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eldiario.es (bot no oficial)Sep 6, 2023

Meritxell Batet, el pararrayos de Pedro Sánchez en el Congreso https://www.eldiario.es/catalunya/meritxell-batet-pararrayos-pedro-sanchez-congreso_1_10493356.html Arturo Puente #PSC-PartidodelosSocialistasdeCataluña #CongresodelosDiputados #MeritxellBatet

Meritxell Batet, el pararrayos de Pedro Sánchez en el Congreso

Si hay una palabra para definir a Meritxell Batet es ordenada. Lo confirman los que la conocieron en su etapa como universitaria y los que comparten militancia con la expresidenta del Congreso. “Siempre fue una persona muy responsable, muy buena estudiante y con inquietudes políticas. La recuerdo como líder estudiantil en los primeros años de universidad”, recuerda Josep Mir, quien fuera su director de tesis. Este año ha cumplido los 50 y ha decidido que ha llegado el momento de dejar la política. Las becas le permitieron pagar la carrera de Derecho en la Pompeu Fabra, una facultad en la que acabó siendo profesora de Constitucional. Unas ayudas para estudiar que, según recuerdan algunos compañeros de promoción, en aquel momento solo se daban a quien podía acreditar tanto buenos resultados académicos como una familia como pocos recursos económicos. En su época de estudiante se sacaba un sueldo como camarera y aprendió a identificar a la gente en función de lo que pedía en las barras del Nick Habana y el Bikini. Algún mes fue el único ingreso que entró en casa. Hija de padres separados, su madre, administrativa, estuvo un tiempo en el paro. Batet sabe que es, siendo una adolescente, llegar y no poder entrar porque hay un candado en la puerta por desahucio. En algunas entrevistas ha explicado que nunca olvidará la sensación de “desolación”. Cuando Narcís Serra buscaba a alguien para reforzar el gabinete de la primera secretaría del PSC se lo comentó a Mir, amigo suyo y profesor de Batet. Él fue quien sondeó a Batet y así fue como empezó una carrera de tres décadas. Primero desde la vertiente únicamente profesional, como ayudante del político en labores jurídicas. Pero poco a poco Batet fue adquiriendo más responsabilidades. Unos años más tarde, en 2004, la jurista se convertiría en diputada en el Congreso por el PSC. Batet tardó poco en integrarse en Madrid y, haciendo vida política en el Congreso, conoció a José María Lassalle, entonces un jóven diputado del PP que se convertiría en su marido durante 11 años, hasta 2013, y con el que tuvo dos hijas. Apasionada de la danza, quienes la conocieron de jóven la recuerdan más responsable que fiestera y, sobre todo, muy trabajadora. Por eso a ninguno de sus conocidos en Barcelona le sorprendió que Pedro Sánchez se fijara en ella en el año 2015 como coordinadora de su programa electoral. En aquellos años, la catalana se convirtió en una persona muy cercana a Sánchez, hasta el punto de que en 2015 acudió como su número dos por Madrid, pese a ser militante del PSC. Cuando el PSOE llegó al Gobierno, Sánchez la correspondió con el Ministerio de Política Territorial y, una año después, en 2019, se fue elegida por fin presidenta del Congreso. En la última legislatura, Batet ha sido la encargada de lidiar desde el Legislativo con algunas situaciones incómodas para el Gobierno de coalición o para la propia Cámara. La primera fue el cierre del Congreso por la pandemia, una medida inédita y sobre la que la derecha cargó pese a la alerta sanitaria, y que el Tribunal Constitucional acabó afeando. Poco después, Batet ejecutó la orden del Supremo para retirar los escaños de los políticos independentistas que se encontraban en prisión preventiva, como eran Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez. Más complicada fue la situación que generó la condena del diputado de Podemos Alberto Rodríguez, cuyo escaño acabó siendo retirado entre fuertes presiones de los grupos de la derecha y tras una consulta al Supremo en la que este tribunal no aclaró si ordenaba la retirada. La presidenta, asesorada por los letrados, acabó retirando el acta, lo que supuso uno de los enfrentamientos más duros entre Batet y la formación de Pablo Iglesias. También desde el independentismo ha recibido críticas por sus actuaciones. Durante la pasada legislatura, Batet sostuvo con mano de hierro la prohibición de utilizar en la Cámara lenguas diferentes al castellano, llegando a retirar la palabra en varias ocasiones a diputados catalanes. Una situación que en esta ocasión los grupos de izquierdas y soberanistas quieren evitar mediante una reforma del reglamento que han registrado este mismo martes. Otra de las críticas fue el rechazo desde la Mesa de una proposición de ley de amnistía presentada por los independentistas. En aquel momento los letrados aseguraron que la propuesta era "manifiestamente inconstitucional", una consideración con la que Batet la frenó. Sin embargo en los últimos meses diversos juristas han cuestionado ese punto de vista y hoy la posibilidad de que se tramite una ley de amnistía no es ni mucho menos remota.

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eldiario.es (bot no oficial)Sep 6, 2023

La socialista Meritxell Batet anuncia que deja la política https://www.eldiario.es/politica/socialista-meritxell-batet-anuncia-deja-politica_1_10492958.html elDiario.es #MeritxellBatet #PSOE

La socialista Meritxell Batet anuncia que deja la política

La expresidenta del Congreso de los Diputados, exministra y diputada del PSOE Meritxell Batet ha anunciado este miércoles que renuncia a su escaño y que abandonará la política activa. "Con estas líneas quiero comunicar que dejo la primera línea de la política y que he renunciado a mi acta de diputada. Han sido 19 años intensos como diputada del Grupo Socialista, ministra del Gobierno de España y presidenta del Congreso", ha anunciado en un mensaje en sus redes sociales. "Hoy, después de esta trayectoria y con los grandes resultados electorales que mi formación, @socialistes_cat, obtuvo en Cataluña, he valorado que es el mejor momento para dejar la política activa con la satisfacción del trabajo hecho y del deber cumplido", ha escrito en un hilo de X (antes Twitter). "Me voy con el orgullo de haber servido a un proyecto colectivo que busca, por encima de todo, mejorar la vida de las personas y transformar la sociedad. Un proyecto al que me he entregado en cuerpo y alma y al que seguiré sirviendo allí donde vaya", ha añadido.

