Bruselas descarta intervenir por la ley de amnistía porque no encuentra razones para hacerlo
La Comisión Europea descarta, a priori, actuar contra la amnistía. Desde Bruselas no aprecian ninguna interferencia de la proposición de ley de amnistía con los principios y normas comunitarios, ya que no afecta a los intereses financieros de la UE y excluye los casos de 'lawfare', y la Comisión Europea entiende que se trata de un asunto doméstico cuya evaluación corresponderá a las autoridades españolas competentes. Fuentes comunitarias indican que las principales preocupaciones del Ejecutivo comunitario con respecto a la futura ley de amnistía eran su impacto en los intereses financieros de la UE y en el estado de derecho, concretamente en el principio de separación de poderes por la posibilidad de que abarcara los denominados casos de 'lawfare' o 'guerra judicial'. Pero explican que, después de este primer vistazo al texto registrado el lunes en el Congreso de los Diputados por el PSOE, estas dos preocupaciones se han disipado porque las dos cuestiones quedan fuera de la proposición de ley. En todo caso, matizan, el texto se analiza ahora en profundidad por los servicios jurídicos antes de ofrecer una opinión formal. Así, el artículo 2 del texto detalla los supuestos que se excluyen de la futura amnistía, incluyendo entre ellos "los delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea". En referencia al 'lawfare', aunque no lo menciona expresamente, el texto del pacto entre PSOE y Junts se ciñe a los actos amnistiados, a los "vinculados directa o indirectamente al denominado procés independentista", señalando delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos o prevaricación, y deja fuera de otros como el blanqueo de capitales, organización criminal o asociación ilícita, falsedad documental o contra la Hacienda Pública. De haber existido ninguna referencia al 'lawfare' en la proposición de ley, la Comisión Europea sí que habría tenido que actuar. Pero al recogerse únicamente en un acuerdo entre partidos políticos, el acuerdo firmado por el PSOE y Junts el jueves pasado queda fuera del alcance de Bruselas. En este sentido, apuntan que el Ejecutivo comunitario no puede convertirse en un "actor político" en los estados miembros. Un escenario en el cual sí que podría intervenir la Comisión Europea sería que este acuerdo político que recoge el 'lawfare' tenga un desarrollo legislativo. Con todo, para Bruselas la proposición de ley, en su estado actual, es un asunto de ámbito nacional cuyo control corresponderá a las autoridades competentes, empezando por el Congreso de los diputados, que tiene que tramitarla y aprobarla, y acabando por el Tribunal Constitucional (TC), que tendrá la última palabra sobre su legalidad y su cabida dentro de los límites de la Constitución.
Laura SSM
Lola La Picotera 
Anarchist Art Ⓐ
Don Papelin
