impunes. No ha habido juicio en los dos ejemplos prácticos que tenemos, donde han fallecido un importante número de personas. A las familias no se les ha contado una verdad jurídica sobre qué ha ocurrido con sus familiares, no ha habido reparación", sostiene Elena Muñoz, responsable jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). "Fallamos a las familias, pero también falla el sistema: si quedan impunes se puede volver a repetir", añade la letrada.  Helena Maleno, investigadora de migraciones y fundadora del colectivo Caminando Fronteras, y su equipo han estado en contacto directo con las familias de miles de personas fallecidas o desaparecidas en nuestras fronteras, a través de su sistema de monitorización y alertas de personas en riesgo en el mar. Durante más de dos décadas, su organización ha llamado la atención de cada muerte fronteriza de la que tenía confirmación. Su balance: "Nunca hemos tenido constancia de que haya habido ninguna condena por un fallecimiento en una frontera".  Causas La dificultad de acceso a la justicia es otro de los muros con los que se chocan los familiares de las víctimas. "La impunidad forma parte de la idiosincrasia de la frontera. La impunidad define a la frontera. La colaboración transnacional en la frontera provoca que sea muy complicado buscar culpables desde los tribunales nacionales", apunta Maleno.  Las expertas mencionan, por un lado, las características propias de las migraciones clandestinas y la respuesta de las autoridades para explicar los motivos que obstaculizan la búsqueda de responsabilidades en los tribunales. "A nivel jurídico, es complejo vincular la imputación de delitos a las personas responsables. Y, en las fronteras pueden jugar distintos ordenamientos jurídicos de distintos países, lo que deriva a que estemos ante procedimientos más complejos", añade Muñoz. Por otro lado, ambas especialistas apuntan a la falta de voluntad ligada al racismo institucional y social: "Si esto sucede en un avión o en un ferri y fallecen decenas de personas, habría una investigación. Y, como sociedad, también se exigiría una investigación hasta que se esclarezcan los hechos y se depuren las responsabilidades", considera la abogada de CEAR. "El control de las fronteras es un negocio y, ello, acompañado del racismo institucional provoca que haya una impunidad total y absoluta. Si eres una persona negra y migrante te pueden enterrar sin buscar tu identidad, pero si una persona blanca aparece en el mar en otras circunstancias, la reacción sería otra", indica Maleno. El ejemplo del Tarajal En junio de este año, el Tribunal Supremo desestimó los recursos de casación presentados por varias organizaciones contra la decisión de la Audiencia Provincial de Cádiz de archivar la causa del Tarajal. La sentencia ratificó el cierre de un largo procedimiento, caracterizado por una sucesión de archivos de los juzgados ceutíes y reaperturas ordenadas por la Audiencia Provincial de Cádiz, hasta que en 2020 los magistrados de este tribunal concluyeron que el operativo de la Guardia Civil, que disparó pelotas de goma y botes humo cerca de donde nadaban los inmigrantes, se realizó "con la utilización de medios de control de masas de forma adecuada y proporcional a las circunstancias del caso". La Corte descartó acusar de homicidio imprudente a los 16 agentes imputados por una posible mala actuación de alguno de los miembros del Instituto Armado. "Sería descabellado atribuir a todos y cada uno" de los guardias civiles imputados, "la responsabilidad criminal por alguna hipotética desviación de algún miembro del grupo más descuidado o incluso malintencionado", concluyeron los jueces.  Sobre la denegación de auxilio a los migrantes que trataban de rodear el espigón a nado, la Audiencia Provincial descartó que los agentes imputados tuviesen el deber de auxiliarles. "Los guardias civiles que estaban en el espigón o la playa, no tenían obligación de socorrer a los nadadores", sentenciaron los tres magistrados de la Sala. La Corte justificó que "no se ha acreditado que los mismos les hicieran algún requerimiento al respecto" ni "existe prueba alguna de que en su presencia, en la parte española, se estuviera nadie ahogando ni en peligro". Durante los ocho años de procedimiento, los juzgados pasaron de señalar a los inmigrantes como responsables de su muerte, a afirmar que las fronteras no son "una zona de excepción" y apuntar a los guardias civiles ante un posible delito de homicidio imprudente. De considerar que estos "no precisaban ayuda", a concluir que "los agentes investigados podían haberles auxiliado y se abstuvieron" sin justificación. Y, finalmente, llegó el archivo definitivo.  La acusación popular –formada por tres ONG– denunció trabas constantes a las diligencias solicitadas. Un ejemplo: pasaron cinco años y dos archivos provisionales hasta que el juzgado ceutí encargado del caso accedió, empujado por la Audiencia Provincial, a llamar a declarar a algunos de los supervivientes de la tragedia, testigos claves de los hechos. La magistrada llegó a justificar su negativa a solicitar su declaración por residir "sin papeles" en Alemania, algo que finalmente se demostró que no era impedimento para formalizar la testificación a través de una videollamada.  Tirar de la 'doctrina Botín' En 2019, el último archivo librado por el juzgado ceutí tiró de la misma argumentación jurídica que libró al banquero Emilio Botín de sentarse en el banquillo: la doctrina Botín. Las trabas con las que se han chocado las familias de dos de las víctimas en la identificación de los cuerpos hallados en Ceuta y la consiguiente denegación de su personación como acusación particular se convirtieron en claves del auto que desencadenó el cierre de la causa. Los familiares de los fallecidos, aunque lo intentaron, no lograron personarse, explica su letrada. Los progenitores de seis de las víctimas solicitaron sin éxito hasta en tres ocasiones su participación en el proceso. De haber encontrado una respuesta positiva por parte del juzgado, la doctrina Botín no podría haberse aplicado. Algunos de los padres, madres y hermanos de las víctimas de la tragedia del Tarajal se encontraron con otro escollo a lo largo del procedimiento judicial, el que más dolor provoca a las familias afectadas: casi nueve años después, de los cinco cadáveres localizados en Ceuta los días posteriores a las muertes del Tarajal, solo uno ha sido identificado por las autoridades españolas. La Guardia Civil puso nombre meses después a Roger Nana, de nacionalidad camerunesa, gracias a un teléfono móvil que guardaba en sus pantalones. Los otros cuatro cuerpos aún reposan en nichos sin nombre del cementerio ceutí de Santa Catalina, después de ser enterrados poco más de 24 horas después de su hallazgo. Mientras, los ocho cuerpos encontrados en el lado marroquí de la frontera fueron identificados en la morgue de Fndeq (Castillejos) y Mdieq (Rincón) por amigos de las víctimas y por la ONG Caminando Fronteras, a través de fotografías enviadas por sus familiares, según la organización. Los cuerpos de tres de las víctimas, Larios Fotio, Ousmane Hassan y Samba Banjai, no han sido identificados de manera oficial. La ONG Caminando Fronteras intuye que podrían corresponder a los cadáveres hallados en Ceuta, pero las familias también se han topado con constantes obstáculos en su intento de someterse a las pruebas de ADN para lograr una confirmación.

elDiario.es
El relato de la tragedia de Melilla con el que la Fiscalía exculpa a Interior: "Los agentes no pensaron que existiera riesgo" https://www.eldiario.es/desalambre/relato-tragedia-melilla-fiscalia-exculpa-interior-agentes-no-pensaron-existiera-riesgo_1_9821054.html Gabriela Sánchez #MinisteriodelInterior #ValladeMelilla #Inmigración #Fronteras #Fiscalía
El relato de la tragedia de Melilla con el que la Fiscalía exculpa a Interior: "Los agentes no pensaron que existiera riesgo"