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eldiario.es (bot no oficial)Aug 16, 2023

Batet pide a los diputados en su despedida como presidenta del Congreso "disposición al acuerdo" y "grandeza" https://www.eldiario.es/politica/batet-despide-presidencia-congreso-pidiendo-disposicion-acuerdo-grandeza-nuevos-diputados_1_10448992.html EUROPA PRESS #CongresodelosDiputados #MeritxellBatet #PSOE

Batet pide a los diputados en su despedida como presidenta del Congreso "disposición al acuerdo" y "grandeza"

La todavía presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, se ha despedido del cargo este jueves pidiendo a los diputados "predisposición al diálogo" y "grandeza" en la etapa que se abre con la constitución de la Cámara renovada en las elecciones generales del 23 de julio. Como presidenta de la Diputación Permanente del Congreso, Batet ha dirigido la breve reunión en la que se ha aprobado por asentimiento el informe de dación de cuentas del órgano parlamentario que se ha mantenido activo desde la disolución de las Cortes. Y no ha querido levantar la sesión de la Diputación Permanente sin decir unas palabras de despedida a los diputados presentes, bastantes de ellos realizando su última actividad parlamentaria porque se despiden de la Cámara. "Quiero reconocer a todos ustedes su labor y dedicación, a veces en circunstancias especialmente difíciles, y quiero referirme de modo especial a los diputados y diputadas que no continuarán en la próxima legislatura. Les deseo lo mejor en su futura vida profesional", ha comentado. Y a los que repiten en el Congreso les ha pedido "capacidad de trabajo, predisposición al acuerdo y grandeza". "Sobre todo, grandeza –ha incidido–. De nosotros depende la calidad de la política en nuestro país, en España". Promete "olvidar pronto" los malos momentos Batet, que hace una semana confirmó que no iba a optar a la reelección como presidenta del Congreso, ha señalado que esta XIV Legislatura que ahora termina ha tenido como característica principal el hecho de haber tenido que ejercer sus funciones durante una pandemia. Según ha dicho, este último día de legislatura "no es momento de reproches, pero sí de reflexión", y ha prometido olvidar pronto" los malos momentos que ha tenido, "que de todo ha habido". Lo que sí se llevará consigo son los episodios "de buen parlamentarismo" que ha presenciado desde la Presidencia en el Pleno, en la Mesa o en la Junta de Portavoces. "Me quedo, sobre todo, con las personas que he conocido a lo largo del camino. Que a veces se desborden las pasiones en el debate político no debería afectar al respeto entre nosotros y a nuestros afectos personales. Al fin y al cabo, somos compañeros", ha remachado.

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eldiario.es (bot no oficial)Aug 12, 2023

Los estados de alarma, el escaño de Alberto Rodríguez o las broncas de Vox: la turbulenta legislatura de Meritxell Batet https://www.eldiario.es/politica/estados-alarma-escano-alberto-rodriguez-broncas-vox-turbulenta-legislatura-meritxell-batet_1_10441969.html Alberto Ortiz #CongresodelosDiputados #MeritxellBatet

Los estados de alarma, el escaño de Alberto Rodríguez o las broncas de Vox: la turbulenta legislatura de Meritxell Batet

