Vivienda, eutanasia o Poder Judicial: el Constitucional avala las principales leyes de la pasada legislatura https://www.eldiario.es/politica/vivienda-eutanasia-judicial-constitucional-avala-principales-leyes-pasada-legislatura_1_11383053.html Alberto Pozas #CGPJ-ConsejoGeneraldelPoderJudicial #TribunalConstitucional #IngresoMínimoVital #PP-PartidoPopular #LeyEutanasia #LeyVivienda #JamesRhodes #IsabelCelaá #Impuestos #Riders #Vox
Vivienda, eutanasia o Poder Judicial: el Constitucional avala las principales leyes de la pasada legislatura

El Tribunal Constitucional ha pisado el acelerador de las sentencias en el último año y medio. Desde el principio de su mandato, el presidente, Cándido Conde-Pumpido, fue muy explícito al afirmar que uno de sus objetivos era terminar con la tradición de mantener asuntos de gran calado social durante años en un cajón hasta dictar sentencia, como sucedió durante más de una década con la ley del aborto. Desde entonces el pleno, muchas veces con el voto del sector conservador en contra, ha avalado algunas de las normas más relevantes surgidas del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos en la pasada legislatura. Desde la ley rider hasta el impuesto a las grandes fortunas pasando por la eutanasia, la reforma del Consejo General del Poder Judicial o el Ingreso Mínimo Vital, todas recurridas sin éxito por PP y Vox. La última en conseguir el aval del tribunal en los últimos días ha sido la Ley de Vivienda. El pleno anunció hace unos días el rechazo a la mayor parte del recurso presentado por la Junta de Andalucía, una de las múltiples comunidades autónomas gobernadas por el PP que impugnaron una veintena de sus artículos. Con el voto en contra de los cuatro magistrados del sector conservador, el tribunal avaló que el Estado pueda regular esa materia aunque sea una competencia de las comunidades autónomas: el derecho a la vivienda, dice la sentencia, es un derecho constitucional y el Ejecutivo central puede imponer normas básicas "que garanticen la igualdad de los ciudadanos en su ejercicio". Los magistrados todavía tienen pendientes media docena de recursos en torno a esta ley que afectan a artículos que todavía no han sido estudiados después de anular tres de ellos a instancias de la Junta: entre otros el que regula la vivienda protegida y el que establecía las obligaciones de los grandes tenedores de vivienda de informar sobre el número de casas que tienen en propiedad. La proporción de siete votos progresistas a favor y cuatro conservadores en contra se ha mantenido en las deliberaciones más relevantes a nivel político y legislativo del último año, aunque no sea necesariamente la tónica en el todos los casos que estudia la corte de garantías. Sucedió cuando en marzo de 2023 avaló la ley de eutanasia rechazando los recursos de PP y Vox: "Garantiza el derecho a la autodeterminación de la persona sin dejar desprotegida la vida", dijo la sentencia. El tribunal sí encontró la unanimidad unos meses más tarde para tumbar una norma del Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso que limitaba el acceso a este derecho. La misma proporción que avaló la reforma que impide desde 2021 hacer nombramientos en la cúpula judicial al Consejo General del Poder Judicial mientras mantenga el mandato caducado. El pasado mes de octubre el Constitucional rechazó los recursos de PP y Vox contra la modificación de la ley que regula el órgano de gobierno de los jueces, con los cuatro magistrados conservadores considerando que la norma "despoja" al CGPJ de sus funciones "consustanciales". La ley rider, con la que el Ejecutivo buscaba combatir el abuso de la figura del falso autónomo en las plataformas de reparto, también obtuvo el aval del Constitucional con los votos a favor del sector progresista, constando la profunda división que parte el pleno del máximo intérprete de la Carta Magna. El impuesto a las grandes fortunas, recurrido por la Comunidad de Madrid de Ayuso, también quedó avalado por esta misma proporción después de recaudar más de 600 millones de euros en 2023. Una de las primeras normas del Ejecutivo de coalición en recibir el aval del Constitucional en 2023 fue la conocida como 'ley Celáa', de educación, que entre otras cosas avala la retirada de subvenciones a colegios que segreguen a sus alumnos por sexo. Y una de las últimas ha sido la reforma del Código Penal que penaliza el acoso a mujeres que acuden a una clínica a abortar. Pocas de estas votaciones han eludido esa división entre progresistas y conservadores y la proporción de siete votos en un sentido y cuatro en sentido contrario. Dos de las normas han sido avaladas con unanimidad: la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a Euskadi y Navarra y la norma puesta en marcha en 2021 para intentar combatir el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas. En el caso del IMV el Constitucional fue claro y con el voto favorable de sus 11 integrantes: no afecta a la "caja única" como alegaba Vox. Se mantiene por el momento en la indeterminación la votación sobre la 'ley Rhodes' de protección de la infancia. El pasado mes de abril el ponente del recurso de Vox, el conservador Enrique Arnaldo, decidió retirar su ponencia en la que se mostraba partidario de estimar al menos de forma parcial el recurso de Vox para limitar la retirada de la guarda a los progenitores denunciados por malos tratos. En ese caso el sentido mayoritario del pleno es a favor de rechazar el recurso pero la votación todavía no se ha celebrado. Las leyes pendientes de sentencia La agenda del Tribunal Constitucional muestra que el pleno todavía tiene varias leyes relevantes de la última legislatura en la lista de asuntos pendientes recurridos por PP y Vox. Normas como la ley trans, la de Memoria Democrática, el aborto, la derogación de la sedición, la ley del 'solo sí es sí' o la reforma legal que pretendía desbloquear la última renovación parcial del propio Constitucional. Todas las leyes han sido recurridas por el PP o por Vox, en el caso del partido de Santiago Abascal antes de perder los números parlamentarios que le permitían acudir continuamente al tribunal de garantías. En los últimos meses, la extrema derecha ha dirigido su estrategia de nuevo hacia la vía penal en el Tribunal Supremo. Con el Tribunal Constitucional convertido en uno de los mayores campos de batalla de la política, la derecha desarrolla desde hace más de un año una estrategia de deslegitimación de este organismo desde que, tras las últimas renovaciones, cuenta con una mayoría progresista bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido. Ninguna de estos recursos ha entrado, por ahora, en el calendario del pleno del Constitucional. Otras normas de calado de la pasada legislatura tampoco fueron recurridas, al menos en su integridad, por los partidos de la oposición: en el caso de la reforma laboral, por ejemplo, solo impugnaron la votación en la que Alberto Casero (PP) se postuló por error a favor de la norma, que salió adelante precisamente gracias a su voto.

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Feijóo estrena su batalla judicial con dos batacazos en el Constitucional: aborto y eutanasia

