«El Gobierno quiere prohibir las redes sociales a los menores de 16 años»
Pero, ¿realmente protege a los jóvenes o es solo una forma de evitar enfrentarse a los verdaderos responsables?

Como siempre, el gobierno desplaza la responsabilidad de los poderosos a los afectados por sus acciones. Sí, hay un problema de dependencia y salud mental relacionado con las redes sociales. Es innegable. Y no solo entre la juventud. Pero prohibir es el camino simplista, paternalista e incluso criminalizador. En lugar de regular a las empresas multimillonarias que diseñan estos algoritmos para ser adictivos, ponemos el foco en el último eslabón de la cadena: el usuario.

Hablemos claro: estas plataformas no son neutras. Los algoritmos de oligarcas como Elon Musk están diseñados para premiar el conflicto y el discurso de odio porque eso genera más visitas, y por tanto, más dinero. No es casualidad que esto beneficie la expansión de la extrema derecha internacional.

El problema no es que un chico de 15 años tenga Instagram.
El problema es que el algoritmo le muestra contenido racista, patriarcal y lgtbifóbico como parte de la agenda política de los magnates de las redes sociales. El problema es que el propio formato genera dependencias, distorsiones de la realidad y alteraciones cognitivas importantes — algo que ocurre, por cierto, con todo el mundo, no solo la juventud.

Además, la prohibición no aumenta la seguridad, la desplaza.
Obligar a los jóvenes a salir de las redes convencionales no hará que dejen de usarlas, hará que busquen redes opacas, VPNs o espacios sin ningún tipo de supervisión. ¿El resultado? Más desprotección y más riesgo, en lugar de pelear por cambiar las reglas del juego.

Hay que preguntarse: ¿por qué ahora? Hay un claro interés electoral en saciar la angustia de las familias. Es mucho más sencillo vender una prohibición de ‘mano dura’ que meterse de verdad en una guerra económica y legal contra las tecnológicas, que de verdad impida la expansión de sus algoritmos y acabe con la opacidad de sus negocios y sus privilegios fiscales.

Infantilizar a los menores de 16 no es la solución. De hecho, una política ofensiva contra la extrema derecha debe apostar por ampliar los derechos políticos de les jóvenes. Bajando la edad de votación a 16 años; estimulando su participación social y política; ofreciéndoles espacios de socialización presenciales no mercantilizados; garantizando su acceso al arte, la cultura y el deporta, o a un medio ambiente saludable. Además, debe educarse en el uso crítico de la tecnología, superando el modelo consumidores pasivos de plataformas y convirtiéndolas en espacios sanos de socialización, creatividad e información. Sin todo ello, las medidas prohibicionistas solo generarán resentimiento.

Frente al punitivismo estatal, reivindicamos las comunidades digitales como trincheras de socialización y apoyo mutuo vitales para una juventud a la que el sistema aísla. Internet permite construir lazos de solidaridad y amistad que rompen la soledad, siendo amenudo el único refugio para quienes no encajan en la norma del sistema. Prohibir el acceso a estas redes no protege; desmantela vínculos afectivos y herramientas de organización colectiva esenciales.

Necesitamos menos prohibición desde arriba y más control democrático por abajo. No se trata de cerrar las redes, sino de atacar el funcionamiento de los algoritmos que generan adicción, aislamiento y odio.

Pasemos de la responsabilidad individual de les jóvenes a la responsabilidad colectiva frente a las plataformas.

— Abrir Brecha