La XIV legislatura que está a punto de terminar ha sido sin duda una de las más insólitas desde la recuperación de la democracia. Lo fue desde el inicio por la inédita configuración de un gobierno de coalición, pero la apuesta subió rápido con la llegada de la pandemia que forzó durante sus primeras semanas la suspensión de la actividad parlamentaria. Un Congreso fragmentado en multitud de partidos políticos y con una extrema derecha que aprovechó la fuerza de sus 52 diputados para incendiar no pocos debates y presentar dos mociones de censura. Y al frente de todo eso en la Cámara Baja, Meritxell Batet, que tras cuatro años de dificultades y polémicas ha decidido renunciar a repetir la tortuosa experiencia. Era una de las incógnitas que pendían después de que el 23J abriera la puerta a una mayoría progresista en el Congreso. Este martes, fuentes del entorno de la presidenta de la Cámara confirmaron que Batet no repetirá en el cargo: “Batet manifiesta que ha sido un gran honor haber desempeñado esta responsabilidad y muestra su enorme gratitud por todo el apoyo recibido durante estos años”. “Está convencida de que se formará una mayoría progresista en la Mesa de la Cámara presidida por una candidata o candidato socialista que permitirá continuar con los grandes avances logrados en esta legislatura”, trasladaron esas mismas fuentes. El Partido Socialista, que cuenta con hacerse con la Presidencia del Congreso tiene que buscar ahora otro perfil para el que ya comienzan a desfilar nombres en los mentideros de la política, pero queda claro que esa persona no será Batet, que asumió el puesto hace cuatro años, después de las elecciones del 28 de abril, meses antes de que se conformase el primer Gobierno de coalición desde la II República y de que arrancase una legislatura frenética y compleja en la que ha sido en numerosas ocasiones involuntaria protagonista. La pandemia y el Estado de Alarma La legislatura apenas había comenzado cuando la crisis por el coronavirus obligó al Gobierno a decretar un Estado de Alarma para confinar a toda la población. Antes de eso, la presidenta había acordado el 10 de marzo un cierre preventivo y luego, con el acuerdo de la Mesa y los portavoces, el aplazamiento de los periodos de enmiendas durante varias semanas. Vox recurrió aquella medida al Constitucional a pesar de que ese día 10 había reclamado a Batet suspender “todas las actividades plenarias y en comisiones”. El tribunal de garantías –todavía con una mayoría conservadora– acabaría dando la razón al partido de extrema derecha a pesar de que muchos parlamentos autonómicos impusieron cierres mucho más duros en aquellos momentos. En cualquier caso, aquel recurso sirvió para inaugurar una constante durante toda la legislatura: la estrategia del partido de extrema derecha para tratar de boicotear en los juzgados el normal funcionamiento del parlamento. Más allá de los cierres de aquellos primeros días de crisis sanitaria, la pandemia tuvo un fuerte impacto en el normal funcionamiento del Congreso, que obligó a la presidenta y a los grupos a buscar soluciones para dar continuidad a la actividad parlamentaria a pesar de las enormes restricciones sanitarias que imperaban en ese momento. El Congreso implementó nuevas fórmulas tecnológicas para habilitar plenos híbridos que combinasen la asistencia presencial reducida con la virtual y se flexibilizó el uso del voto telemático, al que en condiciones normales solo se puede recurrir en contadas excepciones bien justificadas. Unas restricciones y nuevos protocolos que estuvieron vigentes hasta bien entrada la legislatura, un año y medio después, cuando la pandemia por fin empezó a ceder. Los boicots de la extrema derecha Si las elecciones del 28 de abril de 2019 abrieron por primera vez las puertas del Congreso a la extrema derecha, la repetición electoral les dio la oportunidad de multiplicar sus apoyos y colocarse con 52 diputados en la Cámara Baja. Un número de parlamentarios que les permitió esa estrategia de judicialización de la política a través de los recursos de inconstitucionalidad y, además, presentar sendas mociones de censura con las que buscaron sobre todo foco mediático para agitar su ideario retrógrado. Todo eso lo pudieron hacer precisamente tras colocarse por encima de la barrera de los 50 escaños, por debajo de la cual los grupos no pueden presentar recursos ante el Tribunal Constitucional, y también de la barrera de los 35 diputados, a partir de la cual pueden proponer mociones de censura como la que colocó al octogenario excomunista Ramón Tamames en la tribuna del Congreso, en uno de los episodios más estrafalarios que se recuerdan en la Cámara. Pero esa cincuentena de diputados ha permitido sobre todo a la extrema derecha el tiempo suficiente de intervenciones en la Cámara para esparcir su ideario xenófobo, machista y ultraliberal. La extrema derecha ha aprovechado no pocos plenos para incendiar la Cámara con sus discursos, llevando al límite el reglamento del Congreso y buscando todo tipo de argucias para interrumpir su funcionamiento. Una estrategia que fue creciendo a medida que transcurría la legislatura. “Quieren amordazar a los españoles mientras están con los enemigos de los españoles, que son los que asaltan nuestras fronteras, nos quieren llevan a la ruina, dividir el país y sembrar el pánico en las calles”, llegó a decir el líder de Vox, Santiago Abascal, en una sesión de control hace dos años. Y apenas unos días después, el partido sacaba todo su arsenal de descalificaciones con insultos a sus contrincantes políticos, rebelándose contra la normativa del Parlamento sin acatar la expulsión de uno de sus diputados, que había llamado “bruja” a otra del PSOE durante un debate sobre el acoso a las mujeres que abortan, o increpando incluso a periodistas. Esta legislatura también ha estado protagonizada por la presencia de agitadores de canales de extrema derecha que han aprovechado la sala de prensa del Congreso para atacar a políticos o torpedear las ruedas de los portavoces. Algunos grupos, como Unidas Podemos o ERC, han criticado de hecho a la presidenta del Congreso por no atajar con la suficiente contundencia estas salidas de tono de la ultraderecha, sus mensajes xenófobos o vetar, por ejemplo, la entrada de estas personas en las ruedas de prensa, como le pidieron en varias ocasiones, la última cuando Javier Negre publicó una entrevista en la que un alcalde de un pueblo profería comentarios vejatorios sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero. La ‘número dos’ de Podemos ha sido precisamente una de las más atacadas por la extrema derecha durante las sesiones parlamentarias. La renuncia esta semana al acta Iván Espinosa de los Monteros y después de su compañero Juan Luis Steegman ha tenido como efecto colateral que vuelva a repetir como diputada Carla Toscano, la dirigente de Vox que incendió el Congreso hace apenas unos meses con sus insultos machistas a Montero, a quien llamó “libertadora de violadores” y de quien dijo que su único mérito había sido “estudiar en profundidad a Pablo Iglesias”. El escaño de Alberto Rodríguez Uno de los momentos más complicados de Batet durante esta legislatura fue la gestión del escaño del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez tras ser condenado por el Tribunal Supremo tras ser acusado de haber pateado a un policía durante una protesta en Tenerife, en 2014, una crisis que estuvo a punto de provocar la ruptura del Gobierno de coalición. Todo comenzó con la sentencia. Los jueces, con dos de ellos apostando por la absolución, avalaron la versión del agente policial y establecieron una multa de 540 euros en sustitución de la pena de mes y medio de prisión no efectiva. El problema es que Rodríguez también quedaba inhabilitado durante esos días a su derecho de sufragio pasivo, a su derecho de presentarse a unas elecciones pero no necesariamente a ejercer un cargo que ya tenía, aunque la decisión de retirarle el escaño dependía en último caso del propio Congreso. Juristas de todas las sensibilidades cuestionaron no solo la sentencia, que contó con votos particulares y se basó fundamentalmente en el testimonio del agente, sino también las consecuencias de esta: no se ponían de acuerdo acerca del alcance de su inhabilitación y varios expertos en derecho sostienen que hubiese bastado con apartar al parlamentario durante mes y medio. Algo parecido habían sugerido los letrados del Congreso en un primer informe en el que sostenían que el parlamentario canario podía mantener su acta. Pero Batet primero pidió una aclaración al Supremo, que el Alto Tribunal respondió sin llegar a pedir explícitamente que retirara el escaño al diputado. El escrito sería acompañado más tarde por otro en el que el que el juez Manuel Marchena pedía información a la presidenta de la Cámara sobre el cumplimiento de la sentencia. Ella reunió a la Mesa entre fuertes presiones del PP y Vox para retirar el escaño al diputado. Tras consultar al secretario general del Congreso y letrado mayor, Batet decidió finalmente retirarle el escaño. Aquella decisión provocó un tremendo enfado entre las filas de Unidas Podemos, pero, sobre todo, entre el partido que lidera Ione Belarra y en el que en ese momento militaba el dirigente canario. El grupo confederal esa misma noche anunció en un comunicado que presentarían una denuncia por prevaricación contra Batet, de la que algunas voces del grupo también pidieron su dimisión. Aquella decisión provocó grietas también en la coalición ya que el movimiento lo desconocían tanto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, e incluso el propio Alberto Rodríguez, que al día siguiente decidió darse de baja de Podemos e iniciar su propia batalla judicial para recuperar el escaño. La injerencia del Constitucional en una votación No fue aquel el único momento en el que Batet tuvo que lidiar con las decisiones de los tribunales durante la legislatura. Hace pocos meses, de hecho, un movimiento de la derecha judicial llegó a forzar la paralización de una votación en el Parlamento, otro de los hechos inéditos que han convertido estos cuatro años en algunos de los más surrealistas de toda la democracia. Ocurrió a finales del año pasado, cuando el Congreso se preparaba para votar una reforma del tribunal de garantías que permitiera su renovación después de los años de bloqueo a los que lo ha sometido la negativa del Partido Popular a sentarse para negociar la renovación de sus miembros. Fue precisamente un recurso de los de Alberto Núñez Feijóo lo que sirvió al tribunal para frenar el trámite parlamentario en su curso al Senado. Después de una incierta jornada en el Congreso, en la que se temía una intervención del Constitucional, el pleno de ese órgano, el del Tribunal Constitucional, cuando todavía contaba con una mayoría conservadora, acordó suspender la tramitación de la reforma con la que el Gobierno quería desbloquear la renovación de parte de sus integrantes con el mandato caducado. El tribunal de garantías cortó el procedimiento legislativo que se había iniciado en el Congreso en su camino hacia el Senado, sin dejar que en este se produjera el debate y votación sobre la norma. Aquel Pleno tuvo un máximo voltaje y lo que sucedió después conllevó un choque entre poderes del Estado inédito en democracia, otro de los hitos de una legislatura en la figura del presidente de Congreso, un papel que se presume tranquilo, ha tomado una relevancia en algunos casos inesperada. Después de cuatro años, la presidenta cederá al testigo a otro compañero, aún no se sabe si socialista o del PP, para que se encargue de regular los debates de una nueva legislatura que tampoco se anticipa sencilla. ------------------------- Cómo frenar las mentiras En la campaña del 23J ha quedado clara la tremenda importancia que tiene la prensa libre, que depende de sus lectores y no le debe nada a nadie más. La inmensa mayoría de los grandes medios son propiedad de bancos, de fondos y grandes grupos de comunicación. La gran mayoría de ellos han blanqueado a los ultras y están bajo el control de la agenda que marca la derecha. Por eso te pedimos tu apoyo. Necesitamos crecer. Contratar a más periodistas. Reforzar nuestras ediciones locales frente a las mentiras de los gobiernos locales y autonómicos de la extrema derecha. Fichar a más reporteros de investigación. Nos hace falta llegar a más gente, construir un periódico más grande, capaz de contrarrestar la brutal ola de propaganda conservadora a la que nos vamos a enfrentar. Y que dejará pequeña la que hemos vivido en esta sucia campaña electoral. Si te preocupa el futuro de este país, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca porque nuestra labor es más necesaria que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.