Ni los agentes vieron la avalancha durante la tragedia de Melilla ni detectaron el riesgo que vivieron los migrantes, a pesar de que el helicóptero que sobrevolaba la zona grabó durante dos minutos a los potenciales refugiados "aplastados" unos sobre otros "entre ambos recintos fronterizos", según las conclusiones difundidas este viernes por la Fiscalía. El Ministerio Público entendió que la actuación de los guardias fue proporcionada y pone en conocimiento de la Guardia Civil que varios agentes lanzaron piedras a los migrantes, por si existiera algún tipo de infracción disciplinaria. Según la fiscal, que insiste en destacar en todo momento la "violencia" ejercida por los migrantes y justifica el uso de medios antidisturbios por parte de agentes marroquíes y españoles, no hubo ninguna actuación irregular por parte de la Guardia Civil. También avala las 470 devoluciones practicadas por España, a pesar de que reconoce que las personas retornadas a Marruecos procedían de países en guerra. Este es el relato desarrollado por la Fiscalía en el decreto que exculpa a Interior de los hechos ocurridos el 24 de junio en la frontera de Melilla, que acabó con la vida de, al menos, 23 personas, según los datos oficiales de las autoridades marroquíes. 4:00 horas. Un grupo compuesto por alrededor de 2.000 personas comienza a descender del monte Gurugú. Tras cuatro horas de marcha, los migrantes alcanzan los primeros edificios de la zona conocida como Barrio Chino, próxima al puesto fronterizo, a las 8:04. Cuando se encontraban a unos metros del perímetro, el grupo se divide en dos grupos. Uno más pequeño intenta sortear la valla por el lado marroquí, pero el mayor número de migrantes se dirige al puesto fronterizo, donde surge “un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad marroquíes” que “terminaron retrocediendo ante el elevado número de personas que conformaban el grupo”.  6:15 horas. Después del aviso realizado por las autoridades marroquíes, alertaron al Centro Operativo Complejo (COC), un dispositivo de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, llega a la frontera. Inicialmente, el operativo “estaba compuesto inicialmente por 63 agentes” –aunque se irían añadiendo más hasta llegar a 121, de los que 24 pertenecían a la Policía Nacional–, según el relato de los hechos de la Fiscalía. Los guardias civiles, procedentes de distintas unidades, se distribuyeron en grupos en distintos puntos de la frontera.  8:15 horas. La mayor parte de los migrantes consigue adentrarse en el paso fronterizo de del Barrio Chino, a través del llamado “patio” de la zona marroquí “tras forzar las puertas de acceso al mismo”. Se trata del área donde, después del intento de salto, las autoridades marroquíes dejarán a cientos de personas amontonadas durante horas, como reflejan las imágenes difundidas desde el mismo día de la tragedia. Otros lo logran saltando el muro situado en el lado izquierdo del perímetro, coronado con una valla metálica.  8:20 horas. Esta alambrada se desploma cuando unas 50 personas se encuentran sobre ella, “provocando la precipitación de algunas de ellas desde una altura de aproximadamente cinco metros hacia la zona de Marruecos”. Los agentes, pertenecientes a distintas unidades, se colocan por grupos en distintos puntos de la valla.  En el patio del lado marroquí del puesto fronterizo, se congregan “entre 700 y 800” migrantes y refugiados. Algunas de ellas empiezan a intentar forzar la puerta metálica de seguridad que separan el lado marroquí del lado español de la frontera, en concreto las de color gris descritas en el hecho segundo. Para ello utilizan mazas y una radial. “Otros grupos de migrantes intentaban impedir la acción policial mediante el lanzamiento constante de objetos contundentes a los agentes marroquíes y españoles, tanto desde el suelo, como encaramados a las vallas y tejados de las instalaciones”. Durante cerca de media hora, los agentes marroquíes lanzan “botes de humo al interior del patio, desconociéndose el tipo y número de los mismos”. Los migrantes lanzan piedras, siempre según el relato de los hechos que hace la Fiscalía. 8:30 horas. Los agentes de la Guardia Civil que se hallaban en la zona del “intervallado lateral”, situado en el área paralela al patio marroquí (grupo A) utilizan material antidisturbios, “principalmente botes de humo” para evitar la entrada de migrantes a la zona española. “No consta que el empleo de botes de humo lanzados por los agentes españoles produjera invisibilidad total ni supuestos de asfixia entre las personas allí congregadas”, sostiene la Fiscalía en su escrito.  8:31 horas. Al menos dos de los agentes desplegados en esta zona, pertenecientes al equipo de antidisturbios de la Guardia Civil, “lanzaron varias decenas de piedras hacia los migrantes” que se encontraban encaramados a la valla. “Solo se advierte el impacto de una de las piedras en el costado de uno de ellos, sin que resulte acreditado la causación de lesiones”, indica el texto. Mientras, el grupo de guardias civiles ubicados en el “patio pequeño” de la zona española, justo al lado de la puerta donde posteriormente se producirá la avalancha, emplearon material antidisturbios, en concreto aerosoles de gas pimienta y de efecto niebla, hacia los migrantes que intentaban abrir la puerta que da acceso lado español del paso. 8:34 horas. El grupo de guardias civiles que se encuentran justo detrás de la puerta que los migrantes intentan derribar –donde se producirá la avalancha más dramática– se retira de su posición. Lo hace “ante la situación de riesgo para su integridad física por la alta agresividad de los migrantes hacia ellos que, reiteradamente, les lanzaban objetos”, explica la fiscal. Varios agentes de la Guardia Civil sufrieron “fuertes impactos de objetos contundentes”.  Uno de ellos “quedó semiinconsciente durante unos segundos” y otro “sufrió lesiones graves” que requirieron intervención quirúrgica.  8:41 horas. Los migrantes consiguen romper una de las puertas fronterizas de color gris. Dos minutos después, logran abrir la otra. Solo queda abierta de forma parcial. La “desesperación de los numerosos migrantes congregados en el patio marroquí por entrar en España, sumado al hecho de que las fuerzas de seguridad marroquíes estaban comenzado a entrar por la parte posterior del recinto, provocó una enorme presión en la zona de las puertas recién fracturadas”.  El momento clave 8:42 horas. Se produce una avalancha de cientos de personas que intentaban traspasar las puertas a la vez. Un número indeterminado de migrantes y refugiados quedan “amontonados y atrapados” y fueron “aplastados y pisoteados por otros que consiguieron pasar, saltando sobre los cuerpos apilados en las puertas”. De este momento clave solo existen dos minutos de grabación del helicóptero de las fuerzas de seguridad españolas. Según las declaraciones de los pilotos, “a partir de ese instante las cámaras centraron su atención en el punto por el que estaban entrando los migrantes a España”.  A pesar de que el helicóptero grabó las imágenes de la avalancha, la Fiscalía concluye que “ningún agente español de los que formaban el operativo en tierra pudo ver cómo se desarrollaron los hechos”. Esto va a ser clave para que el Ministerio Público exculpe de toda responsabilidad a los guardias civiles desplegados. “Debe reseñarse que de las grabaciones del dron desde las 08:30 hasta las 08:34 horas resulta que varios de los migrantes estaban intentando fracturar la puerta, pero no se aprecia que hubiera presión alguna por el resto que hiciera pensar en el resultado que finalmente se produjo”, sostiene el escrito. “En los audios grabados a partir de las 08:41 horas en ningún momento se aprecia urgencia o sensación de sorpresa, más allá de la mera información de que la puerta había sido fracturada y los migrantes estaban entrando en territorio nacional”. Por su parte, el decreto recoge que los miembros del Instituto Armado que manejaban el helicóptero "no pensaron que existiera riesgo para la integridad de los que allí se hallaban". El grupo de agentes que se encontraban en el "entrevallado" más próximo al lugar de la avalancha “tampoco tenía visión de la zona”, recalca. Según la fiscal, esto se debe al entramado de verjas que impide la visión, la distancia de unos 10 metros que les separaban de las puertas, la posición que ocupaban, “situados en un estadio más bajo de donde se hallaban concentrados los migrantes”; el gran número de personas acumuladas en el patio y “la circunstancia de llevar casco con visera y protegerse en todo momento con los escudos”.  8:43 horas. Los agentes de la Guardia Civil que se encontraban entre las vallas metálicas son avisados por radio de que las puertas han sido fracturadas y los migrantes estaban ingresando en territorio español. Tras ello, abandonan su posición, uniéndose al grupo de compañeros que se encontraba en los alrededores de la alambrada para frenar la entrada.  8:50 horas. El dispositivo de la Guardia Civil se traslada al punto de la valla por donde están intentando entrar decenas de migrantes y realiza “un cerco de contención” alrededor del puesto fronterizo, donde retienen a la mayor parte de las personas que logran saltar y pisar suelo español. Mientras un miembro de la Guardia Civil realizaba funciones de mediador, los agentes “utilizan sus defensas en diferentes momentos” y gases lacrimógenos contra los migrantes.  Dos migrantes que logran saltar el cerco e intentan adentrarse en territorio español “son reducidos por los agentes”, utilizando las porras. Los refugiados caen al suelo. La Fiscalía destaca en todo momento la “violencia” ejercida por los migrantes, mientras que justifica el uso de material antidisturbios por parte de los agentes.  9:11 horas. Cinco personas del grupo rodeado por la Guardia Civil en suelo español “sufren desvanecimientos”. Según describe la Fiscalía, “son recogidos por los agentes intervinientes”. Los guardias civiles se “enfrentan al resto de migrantes con sprays y protegiéndose con los escudos”. Estas personas no reciben asistencia médica de Cruz Roja ni del servicio sanitario de la ciudad. ”Conforme a las declaraciones de los agentes actuantes y los informes aportados por estos, los migrantes que sufrieron aparentemente desvanecimientos o que cayeron al suelo al ser reducidos, fueron atendidos por miembros de la Guardia Civil con titulación sanitaria, al menos en primeros auxilios y soporte vital básico”, dice la Fiscalía, basándose en la información proporcionada por el Instituto Armado. “No requiriendo asistencia médica al margen de esa primera atención, por lo que fueron posteriormente entregados para su regreso en frontera”, añade la fiscal, dando por buena la versión de los guardias civiles.  Las devoluciones 9:30 horas. Gendarmes marroquíes subieron al tejado del puesto fronterizo español. Lo hicieron, según la Fiscalía, “con el consentimiento del responsable del operativo nacional, que ordenó que se les abriera la trampilla de acceso al mismo”. Los agentes españoles empiezan a devolver en caliente a los migrantes que entraron en Melilla.  Para acordar cómo realizar las devoluciones, el teniente coronel de la Guardia Civil, al mando del operativo, se entrevistó con la autoridad marroquí competente. Según la declaración del agente español, se pactó como lugar de entrega para el retorno de los migrantes “un punto de los pasillos techados del puesto fronterizo español, situado a unos dos metros de la entrada a Melilla”. Allí se encontraba un agente marroquí y un oficial de la Guardia Civil.  La Fiscalía toma por buena la versión del Instituto Armado, que choca con las conclusiones del Defensor del Pueblo y Acnur en relación a los “rechazos en frontera” practicados el día de la tragedia. Según el teniente coronel, las devoluciones se realizaban “de manera individual, comprobando el citado agente español que en ninguno de los migrantes concurría causa de exclusión del rechazo”. También ·afirmó haber comprobado, caso por caso, que la persona rechazada estaba consciente, orientada, era varón y aparentemente mayor de edad”. Este medio ha hablado, sin embargo, con dos sudaneses devueltos a Marruecos aquel día que aseguraban ser menores de edad. Además, las personas retornadas provenían de países en conflicto, según reconoce la propia Fiscalía. Esta situación debería haber evitado su retorno, en base a lo establecido por la Convención de Ginebra.  La fiscal argumenta que, en este momento, “ni el teniente coronel responsable del operativo ni el resto de los agentes actuantes conocieron en ese momento la tragedia acaecida en las puertas fronterizas, ya que los agentes marroquíes no les informaron y ellos, como se ha expuesto anteriormente, no habían sido testigos de los hechos”. Por ello, el decreto concluye que, “los agentes españoles procedieron a los rechazos sin tener constancia de lo que había sucedido, las circunstancias del incidente donde se produjeron los fallecimientos ni los hechos posteriores a los mismos”.  13:30 horas. Según sostiene el agente al mando del operativo, el teniente coronel fue informado por las autoridades de Marruecos de que se habían producido fallecimientos. Cuando los agentes españoles accedieron al interior del puesto fronterizo, en concreto a la zona de las puertas rotas, “el lugar se hallaba completamente despejado, no encontrándose en su interior migrante alguno ni los cuerpos de los fallecidos”. Allí habían muerto, al menos, 23 personas. –––––––––––––––––– Antes de que dejes de leer, una última cuestión elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar. Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. 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elDiario.es
La Fiscalía exculpa a Interior de las muertes en Melilla y pide expedientar a los agentes que apedrearon a migrantes

