Según algunos sindicatos, los ministerios no han cumplido con su obligación de informar sobre este programa que afecta a los trabajadores públicos. Además, cabe señalar que, hasta la fecha, los modelos de IA «españoles» han sido creados sobre modelos existentes desarrollados de forma ilícita.

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Conviene recordar también que los datos almacenados (sesgos, errores, material protegido robado, información privada expuesta, etc.) en los sistemas generativos no pueden eliminarse, por lo que añadir datos «verificados y actualizados» no soluciona la violación de privacidad y seguridad de la IA.

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A estas alturas sabemos —por numerosas investigaciones— que el uso de la IAGen en el ámbito educativo tiene un efecto cognitivo adverso: reduce la actividad cerebral y limita las capacidades de aprendizaje. Y, aun así, el Estado respalda y financia su inclusión en la enseñanza pública.

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El Ministerio de Educación ha transmitido siempre que la adopción de la IA en la enseñanza púbica es una respuesta acorde a su uso colectivo, posicionándose como una especie de víctima frente a los acontecimientos y eludiendo, de paso, su responsabilidad educativa y social.

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Sin embargo, el problema más grave no es el uso desmedido de esta tecnología, sino la indulgencia con la que las instituciones gubernamentales tratan uno de los mayores negocios de expropiación masiva y vulneración de derechos y libertades por parte de la industria tecnológica en la actualidad.

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@niasoler Toda la vida con buscadores inútiles en los sitios web del Estado y ahora se van a gastar 140 millones de euros en regurgitadores de texto que empeoran el original.

«generar actividades para el aula, unidades didácticas, situaciones de aprendizaje».

Menudo ejemplo para el alumnado.