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eldiario.es (bot no oficial)Feb 13, 2023

El juez retira la acusación policial de delito contra una institución a los activistas climáticos ante el Congreso https://www.eldiario.es/politica/juez-retira-acusacion-policial-delito-institucion-activistas-climaticos-congreso_1_9939435.html Pedro Águeda, Raúl Rejón #CongresodelosDiputados #Cambioclimático #MeritxellBatet #Activismo #clima

El juez retira la acusación policial de delito contra una institución a los activistas climáticos ante el Congreso

El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid ha citado para los próximos días 30 de marzo y 15 de abril a los 14 activistas que lanzaron agua con remolacha contra el Congreso de los Diputados en abril del pasado año para alertar de la necesidad de adoptar medidas urgentes contra el cambio climático. En el auto, el magistrado retira el delito contra las instituciones del Estado que la Policía había incluido en su atestado, y reduce la acusación a daños contra el patrimonio. La Brigada Provincial de Información de la Policía abrió una investigación por los delitos de daños, desórdenes públicos, resistencia a la autoridad y contra las altas instituciones del Estado, después de que el letrado mayor del Congreso forzara la inclusión de ésta última en el atestado, tal y como informó elDiario.es. En la notificación que han recibido los investigados aparece que la causa se sigue únicamente por un delito de daños contra el patrimonio. Según un escrito entregado a la comisaria de la Policía Nacional en la Cámara Baja, Carlos Gutiérrez Vicén respondió a la consulta de la Policía asegurando que la sesión plenaria que se celebraba aquel día sufrió “una alteración notoria”, lo que permitía encajar la protesta en el citado tipo penal que acarrea hasta un año de prisión. Gutiérrez Vicén alegaba en su escrito que los diputados hicieron referencia desde la tribuna de oradores a los hechos –en realidad fue la ministra de Transición Ecológica y porque la noticia había sido publicada en los medios digitales–, así como que la comisaria del Congreso se vio obligada a avisar al ministro del Interior, presente en el pleno. El artículo 494 del Código Penal castiga con entre seis meses y un año de cárcel a los que “promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones” ante las sedes de parlamentos nacionales o autonómicos, siempre que las cámaras estén reunidas y se “altere su normal funcionamiento”. El fiscal del caso receló de esta interpretación de la supuesta alteración del pleno y solicitó que se oficiara a la Presidencia del Congreso para que informara si la protesta “supuso realmente una perturbación grave de la sesión plenaria (…), si motivó alguna suspensión, interrupción o retardo respecto a los asuntos que estaban señalados en el orden del día, si motivó alguna incomparecencia de algún diputado que posteriormente justificara su inasistencia por no haber podido acceder a la cámara o cualquier otra alteración relevante que en la actuación de los diputados pudieran haber causado dichos hechos que se investigan en este procedimiento”. La respuesta de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ya está incorporada a la causa que sigue el juzgado de instrucción número 30 de la capital. En cuatro puntos, Batet confirma los anteriores extremos –la referencia a la protesta de la ministra Teresa Ribera y que se informó a Grande-Marlaska– y añade que el orden del día “se desarrolló de conformidad con las previsiones reglamentarias en cuanto al orden e intervención de los oradores”. La presidenta del Congreso rectifica al letrado mayor y añade que “el curso de la sesión no fue suspendido ni interrumpido, desenvolviéndose temporalmente de acuerdo con la asignación de tiempos para cada punto del orden del día”. Batet añade: “No consta a esta Presidencia comunicación alguna por parte de miembros de la Cámara en la que se pongan de manifiesto dificultades para asistir a la sesión plenaria del 6 de abril de 2022”. Antes de la rectificación de Batet al letrado mayor de la Cámara, el fiscal Guillermo de Ávila ya había puesto sordina a las conclusiones del alto funcionario en su escrito de petición de diligencias: “Lo que realmente más se vio alterado en su normal funcionamiento no fue tanto el órgano legislativo como el normal funcionamiento de la unidad policial especial adscrita al órgano constitucional”, decía. Sin marcha atrás en el calentamiento global Dos centenares de activistas contra el cambio climático se concentraron frente al Congreso el 6 de abril pasado. Se trataba de una acción enmarcada dentro de protestas mundiales a raíz de la publicación de un informe del Panel Científico de la ONU advirtiendo de la irreversibilidad del calentamiento global y de las consecuencias que provocará en todo el planeta si no se toman medidas drásticas y urgentes. De entre los manifestantes, un grupo de ellos lanzó en un momento de la protesta lo que parecía pintura contra la fachada del Congreso, la escalinata y los leones. A continuación protagonizaron un sentada pacífica. La pintura no resultó tal sino agua teñida de remolacha para no causar daños al edificio público. Las detenciones se produjeron el 15 y 16 de junio. Portavoces policiales negaron que la acusación contra una institución del Estado fuera uno de los motivos de los arrestos, según había adelantado elDiario.es y como así constaba en las actas de detención y el atestado policial. La mayoría de los activistas fueron arrestados al responder a la citación que habían recibido para acudir a la sede de la Brigada Provincial de Información.

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eldiario.es (bot no oficial)Feb 1, 2023

El Consejo de Europa alerta de carencias relativas a los derechos humanos en la reforma de la ley mordaza https://www.eldiario.es/politica/consejo-europa-alerta-carencias-proteccion-derechos-humanos-reforma-ley-mordaza_1_8744901.html Andrés Gil #ConsejodeEuropa #MeritxellBatet #JoséLuisÁbalos #LeyMordaza

El Consejo de Europa alerta de carencias relativas a los derechos humanos en la reforma de la ley mordaza