La Fiscalía ha decidido archivar la investigación sobre las muertes de migrantes el pasado mes de junio en la frontera de Melilla, exonerando de cualquier responsabilidad a Interior, la Guardia Civil y los agentes que estuvieron ese día sobre el terreno. El decreto del Ministerio Público no especifica si alguna de las muertes tuvo lugar en territorio español, afirma que "los hechos que determinaron la avalancha sucedieron en territorio marroquí" y que "el amontonamiento de personas se produjo entre ambos recintos fronterizos". La Fiscalía entiende que la actuación de los guardias fue proporcionada y pone en conocimiento de la Guardia Civil que varios agentes lanzaron piedras a los migrantes, por si existiera algún tipo de infracción disciplinaria. La Fiscalía entiende que no hubo ninguna actuación irregular por parte de la Guardia Civil, ni mientras usaban material antidisturbios para repeler a los migrantes ni tampoco durante las 470 devoluciones contabilizadas. Frente a una "agresividad desmedida e inusitada" de las personas que intentaban entrar en España, dice el decreto, los agentes "mantuvieron en todo momento una conducta proporcionada a la gravedad de los hechos que se estaban produciendo, consistentes en el ataque masivo a una frontera española". Para el Ministerio Público, "la magnitud de los hechos justifica sobradamente la actuación policial" con los agentes de la Guardia Civil empleando "los medios necesarios y la fuerza mínima imprescindible para reducir al grupo de extranjeros que de forma violenta pretendía entrar ilegalmente en territorio nacional". Sobre las 23 muertes, que según las ONG ascienden a 40, la Fiscalía entiende que los agentes no cometieron ni un delito de homicidio imprudente ni uno de omisión del deber de socorro. No eran conscientes, dice, del peligro que corría la vida de los migrantes ni pusieron sus vidas en riesgo. "Los agentes españoles procedieron a los rechazos sin tener constancia de lo que había sucedido, las circunstancias del incidente donde se produjeron los fallecimientos ni los hechos posteriores a los mismos", explica. "Los agentes que formaban parte del operativo en tierra no eran conscientes, ni podían serlo, del riesgo que se estaba generando en el interior del patio, por lo que difícilmente pudieron plantearse la posibilidad de adoptar medidas para evitar lo que dramáticamente sucedió". Avala las 470 devoluciones Las 470 devoluciones en caliente, explica el decreto, fueron legales. No hay pruebas, dice en primer lugar la Fiscalía, de que las personas rechazadas en la frontera fueran vulnerables o de especial fragilidad. Además, lo hicieron "en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de lo dispuesto" en la normativa de Extranjería buscando evitar "un daño grave, inmediato e irreparable como era el ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española". Sobre el lanzamiento de piedras, la Fiscalía constata a través de los vídeos e imágenes que dos agentes de la Guardia Civil arrojaron piedras contra los migrantes: "Lanzaron varias decenas de piedras hacia los migrantes que se hallaban encaramados a la valla. Solo se advierte el impacto de una de las piedras en el costado de uno de ellos, sin que resulte acreditado la causación de lesiones", dice la Fiscalía. Entiende que no se puede perseguir por la vía penal pero pone estas agresiones en conocimiento de la Dirección General de la Guardia Civil para que examine si alguno de estos agentes incurrió en una infracción disciplinaria, castigadas con hasta la suspensión. Pide más seguridad para los migrantes La fiscal de Extranjería aprovecha el decreto para recordar a todos los ministerios implicados su "obligación" de poner en marcha medidas necesarias para que los migrantes puedan pedir un visado, protección o asilo en consulados y oficinas diplomáticas y en los puestos fronterizos para evitar que tengan que jugarse la vida. "A fin de asegurar que los migrantes que intenten acceder a nuestro país mediante el salto de la valla hayan podido optar previamente por acudir al sistema legalmente establecido". Las víctimas y el resto de migrantes procedían de países en conflicto, merecen protección según recuerda la Fiscalía y llama a examinar el sistema para eliminar errores: "Debería realizarse un análisis pormenorizado de las fallas de un sistema que no impide que estas personas pongan en riesgo su integridad física y sus vidas, acometiendo conductas tan peligrosas como un salto de la valla sin haber acudido a los sistemas legales establecidos al efecto". Hasta 40 víctimas según una ONG La tragedia tuvo lugar el pasado 24 de junio en el puesto fronterizo melillense del Barrio Chino, cuando más de 1.700 personas llegadas desde Nador intentaron entrar en Melilla. Una avalancha en la que, según los datos oficiales, murieron 23 personas, un número que asciende hasta 40 víctimas según el último recuento de la ONG Caminando Fronteras, realizado a través del contacto con familiares y allegados de los fallecidos. El salto fue respondido con material antidisturbios desde ambos lados de la alambrada. La fiscal coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, decidió abrir una investigación poco después de los hechos. Unas pesquisas que, en los últimos meses, se han centrado en obtener datos e imágenes recabados, sobre todo, por la Guardia Civil y los miembros del operativo. En ese contexto ha declarado ante los investigadores el jefe del operativo y varios agentes, aunque también han sido reclamadas las imágenes tomadas por el helicóptero del instituto armado y las comunicaciones entre la aeronave y los mandos que ese día eran responsables de la frontera. Hace menos de dos semanas el fiscal general, Álvaro García Ortiz, anunció que la investigación acabaría "pronto" y que las muertes merecían una "investigación a fondo". Desde el primer momento el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ha defendido la legalidad de la actuación de la Guardia Civil y la ausencia de irregularidades ese día en la frontera. "Fue un ataque violento y de una violencia extrema y máxima por parte de aquellos que intentaban entrar en territorio español utilizando instrumentos peligrosos como radiales, hachas, palos de todo tipo", afirmó en una ocasión el ministro. Las muertes, defiende, no tuvieron lugar en suelo español. Un asunto que ha supuesto un enfrentamiento entre el PSOE y sus socios de Gobierno y de investidura, y en el que varios organismos han cuestionado estas conclusiones de Interior. El Defensor del Pueblo y Acnur, por ejemplo, aseguran que las imágenes visionadas de la tragedia demuestran que la Guardia Civil conocía la "situación de riesgo" de los refugiados sudaneses que, "amontonados y aplastados", intentaban entrar en España. Amnistía Internacional también se ha pronunciado en ese sentido. Varias investigaciones periodísticas han puesto de manifiesto que, según sus conclusiones, sí que se produjo al menos una muerte en suelo español.