Alberto Núñez Feijóo cumplirá año y medio como presidente del Partido Popular dentro de unos pocos días. Un mandato en el que la formación política ha seguido llevando leyes e iniciativas del Gobierno ante el Constitucional, y en el que ha sufrido duros reveses en dos de sus grandes luchas ideológicas: el aborto y la eutanasia. El tribunal de garantías ha rechazado esta semana el recurso que el PP interpuso contra una ley de eutanasia que el propio Feijóo se comprometió a revisar y que ahora tiene el aval del máximo intérprete de la Constitución española. El aborto y la eutanasia, con más o menos intensidad, han sido dos caballos de batalla del Partido Popular a los que, en los últimos años, también se ha subido la ultraderecha de Vox. En su último programa electoral para las elecciones generales, Feijóo se comprometía a "revisar" la ley de eutanasia y a obligar a las menores de edad a obtener el permiso de sus padres para abortar. En una intervención en El Hormiguero en plena campaña, Feijóo mostró su inquietud por lo que pasaría con las personas que solicitan la eutanasia y cambian de opinión una semana después, algo que ya está incluido en la norma. Para cuando el presidente del PP mostró su desconocimiento de la ley con Pablo Motos en horario de máxima audiencia, el recurso de su partido llevaba un año tramitándose en los pasillos del Tribunal Constitucional. Un recurso presentado cuando Pablo Casado estaba al frente de la formación y que denunciaba que la norma atentaba contra una decena de derechos constitucionales: el derecho a la vida pero también a la dignidad, la igualdad o la libertad religiosa. La respuesta que ha recibido el partido de Alberto Núñez Feijóo se parece mucho a la que recibió en su momento el partido de Santiago Abascal tras haber presentado dos recursos muy similares. La eutanasia no ataca el derecho a la vida de quien decide acabar con su vida, ha repetido esta semana el Tribunal Constitucional, porque ese derecho no impone "la obligación de mantenerse con vida". Las únicas alegaciones con las que el PP se diferenciaba de Vox tampoco han prosperado. En una de ellas, el partido de Núñez Feijóo pretendía que la posibilidad de objetar se extendiera de los sanitarios a las personas jurídicas. Es decir, que no sea solo un facultativo el que pueda negarse a participar en un proceso de eutanasia sino que pueda hacerlo, por ejemplo, un hospital como entidad. El Constitucional explica que las intenciones del PP, en la práctica, comprometerían el acceso a la eutanasia: "Pondría en riesgo la efectividad de la propia prestación sanitaria". El fracaso del recurso contra el aborto El rechazo del Tribunal Constitucional al recurso del PP contra la ley de eutanasia ha sido el segundo gran revés que ha sufrido el partido en la calle Domenico Scarlatti desde que Núñez Feijóo es presidente. El segundo llegó en febrero de este año cuando el tribunal de garantías desestimó las alegaciones del partido contra la ley del aborto del año 2010, interpuesto cuando Mariano Rajoy estaba al frente del partido. El derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo es una pelea ideológica del Partido Popular que arranca en los años 80, con su recurso contra la primera norma que despenalizó el aborto, y se agudizó cuando el ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero introdujo la ley de plazos que, con algunas modificaciones, se mantiene hasta el día de hoy. El partido conservador ha ido pivotando su postura hasta el punto de proponer la vuelta a la primera norma del ejecutivo de Felipe González. El PP, entonces bajo la batuta de Mariano Rajoy, encabezó manifestaciones contra una ley que no modificó cuando tuvo mayoría absoluta para hacerlo sin contar con nadie más. Una ley que, además, había recurrido ante el Constitucional con unas alegaciones que estuvieron más de una década en el cajón de los magistrados hasta que fueron definitivamente rechazadas en febrero. Representantes del PP han seguido acudiendo a protestas contra el aborto. En 2019, por ejemplo, dirigentes del partido acudieron a una manifestación en Madrid convocada por Sí a la Vida para protestar contra "la cultura de la muerte". Pero el discurso político fue bajando de intensidad a medida que se acercaba la derrota. El programa electoral del partido en 2011 prometía cambiar la ley del aborto. En 2015 la palabra aborto desaparecía y el PP se limitaba a afirmar su "compromiso con el derecho a la vida". En 2019 Javier Maroto reconocía abiertamente que no se harían más propuestas al respecto hasta que su recurso no tuviera una respuesta. Después de que la respuesta fuera negativa, el propio Alberto Núñez Feijóo fue el encargado de sumir a su partido en la ambigüedad sobre esta batalla perdida: "El aborto es un derecho que tiene la mujer dentro de la ley y no voy a cambiar de opinión", afirmó. Lo cierto es que unos días antes la mayoría del Tribunal Constitucional había dado carpetazo a la eterna alegación del PP de que el derecho a abortar era incompatible con el derecho a la vida, sino que más bien forma parte de él. Interrumpir un embarazo es una manifestación del derecho de una mujer a "adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables, sin violencia, coacción ni discriminación, con respeto a su propio cuerpo y proyecto de vida", explicó el Constitucional al PP. Ni siquiera la ponencia rechazada del conservador Enrique Arnaldo era favorable al grueso del recurso del partido. La tercera derrota judicial, esta vez ante los tribunales ordinarios, está camino del número 13 de la calle Génova de Madrid. Esta semana el Tribunal Supremo ha anunciado su rechazo a recursos de Vox y parlamentarios de Ciudadanos contra los indultos de dos condenados del procés, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La decisión marca el camino a los recursos que presentó el propio Partido Popular ya que el motivo de la inadmisión es que los jueces consideran que un partido político no está legitimado para recurrir un indulto. Futuras batallas en el Constitucional El tribunal de garantías todavía tiene una lista larga de recursos del Partido Popular contra normas aprobadas en la última legislatura. Una de ellas es la conocida como ley trans, recurrida por el partido cuando Núñez Feijóo ya era presidente y a rebufo de otro recurso similar de la ultraderecha de Vox. El PP recurrió cinco artículos de la norma impulsada por Igualdad y que entró en vigor el pasado mes de marzo. Por ejemplo, el artículo que permite iniciar prácticas de modificación genital en menores de entre 12 y 16 años si lo consienten de manera informada. También el que permite a los mayores de 16 años solicitar la rectificación ante el Registro Civil sin permiso de nadie, y a los menores de entre 14 y 16 años hacerlo asistidos por sus representantes legales. Parte del recurso del PP contra la ley también ataca el artículo que califica como infracción grave que exista una cláusula contra la discriminación de las personas trans. "Es mucho más fácil cambiarse de sexo que aprobar la selectividad", llegó a decir Feijóo poco antes de las últimas elecciones generales. "Hay un colectivo trans que tiene sus derechos y los vamos a regular, pero esta ley no". Su programa electoral prometía legislar "con la máxima prudencia".

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El recurso del PP contra la ley de eutanasia fracasa en el Constitucional igual que el de Vox https://www.eldiario.es/politica/recurso-pp-ley-eutanasia-fracasa-constitucional-igual-vox_1_10505206.html Alberto Pozas #TribunalConstitucional #PP-PartidoPopular #LeyEutanasia #Eutanasia #Vox
El recurso del PP contra la ley de eutanasia fracasa en el Constitucional igual que el de Vox

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que el Partido Popular presentó contra la ley de eutanasia. El pleno, tal y como sucedió hace unos meses con el recurso que presentó el partido ultraderechista Vox, ha avalado por segunda vez esta norma, desestimando que atente contra el derecho a la vida. El partido de Alberto Núñez Feijóo cuestionaba aspectos que también discutía Vox en su recurso y añadía algunos de su propia cosecha, por ejemplo a la regulación de la objeción de conciencia. Los magistrados, con dos votos en conta, contestan: "Extender la objeción de conciencia a un ámbito institucional como pretenden los recurrentes, no solo carecería de fundamento constitucional, sino que pondría en riesgo la efectividad de la propia prestación sanitaria". Esta sentencia recuerda, como ya aclaró cuando rechazó el recurso del partido de Santiago Abascal, que la eutanasia es un "derecho constitucional de configuración legal" relacionado con el derecho a la integridad moral y física. La sentencia del Constitucional ha salido adelante por mayoría del pleno, con los votos en contra de dos integrantes del sector conservador: Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. Por segunda vez en un año, y en este caso contestando al Partido Popular, el Constitucional explica que la eutanasia tal cual está regulada en España no es incompatible con el derecho a la vida. "Tampoco impone la obligación de mantenerse con vida a su titular", dicen los magistrados. Y la eutanasia no debe militarse "a los supuestos de enfermos terminales".