La reforma de la ley mordaza que se está tramitando es insuficiente para corregir todas las carencias relativas al respeto de los derechos humanos. Es la conclusión a la que ha llegado la comisaria de Derechos Humanos (DDHH) del Consejo de Europa –institución no perteneciente a la UE compuesta por 47 países europeos–, Dunja Mijatovic. En una carta enviada a finales de la pasada semana, Mijatovic insta a las Cortes españolas a garantizar que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 –ley mordaza– se aproveche para "adecuarla plenamente a las normas europeas e internacionales de derechos humanos, en particular en lo que se refiere a las disposiciones que inciden en los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, el derecho a solicitar asilo y la prohibición de devolución", escribe la comisaria del Consejo de Europa. La comisaria subraya en su escrito que la reforma "debe abordar las preocupaciones ya manifestadas en noviembre de 2018, en particular sobre el amplio margen de discrecionalidad que la ley otorga a las fuerzas del orden para interpretarla, lo cual permite su posible aplicación desproporcionada y arbitraria". Así, MIjatovic entiende que "la aplicación de la ley ha seguido dando lugar a la imposición de sanciones por motivos poco sólidos". La comisaria, además, destaca "la dificultad de apelar las sanciones administrativas impuestas y la necesidad de fortalecer el marco general de rendición de cuentas para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley". Por último, la comisaria "recomienda a las autoridades que proporcionen a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley orientaciones claras y obligatorias sobre cómo actuar en cumplimiento de los estándares de derechos humanos a la hora de interceptar migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla". En este sentido, "lamentablemente, la reforma actual no introduce garantías claras sobre la devolución, incluido el derecho a solicitar asilo, o contra las expulsiones colectivas, ni reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, cualquiera que sea la vía por la que las personas lleguen a territorio español". "Observo con interés que varias de las enmiendas propuestas parecen abordar algunas de las cuestiones de derechos humanos planteadas hasta ahora", escribe Mijatovic en su carta a las presidentas del Congreso y Senado, Meritxell Batet y Ander Gil, respectivamente, así como al presidente de la comisión de Interior del Congreso, José Luis Ábalos: "Sin embargo, me preocupa que la reforma actual no incluya cambios de las disposiciones que han tenido el impacto más dañino en el disfrute de los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, por un lado, y el derecho a solicitar asilo y la prohibición de devolución, por otro lado". La comisaria del Consejo de Europa recuerda que "en su dictamen de 2021, la Comisión de Venecia recomendó garantizar que la revisión judicial de las denuncias individuales sobre posibles abusos policiales sea accesible y efectiva". Además, Mijativic afirma: "Debe fortalecerse el marco general de rendición de cuentas de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluso con miras a garantizar una supervisión adecuada del uso de los poderes coercitivos y las sanciones impuestas, en consonancia con las recomendaciones formuladas por la Comisión de Venecia en su dictamen de 2021 y por mi Oficina". En su carta, la comisaria de Derechos Humanos destaca que "la reforma no modifica las disposiciones que regulan las sanciones por motivos tales como resistencia o desobediencia a los policías y falta de respeto o consideración hacia los agentes. Según se informa, desde la aprobación de la Ley en 2015, se han impuesto un gran número de sanciones por estos dos motivos, muchas de ellas en el contexto de manifestaciones y reuniones pacíficas. Esto es alarmante y reitero mi llamamiento a los parlamentarios a reformar la Ley a fin de brindar claridad y previsibilidad, garantizar seguridad jurídica y evitar una aplicación arbitraria y desproporcionada que podría tener un efecto disuasorio en el ejercicio de las libertades de expresión y reunión en España". En su escrito, Mijatovic insiste en que "parece que los organizadores de manifestaciones aún podrían ser sancionados si se produce una alteración del orden público durante las protestas. Esto parece ser contrario a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las Directrices de la OSCE/ODIHR-Comisión de Venecia sobre la libertad de reunión pacífica, que estipulan que los organizadores de una reunión no pueden ser considerados responsables de las acciones de otros participantes si no participaron explícita o implícitamente en tales actos".

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eldiario.es (bot no oficial)Dec 6, 2022

Batet pide usar el Congreso "para construir" y no para "herir" u "ofender" tras los insultos de los últimos días https://www.eldiario.es/politica/batet-pide-congreso-construir-no-herir-u-ofender-insultos-ultimos-dias_1_9773209.html Aitor Riveiro #CongresodelosDiputados #ConstituciónEspañola #MeritxellBatet

Batet pide usar el Congreso "para construir" y no para "herir" u "ofender" tras los insultos de los últimos días

“El Parlamento es un lugar único. Quienes formamos parte de él debemos ser conscientes de esa singularidad. Es el lugar en el que todos los ciudadanos están representados, pero en él también deben sentirse representados” y esperan “que la palabra se utilice para argumentar, no para herir. Para proponer, no para ofender. Para construir, no para zaherir. En nuestras manos está no defraudar esa confianza”. Así ha defendido la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la cordialidad parlamentaria tras el incremento de la crispación de las últimas semanas, especialmente por una estrategia deliberada de la ultraderecha. Batet ha defendido en su habitual discurso durante la recepción del Día de la Constitución el Parlamento como “un lugar único”. “Quienes formamos parte de él debemos ser conscientes de esa singularidad”, ha apuntado la tercera autoridad del Estado, tras el rey y el presidente del Gobierno. “Se trata de emplear la palabra como instrumento de persuasión, de buscar los equilibrios razonables entre posiciones distintas. Y de escuchar, porque escuchar obliga a quien habla a hacerlo mejor”, ha sostenido. La presidenta ha añadido que “al Parlamento le corresponde una función primordial: enriquecer, mediante el debate libre y razonado, el marco jurídico de nuestra convivencia a través de nuevas leyes”. Un marco jurídico que emana de la Constitución, ha recordado. Un texto que cumple 44 años este 6 de diciembre pero cuya absoluta vigencia ha defendido Batet incluso para la mayoría de españoles que no participaron en el referéndum de 1978: “Aunque no la pudimos votar, es tan nuestra como de los que sí lo hicieron”. Batet ha defendido que la Constitución “no es bandera” que ondear, “sino plaza” que defender. Y en su 44º aniversario, con “las certezas” de que los españoles de hoy “vivimos” el sueño” de quienes la impulsaron hace cuatro décadas, “nos corresponde actualizar la fuerza normativa de la Constitución”. La última oleada de crispación en el Congreso, que ha atravesado todos los debates de las últimas semanas, tuvo su origen en un agresivo discurso de una diputada de la bancada de la ultraderecha contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, uno de los objetivos prioritarios para Vox, que tiene en la legislación contra la violencia machista a su némesis declarado. La presidenta del Congreso, señalada por algunos sectores por lo que les parece una actitud tibia ante los exabruptos ultras, ha asegurado en su discurso: “Existe un consenso básico sobre la necesidad de proteger y garantizar el libre desarrollo de las mujeres frente a todo tipo de discriminación, y con mayor determinación y contundencia frente a las manifestaciones violentas de esa discriminación”. De la pandemia a la guerra de Ucrania Batet ha apuntado también que la Constitución es un marco que permite a España afrontar “las vicisitudes históricas que estamos viviendo en estos años” y que “han acrecentado la preocupación y la incertidumbre”. “No está en nuestra mano elegir la realidad a la que nos enfrentamos”, ha dicho. “Pero lo que sí depende de nosotros es escoger cómo responder a esa realidad”, ha añadido. La presidenta ha apostado por “los valores” y “la unidad” como herramientas para superar esos momentos difíciles: “Los valores que nos identifican como ciudadanos libres y protagonistas de nuestro gobierno colectivo. Y la unidad en su defensa y preservación”. “Así lo hicimos durante los duros meses de la pandemia. Y así lo estamos haciendo frente a la violenta transgresión de las reglas del Derecho Internacional y la violación de los derechos humanos que sufre Ucrania”, ha concluido. Batet ha asegurado que la Constitución empuja a España a “colaborar en el fortalecimiento de las relaciones pacíficas entre los pueblo”. Pero esa “paz” es “algo más que la inexistencia de guerra: es respeto, es reconocimiento del otro, es cumplimiento de las reglas”. La presidenta del Congreso ha reiterado así el compromiso del Estado del que es tercera autoridad con “los aliados, especialmente en el marco de la Unión Europea”. Y con “mantener, al mismo tiempo, la solidaridad y el apoyo con el pueblo ucraniano”.