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Migrantes que solo pueden pedir asilo si saltan la valla en contra de lo que dice Marlaska https://www.eldiario.es/desalambre/migrantes-pedir-asilo-si-saltan-valla-dice-marlaska_1_9772343.html Gabriela Sánchez #MinisteriodelInterior #ValladeMelilla #Inmigración #Refugiados
Migrantes que solo pueden pedir asilo si saltan la valla en contra de lo que dice Marlaska

Para pedir protección internacional en España, hay que llamar “a sus puertas”, según dice Fernando Grande-Marlaska. El ministro del Interior, en su última comparecencia en el Congreso, tildó de “falso e irresponsable” asegurar que muchos de quienes saltaron la valla el día de la tragedia de Melilla lo hicieron ante la imposibilidad de pedir asilo de otro modo. Pero los testimonios de migrantes que han intentado solicitarlo muestran otra realidad. Es el caso de Amir, un joven sudanés que saltó la valla de Melilla el 24 de junio, el día en que fallecieron al menos 23 personas, según los datos oficiales. Él, ahora desde Reino Unido, dice no saber dónde están esas puertas a las que tendría que haber llamado, según el ministro. Es uno de los 133 migrantes y refugiados que entraron en la ciudad autónoma y lograron permanecer en ella tras esquivar las 470 devoluciones en caliente practicadas por la Guardia Civil. Pidió asilo a su llegada a España y su solicitud, como la de todos los que llegaron el día de la tragedia, fue admitida a trámite. Amir pudo registrar su petición de asilo solo después de saltar la valla porque apenas existen vías para solicitar protección sin necesidad de entrar en territorio español. Y viajar a España de forma regular es prácticamente imposible para personas de determinadas nacionalidades, como la suya, la sudanesa, debido a los complicados requisitos impuestos para solicitar un visado. Como Amir, expertos en migración y la agencia de la ONU para los refugiados coinciden en desmentir las palabras del ministro. En sus explicaciones de la tragedia de Melilla, el ministro del Interior suele destacar siempre el supuesto carácter violento del salto, mientras diputados de la oposición y de los partidos socios de la coalición, así como las ONG, le han insistido en distintas ocasiones en que los obstáculos con los que se chocan para solicitar protección internacional de otro modo les empujan a intentar entrar a España de forma irregular.  “Se ha llegado a afirmar que las personas que asaltaron nuestra frontera de forma violenta lo hicieron ante la imposibilidad de pedir asilo. Y sencillamente es falso e irresponsable”, declaró Marlaska en la primera intervención de su última comparecencia sobre las muertes de Melilla. El ministro consideró que estos “mensajes y las declaraciones públicas” pretenden “justificar el violentar una infraestructura fronteriza”.  “La Ley de Asilo define claramente los espacios donde solicitar asilo”, defendió Grande-Marlaska. Además de en territorio español, la legislación mencionada por el ministro también cita como lugares aptos para pedir protección los puestos fronterizos y las embajadas o consulados de terceros países. En la práctica, sin embargo, es más complicado. De la ley a la realidad “Sobre el papel sí es posible pedir asilo antes de cruzar la frontera y llegar a territorio nacional, pero en la práctica es imposible. Y todas las entidades que trabajan en el terreno saben que no es así”, dice Blanca Garcés, investigadora sénior sobre migraciones en el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB).  Una de esas organizaciones en contacto continuo con los solicitantes de asilo es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que lleva décadas denunciando la falta de vías legales de entrada para solicitar asilo en España. "Más allá de lo que dice la ley, la realidad es que esa vía no está abierta”, dice también Elena Muñoz, responsable del área jurídica de la ONG.  En concreto, en la frontera de Melilla, el acceso a las salas de asilo habilitadas en el puesto fronterizo es muy restringido, especialmente a las personas de origen subsahariano, dado que carecen de libertad de circulación en el país vecino. Para acceder a estos puntos, los solicitantes de protección deben sortear antes el control marroquí, algo prácticamente imposible para una persona negra sin papeles. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur) para los refugiados no tiene constancia de que “ninguna persona” de origen subsahariano haya logrado pedir asilo desde la creación de estas oficinas en 2015, según los datos ofrecidos por Acnur en los últimos años. Tampoco en la existente en Ceuta.  “Estas personas no pueden acceder al puesto fronterizo. Viven en el bosque, en las ciudades del norte los persiguen. Aunque tuviesen dinero, se van al bosque, se esconden, por los riesgos que corren: la discriminación y las redadas les hacen la vida imposible. Por lo que no se pueden ni acercar al puesto fronterizo”, dijeron desde Acnur. Oficina de asilo de Melilla Las salas de asilo de las fronteras de Ceuta y Melilla forman parte de esos casos, mencionados por ambas expertas, en los que la normativa dice una cosa pero la práctica es otra. “La realidad es que no hay gente que se pueda acercar físicamente al puesto por el control férreo de Marruecos”, indica Muñoz. Aunque con dificultades, las personas blancas o de rasgos magrebíes sí han podido acceder a estos puntos, sorteando el control marroquí simulando ser marroquíes con permisos de entrada en España. No obstante, tras la reapertura de la frontera y la mejora de las relaciones con el Gobierno español –después del giro del Gobierno con respecto al Sáhara Occidental–, la vigilancia ha limitado el acceso al puesto fronterizo de cualquier solicitante, apunta la abogada de CEAR.  De las 98.080 solicitudes de asilo registradas en España en lo que va de año –hasta el 31 de octubre–, 2.322 peticiones fueron presentadas en “puestos fronterizos”, según los datos oficiales. El Ministerio del Interior no desglosa entre puestos específicos, pero tanto Acnur como CEAR apuntan a que se trata de las demandas de refugio formalizadas en los aeropuertos. Esta sí es una vía abierta para la entrada de algunos potenciales solicitantes de asilo, pero no para todos.  Visados En lo que llevamos de 2022, la mayoría de solicitantes de asilo han llegado a España en avión porque proceden de países de Latinoamérica cuyos nacionales tienen facilidades para viajar al país y además carecen de visado de tránsito para hacer escala en aeropuertos españoles, como Venezuela, Colombia y Perú.  “Aquí entra la política de visados y visados de tránsito aeroportuario, que no solo depende de la UE. Hay una parte de ese listado sobre la que los Estados deciden sí pueden imponerlo a terceros países o no. Si se impone, se dificulta la escala, cuando hay muchos solicitantes que no tienen permiso de entrada en España pero podrían aprovechar esa escala para solicitarlo sin llegar de forma irregular”, explica Muñoz. “Hemos visto ejemplos en los que, en cuanto hay un aumento en las solicitudes de asilo de ciertas nacionalidades, España decide exigir el visado de tránsito. Lo hemos visto con Siria, con Yemen, con Gambia, con Haití…”.   Otra de esas puertas incluidas en la legislación pero cerradas para muchos en la realidad es la posibilidad de pedir protección en las embajadas o consulados. La Ley de Asilo de 2009 lo contempla, pero determina que el procedimiento a seguir debe ser desarrollado en el reglamento de la normativa. Doce años después del plazo establecido para ello, el reglamento nunca se aprobó. Embajadas El resultado: la arbitrariedad reina en cada consulado y, por norma general, apenas es posible solicitar asilo por esta vía salvo excepciones, como en el caso de Afganistán tras la toma de Kabul. En 2022, 551 personas han pedido asilo en embajadas de España, aunque fuentes próximas al procedimiento de asilo apuntan a que la mayoría son trámites ligados a la reagrupación familiar. “La Ley de Asilo define también que el intento de superar una infraestructura fronteriza no constituye un punto habilitado para pedir protección internacional en nuestro país”, dijo también el ministro del Interior. Amir ha logrado pedir asilo en Europa, pero solo después de dos años de viaje en su intento de llegar a suelo comunitario. Primero, lo intentó desde Libia por la vía marítima. Luego, pidió protección en Marruecos pero, allí, no se sentía seguro. En España pidió asilo después de saltar una valla y ver morir a uno de sus amigos. Hace unas semanas ha llegado a Reino Unido, después de atravesar en barca el Canal de la Mancha, porque es allí donde cree que tendrá más oportunidades para salir adelante.  “Yo también pensaba que nos dejarían entrar legalmente en Europa para pedir asilo, pero luego vimos que no era verdad”, dice el sudanés.