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El camino a la buena muerte de Julián: "No hay que sentirse culpable ni tener vergüenza de la eutanasia"

En noviembre de 2012, un tornero-fresador jubilado de Vitoria de 68 años, gimnasta con cierta proyección en Madrid de joven y tenor toda la vida en sus ratos libres, firmó un documento de voluntades anticipadas. “Para mí, frente a la cantidad de vida, la calidad de vida es valor primordial. [Vida] Entendida como ausencia de sufrimiento y no dependencia para tareas básicas de la vida cotidiana. Desde hace ya muchos años he estimado -y estimo- que la vida en este mundo debe incluir la capacidad de comunicar y compartir. De sentir, pensar y elegir. No puedo considerar como válida ni de calidad suficiente aquélla que me impide desarrollar con autonomía razonable las actividades básicas de la vida cotidiana ni la que sólo sea expresión de una función fisiológica, por lo que sería incompatible con mis creencias y valores permanecer de modo permanente, sin esperanza de retorno. […] Si ésta fuese la circunstancia, no quisiera seguir viviendo más así, por lo que desearía me fuera aplicadas técnicas de eutanasia activa, indoloras y rápidas. Aun conociendo que en este momento no está legalizada la eutanasia, quiero hacer patente mi creencia reiterada y mi deseo inequívoco y permanente”, plasmó quien en su fábrica era conocido como Caruso, por el cantante napolitano que dio nombre a una canción de Luciano Pavarotti. En febrero de 2023, la familia Verona vio cómo su Julián, con un diagnóstico de una enfermedad muy similar al alzhéimer en un estadio muy avanzado, había dejado por escrito muchos años atrás lo que tenía que ocurrir esta primavera. En la residencia pública en la que el hombre, ahora de 78 años, completaba su vida, les entregaron el testamento en vida firmado muchos años antes. “Si no conozco ni soy consciente de quién soy o dónde estoy, no quisiera vivir más así”, pudieron leer. “No deseo reanimación cardiopulmonar. No deseo ventilación mecánica. No deseo ninguna forma de diálisis. No deseo alimentación e hidratación artificiales. No deseo antibióticos. No deseo transfusiones sanguíneas. No deseo que me practiquen cirugías, poliquimioterapias o radioterapias con intención curativa. No deseo terapias experimentales. Tampoco autorizo exploraciones inútiles y mucho menos de naturaleza invasiva”, rezaba el texto. Y seguía: “Desde la asistencia necesaria para proporcionar un digno final de mi vida. […] En el supuesto de que, alegando objeción de conciencia, quien sea responsable de mi asistencia rehúse seguir estas instrucciones, deseo la asistencia de cualquier otro profesional”, Los Verona, no sin una profunda reflexión familiar, decidieron emplearse a fondo para cumplir la última voluntad de Julián. Además, acordaron también hacer público su caso para dar a conocer a la sociedad que lo que antes era solamente un anhelo ahora es un derecho a la buena muerte, que es lo que etimológicamente significa eutanasia en griego antiguo. “Él lo hubiera querido así”, afirman. Las dos hijas y el hijo de Julián y después de algunos reparos también su esposa, la albacea de aquel testamento vital de 2012 y que después de décadas no ha perdido su acento andaluz originario, se han abierto a compartir para elDiario.es todos los pasos del proceso, incluidos sus altibajos, sus reflexiones y la tranquilidad final de que todo ha resultado como su Julián quiso. En el reportaje ha colaborado también el doctor Axier Reixa, seleccionado por la familia para dirigir el proceso y para completarlo. Ha sido su primera eutanasia. El camino a la buena muerte ha sido más complejo, además, por el deseo añadido de Julián de ser donante de órganos en la medida de lo posible. Según las estadísticas oficiales, en 2021 y 2022 se completaron 39 eutanasias en Euskadi, una decena de ellas con donaciones. Es un proceso con controles y garantías: no todas las solicitudes son aceptadas. Representan el 0,1% de los decesos totales en la comunidad autónoma. En un 12,5%, el facultativo elegido se declaró objetor de conciencia. [Todos los nombres son ficticios por expreso deseo de la familia] 23 de marzo de 2023, jueves La mujer de Julián Verona, en su calidad de albacea, firma la autorización para solicitar el derecho a la eutanasia. La noche anterior, el Tribunal Constitucional tumbó por mayoría el recurso de Vox contra la ley de 2021, cuyas siglas son LORE (‘flor’, en euskera). “Considera la sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Ramón Sáez, que la Constitución ampara un derecho de autodeterminación que permite a la persona decidir de manera libre, informada y consciente el modo y momento de morir en situaciones médicamente contrastadas de enfermedades terminales o gravemente incapacitantes”, explicaba el comunicado de la corte de garantías. Y se añadía: “[En una sociedad democrática no se] Permite atribuir al derecho a la vida un valor absoluto, ni que imponga al Estado un deber de protección individual que implique un paradójico deber de vivir, ni impide el reconocimiento constitucional de la facultad de la persona de decidir de manera autónoma sobre la propia muerte en situaciones de sufrimiento causado por una enfermedad incurable, médicamente constatada, y que el paciente experimenta como inaceptable. La tesis absolutizadora de la vida -y su necesario corolario de una obligación de mantenerse con vida- no es compatible con la Constitución”. “Ha firmado mi madre. Ya con esto se inicia el proceso. Calculamos que serán cuarenta días. Para primeros de mayo… Estamos nerviosos, ¿eh? Mi hermano está con ansiedad”, explica al otro lado del teléfono una de las hijas de Julián en la primera de muchas entrevistas y al poco de conocerse el decisivo fallo que, de haber recaído en sentido contrario, habría frustrado todo. Informe médico del paciente La solicitud de eutanasia tiene que venir avalada por un informe médico. La familia tiene el derecho a elegir a un facultativo de confianza que será el responsable de todo el proceso, incluida la administración de la dosis letal. Los Verona han escogido al doctor Reixa. Es vecino de toda la vida. Conocía a Julián. Éste es su dictamen: “Es un hombre de 78 años que expresó cuando aún estaba en posesión de todas sus facultades mentales su voluntad de ser asistido para terminar con su vida en el caso de que algún tipo de enfermedad le hubiera restado la capacidad para tomar decisiones sobre sí mismo y su grado de deterioro le hubiera llevado hasta el punto de no valerse por sí mismo ni reconocer a sus seres queridos. En 2014 empezó a tener fallos de memoria acompañados de alteraciones del ánimo (se sentía “decaído, mustio, como si no fuera él”). Si bien en un principio se orientó su caso como un trastorno depresivo (iniciando un tratamiento con antidepresivos), una reevaluación por parte de su neuróloga en 2016 concluía que padecía una demencia degenerativa primaria, a la vista de la exploración y de ciertas alteraciones conductuales referidas por el paciente y su familia. […] En 2018 comenzaron los episodios de desorientación. A finales de 2018 ya se registran en su historia fallos en el reconocimiento de ciertos familiares (hermanos) e inhibición social, siendo aún el paciente más o menos autónomo para las actividades de la vida diaria". El informe continúa: "A mediados de 2019 se constata un aumento de los episodios de desorientación, precisándose el uso de un cinturón GPS para su localización, aunque aún es capaz de vestirse solo. A finales de 2019 empieza a dejar de reconocer a sus hijos y a necesitar ayuda con el aseo. En 2020, coincidiendo con el confinamiento, experimenta una gran peoría que le hace dependiente para todas las actividades de la vida diaria. En noviembre de 2021 ya apenas camina, hace vida cama-sillón y es incapaz de expresarse ni siquiera mediante frases sencillas. [...] En el momento de la emisión de este informe, Julián es totalmente dependiente para todas sus actividades y necesidades, incontinente, no es capaz de pronunciar palabras coherentes de manera espontánea ni dirigida y no se puede levantar de su silla de ruedas sin ayuda. Está en un estadio 7 (el máximo) en la escala de deterioro global de la enfermedad de alzhéimer. […] Padece una enfermedad grave, incurable a día de hoy, crónica e imposibilitante que, dejada a su evolución natural, situaría al paciente en escenarios de mayor fragilidad e incapacidad y para la que la evidencia científica actual no ofrece más alternativas terapéuticas. Esta enfermedad, además, le ha sustraído la capacidad para tomar decisiones [pero] existe un documento de instrucciones previas dadas por él mismo”, redactó Reixa. 