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eldiario.es (bot no oficial)Dec 4, 2022

El repunte de la crispación pone a prueba los límites del debate parlamentario https://www.eldiario.es/politica/repunte-crispacion-pone-prueba-limites-debate-parlamentario_1_9761981.html Aitor Riveiro #CongresodelosDiputados #MeritxellBatet #IreneMontero #Vox

El repunte de la crispación pone a prueba los límites del debate parlamentario

"El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias". La frase, lanzada desde la bancada ultraderechista contra la ministra de Igualdad y respondida con vehemencia por Irene Montero entre aplausos de los partidos de la coalición (PSOE y Unidas Podemos), de los aliados del Gobierno e incluso de algunos representantes de la oposición, no solo incendió el Congreso en la última semana y destapó la estrategia de Vox ante su pérdida de impulso político tras el fiasco de las elecciones andaluzas. También plantea un debate hasta ahora casi inédito: ¿Tiene límites el debate parlamentario? ¿Cuáles? ¿Legales? ¿Éticos? ¿Absolutos? ¿Circunstanciales? "Fascista", "machista", "filoterrorista" (y "terrorista" o "hijo de terrorista"), "golpista", "caradura", "felón", "banda criminal". Estas, y muchas otras, son palabras que se han escuchado en los últimos días en el Congreso. Y en los últimos meses. Incluso en los últimos años. La Presidencia de Pedro Sánchez (en solitario, primero, y en coalición, después) puede señalarse como una de las más broncas desde la restauración de la democracia. No es que en anteriores periodos no se hubieran producido sesiones duras, insultos, expulsiones de diputados, amenazas, escupitajos o acusaciones que, fuera de la inmunidad parlamentaria, serían querellables. Incluso intentos de agresión, como aquella vez que Rafael Hernando se lanzó a por Alfredo Pérez Rubalcaba con los puños desenfundados. Pero en estos cuatro años largos, estas actitudes se han convertido en la norma, en lo habitual, no en la excepción fruto de un calentón de un debate o de una situación concreta. Y todo apunta a una escalada en la que el techo no se vislumbra. El presente curso político está visto para sentencia. En lo que queda de mes, las Cortes darán el visto bueno definitivo a los Presupuestos Generales del año que viene y a la derogación del delito de sedición, entre otras cuestiones. Y el inicio de 2023 marcará el arranque de una larguísima carrera electoral que tendrá en mayo su primera cita (municipales y autonómicas) para llegar a las elecciones generales de diciembre. La actividad legislativa y de control propia del Congreso y del Senado estará marcada por unos comicios donde todos se juegan casi todo. Sin paliativos. Desde el PSOE y Unidas Podemos, hasta el PP, pasando por Vox, Ciudadanos, ERC, Junts , el PNV o EH Bildu, todos vislumbran el abismo. ¿Logrará el PP arrebatar algún gobierno autonómico a los barones socialistas, palanca que necesita Feijóo para afrontar las generales? ¿Aguantará Vox y se hará imprescindible para cualquier futuro ejecutivo de derechas? ¿Logrará Yolanda Díaz transicionar hacia Sumar? ¿Le seguirá Podemos en su camino? ¿Perderá el nacionalismo vasco conservador la hegemonía ante el empuje de una izquierda abertzale más potente que nunca? ¿Cómo quedará la batalla en el soberanismo catalán? No se trata únicamente de repartir el poder de casi todo el Estado, desde los ayuntamientos a la nación, pasando por los gobiernos autónomos. En 2023 se establecerán las bases políticas de los próximos años con profundidad sistémica. España puede retornar a una suerte de bipartidismo imperfecto o ahondar en la fragmentación del último lustro. Mantener un Gobierno de corte progresista apoyado en fuerzas plurinacionales y regionalistas o seguir a Italia y permitir la entrada de la ultraderecha explícita en el Ejecutivo. Mucho en juego, pocas certidumbres y un clima político que viene enrarecido desde la moción de censura de mayo de 2018, azuzado por una pandemia y una guerra en Europa que ha trastocado los planes de recuperación. "Caso a caso" Lo ocurrido en aquel Pleno del miércoles 23 noviembre con la ministra de Igualdad provocó las notables quejas de varios diputados que criticaron lo que consideraron una actitud pasiva por parte de la Presidencia del Congreso, que entonces ejercía el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. A la semana siguiente, como es habitual, se reunieron la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces. En la primera se sustanció un debate sobre la actuación de la Presidencia en la sesión anterior. La conversación se trasladó a la siguiente cita, ya con todos los grupos parlamentarios representados. Diversas fuentes consultadas por elDiario.es constatan que de ninguna de las dos reuniones salió nada parecido a un acuerdo. Pero sí la voluntad declarada de la presidenta, Meritxell Batet, de atar más en corto a los diputados y de restringir mucho la posibilidad de desviarse de la cuestión o de utilizar según que palabras, como algunas de las que se citaban al principio. Más allá de razones, estrategias e historiografías recientes y pasadas, el Reglamento es claro: quien ordena el debate es quien ocupe la Presidencia en ese momento –normalmente Batet, pero suele rotar con los vicepresidentes: Alfonso Gómez de Celis (PSOE), Ana Pastor (PP) o Gloria Elizo (Unidas Podemos). Y las fórmulas están tasadas. El Capítulo VIII del Reglamento de la Cámara regula la disciplina parlamentaria. El artículo 102, por ejemplo, establece que la Presidencia llamará a la cuestión al orador que se desvíe del asunto. Si ocurre tres veces, perderá el uso de la palabra. Es lo que debería haber hecho Gómez de Celis con la diputada ultra que aludió a la relación personal de Irene Montero, apuntan desde el grupo parlamentario de la ministra. Es, además, un paso previo que se queda en el campo de la reprimenda y no tiene consecuencias ulteriores, como sí puede ocurrir si, en aplicación de los artículos 103 y 104, un diputado es expulsado de la sesión. En ambos casos, siempre se plantea una duda fundamental porque un uso incorrecto o inadecuado de las facultades disciplinarias de la Presidencia pueden, eventualmente, lesionar el derecho del parlamentario. En el entorno de Batet aseguran que esta facultad de la Presidencia del Congreso defienden la cautela porque una decisión puede tener consecuencias políticas si, por ejemplo, un diputado es expulsado y en esa sesión se produce una votación, dicho diputado no podrá ejercer su derecho. Colisionan un derecho recogido por la Constitución (la inviolabilidad) y el régimen disciplinario del Congreso, que se regula en el Reglamento y que confiere a la Presidencia facultades disciplinarias que pueden derivar en sanciones graduales: desde las "llamadas al orden", previas a la imposición de una sanción en sentido estricto, hasta la imposibilidad de asistir al resto de la sesión. Además, los parlamentarios están obligados a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentaria. "La inviolabilidad tiene una finalidad, es un privilegio individual con un fin: facilitar que la libre formación de la voluntad de la Cámara lo sea. Que el Parlamento no esté constreñido, limitado", explica la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, Yolanda Gómez, quien recuerda que el Tribunal Constitucional apuntó en una sentencia de 2016 que la inviolabilidad parlamentaria no implica "la imposibilidad de aplicar la normativa disciplinaria interna que pueda suponer una restricción de la libertad de expresión de los diputados". Así, no se puede establecer una norma general ni un listado de palabras permitidas o vetadas, sino que depende del contexto, de la relación con el tema a tratar, de si el exabrupto es fruto de un calentón o algo premeditado. "Hay que ir caso a caso", apunta la experta. Una frase muy en boga estos días. No es fácil discernir cuándo las expresiones manifestadas por los parlamentarios durante el desarrollo de los debates justifican una llamada al orden o cuándo su libertad de expresión puede verse restringida injustificadamente por el ejercicio de las funciones disciplinarias de la Presidencia. La sentencia del Constitucional citada se refiere a un rifirrafe entre la diputada socialista de la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, y el por entonces presidente regional, Ignacio