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PSOE y Unidas Podemos se alían para salvar a Marlaska y Montero de las reprobaciones que plantea la derecha https://www.eldiario.es/politica/psoe-unidas-alian-salvar-marlaska-montero-reprobaciones-plantea-derecha_1_9764157.html Irene Castro, José Enrique Monrosi #FernandoGrande-Marlaska #ValladeMelilla #UnidasPodemos #IreneMontero #Melilla #PSOE
PSOE y Unidas Podemos se alían para salvar a Marlaska y Montero de las reprobaciones que plantea la derecha

No habrá castigo cruzado. PSOE y Unidas Podemos sumarán fuerzas para tratar de evitar las reprobaciones presentadas por la oposición contra los ministros de Interior e Igualdad, Fernando Grande-Marlaska e Irene Montero. Ambas alas de la coalición se conjuran para frenar la embestida de las derechas en el Congreso. Ese es el bien mayor que proteger. Y por eso Unidas Podemos saldrá al rescate de uno de los ministros más discutidos por el grupo confederal. En la formación morada implica un trance sobre todo por el motivo: la controvertida gestión de Interior en la tragedia de Melilla, donde murieron al menos 23 inmigrantes y está por determinar y está por determinar la actuación de la gendarmería marroquí y de algunos de sus agentes en suelo español. "Unidas Podemos no reprueba ministros", zanjan en el grupo confederal a la misma pregunta sobre el castigo al titular de Interior.  Y todo, pese a que el socio minoritario de la coalición lleva reclamando, junto al resto de aliados parlamentarios, una investigación parlamentaria sobre lo ocurrido en esa masacre en la que murieron decenas de personas. Pero el PSOE tumbó la creación de una comisión con el apoyo de PP y Vox. Lo que no pudo evitar es que Marlaska tuviera que dar explicaciones –primero a puerta cerrada y después ante el Pleno del Congreso–, además de que la Comisión de Interior se desplazara a Melilla para inspeccionar lo sucedido y que los diputados visionaran las grabaciones que Interior ha tratado de sepultar en la opacidad.  Tras la comparecencia de Marlaska, y ante su nueva negativa de las evidencias que prueban que hubo al menos un muerto en suelo español, los aliados de la coalición siguen presionando para que se constituya una comisión de investigación en el Congreso. El grupo confederal ya fue muy crítico con las devoluciones en caliente que se realizaron meses atrás en Ceuta y por la que ha sido imputada la ex delegada del Gobierno en la ciudad autónoma. Unidas Podemos –incluidas la vicepresidenta Yolanda Díaz, las ministras Ione Belarra e Irene Montero y los portavoces parlamentarios– sostiene que "hay que investigar a fondo lo que pasó y que hay que tomar medidas para que nunca jamás vuelva a pasar" algo similar en la frontera. El PNV, que siempre ha sido el socio preferente de los socialistas, ha apuntado que es necesario crear esa comisión de investigación "sí o sí". En una entrevista en Euskadi Irratia, el portavoz, Aitor Esteban, aseguró que el ministro está "tambaleándose".  EH Bildu aún no tiene una posición fijada respecto a la reprobación, que no se votará hasta al menos dentro de dos semanas, pero sostiene que la "prioridad" es que se investigue y que "una vez extraídas las conclusiones se deriven, en su caso, las responsabilidades oportunas y se tomen las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir", señala la coalición que acoge a la izquierda abertzale. No obstante, el PP ha dejado claro que no apoyará esa petición. Y por eso algunos grupos señalan a los conservadores por pretender desgastar al Gobierno con este asunto reprobando al ministro, pero no querer esclarecer lo ocurrido con en la masacre. También Montero tiene todas las papeletas para librarse de la reprobación por la defensa que han hecho de ella otros grupos, como ERC, Marlaska está en la cuerda floja en función de lo que hagan otros grupos y, en todo caso, la previsión es que se salvara por la mínima. A los votos del PP y de Vox se sumarán los 13 diputados republicanos catalanes, según fuentes del grupo que pilota Gabriel Rufián. EH Bildu y PNV aún no han mostrado sus cartas, pero son muy críticos con el ministro.  Marlaska es uno de los ministros a los que algunas voces dan por amortizado y que ya tuvo todas las papeletas para salir del Gobierno en la última remodelación que hizo Sánchez, pero finalmente permaneció. No obstante, el presidente le ha brindado todo su apoyo a raíz de la masacre en Melilla, aunque Moncloa le dejó solo durante la comparecencia de este miércoles en el Congreso en la que se llevó la reprimenda unánime de todos los grupos. "Está todo el grupo apoyando al ministro Marlaska y con el grupo, todo el Consejo de Ministros", dijo el portavoz socialista, Patxi López.  En Moncloa esperan a la investigación de la Fiscalía, que está ultimando sus diligencias sin ningún acusado, y aprovechan para reiterar el llamamiento a la UE para que de una vez por todas se sustancie un "gran pacto de asilo" que permita actuar en los países de origen y tránsito de los movimientos migratorios. Defensa crítica de Irene Montero Los socialistas, a su vez, saldrán al rescate de Irene Montero, otra de las piezas que la derecha quiere cobrarse en el Congreso. "Es una ministra del Gobierno de España, que sustentan el PSOE y Unidas Podemos, del que ella forma parte. Eso no tendría sentido por mucho que se haya pasado de frenada", expresan en la cúpula socialista sobre la posibilidad de censurar la actuación de Montero en una votación parlamentaria. Los socialistas no ocultan su malestar con la titular de Igualdad cuando acusó en el Congreso al PP de fomentar "la cultura de la violación". La afirmación que se pronunció contra todo el partido y se basaba en dos campañas impulsadas por Gobiernos populares en Madrid y Galicia provocó una sonora protesta de la bancada conservadora, dejó perpleja a la socialista y motivó que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, apercibiera por primera vez a un miembro del Gobierno. "No fomenta ningún tipo de cultura contra las mujeres", respondió inmediatamente la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien recordó que el PP forma parte del Pacto contra la Violencia de Género. "Precisamente ella que ha sufrido esa agresividad verbal no debería jugar con esto", expresó el portavoz, Patxi López.  Tampoco encontró en esta ocasión Irene Montero el respaldo unánime a sus palabras por parte de algunos sectores de su propio grupo parlamentario ni del espacio político de Unidas Podemos, donde hay quien cree que la estrategia del partido de Ione Belarra pasa ahora por fortalecer el perfil político de la ministra de Igualdad gracias a sus enfrentamientos con la derecha de cara a la batalla política que se está librando con Yolanda Díaz. En el entorno de la vicepresidenta se limitaron a condenar la actitud de la derecha y la ultraderecha en el Congreso recordando, eso sí, que Díaz también fue insultada en varias sesiones de control y que ella nunca "entró en provocaciones". Las fuerzas progresistas sí respaldaron sin fisuras a Montero cuando, la semana pasada, la diputada de Vox Carla Toscano profirió contra ella insultos machistas desde la tribuna del Congreso. Aquel ataque sí provocó un cierre de filas del PSOE con la titular de Igualdad apenas unos días después de haberse desmarcado de ella por el señalamiento a los jueces en la interpretación de la ley del ‘solo sí es sí’ que ha conllevado rebajas en las condenas de violadores y pedófilos. A esas fricciones en las últimas semanas hay que añadir las desavenencias respecto a la ley trans, que se suman a los choques entre los socios del Gobierno respecto a las políticas de igualdad, que han sido una constante toda la legislatura en la que ha sido el propio Sánchez el que en muchas ocasiones ha sido el encargado de bajar el tono.

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La Fiscalía ultima la investigación sobre la tragedia de Melilla sin ningún acusado https://www.eldiario.es/desalambre/fiscalia-ultima-investigacion-tragedia-melilla-acusado_1_9745275.html Alberto Pozas, Gabriela Sánchez #ValladeMelilla #GuardiaCivil #Migraciones #Extranjería #Marruecos #Fiscalía #Melilla
La Fiscalía ultima la investigación sobre la tragedia de Melilla sin ningún acusado