26 de marzo de 2023, sábado “Tenemos que esperar a que nos llamen los de las donaciones. Mi padre quería ser donante de órganos y tiene que pasar otros trámites adicionales”, cuenta de nuevo su hija. En concreto, se valora la posibilidad de extracción del hígado, de los riñones y de las córneas. “Mi madre está llevándolo un poco peor. Es otra generación y le está costando un poco más. En la residencia está recibiendo la ayuda de la psicóloga para prepararla un poquito. Ha ido un par de veces”, relata. -¿Qué le ocurre a vuestro padre? -Mi padre no puede ni hablar. No nos conoce. Hace mucho que no nos conoce. Desde antes del confinamiento. Ahora ya no se puede ni comunicar. Al principio no encontraba las palabras y se las inventaba. Eran cosas sin sentido, pero hablaba. El confinamiento… Algo sí le afectó, aunque salíamos a la calle todos los días. Si se puede ubicar a Julián en una paleta de colores él se situaba en el rojo. Y era ateo, por más que guardara buena relación con un par de sacerdotes. “Sabíamos que algo pasaba cuando le vimos santiguarse en un funeral. Después empezó a ir a misa. ¡Antes llamaba mascahostias a los que salían de allí!”, explicó su hijo varón semanas después en otra entrevista. Con el cinturón con GPS, en esta fase final, “se recorría todas las iglesias del Casco Viejo él solo”. “Nosotros le seguíamos desde el móvil en todo momento”, apunta la hija.   -¿Cómo va el proceso? -Estamos esperando. Creemos que en una semana o así nos darán el visto bueno. Axier ya ha llevado todo al Gobierno vasco, el diagnóstico, el testamento vital… Tienen que darnos el visto bueno. Me hace ilusión que todo esto lo haga una persona que le conozca. Apreciaba a mi padre. 28 de marzo de 2023, lunes Para autorizar la ejecución de una eutanasia -sí, la palabra que se emplea habitualmente es justamente “ejecución”- existe una Comisión de Garantía y Evaluación. Siguiendo las pautas de la LORE, este grupo de trabajo comunica al doctor Reixa que se cumplen todos los requisitos. ¿Nacionalidad española? “Verificado”. ¿Enfermedad grave e incurable? “Verificado”. ¿No se encuentra en pleno uso de sus facultades? “Verificado”. El tribunal, compuesto por tres doctoras, acepta “por unanimidad” autorizar la eutanasia. Entiende que la enfermedad “imposibilita totalmente” a Julián hacer la solicitud pero que sus voluntades anticipadas de 2012 son claras, libres, voluntarias y conscientes. 19 de abril de 2023, miércoles A las 17.00 horas de una soleada tarde primaveral, la familia Verona se reúne en la entrada de la residencia de Txagorritxu, muy próxima al hospital del mismo nombre. El hijo varón fuma. Una de las dos hijas llega un poco más tarde. La madre ha subido a la habitación para sacar a Julián a su paseo diario tras el turno de meriendas. La hija más puntual suelta contenta: “Han dado el visto bueno a la donación de hígado, riñones y córnea”. Horas antes, en la propia residencia foral, el doctor Reixa y ellos se habían reunido con la coordinadora de trasplantes. “Y también nos han dado ya el día. Será el 8 de mayo. Pensamos que iba a ser en el hospital de Santiago pero va a ser aquí”, cuenta señalando hacia donde se ubica el hospital de Txagorritxu. Vitoria tiene dos hospitales públicos pero desde hace años están fusionados y operan como uno solo llamado oficialmente Hospital Universitario de Álava. Nadie en la ciudad usa esa denominación. “La verdad es que estoy súper orgullosa de mi padre”, abunda. “Tiene lo que tiene Bruce Willis”, sintetiza el hijo mientras apura su cigarrillo. Relata el pasado de su padre. Incluye una estancia en Madrid, en la residencia de gimnastas Joaquín Blume, actual Centro de Alto Rendimiento (CAR). Al igual que pasa en Nueva York con el 11-S, en cualquier conversación retrospectiva en Vitoria pronto se puntualiza cómo y dónde vivió el 3 de marzo de 1976. Ese día, en el marco de las huelgas de la floreciente industria alavesa, la Policía Armada todavía franquista irrumpió a tiros en la iglesia de San Francisco del barrio obrero de Zaramaga y asesinó a cinco trabajadores. La abuela -dice también el hijo- murió con alzhéimer. “Quizás es lo que le hizo hacer esas voluntades anticipadas tan claras”, añade. “A mí me decía que si se daba el caso que le lleváramos a Holanda”, intercede su hermana. Los Países Bajos fueron los primeros en legalizar la eutanasia en 2002. Baja Julián en silla de ruedas empujado por su esposa. No parece un hombre muy mayor de aspecto. De hecho, la media del primer ingreso en las residencias públicas de Álava es de 86 años. Tiene unos ojos muy claros. Y muy vivos. No articula palabra. Como mucho, emite algún sonido. Sí sonríe. Y sí da besos. Agarra la mano. Como los niños, se chupa el dedo, a veces con riesgo de ahogamiento. Su mujer le reconviene a cada paso. “Agarrado del brazo podría caminar algo”, porfía. Ella llegó con 16 años a Vitoria como tantos miles y miles de andaluces, extremeños, castellanos, leoneses, gallegos o navarros. Era la pequeña de varios hermanos. Se volvió rápido a Alhama de Granada por falta de adaptación. Pero, a los 18, volvió a subir los 816 kilómetros y se asentó. Y conoció al tornero-fresador de la Zapa, que es como se conoce a una de las calles gremiales de la almendra medieval, la calle de la Zapatería. Solamente ha vuelto a Andalucía “dos o tres veces”. La mujer lleva una pulsera en la que cuelga una moneda de plata. La abuela no siempre estuvo sin memoria y cosía para los presos republicanos del penal de la calle de La Paz en la Vitoria guerracivilista, que fue el primer municipio de España conquistado por los franquistas. Uno de ellos, en agradecimiento, le hizo el abalorio. El paseo acaba en el caminito de Santa Teresa, en la trasera del enorme complejo del seminario de Vitoria. Ya no es solamente una fábrica de curas. La Iglesia católica lo ha reinventado y hay jóvenes practicando tiro con arco, una escuela de golf, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, la agencia autonómica de Protección de Datos, la agencia de reinserción de presos Aukerak y, por supuesto, la residencia cural. Por el caminito, mientras Julián da la mano a su mujer y besa a sus hijos, pasean más familias con mayores en silla de ruedas. No lejos de allí está la residencia de Sanitas, famosa por ser la primera en España en quedar cuarentenada por casos de COVID-19 allá por el 8 de marzo de 2020. Se mezclan con los grupos un joven ostensiblemente más abrigado de lo debido en patinete o una adolescente con la camiseta de Karl Malone en los Utah Jazz subcampeones de la NBA escuchando música a todo volumen. Una monja se detiene para interesarse por la familia y bromea con regalar un pisotón a todo aquel que se interponga en su camino. Religiosa y ateos conversan sobre el sentido de la vida. La fotógrafa, Nuria González, va inmortalizando todo cuidando de no mostrar más de lo que los presentes quieren mostrar. -¿Por qué hacéis esto? -¡Hay que visibilizarlo! A mí me da mucha pena el miedo o la vergüenza de mi madre por que no se sepa y demás. Le suelo decir que a nuestra generación nos toca abrir esta puerta como a quien le tocó abrir la de la homosexualidad o la del suicidio antes. ¡Nos toca abrir esta puerta! Y queremos documentar esta historia. No es la historia concreta de mi padre sino que no haya más gente que se sienta culpable o que tenga vergüenza del ‘qué dirán’. Estamos en ello ahora. 