González. En 2013, Menéndez le llamó "corrupto". El presidente de la Asamblea, José Ignacio Echeverría, le retiró la palabra y acabó expulsando a la diputada, además de aplicando una sanción con consecuencias posteriores. En 2016 el Tribunal Constitucional dio la razón a Maru Menéndez. En 2017 Ignacio González fue detenido por la Guardia Civil y el propio Echevarría fue llamado a declarar como imputado en el marco de la investigación de la llamada Trama Púnica. La sentencia reconoce "un cierto margen de apreciación, en cada caso concreto, al Presidente de la Cámara", a quien le corresponderá a esta valorar las expresiones en cada caso concreto. Y eso es lo que ha decidido aplicar la Presidencia del Congreso, lo que deja el balón en el tejado de la subjetividad de Meritxell Batet, o de quien la sustituya en ese momento. Para el Constitucional, si estamos ante una expresión "emocional" que no va acompañada de la imputación de un delito, entraría dentro de lo permisible. Por ejemplo, cuando la ministra de Igualdad acusó al PP de publicitar la "cultura de la violación" por sus campañas contra la violencia machista no imputaba ningún delito concreto. Pero sus palabras motivaron una reprimenda de Batet tras las airadas protestas de la bancada popular, y con el precedente de lo que había ocurrido una semana antes. En ese caso, Batet atendió al "contexto" en el que se produce la expresión, otro de los elementos centrales de la sentencia del Tribunal Constitucional, que lo tuvo en cuenta para determinar, por ejemplo, si el término "corrupto" fue utilizado de forma emocional como sinónimo de "torticero" o fue acompañada de la imputación de un delito. Batet ha optado por "retirar" del Diario de Sesiones aquellas frases o palabras que considera ofensivas. Incluso a toro pasado, como esta misma semana cuando la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tildó a algunos aliados del Gobierno no de "filoterroristas" sino, directamente, de "terroristas". La presidenta no se percató en ese momento, pero ordenó "retirarlo" posteriormente. ¿Significa esto algo? Jurídicamente, no, reconocen en Presidencia. Lo único que se hace es poner el término entre corchetes y una nota al pie de página en el Diario de Sesiones para añadir que la presidenta lo ha retirado. Pero la expresión se deja. Es, entonces, una decisión política. La decisión jurídica (y política) que sí podría tomar la Presidencia es la de expulsar a un diputado. Pero, ¿y si este se resiste? De hecho es algo que ha ocurrido esta misma legislatura, cuando un diputado de la ultraderecha llamó "bruja" y "borracha" a la diputada socialista Laura Berja. El expulsado no quiso abandonar el Hemiciclo y la Presidencia se vio impotente ante la alternativa que se le presentaba: llamar a la Policía Nacional del Congreso y sacarlo bajo la autoridad de Batet. El artículo 72.3 de la Constitución establece: "Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes". Una facultad que, si se ha utilizado, pocos recuerdan y que, en cualquier caso, Batet no quiere ejercer. De la "crispación" entre partidos a la "polarización" entre bloques Desde la Presidencia del Congreso lo explican claro: "¿Les vamos a regalar esa foto? Eso no puede suceder". Porque el consenso mayoritario en la Cámara Baja es que lo ocurrido en las últimas semanas forma parte de una clara estrategia política de Vox. Y la expulsión de uno de sus diputados sería la guinda, sostienen a elDiario.es desde el entorno de Batet. Lo que está ocurriendo en las Cortes, especialmente en el Congreso donde se concentra el foco informativo, está ya muy estudiado por la Ciencia Política. "Los discursos o los debates broncos basados en la crispación son muy atractivos para quien los emite", apunta el también profesor de la Carlos III Lluís Orriols. ¿Cuál es el beneficio? "La audiencia está más pendiente". Y añade: "No solo los periodistas, que dan mayor cobertura, sino que se capta más la atención de la audiencia. Y los mensajes que se emiten con estos debates broncos acaban siendo retenidos en la memoria durante más tiempo. Es una forma de inocular mensajes de forma efectiva". Pero también hay un componente negativo: "Está demostrado que genera problemas para la calidad democrática porque fomenta elementos de antipolítica, el descrédito al pluralismo, la intolerancia y que quien opina distinto a ti es alguien peligroso, que no debería estar en el debate público". Y si se generaliza el uso, peor. Según Orriols, "cuando estos mensajeas se propagan por todos los actores políticos provocan desafección". Es decir, "cuando el debate es bronco de forma multilateral aumenta el descrédito de la política y de las instituciones". Un posible beneficio particular "a costa del deterioro institucional y político". Pero, al final, la función de la Presidencia del Congreso es ordenar el debate, no tanto marcarlo. Hay usos parlamentarios que no están regidos por el Reglamento, sino por resoluciones de la propia máxima autoridad de la Cámara o acuerdos de la Mesa. Incluso la tradición, el uso, es muy relevante en el derecho parlamentario. Por ejemplo, coinciden los consultados por elDiario.es, no se puede establecer una lista de palabras proscritas. Así se deduce además de la sentencia del Constitucional de 2016, que fija que depende del contexto y de la interpretación del momento. ¿Mantendrá entonces Batet la idea de llamar siempre al orden, y eliminar del Diario de Sesiones, el uso de la palabra "fascista", por ejemplo? ¿O "filoterrorista"? Una diputada como Cayetana Álvarez de Toledo está siendo juzgada por haber dicho que el padre de Pablo Iglesias era un "terrorista". Pero no por decirlo en el Congreso, donde es inviolable, sino por reiterarlo en redes sociales y en una radio. La Fiscalía ha pedido su absolución y Yolanda Gómez recuerda que la Constitución otorga este privilegio especial a los diputados únicamente para cuando están ejerciendo el cargo, no en cualquier momento. Cuando Álvarez de Toledo reiteró su acusación sabía cuál iba a ser la consecuencia porque Iglesias ya había advertido de que su padre la demandaría. Es decir, más allá del elemento jurídico, mucho más allá de la decisión de Batet de eliminar o no aquellas palabras del Diario de Sesiones (con las salvedades ya expuestas), hay una realidad política que determina un uso deliberado de una determinada expresión. Orriols lo enmarca. "Se ha observado en muchas democracias que hay un fenómeno creciente de polarización en términos de rechazo a personas que opinan distinto. La gente percibe que el adversario no es un rival, sino alguien que debería ser silenciado y expulsado de las instituciones. Provoca la negación del rival", asegura el profesor. Con todo, dice Orriols, la situación no es nueva. O no está claro. El politólogo se retrotrae a la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008), cuando el PP activó una durísima campaña política y mediática que fue bautizada como "crispación", no "polarización". La derecha, comandada por Mariano Rajoy (referente político declarado de Alberto Núñez Feijóo) salió a la calle contra los avances sociales de aquel Gobierno socialista: desde la Ley de Memoria Histórica, al matrimonio igualitario o el aborto. Y se azuzaron desde el propio PP teorías de la conspiración inauditas que señalaban al PSOE y a determinadas terminales policiales como responsable de los atentados del 11 de marzo de 2004 en los que murieron 192 personas. "En esencia era muy similar", apunta Orriols, que destaca elementos que también se dan ahora como la "negación del adversario y de su legitimidad para gobernar". Entonces "aumentó mucho el rechazo al partido rival". Y ahí si hay una diferencia notable, indica Orriols, porque hay autores que defienden que lo que se está produciendo ahora es una "polarización entre bloques" y no entre partidos. "La gente no rechaza a los partidos rivales, sino al bloque contrario", explica, mientras "intrabloque cada vez hay más sintonía. Es decir, entre los votantes de PP y de Vox, o entre los del PSOE y Unidas Podemos. "Cuando tachamos a los rivales de 'comunistas', 'filoetarras', 'fascistas' o 'golpistas' [o "caradura", "felón", y "criminal"] señalamos que el adversario es peligroso y puede deteriorar la calidad de la democracia". Ese es el riesgo y ahí está la dificultad de los límites del debate parlamentario.