La tragedia que causó al menos 23 muertes en la frontera melillense entre España y Marruecos en junio no será investigada en el Congreso de los Diputados mientras la Fiscalía sigue adelante con la tarea de buscar pruebas sobre algún tipo de delito cometido ese día en suelo español. Muertes que han puesto contra las cuerdas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y que ahora están en manos de la Fiscalía de Extranjería, con las últimas diligencias en marcha para decidir si presenta una querella, archiva el caso o prórroga la investigación. Todo esto mientras la investigación periodística de Lighthouse Reports, una organización para la colaboración de medios con sede en Países Bajos, y varios periódicos europeos, entre ellos El País, apunta a que al menos una persona falleció en suelo español. En todo momento la labor de búsqueda del Ministerio Público ha tenido un objetivo complejo: descubrir si se cometió algún delito en suelo español, o si un español lo cometió en suelo marroquí. En el punto de mira de los investigadores están las imágenes captadas por un dron y el helicóptero, las conversaciones entre guardias civiles y todos los detalles que puedan aportar los agentes y mandos que estuvieron ese día en el puesto fronterizo del Barrio Chino. La fiscal Beatriz Sánchez, entre otras muchas diligencias, ha solicitado las comunicaciones íntegras entre la tripulación del helicóptero y el mando de la Guardia Civil que en ese momento estaba al frente del operativo mientras varias personas morían en la frontera. Los hechos tuvieron lugar el 24 de junio de este año en el puesto fronterizo del Barrio Chino. Más de 1.700 personas llegadas de los montes de Nador intentaron entrar en Melilla, lo que derivó en una avalancha en la que murieron 23 personas, según los datos oficiales, y 40 según el último recuento de la ONG Caminando Fronteras, realizado a través del contacto con familiares y allegados de los fallecidos. El salto fue respondido con material antidisturbios desde ambos lados de la alambrada. La Fiscalía decidió indagar en el asunto pocas horas después de la tragedia. La entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, puso en manos de la coordinadora de Extranjería la investigación de las muertes, quien había solicitado la apertura de diligencias. Ese día el Ministerio Público, en un comunicado, justificó la decisión en "la trascendencia y gravedad de los hechos acaecidos" y en unas avalanchas humanas que terminaron con varias decenas de muertos. Beatriz Sánchez, fiscal especializada en Extranjería, empezó entonces a pedir información al Ministerio del Interior. Tal y como explicó Sánchez en una entrevista en la Cadena SER, su primer movimiento fue encargar un informe de los hechos a la Guardia Civil con la causa bajo secreto. Las diligencias, según reveló la emisora, se han extendido a pedir a Interior todas las imágenes disponibles de la tragedia y tomar declaración a varios agentes y mandos que formaron parte de la operación. La vista privilegiada del helicóptero de la Guardia Civil y los mensajes que cruzara la tripulación con los mandos accidentales de la Comandancia pueden jugar también un papel clave en la investigación y la fiscal de sala, según ha sabido elDiario.es, ha solicitado que se aporten todas las comunicaciones entre la aeronave y sus superiores. El final de la investigación Fuentes del Ministerio Público explican que el final de las diligencias está próximo, si no surge alguna novedad que lleve a Sánchez a solicitar su prórroga durante seis meses más. También que muchas de estas comunicaciones internas de los agentes que han podido examinar no son concluyentes ni aportan datos clave para conocer el origen de la tragedia y si hubo algún componente delictivo que merezca una denuncia. Todavía resta por analizar, eso sí, diversas grabaciones de los hechos. Parte de estas conversaciones están contenidas en un informe de la Guardia Civil difundido por La Sexta a principios del mes de noviembre. Muchas de estas comunicaciones se referían a la gestión de la aeronave, explicando por ejemplo que tenían que abandonar la zona por la inminente presencia de un avión o por la necesidad de "recoger baterías", uno de los argumentos utilizados por Interior para justificar lo saltos temporales detectados en las imágenes enviadas a Fiscalía, algunos de ellos en momentos clave y que impiden ver con claridad lo sucedido el 24 de junio en la valla. Existen también, según la cadena de televisión, declaraciones del piloto y el operario del dron en las que afirman que los altercados arrancaron en suelo marroquí. La Fiscalía tiene, sobre el papel, seis meses para concluir la investigación y decidir si presenta algún tipo de denuncia en los tribunales o si archiva el caso, aunque la complejidad de la causa puede llevar a Beatriz Sánchez a pedir una prórroga para poner más diligencias en marcha antes de tomar esa decisión. Por ahora tampoco ha trascendido si una hipotética acusación estaría dirigida contra la Guardia Civil –que es quien investiga el caso– contra la policía marroquí o contra nadie y si se encamina al archivo. Marlaska desgastado tras su comparecencia La tragedia de la frontera entre Melilla y Marruecos se ha trasladado al terreno político con los socios del ejecutivo de coalición apuntando directamente a Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior. Aunque todos los parlamentarios que vieron las imágenes oficiales –excepto los de PSOE y Vox– ya habían señalado que, durante la avalancha generada en una de las puertas del paso fronterizo de Barrio Chino, algunos cuerpos de los refugiados cayeron en una zona de control operativo español, la última investigación de Lighthouse Reports cuestionó las explicaciones de Marlaska. A pesar de las nuevas evidencias sobre la existencia de heridos y al menos un muerto en el lado español, durante su comparecencia en el Congreso este miércoles, el ministro mantuvo intacta su versión. Todos los parlamentarios, excepto los de Vox y PSOE, le acusaron de mentir por seguir diciendo que "ningún hecho trágico" sucedió en España. Desde la bancada del PP, los diputados insistieron en solicitar su dimisión, un paso que no dieron los socios de Gobierno. Frente a un ministro desgastado por la política migratoria, la estrategia de Interior aspira a que la crisis generada por tragedia de Melilla caiga en el olvido, confiando en el archivo por parte de la Fiscalía. El ministro presumió de haber respondido a la tragedia de Melilla con "transparencia total y absoluta", mientras algunos de los diputados le recordaron su bloqueo a la apertura de una comisión de investigación en el Congreso, así como su negativa a comparecer en el Parlamento Europeo. "¿Solo usted conoce los hechos? ¿Todo el mundo se equivoca? Si tan claros están los hechos por qué no se activa una comisión de investigación? Si habla de transparencia, ¿por qué no fue a hablar al Parlamento Europeo?”, le replicó el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. El PSOE tumbó la petición de investigar la actuación policial en la valla de Melilla con el apoyo del PP y Vox. La única investigación abierta sobre la mayor tragedia en una frontera terrestre europea ha quedado en manos de la Fiscalía, que busca poner luz a varios aspectos que el responsable de Interior no llegó a aclarar en su última comparecencia. "¿Dónde empieza España?", le preguntaron los diputados al ministro en diversas ocasiones sin obtener respuesta. Podría parecer una pregunta simple, pero Marlaska evitó responderla dado que el momento más dramático de la tragedia ocurrió justo en la puerta que conecta Marruecos con Melilla. El titular de Interior también defendió la legalidad de las 470 devoluciones en caliente practicadas por la Guardia Civil el día de la tragedia y dijo que "no consta el rechazo de ninguna persona vulnerable". Sin embargo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) no tardó en desmentir sus declaraciones. Desde la agencia de la ONU recordó de nuevo que estas prácticas son “contrarias a la normativa legal” y aseguraron tener testimonios de personas devueltas el 24 de junio que procedían de países en conflicto y, por tanto, eran vulnerables. Las grabaciones El contenido y grabaciones de las comunicaciones reclamadas por la Fiscalía podría ayudar a dar luz a la posible falta de auxilio. Tanto el helicóptero y el dron de la Guardia Civil grabaron los momentos más dramáticos, cuando decenas de personas se encontraban unas sobre otras, formando un embudo, justo en la puerta que comunica Marruecos con España. Las conversaciones mantenidas entre el piloto y el mando operativo podrían dar nuevas claves para constatar si la Guardia Civil tenía constancia de la gravedad de los hechos y la existencia de heridos en el interior del paso fronterizo o, como defienden fuentes de Interior, no pudieron prestar auxilio porque los agentes españoles se encontraban a "decenas de metros" y "sin visibilidad". La supuesta devolución de personas heridas, denunciada por supervivientes de la tragedia entrevistados por elDiario.es, es otro de los extremos pendientes de comprobar. En su investigación preliminar, el Defensor del Pueblo expresó su preocupación sobre la posible falta de asistencia sanitaria prestada a los refugiados en el lado español de la frontera. Según el análisis de las imágenes oficiales realizado por el equipo de Ángel Gabilondo, los vídeos muestran en la carretera una ambulancia parada a cierta distancia de los vehículos de la Guardia Civil, que no interviene en ningún momento. En las grabaciones del dron también aparecen dos cuerpos -se desconoce si heridos o sin vida- en la carretera localizada frente a la valla de Melilla, "sin que se aprecie en las imágenes que reciban atención sanitaria", según institución. La deportación "grosera" de 55 menores La investigación de la Fiscalía en torno a las muertes de junio no es la única abierta sobre la situación de los migrantes en la frontera sur. La semana pasada un juzgado de Ceuta decidió dejar lista para juicio la causa contra la exdelegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos, y a la vicepresidenta del ejecutivo regional, Mabel Deu (PP), por la devolución supuestamente irregular de 55 menores de edad a Marruecos en agosto de 2021. La instructora de este caso ha concluido que las dos obviaron de manera "flagrante" y "grosera" la aplicación de las leyes que prohíben de manera terminante la devolución en caliente de menores no acompañados: desde la normativa de Extranjería hasta la Constitución pasando por la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El futuro del caso está en manos de las acusaciones y la Fiscalía, que deben solicitar que el caso sea archivado, que se pongan más diligencias en marcha o que Mateos y Deu sean enviadas a juicio oral. A lo largo de la causa, las dos han defendido que actuaron en coordinación con varios ministerios mientras que la jefa de Menores de Ceuta, Toñi Palomo, ha afirmado como testigo que advirtió de forma verbal y por escrito de la vulneración de la legalidad que se estaba cometiendo a nivel nacional e internacional.