24 de abril de 2023, lunes El doctor Reixa era médico en las residencias forales alavesas cuando se conoció la posibilidad de iniciar la petición de una eutanasia. Antes lo fue de Osakidetza y ahora lo es del Sacyl, la Sanidad pública castellanoleonesa. Está destinado en Miranda de Ebro, a 20 minutos en coche de Vitoria. No recibe ninguna remuneración por este trabajo extraordinario de meses más allá de las croquetas que le han cocinado los Verona. -¿Cómo te llegó el encargo? -Soy conocido de la familia y como tenían confianza conmigo me lo solicitaron. Y yo acepté. Es la primera, desde luego, y el proceso me está resultando enriquecedor. Aunque también te digo que he tenido que repasarme toda la burocracia y el procedimiento. Es algo que, desde luego, no estudió en la OPE. Explica el facultativo, que tiene la doble especialidad de médico de familia y anestesista, que los pasos en este proceso están “bastante tasados” por la LORE. Pero esto no es como responder A, B o C a una pregunta sobre cómo tratar una cistitis interstiticial, por ejemplo. “Primero tuve que confirmar el paciente entra dentro de los requisitos, es decir, que tuviera una enfermedad incurable y sin alternativas de tratamiento. Después que el sufrimiento no sea llevable. Y también que, aunque no tenga capacidad ahora, haya expresado ante testigos y de manera legalmente comprobables su deseo de morir. Mi función es guiar todo el procedimiento: revisar la historia clínica, emitir un informe… También he tenido que contactar con un segundo médico que no sea de mi equipo para que revise el caso y emita otro informe. Ha sido una neuróloga. Ha emitido también un informe, ha visitado al paciente y también ha determinado si se cumplen o no los requisitos. Esos dos informes fueron a la Comisión de Garantías, que es un órgano autonómico, y al de una semana se pronuncia. En este caso ha sido favorable y desde ese momento hay dos meses para llevarla a cabo”, explica sobre la eutanasia. Y sigue: “Yo soy también el responsable de aplicar la medicación. Hay dos modalidades, una oral -que no es muy recomendable- y otra endovenosa. Digo que no es muy recomendable la vía oral porque es menos predecible. El paciente siempre tiene que tener un acceso venoso por si falla”. Reixa detalla que se emplean benzodiazepinas -“que son un tranquilizante”- para “generar un estado emocional tranquilo” y después se administra Propozol en grandes cantidades. “Para que nos hagamos una idea, es de lo que murió Michael Jackson. El paciente se va sedando y va perdiendo el estímulo respiratorio. En ese momento, se pone una dosis de relajante muscular y, luego, más Propozol, para asegurar. Lo que provoca la muerte es la apnea al dejar de respirar”, indica. “Por el confort del paciente, en el kit habrá lidocaína, por si el Propozol molesta en la vena. Porque lo que hay que primar siempre es el confort del paciente. Necesitas una situación en la que él y su familia estén cómodos. Lo que suele molestar es el inicio de la infusión. Queremos ahorrarnos hasta el mal gesto del paciente, que puede ser desagradable para la familia”, abunda. Preguntado por cómo afecta el hecho de que antes de la sedación haya donación de órganos, Reixa admite que complica la logística. “Hay que sacar los órganos en el mejor estado posible. Por eso debe hacerse en un hospital y en la UCI. El médico responsable, que soy yo, tiene que estar allí pero hay también un equipo de trasplantes. Aquí, aunque sea un paciente que desea morir, sí que se realizan técnicas que no van en esa dirección, pero no ha habido problemas. La familia lo ha entendido, aunque ha habido que explicarles que son invasivas antes de proceder a la eutanasia. Es por el bien de otras personas”. -¿Hay objetores de conciencia? -Personalmente, no conozco ninguno. Conozco médicos católicos, conservadores y practicantes pero no hemos sacado el tema. Hay que quitarle ese halo de sacerdocio a la Medicina. Es una profesión técnica como otra cualquiera y hay que llevar a cabo una serie de protocolos. Además de curar o procurar una mejor calidad de vida, también está la función de aliviar el sufrimiento. No me supone ningún problema ético. Estamos respetando su decisión. Antes se era más paternalista. No estamos los médicos por encima de la voluntad de las personas. Una de las grandes lacras de esta profesión es el aura de sanidad que la rodea. 6 de mayo de 2023, sábado “Ahora que se acerca el momento estoy un poco peor. Voy ahora a verle con mi hija, porque el lunes no va a querer venir. Es un poco duro”, cuenta una de las hijas de Julián por teléfono a 48 horas del final del camino antes de ir a la residencia con una de las nietas. El paciente tiene tres nietos, dos mayores y una más pequeña. A esta última no le han explicado lo que está pasando. Lo conocerá 'a posteriori'. El mediano es el único que acudirá al hospital el último día. En estos días ha editado un escrito sobre su abuelo, del que se siente orgulloso. Muchos en la familia Verona han aprovechado este proceso para decidir que, ellos también, firmarán documentos de voluntades anticipadas como hizo Julián. También lo hará el doctor Reixa. 8 de mayo de 2023, lunes Son solamente las 7.35 horas, pero ya empieza a asomar el sol. El doctor Reixa reúne a la familia en el exterior de la residencia. “Tú debes ser el nieto”, le comenta al más joven de los presentes. Se declara “bien jodido” por la situación, pero orgulloso del padre de su padre. A las 7.51 horas bajan a Julián en la silla de ruedas. Los profesionales llevan mascarillas. Su mujer y su hija le dan besos en la frente. Hoy no le reprenden por chuparse los dedos. Dos enfermeras de uniforme blanco, visiblemente emocionadas, le despiden. El médico se agacha y le dirige unas palabras imperceptibles a Julián. Hay pocos metros verdaderamente entre la residencia Txagorritxu y el hospital homónimo. El tráfico todavía no es muy denso en esa zona de la capital. Durante la pandemia, se ha inaugurado un nuevo edificio con Urgencias y UCI, entre otros servicios. También fue vacunódromo en alguna de las olas de la COVID-19. Allí se hará toda la intervención. A las 8.01 llega la familia a ese punto, apenas unos segundos más tarde de lo comprometido. Un responsable de seguridad avisa sin miramientos: “Dejen libre por si viene una ambulancia. Pónganse en la franja azul”.   A las 8.06 llegan tres sanitarias. Dos llevan bata blanca y una tercera tiene uniforme azul clarito. Ofrecen mascarillas a los presentes. “Aquí son todavía obligatorias”, recuerdan. Son la coordinadora de trasplantes, una intensivista y una enfermera de la UCI. “Estarán jodidos en lo suyo, pero a la hora de la atención, un trato exquisito”, comentarían días después en relación con todo lo ocurrido. En silencio, Reixa, las tres sanitarias y la familia acceden a Txagorritxu. El proceso se hará en la UCI. Las nuevas instalaciones son totalmente acristaladas. Entra mucha luz natural y no ofrecen el aspecto lúgubre de otras dependencias hospitalarias. Se les permite poner una canción para acompañar el proceso. Solamente una de las hijas está por la labor, pero acaba imponiendo su criterio al resto. Suena ‘Caruso’, de Pavarotti. Uno de los presentes afirma: “Aquí están llorando hasta las paredes”. “Ti volti e vedi la tua vita/ Come la scia di un'elica/ Ma sì, è la vita che finisce”. A las 13.01 horas, el doctor Reixa envía un mensaje. “En breve”, escribe. “Hora de la muerte, 14.25”, formalizan en Txagorritxu. Las donaciones han salido bien. Toca rellenar el formulario preceptivo. ¿Causa inmediata? “Eutanasia”.

