Cuestión Pública16h ago
#ParoNacional | Cinco años después del estallido social que comenzó el 28 de abril de 2021, la justicia colombiana está llegando —lenta, pero decidida—. Esta semana, dos decisiones judiciales y disciplinarias vuelven a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿Fueron hechos aislados o parte de un patrón sistemático los hechos donde se evidenció el uso desproporcionado de la fuerza?
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Por un lado, la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad por 14 años al mayor (r) Jorge Mario Molano Bedoya, entonces comandante de estación en Ibagué, al encontrar que incurrió en un uso excesivo de la fuerza durante las protestas que derivaron en el asesinato de Santiago Andrés Murillo Meneses.
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Los hechos ocurrieron el 1 de mayo de 2021, cuando Santiago, un joven de 19 años, recibió una bala en el pecho que ocasionó su muerte. Según la Procuraduría, la conducta fue cometida a título de dolo, es decir, de forma consciente, voluntaria y deliberada. https://x.com/PGN_COL/status/2041505081967649066?s=20
Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) on X

La @PGN_COL sancionó con destitución e inhabilidad al mayor (r) de la Policía, Jorge Mario Molano, por uso excesivo de la fuerza durante jornada de protestas, de mayo de 2021 en Ibagué (Tolima), en la que se produjo la muerte de Santiago Murillo. https://t.co/eNcNrG2KmY

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Apr 7 at 8:12pmBuffer
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En un proceso distinto, un juez penal condenó a siete años de prisión al agente del ESMAD Danilo José Núñez, por su responsabilidad en las lesiones causadas a la joven Leidy Cadena.
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Los hechos ocurrieron el 28 de abril de 2021 en Bogotá, cuando el uniformado disparó una bala de goma a corta distancia, lo que le ocasionó a la víctima la pérdida de uno de sus ojos. En la decisión judicial se determinó que la actuación fue contraria a los protocolos establecidos para el uso de este tipo de armas.
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Ambos casos se enmarcan en hechos ocurridos durante el Paro Nacional de 2021, en el que hubo un exceso en el uso de la fuerza, por lo que se siguen investigando conductas de miembros de la fuerza pública frente a los estándares legales y de derechos humanos aplicables en contextos de protesta.