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El PP forzará en el Congreso una votación sobre la continuidad de Marlaska y Montero en el Gobierno https://www.eldiario.es/politica/pp-forzara-congreso-votacion-continuidad-marlaska-montero-gobierno_1_9760526.html Aitor Riveiro #FernandoGrande-Marlaska #AlbertoNúñezFeijóo #PP-PartidoPopular #Libertadsexual #ValladeMelilla #IreneMontero #CucaGamarra
El PP forzará en el Congreso una votación sobre la continuidad de Marlaska y Montero en el Gobierno

El PP aprieta al Gobierno de coalición e intenta azuzar las divisiones de las últimas semanas a cuenta de las revelaciones periodísticas sobre la tragedia de Melilla y las repercusiones de la ley del solo sí es sí. La portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha anunciado este jueves que presentarán sendas reprobaciones contra los ministros del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Igualdad, Irene Montero, lo que forzará a su vez dos votaciones en el Congreso que retratarán los apoyos tanto entre el PSOE y Unidas Podemos como del resto de aliados del Ejecutivo. Los diputados y senadores del PP, con Gamarra a la cabeza, se han concentrado en la escalinata de la puerta principal del Congreso (un espacio vetado expresamente para la protesta ciudadana) para exigir la "rectificación" de la ley del solo sí es sí. La oposición ha reclamado una vez más la modificación de la norma por la rebaja de penas que ha supuesto para algunos agresores sexuales, aunque sin concretar cómo. Pese a reconocer que la ley tiene "cosas positivas", en palabras de la también secretaria general, el PP señala que "cuando hay cosas negativas hay que cambiarlo". "Lo perjudicial debe cambiarse, lo que no debe dejarse", ha insistido Gamarra, quien no ha precisado no obstante qué es lo que debería cambiarse o qué parte asumen que debe mantenerse. La número dos de Alberto Núñez Feijóo tampoco lo ha aclarado en el turno de preguntas, que ha concluido antes de que todos los periodistas hubieran podido dirigirse a Gamarra. El PP lleva amenazando con presentar una proposición de ley en el Congreso para reformar el Código Penal, pero ni la presentan ni informan de su contenido. Ni siquiera explican qué dejarían, qué quitarían o que volverían a dejar como estaba. Feijóo, ausente. Vox, presente (sin invitación) En la foto frente a la Puerta de los Leones se constata una nutrida representación de diputados y senadores, entre los que destacan la propia Gamarra, el portavoz en la Cámara Alta, Javier Maroto, o la vicesecretaria de Políticas Sociales, Carmen Navarro. La ausencia del día ha sido la de Feijóo, quien primero ha aludido a un problema de agenda para también advertir que él es senador y no diputado, excusa esta última que caía por su propio peso y que el PP rápidamente ha dejado de utilizar. Frente a la ausencia de Feijóo, la presencia de Vox. Al final del acto, cuando todavía la mayoría de representantes del PP estaban en las escalinatas, se han acercado el portavoz ultraderechista, Iván Espinosa de los Monteros, y algunas diputadas como Carla toscano, Inés Cañizares, Patricia Rueda o Teresa López. Pero la convocatoria "no era abierta", como han explicado desde la dirección del PP. Ni se había cursado invitación alguna a Vox, a diferencia de a otros partidos como a Foro, cuyo único diputado, Isidro Martínez Oblanca, ha estado desde el principio. La presencia de Vox, que ha forzado la disolución de la concentración, contrasta con el rechazo del PP a secundar la manifestación que convocó el pasado domingo en la Plaza de Colón de Madrid contra la derogación de la sedición y que convocó a unos miles de personas. Los de Feijóo han optado por una serie de mítines de partido para no compartir la calle con la ultraderecha a unos meses de las elecciones municipales y autonómicas. "Gobierno incendiario" El PP ha elevado así el tono contra el Gobierno de coalición tras la aprobación de los Presupuestos Generales de 2023, los terceros de la legislatura y que permitirán a Pedro Sánchez concluir su segundo mandato, a finales del año que viene. Feijóo quiere contraatacar la estabilidad del Ejecutivo abonando una imagen de fin de ciclo adelantado y de crisis continua. Esta mañana, en un desayuno informativo en el hotel Palace de Madrid, ha asegurado: "Tenemos a un Gobierno pirómano que aviva el fuego". Unos "incendios descontrolados" de los que ha culpado al presidente del Gobierno, de quien ha dicho que no tiene "límites éticos ni morales". Y a quien ha acusado de aguantar a todos sus ministros y ministras en sus puestos con el único objetivo de "acabar la legislatura", para lo que queda un año entero. "El problema no son un par de ministros. El problema es el primer ministro", ha concluido.

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Los puntos oscuros de la tragedia de Melilla sobre los que Marlaska tendrá que contestar en el Congreso

Cada vez que Fernando Grande-Marlaska habla sobre la tragedia de Melilla, suele repetir su habitual argumentario sin detallar los hechos: nadie murió en España, la Guardia Civil actuó de forma proporcional y toda su actuación cumplió con la legalidad vigente. Pero los pilares de la versión oficial se tambalean y el ministro del Interior tendrá aún más complicado defender su relato de los hechos durante su comparecencia en el Congreso de este miércoles, en la que tendrá que dar explicaciones sobre la muerte de 23 personas el pasado 24 de junio en la frontera. A las conclusiones de los diputados y del Defensor del Pueblo tras el visionado de las imágenes oficiales se ha sumado la nueva investigación publicada este martes por el consorcio de medios Lighthouse Reports, entre los que está El País. El trabajo, que constata que al menos hubo una persona fallecida en suelo español, desmiente el relato de los hechos del Ministerio del Interior. Estos son los puntos clave sin aclarar a los que tendrá que enfrentarse Grande-Marlaska durante su comparecencia. Dónde murieron  A pesar de la nueva investigación, Fernando Grande-Marlaska ha insistido siempre en que ninguna de las muertes tuvo lugar en suelo español, pero ha evitado dar detalles concretos de los hechos. Según los diputados que han tenido acceso a las imágenes oficiales, el documental de la BBC y la última investigación de Lighthouse Reports, el momento más dramático tuvo lugar en el lado marroquí de la puerta que conecta Marruecos con España en el puesto fronterizo de Barrio Chino. Durante la estampida, varios cuerpos cayeron a ambos lados de la alambrada. Un agente marroquí y un superviviente de la tragedia señalaron que al menos uno de ellos falleció en suelo español, según el trabajo publicado este martes en varios medios europeos. Se llamaba Abdul Aziz Yacoub, según el testigo, amigo de la víctima. Interior, sin embargo, asegura que se trata de “especulaciones periodísticas”.  Marlaska ha reiterado que “ningún hecho trágico” tuvo lugar en suelo español, pero las imágenes muestran a varias personas, aparentemente inconscientes, tiradas en el lado español de la frontera. En un primer momento, Interior dijo que esa zona se trataba de un área operativa conjunta pero no era suelo español. Ahora, fuentes de Interior reconocen a elDiario.es que esa parte del puesto fronterizo es España. Falta de auxilio Vídeos de los hechos, la investigación preliminar del Defensor del Pueblo y los testimonios de los testigos recogidos por elDiario.es apuntan a la falta de asistencia recibida por los refugiados durante la tragedia. Las informaciones publicadas a partir de las imágenes oficiales indican que no se prestó atención sanitaria ni las personas atrapadas en el interior de la alambrada durante la estampida ni a aquellos que lograron sortear la valla por completo y fueron devueltos en caliente a Marruecos.  Por un lado, el ministro no ha dado explicaciones detalladas sobre por qué ni los agentes españoles ni los servicios sanitarios entraron al paso fronterizo a socorrer a las personas que quedaron atrapadas en la avalancha humana desencadenada en la puerta que conecta Marruecos con España. Al menos dos de las personas que estaban tiradas en el lado español del paso fronterizo fueron trasladadas a Marruecos por gendarmes alauíes sin que las fuerzas de seguridad españolas interviniesen.  Por otro lado, los supervivientes que consiguieron saltar la totalidad de la alambrada denuncian haber sido devueltos en caliente a pesar de encontrarse heridos. Dos de ellos aseguran que se quedaron inconscientes en suelo español y recuperaron la consciencia antes de ser devueltos, sin recibir asistencia médica. Otro dice haber sido retornado a Marruecos cuando no tenía conocimiento.  Según el Defensor del Pueblo, los vídeos oficiales muestran una ambulancia parada a cierta distancia de los vehículos de la Guardia Civil que no llega a intervenir en ningún momento. Fuentes de Interior han confirmado que la ambulancia permaneció “a unos 100 metros de distancia” y no se aproximó a la zona “por riesgo de ser alcanzados por los objetos y piedras que lanzaban los inmigrantes”. Imposibilidad para pedir asilo en Melilla sin saltar la valla Cuando el ministro del Interior es preguntado por la tragedia de Melilla, suele destacar la supuesta agresividad empleada por los refugiados en su intento de entrar en la ciudad por la valla. Más allá de que empleasen la violencia en este salto, para Marlaska, saltar la alambrada es una forma de entrada “violenta” en sí misma y siempre la ha diferenciado de las llegadas en patera, una vía clandestina que, sin embargo, es más arriesgada y más costosa.  De lo que no habla Marlaska es de la imposibilidad con la que se chocan los solicitantes de asilo negros para pedir protección en el paso fronterizo de las ciudades autónomas. Los migrantes subsaharianos son atosigados por las autoridades marroquíes y no pueden acceder a las oficinas de asilo existentes en las fronteras con España. La mayoría de personas que saltaron la valla durante la tragedia de Ceuta eran sudaneses, una nacionalidad que tiene un altísimo porcentaje de peticiones aceptadas de protección internacional en España.  Este mismo martes, tras una visita a la ciudad autónoma, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa se lo ha recordado al ministro:  "En la práctica, no parece haber otra forma de entrar en Melilla y solicitar protección a las autoridades más que nadando o saltando la valla, arriesgando la vida". Devoluciones en caliente 470 personas fueron devueltas en caliente durante la tragedia de Melilla, según las cifras oficiales publicadas por el Defensor del Pueblo. Ángel Gabilondo concluyó que Interior incumplió la legislación nacional e internacional y recordó al Gobierno que, para practicar el “rechazo en frontera” recogido en la Ley de Seguridad Ciudadana debe realizar un estudio individualizado de cada caso, como concluyó el Tribunal Constitucional.  Según los testimonios de las personas devueltas recogidos por elDiario.es, entre los devueltos por la Guardia Civil había refugiados –algunos incluso reconocidos por Acnur–, menores y heridos.   Pese a todo, Marlaska continúa defendiendo la legalidad de estas prácticas.  La entrada de agentes marroquíes en España Gendarmes marroquíes entraron en suelo español durante el operativo desplegado en la frontera para responder a la entrada de migrantes. Los agentes del país vecino lanzaron piedras contra los migrantes desde una garita coronada con una bandera española, pero también fueron más allá, sorteando la totalidad del perímetro fronterizo, para recoger y devolver a algunos de los refugiados que entraron en Melilla, como reflejan las imágenes de Javier Bernardo adelantadas por Público el 25 de junio.  El ministro tachó de “falsedad” la entrada de gendarmes de Marruecos a España, pero ante la evidencia de las imágenes, reculó y defendió que la actuación se había ajustado a la legalidad. 