elDiario.es
El plan de Feijóo en cuatro palabras: volver a su época - 07/06/2023

“En mi época, algunos ministerios eran subdirecciones generales. Como el de Consumo. El de Igualdad era un departamento", ha dicho Feijóo.

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España se arriesga a multas millonarias de Bruselas si Feijóo deroga la reforma laboral o la ley de vivienda

La derogación o los cambios significativos de la reforma laboral, de las pensiones o de la nueva ley de vivienda que ha prometido el Partido Popular (PP) si llega al Gobierno implicarían penalizaciones millonarias de la Comisión Europea por incumplir las normas del Plan de Recuperación. El reglamento para la concesión de las transferencias y préstamos de los fondos europeos exige que los Estados "no hayan revocado medidas relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente". Medidas como son efectivamente la reforma laboral que el Ejecutivo actual aprobó en 2021 o la de las pensiones y la ley de vivienda que ha aprobado este año, y que pueden peligrar si el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, consigue llegar a la Moncloa tras las elecciones generales del 23 de julio. El reglamento del Plan de Recuperación se publicó en el BOE el 12 de febrero de 2021, y recoge en su artículo 24 que ante la petición de cada pago de los fondos, "la Comisión, con carácter preliminar y sin demora indebida, y a más tardar en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud, evaluará si se han cumplido de forma satisfactoria los hitos y objetivos pertinentes establecidos". Y añade que "presupondrá que el Estado miembro interesado no haya revocado medidas relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente". "Esto quiere decir que en la solicitud de desembolsos se evalúa también que no se han revertido las reformas. En caso de que se hayan revertido, existe una penalización económica por incumplimiento del Plan de Recuperación", explican fuentes del Gobierno. De esta manera el eslogan repetido por Feijóo en numerosas ocasiones de "derogar el sanchismo" quedaría bastante limitado por la normativa comunitaria. Estas mismas fuentes recuerdan que el Ministerio de Hacienda "remite junto con cada solicitud de pago un certificado de no revocación de medidas". De momento, España "es el único país que ha recibido el tercer pago de fondos europeos porque cumplimos todos los hitos y objetivos establecidos", según presumió la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, este martes, tras el Consejo de Ministros en el que aprobó la adenda al Plan de Recuperación. O lo que es lo mismo, su ampliación en 10.300 millones de euros más en transferencias y 84.000 millones en préstamos para completar los cerca de 160.000 millones adjudicados en total a nuestro país. "Hasta la fecha hemos recibido 37.000 millones y desembolsado desde el Tesoro Público 34.000 millones. De estos se han transferido más de 23.400 millones de euros a las comunidades autónomas para que gestionen inversiones en sus ámbitos de competencia. Un 70% de los fondos recibidos (27.000 millones) ya están adjudicados", detalló la también ministra de Asuntos Económicos. Las reformas y leyes que peligran con Feijóo “Nunca había habido tantas personas trabajando en Madrid como ahora”. “Andalucía vuelve a alcanzar cifra récord en cotizantes a la Seguridad Social, lidera el número de autónomos y está a la cabeza de la bajada de paro en España”. “El paro vuelve a bajar en Castilla y León en 4.459 personas en mayo, el tercer mayor descenso relativo de España”. “La Región de Murcia tiene el número de afiliados a la Seguridad Social más alto de la serie histórica para un mes de mayo y el más bajo de parados desde 2008”. Así recibieron los presidentes autonómicos del PP los últimos datos del paro conocidos hace apenas unos días. Unos datos logrados con un marco laboral que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, quiere desmontar si llega a la Moncloa tras las elecciones del 23 de julio. No solo la reforma laboral está entre los objetivos de la derecha cuando llegue al Gobierno. Una pila de normas aprobadas por el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de la mayoría del Congreso, peligran si el PP accede al Boletín Oficial del Estado. Así lo anunció el candidato del PP al 23J este lunes en una entrevista en Onda Cero. Las señaladas expresa y directamente por Feijóo son la Ley de Memoria Democrática, la ley trans, la de educación o la de eutanasia, además de la reforma laboral. Sobre esta última, Feijóo dijo primero que la norma que lideró la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “es la reforma del PP con una serie de modificaciones”. Pese a que su propio partido votó en contra en el Congreso (hasta el punto de que solo un error de un diputado evitó que la norma sucumbiera por la traición de los dos representantes de UPN), a acusar al Gobierno de “maquillar” las estadísticas y de ningunear la reducción de la temporalidad porque, según ha dicho en reiteradas ocasiones, solo se ha cambiado el nombre de esos contratos por el de “fijo-discontinuo”. Sin que suponga, siempre según el PP, ninguna mejora en las personas que se han beneficiado de estos cambios. Feijóo huyó en la entrevista de Carlos Alsina de la palabra “derogación” para la reforma laboral, y planteó que iba a hacer “modificaciones” para “mejorar la competitividad” de las empresas. Una de sus asesoras desde que llegó a la planta 7 del número 13 de la calle Génova de Madrid es Fátima Báñez, autora de la anterior normativa laboral y dirigente de la CEOE y de Iberdrola, entre otras. El líder del PP se comprometió en la radio de Atresmedia a “dialogar” con patronal y sindicatos. Pero solo a dialogar. Feijóo dijo que él hará la reforma laboral que quiera, porque el poder es “indelegable”. Si los sindicatos aceptan, bien. Si no, el gallego recurrirá a la fórmula clásica que ya aplicaran José María Aznar y Mariano Rajoy: decreto ley sin acuerdo con agentes sociales. Feijóo no dio ningún detalle de cuáles son los cambios que pretende introducir en la reforma laboral. Tampoco lo hizo sobre otra de las normas que el líder del PP quiere modificar: la de eutanasia. A dos meses de las elecciones, señaló su intención, pero no el fondo. La actual norma lleva en vigor casi dos años, y el PP la recurrió ante el Tribunal Constitucional, junto a Vox. Aun así, el candidato a la Moncloa dijo que tiene que "ver" la ley y "en su caso” hacer “ajustes”. "Vamos a hablar en el ámbito de las comisiones de bioética, pediré los informes que correspondan a este asunto y después nos pronunciaremos", señaló en Onda Cero.  Respecto a la reforma de las pensiones, aunque el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, llegó a decir que Feijóo derogaría "automáticamente" esta reforma si logra gobernar una vez que tenga un "plan encima de la mesa" acordado en el Pacto de Toledo, en esta tema el máximo dirigente del Partido Popular se mostró más cauto. Feijóo tan solo ha señalado que el objetivo es adecuar las pensiones para que sus beneficiarios no pierdan poder adquisitivo, de manera que el principal objetivo "es bajar la inflación". PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra de la reforma de las pensiones en el Congreso, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pactó con los sindicatos mayoritarios y de la que se descolgaron los empresarios. La ley de vivienda no salió a colación en la entrevista en Onda Cero, con lo que se desconoce si el PP ha cambiado de posición. Los populares llevaron una proposición no de ley al congreso para derogar la nueva normativa de vivienda el pasado mes de mayo, antes de que llegara al BOE y entrara en vigor. Feijóo ha tachado la norma de "intervencionista" y censuró que fueran ERC y EH Bildu los apoyos del Gobierno de coalición para sacarla adelante. Tampoco se salvará la actual ley de educación, promovida por la exministra Isabel Celáa y que cumplirá a comienzos de 2024 tres años de vigencia. Tampoco en este casi Feijóo acertó a explicar los cambios que quiere introducir en una norma avalada por el Tribunal Constitucional. Lo que sí reconoció el líder del PP este lunes es que no dijo la verdad cuando, hace un año, señaló que en Catalunya existe un “apartheid” lingüístico. Feijóo asumió la falsedad, aseguró que lo había leído en un medio de comunicación y que es habitual que los políticos copien esas expresiones para decirlas en el fragor de la batalla dialéctica. Trans y memoria democrática, sentenciadas Las leyes que sí derogará Feijóo son, al menos, las de memoria democrática y la ley trans, según dijo en Onda Cero el líder del PP. La ley promovida por el Ministerio de Igualdad, que permite el cambio registral del sexo de una persona sin necesidad de que se someta a operaciones ni a hormonaciones, caerá íntegra porque es un "disparate" que "atenta contra los menores", los "médicos", los "colectivos feministas" y el "sentido común".  No es una novedad. Ya en su día Feijóo aseguró en el Senado que la ley trans “molesta a la gente de bien”, aunque ni él ni su entorno supieron explicar nunca a qué ni a quién se refería con esa expresión.  Con su habitual desparpajo, Feijóo llegó a decir este lunes que “es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad” o “que sacar el carnet de conducir”. Tampoco se salvará de la quema total si Feijóo llega a la Moncloa la Ley de Memoria Democrática. Y eso que el portavoz del PP, Borja Sémper, llegó a decir en una rueda de prensa que la intención no era derogarla íntegra. Feijóo contradijo a su portavoz el lunes al señalar que esta norma, impulsada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, “es un disparate histórico”. Pero el principal motivo que alegó el líder de la derecha para prometer la derogación es que entre los grupos que la apoyaron en el Congreso está EH Bildu. PSOE y Unidas Podemos se revuelven La respuesta del actual Gobierno de coalición no se hizo esperar. La ministra de Igualdad (un departamento que Feijóo también ha prometido eliminar) apuntó en Twitter: “Es un nuevo intento de disciplinar al movimiento feminista y LGTBI que está a la vanguardia del avance de derechos en todo el mundo”. Y prometió: “Esto no ha hecho más que empezar”. También desde el PSOE alertan de lo que puede ocurrir con las leyes sociales aprobadas por la coalición. “No es nada que no hayamos avisado”, replican desde la calle de Ferraz en referencia a algunos de los mensajes que lanzaron durante la campaña electoral del 28M para advertir de los planes de Feijóo. “El único programa que tiene el PP es derogar lo que ha hecho otro gobierno y asumir las propuestas de Vox en todo lo demás. Y eso es una tristeza para España”, señalan desde la dirección socialista, informa José Enrique Monrosi. En Ferraz creen que el reconocimiento explícito del líder del PP sobre sus planes para derogar algunas de las leyes emblema del Gobierno de coalición, como la ley trans, la de memoria democrática o incluso la ley de muerte digna, supone de facto que el candidato de los populares se entrega a la agenda reaccionaria de la extrema derecha. “Feijóo es la gran decepción de la derecha española y seguirá a pies juntillas lo que diga Vox, que sí tienen las ideas muy claras. Acabarán con todo y nos mandarán a una España medieval. ¿Por qué decimos que queremos que salga la mejor España en estas elecciones? Porque tenemos claro que la España de PP y Vox ni es mayoritaria, ni nos representa a todos y todas”, añaden. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, el Gobierno consideró probado que las declaraciones de Feijóo certifican que solo defiende “derogar y destruir para que el país retroceda”. “Debería aclarar cuáles son los retrocesos con los que quiere castigar a la mayoría de españoles”, dijo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tras preguntarse “qué le puede molestar a un demócrata” de declarar ilegal una dictadura o recuperar los restos de las víctimas. “Tiene que aclarar el nivel de retroceso ante estos avances”, pidió. Otra norma de este ciclo político en riesgo pero que no fue mencionadas expresamente por Feijóo este lunes fue la ley del aborto. Todo, sin tener en cuenta un posible pacto con Vox al que el PP no renuncia. __________________ Te necesitamos más que nunca El resultado electoral de las elecciones municipales y autonómicas no deja lugar a dudas. Viene una ola reaccionaria y la mayoría de los medios nadan en esa misma dirección. elDiario.es se ha convertido en uno de los pocos periódicos de referencia, con capacidad de marcar la agenda y destapar investigaciones exclusivas, que sigue siendo independiente y no está capturado por la derecha. Si crees que el periodismo importa y afecta a nuestras vidas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.

