Si los Estados hubieran cumplido las órdenes de la Corte Internacional de Justicia, si hubieran adoptado todas las medidas necesarias para prevenir, parar y sancionar el genocidio israelí –tal y como obliga el derecho internacional– hoy no estaríamos ante otra guerra ilegal ni ante una gran crisis internacional.

Si hubieran suspendido "relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación en los territorios ocupados palestinos", tal y como solicitó la Corte Internacional de Justicia en julio de 2024, la UE no seguiría siendo el mayor socio comercial de Israel en el mundo ni mantendría sus acuerdos preferenciales con Israel, y el Estado israelí habría sentido presión económica.

Si hubieran impulsado la suspensión de Israel en la Asamblea General de la ONU -como se hizo con el régimen del apartheid de Sudáfrica– y si hubieran activado en la Asamblea la resolución 377A (United for Peace), diseñada para esquivar los vetos en el Consejo, Israel habría sentido presión diplomática y política.

Si hubieran suspendido sus relaciones y sancionado los crímenes en enero de 2024, cuando la Corte Internacional ya emitió órdenes cautelares y advirtió del riesgo de genocidio, no estaríamos aquí.

Como señalaron los integrantes de la Comisión de Investigación asignada por la ONU en septiembre de 2025, a partir de esas órdenes de enero de 2024, "si no antes, los Estados tenían la obligación de prevenir y sancionar", la obligación "de actuar, no solo de usar palabras bonitas, sino de actuar".

Como señalan los jueces de esa Comisión, eso significa que los países tienen la obligación de "suspender cualquier relación o transacción que contribuya a la ocupación israelí” y a la segregación (hay que recordar que el Estado israelí es el mayor impulsor de la ocupación). También indican que eso supone que los países deben "retirar de sus embajadas en Israel a sus agregados militares y sus oficinas comerciales".

Hemos llegado hasta aquí porque, como indica la relatora de la ONU en su informe, el genocidio en Gaza ha sido "un crimen colectivo", en el que varios Estados lo facilitaron y al menos 64 contribuyeron de diferentes formas. Muchos lo siguen haciendo hoy, manteniendo sus relaciones comerciales, diplomáticas, económicas e incluso armamentísticas, con adquisición de material militar o con proyectos de cofabricación de armamento.