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El Consejo de Europa pide "el pleno cumplimiento" de los derechos humanos en la frontera de Melilla y Marruecos

El Consejo de Europa pide "el pleno cumplimiento" de los derechos humanos en la frontera de Melilla y Marruecos. Y alerta de carencias en derechos civiles por las leyes mordaza y la dificultad en el acceso a una vivienda digna, entre otros asuntos. "España ha realizado importantes esfuerzos para avanzar en la protección de los derechos sociales en los últimos años", ha dicho este martes la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, tras una visita a España del 21 de al 25 de noviembre: "Las reformas legislativas pendientes en el Parlamento brindan la oportunidad de alinear la legislación española con los estándares internacionales y europeos de derechos humanos, también en el campo de las libertades de expresión y reunión, y deben adoptarse sin demora. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para garantizar el acceso a los derechos de los más vulnerables y proteger los derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes”. Si bien la comisaria reconoce la ratificación de la Carta Social Europea Revisada y su mecanismo de quejas colectivas en 2021, destaca que para abordar las desigualdades en el acceso a los derechos sociales en toda España, las autoridades deben "asignar recursos de manera transparente y sostenible y adoptar estándares comunes para garantizar, en estrecha cooperación con todas las autoridades competentes a nivel central y local, para que se satisfagan las necesidades específicas de los más vulnerables". "La participación ciudadana en la toma de decisiones es crucial para diseñar políticas sociales acordes a las necesidades de la sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil deben ser consultadas e involucradas de manera proactiva en todas las etapas", ha dicho la comisaria. "Acceso a la vivienda adecuada" “La vivienda no debe ser percibida como un bien que solo está disponible para algunas personas. El acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano fundamental para el pleno disfrute de la mayoría de los demás derechos”, ha subrayado Mijatović. Los problemas históricos, como el muy bajo stock de viviendas sociales debido a años de escasa inversión pública, los altos costos de alquilar o comprar una casa, los desalojos forzosos y los crecientes niveles de personas sin hogar deben abordarse con urgencia: "La suspensión temporal de los desalojos para familias vulnerables lanzada en respuesta al COVID-19 debe extenderse y dirigirse a los más desfavorecidos, hasta que se encuentre una solución más integral y estable de vivienda alternativa para todos los necesitados”. "Es importante que el proyecto de ley de vivienda, actualmente en el Parlamento y que aborda algunas de estas preocupaciones, se apruebe lo antes posible", dice el Consejo de Europa: "Se debe hacer más para fortalecer el acceso universal a una sanidad pública de calidad para todos en toda España. La comisaria señala que las diferencias regionales son especialmente notables en la prestación de atención primaria y atención especializada, debido, entre otros, al predominio de clínicas privadas en algunas regiones". "Personal sanitario agotado y desbordado" "Se asigna una inversión insuficiente a la atención primaria de salud. En muchos lugares, el personal de salud está agotado y desbordado. Las condiciones de empleo también son motivo de preocupación, ya que el sector de la salud se basa principalmente en contratos a corto plazo", enfatiza la comisaria. La elevada mortalidad en las residencias durante la crisis de la COVID-19 en algunas Comunidades Autónomas queda por investigar y abordar de forma efectiva con la estrecha implicación de los familiares de las víctimas. La comisaria acoge con satisfacción la iniciativa de las autoridades de reformar el sistema de atención a las personas mayores: "Esto debe basarse en una prestación integrada de atención social y sanitaria, que debe garantizar el pleno respeto de la dignidad, la autonomía y la independencia de las personas mayores". “España está tomando medidas importantes para defender la salud y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas. Debe garantizar que las desigualdades en el acceso entre regiones no socaven dicho desarrollo”, defiende la comisaria. El Consejo de Europa saluda el proyecto de ley que facilita el acceso a la atención del aborto, entre otros, para niñas a partir de los 16 años: "El proyecto de ley también fortalecería la educación sexual integral en las escuelas, ampliaría el acceso a la anticoncepción moderna y regularía las diferentes formas de violencia obstétrica en el parto, poniendo en el centro el derecho de las mujeres al consentimiento informado". "La comisaria ha conocido con preocupación que la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 sigue teniendo un grave impacto negativo en el disfrute de las libertades de expresión y reunión, en particular para los defensores de los derechos humanos y los periodistas, creando un efecto general paralizante en la sociedad", afirma el organismo internacional. La redacción amplia e imprecisa de la Ley otorga un amplio margen de discrecionalidad a las fuerzas policiales para interpretarla e imponer sanciones, lo que permite su aplicación desproporcionada y arbitraria. "No hay seguridad real sin derechos humanos. La mejor manera de garantizar la seguridad de los ciudadanos es proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluidas sus libertades de expresión y reunión", subraya la comisaria, quien añade que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 debe utilizarse como un oportunidad para adecuarlo plenamente a las normas europeas e internacionales de derechos humanos. Además, la comisaria sigue preocupada por las denuncias de uso desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el uso inapropiado de armas antidisturbios y la falta de números de identificación claros y visibles, especialmente durante las manifestaciones. Todas las denuncias de abuso policial deben ser investigadas y accesibles a la revisión judicial. Además, debe fortalecerse el marco general de rendición de cuentas de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y garantizarse una supervisión adecuada del uso de los poderes coercitivos y la imposición de sanciones. En cuanto a los derechos humanos de los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, la comisaria acoge con satisfacción las medidas adoptadas para la protección y acogida de las personas que huyen de la guerra en Ucrania. También se han tomado medidas para mejorar las condiciones de acogida en las Islas Canarias y se han asignado más fondos para proporcionar una protección y acogida adecuadas a los niños migrantes no acompañados. Sin embargo, el acceso a los derechos y la protección varía significativamente en todo el país y sigue siendo un gran desafío para muchos refugiados y solicitantes de asilo. Los problemas incluyen largos períodos de espera para acceder al procedimiento de asilo, demoras en la identificación de vulnerabilidades especiales y obstáculos para acceder a los derechos sociales, incluidos la vivienda y la salud. En relación con el resultado de sus conversaciones en Madrid y Melilla, la comisaria concluye que no existe un acceso real y efectivo al asilo en la frontera entre Nador, en Marruecos, y Melilla. "En la práctica, parece que no hay otra forma de entrar en Melilla y buscar protección ante las autoridades pertinentes que no sea nadando o saltando la valla, arriesgando la vida. Esta situación debe ser atendida de manera integral para garantizar que las personas en necesidad de protección puedan acceder al territorio por vías legales y seguras”. Además, "para garantizar un enfoque compatible con los derechos humanos, es esencial la cooperación con ACNUR y las organizaciones de la sociedad civil relevantes que trabajan en la protección de los refugiados y solicitantes de asilo", dice el Consejo de Europa. En cuanto a los trágicos hechos en el contexto del intento de cruce de la valla entre Nador y Melilla el 24 de junio de 2022, en el que murieron al menos 23 personas y numerosas resultaron heridas, la comisaria "acogió con satisfacción la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía General y el Defensor del Pueblo español, destacando la importancia de la plena y efectiva rendición de cuentas de los responsables de las violaciones a los derechos humanos que resultarían de estas investigaciones". La comisaria también ha expresado su preocupación por las conclusiones preliminares del Defensor del Pueblo español, que constata que en esa fecha 470 personas fueron devueltas a Marruecos sin que se observara ningún procedimiento legal. “Si bien todos los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras y cooperar con otros Estados para hacerlo, esto debe hacerse en pleno cumplimiento de todas las normas internacionales de derechos humanos aplicables”, ha dicho la comisaria. España, al igual que otros Estados miembros del Consejo de Europa, no debe contribuir directa o indirectamente a las violaciones de los derechos humanos a través de medidas adoptadas para implementar su cooperación migratoria con terceros países. La situación en las fronteras entre Marruecos y España demuestra una vez más la urgente necesidad de mejorar las medidas de responsabilidad compartida y solidaridad entre los estados miembros del Consejo de Europa.

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