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El Constitucional rechaza el recurso de Vox y avala la ley de eutanasia

El Tribunal Constitucional ha decidido rechazar el recurso que el partido ultraderechista Vox presentó contra la ley de eutanasia aprobada por el Gobierno en 2021. La mayoría del pleno ha decidido rechazar las alegaciones del partido del Santiago Abascal y convertir en sentencia la ponencia del progresista Ramón Sáez, que tal y como explicó elDiario.es afirma que la norma "garantiza el derecho a la autodeterminación de la persona sin dejar desprotegida la vida, a la que dispensa un grado de protección que no es insuficiente". La norma también fue recurrida por el PP. La formación ultraderechista, que ya fracasó en la fase de cautelares al pedir la suspensión urgente de la ley, presentó un recurso de 87 páginas en el que afirmaba que la norma "vulnera frontalmente el derecho fundamental a la vida", que su mismo preámbulo es "radicalmente inconstitucional" y que la ley supone "el sacrificio del derecho fundamental a la vida". Frente a estos argumentos, la ponencia que hoy ha aprobado el pleno por mayoría de nueve votos a dos entiende que la norma no contradice el artículo 15 de la Constitución que consagra ese derecho a la vida. "La Constitución no acoge una concepción del derecho a la vida y de la protección del bien vida desconectada de la voluntad de su titular, y por ende, indiferente a sus decisiones sobre cómo y cuándo morir", afirma la ponencia cuyo contenido expuso ayer este periódico. La misma jurisprudencia española y europea que, según Vox, impiden regular la eutanasia en estos términos, implica todo lo contrario para esta ponencia: la protección de la vida humana no puede oponerse "a la voluntad libre y consciente de su titular", reza el texto. El recurso, ahora rechazado, apuntaba a la posible inconstitucionalidad de media docena de artículos y tres disposiciones. Entre otros, los que regulaban los requisitos para recibir la prestación de esta ayuda o la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. El tribunal de garantías, que solo ha tenido en contra de su decisión los votos de los conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, explican que la Constitución "ofrece cobertura" al derecho a elegir el momento de acabar con la propia vida. La interpretación que hace Vox, explica, no puede crear "un paradójico deber de vivir" ni puede eliminar la capacidad de una persona para "decidir de manera autónoma sobre la propia muerte en situaciones de sufrimiento causado por una enfermedad". En sentido contrario, argumenta la mayoría del pleno, el derecho a la integridad física y moral unido a la dignidad protege un ámbito "que ampara la decisión individual, libre y consciente, de darse muerte por propia mano, en un contexto de sufrimiento extremo como el que describe la ley orgánica cuestionada". Una Comisión para la "verificación previa" La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia salió adelante en el Parlamento con los votos en contra del Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro. Una norma que permite que los mayores de edad que sufran una enfermedad "grave o incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que cause "un sufrimiento físico intolerable" pueda, de forma "autónoma, consciente e informada" solicitar la asistencia del Estado para morir. Este derecho, del que quedan excluidos los menores de edad, se solicita por escrito y debe pasar por varios filtros, entre ellos el médico responsable del paciente, un segundo facultativo y finalmente la Comisión de Garantía y Evaluación, encargado de hacer una "verificación previa" de que el solicitante cumple con los requisitos legales. La norma contempla el derecho a la objeción de conciencia de los médicos en este proceso. En cuanto a cómo debe ser el momento de la muerte, la ley deja en manos del paciente decidir si se hace con una administración directa de los fármacos por parte del sanitario, o si se lo administrará a sí mismo. Las comunidades deciden qué fármacos administrar, aunque la guía de Sanidad incorpora recomendaciones sobre los medicamentos "para que la prestación se realice de forma homogénea en todo el Sistema Nacional de Salud".

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La ponencia del Constitucional avala la ley de eutanasia: “El Estado no puede eludir su responsabilidad” https://www.eldiario.es/politica/ponencia-constitucional-avala-ley-eutanasia-no-eludir-responsabilidad_1_10048626.html Pedro Águeda #TribunalConstitucional #LeyEutanasia #Eutanasia #Vox
La ponencia del Constitucional avala la ley de eutanasia: “El Estado no puede eludir su responsabilidad”

La ponencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso de Vox a la ley de eutanasia rechaza los argumentos del partido de extrema derecha y avala el contenido del texto legislativo. Un tribunal de mayoría progresista aprobará previsiblemente esta semana la ponencia del magistrado Ramón Sáez, a la que ha tenido acceso elDiario.es, y que establece que la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia “garantiza el derecho a la autodeterminación de la persona sin dejar desprotegida la vida, a la que dispensa un grado de protección que no es insuficiente”. Los miembros del grupo parlamentario de Vox presentaron en marzo de 2021 un recurso de inconstitucionalidad a la ley centrado en que el texto incumplía el artículo 15 de la norma fundamental, según el cual “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”. Frente a ello, el magistrado Sáez concluye: “La Constitución no acoge una concepción del derecho a la vida y de la protección del bien vida desconectada de la voluntad de su titular, y por ende, indiferente a sus decisiones sobre cómo y cuándo morir”. En este sentido, la ponencia apela a la necesaria intervención de los poderes públicos en auxilio de las personas desahuciadas o que viven un “sufrimiento extremo”. “El Estado no puede eludir su responsabilidad, como sucedería si pretendiese permanecer ajeno –mediante prohibición o ausencia de regulación– a la específica problemática de quien precisa la ayuda de terceros para ejercer de modo efectivo su derecho en este tipo de situaciones, pues ello podría abocar a la persona a una muerte degradante”. Frente a la “protección de la vida humana de alcance absoluto” que reclama Vox al Estado, tanto la Constitución como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, razona Sáez, no acogen que dicha protección “pueda oponerse a la voluntad libre y consciente de su titular”.  Es de hecho el artículo 15 al que apela Vox el que da sentido a la Ley que avalará este Tribunal Constitucional de mayoría progresista. “La decisión de poner fin a la propia vida, adoptada libre y conscientemente por quien, estando en pleno uso de sus facultades mentales, se encuentra inmerso en una situación de sufrimiento extremo por causas médicas especialmente graves, irreversibles y objetivamente contrastables, es una de las decisiones vitales amparadas por el derecho de autodeterminación de la persona que deriva de los derechos fundamentales a la integridad física y moral (artículo 15 CE) en conexión con el reconocimiento de los principios de dignidad y libre desarrollo de la personalidad (artículo 10)”, recoge la ponencia de Sáez. El Partido Popular también recurrió la Ley de Eutanasia aprobada por el Congreso después de Vox. pero basándose en el mismo supuesto incumplimiento del artículo 15 de la Constitución. De aprobarse la ponencia del magistrado Ramón Sáez contra el recurso de Vox, el presentado por el PP está igualmente abocado al fracaso. Dicha ponencia se debatirá en un pleno que se celebrará esta misma semana. “La libertad individual para la adopción y puesta en práctica autónoma de decisiones personales privadas e íntimas de profunda relevancia vital goza prima facie de protección a través del reconocimiento de la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico”, abunda la ponencia. Y una vez reconocido este “derecho de autodeterminación”, prosigue, el Estado tiene “la obligación de habilitar las vías legales necesarias para permitir la ayuda de terceros que sea precisa para que la persona inmersa en una de las situaciones trágicas a las que se refiere nuestro enjuiciamiento pueda ejercer su derecho a decidir sobre su propia muerte en condiciones de libertad y dignidad”. Ese “todos tienen derecho a la vida” que consagra el artículo 15 de la Constitución “no impone a los poderes públicos –a juicio del ponente– un deber de protección incondicional que implique un paradójico deber de vivir”. Y así queda reflejado, prosigue, en el propio texto constitucional, así como en la jurisprudencia del Tribunal. El artículo 20, por ejemplo, “establece eximentes penales que justifican la conducta de dar muerte a un tercero en determinados contextos y bajo ciertos requisitos”. En 1985, el Tribunal Constitucional amparó varios supuestos de aborto “aun desde el presupuesto del valor de la vida humana”, prosigue su razonamiento el magistrado. Y en 1990 avaló alimentar a presos en huelga de hambre pero “se cuida de acentuar la proyección limitada de tal aval desde la perspectiva de la afectación del derecho a la vida”. “Otras sentencias consideran que quien se da muerte de propia mano actúa en un ámbito libre de Derecho y por lo tanto en el marco del principio general de libertad y no en ejercicio de un derecho”, añade Sáez. “La autodeterminación sobre el propio sustrato corporal impide que pueda activarse una protección de la vida a través de terapias salvadoras contra la voluntad del paciente”, suma otro de los fallos dictados en la ponencia, cuyo contenido fue adelantado por El Español y La Vanguardia. Antes de concluir que el recurso de Vox debe ser rechazado, el ponente deja una conclusión adicional: “No puede acogerse el argumento de los recurrentes de que la persona que se suicida pierde su dignidad y libertad al renunciar a su sustento. La decisión libre y consciente de poner fin a la propia vida constituye una expresión de la autonomía personal que le es inherente, sin que sea concebible una comprensión absoluta del derecho a la vida opuesta a la dignidad de la persona que se halla en situación trágica de sufrimiento”. Ante el Tribunal Constitucional, Santiago Abascal, líder de Vox, dijo el 16 de junio de 2021 que la ley de eutanasia “es una derrota de la civilización y una victoria de la cultura de la muerte, de quienes piensan que una vidas son más dignas que otras; de quienes han arrojado la toalla del deber que tienen los estados de ofrecer cuidados paliativos a quienes más sufren”.  Los cuidados paliativos "no son siempre una alternativa" También a los cuidados paliativos se refiere la ponencia del magistrado Sáez, desmontando el recurso a estos tratamientos para evitar el dolor cuando la muerte es irreversible. “No constituyen una alternativa en todas las situaciones de sufrimiento en las que opera el derecho de autodeterminación de la muerte eutanásica, no lo son en particular en sos de padecimientos graves, crónicos e imposibilitantes en los que no cabe esperar un fallecimiento próximo”, recoge la ponencia. Además de los argumentos de fondo, Vox también recurría la forma en la que se aprobó la ley. Argumenta la extrema derecha que se da una “identidad funcional” entre el Grupo parlamentario que propuso el texto y el Gobierno, ambos del mismo signo, por lo que la obligación de consultar a órganos preceptivos, como el Consejo General del Poder Judicial, cuando se trata de una iniciativa que surge del Ejecutivo, no debería desaparecer en este caso. “Identidad funcional –responde la ponencia– es lenguaje ajeno a la Constitución, expresión de una apreciación política, no jurídica, que en absoluto se compadece con la propia racionalidad de la democracia parlamentaria” Además, denunciaban los ultras, su tramitación fue “acelerada” con la excusa del estado de alarma vigente. El ponente considera este último argumento “inconsistente” ya que el texto ni siquiera fue tramitado por el procedimiento de urgencia. “Es una denuncia absolutamente indeterminada que no guarda relación alguna” con el asunto a resolver, añade.  Debe recordar Sáez que las proposiciones de ley de origen parlamentario “no requieren ni en su presentación ni en su tramitación ulterior de la emisión de informes preventivos algunos”, ante la exigencia de Vox de que se pronunciase el Comité de Bioética. “Sería [a esos órganos consultivos] una participación preceptiva en el ejercicio de la potestad legislativa del Estado, que corresponde en exclusiva a las Cortes”, se lee en la ponencia. 

elDiario.es

@mdequinto @espanabizarra @eulez @misstakanawa

Señoras, entonces llevemos la capital a Lisboa.

Eso sí, a Marcelo Rebelo de Sousa le quitamos el poder de veto presidencial que ya van dos veces que ha impedido que la #LeyEutanasia entre en vigor en #Portugal.

A las monolingües castellanas les va a venir muy bien ser bilingües castellano-portugués, que la República de Iberia no es Suiza o Bélgica para andar con traducción simultánea.

Sobre la #LeyEutanasia lograda (al fín!) esta semana, una viñeta del año pasado.