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eldiario.es (bot no oficial)Dec 2, 2022

Vox lleva al límite su estrategia de provocación para reventar el debate parlamentario https://www.eldiario.es/politica/vox-lleva-limite-estrategia-provocacion-reventar-debate-parlamentario_1_9762723.html José Enrique Monrosi #CongresodelosDiputados #MeritxellBatet #Ultraderecha #Vox

Vox lleva al límite su estrategia de provocación para reventar el debate parlamentario

No es habitual ver a primera hora de la mañana a Santiago Abascal sentado en su escaño a menos que le corresponda preguntar al presidente en la sesión de control o que la actividad parlamentaria imponga algún orden del día extraordinario. En el caso de este jueves, sin embargo, el líder de Vox no quiso perderse las intervenciones de sus diputados en los debates de un perfil tan técnico como el que propiciaron las enmiendas del Senado a los proyectos de ley del sector ferroviario o del "fomento del ecosistema de las empresas emergentes". En el caso del primer punto, la diputada ultra Patricia de las Heras usó su turno de palabra en relación con el sistema de trenes español para exclamar: "Este Gobierno vuelve a ceder ante comunistas, separatistas, golpistas, malversadores y filoterroristas, además de pederastas y violadores". Minutos después, su compañero de filas, Rodrigo Jiménez, enumeró como "enemigos de España" a "comunistas, separatistas, secesionistas y filoetarras" en el debate sobre empresas emergentes. Ambas intervenciones retumbaron en la Cámara Baja como una calculada estrategia de provocación por parte de los de Abascal después que la presidencia del Congreso, esta misma semana, llamara explícitamente la atención de los diputados y pidiera excluir el empleo de términos como "fascista" o "filoterrorista". "Subir a esta tribuna tendría que ser algo sagrado", reprendió este jueves Meritxell Batet, que denunció que "mientras siga habiendo diputados con la única voluntad de ofender a otros diputados y otros grupos parlamentarios y a los ciudadanos" que representan, no se va a poder llegar "al nivel de parlamentarismo que merece la democracia española". "Les pido que no suban a esta tribuna a herir y ofender, que suban a defender sus posiciones políticas sin ofender ni herir", dijo, en tono solemne. La sesión venía precedida de dos semanas de máxima tensión en el hemiciclo. Todo empezó con la catarata de insultos machistas por parte de la ultraderecha a Irene Montero y tuvo un punto álgido este mismo martes con la expulsión de la tribuna de Patricia Rueda. El vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, le retiró la palabra a la diputada ultra tras negarse a retirar la expresión "filoetarras". Los de Abascal usaron el episodio como una ocasión perfecta para llevar su estrategia de provocación más allá del hemiciclo. El grupo parlamentario casi al completo compareció en el Escritorio de la Cámara en torno a la diputada expulsada, que repitió su intervención repleta de insultos ante el micrófono de la señal institucional de televisión del Congreso. Junto a ella, Abascal dijo: "El Gobierno está inmerso en un proceso de asalto a todas las instituciones y no hay ninguna que se les resista a Pedro Sánchez y al PSOE. Hoy el PSOE se ha atrevido a hacer lo que jamás nadie hizo en democracia: prohibir a la oposición expresarse libremente en el Congreso". La presidencia intenta sofocar la escalada de insultos Esa escalada verbal de las últimas semanas se ha traducido en un ambiente parlamentario de máxima tensión y ha provocado un claro cambio de actitud en la presidencia del Congreso. Meritxell Batet y Gómez de Celis han pronunciado distintas reprimendas en los últimos días de Pleno y han insistido en que no se permitirán términos ofensivos, que además serán retirados del diario de sesiones. Pero la preocupación en la propia presidencia y en la mayoría de grupos parlamentarios ha ido en aumento ante la convicción de que el intento de Vox por reventar el debate parlamentario es una estrategia política calculada y encaminada a recuperar el foco mediático perdido. En el equipo de Batet admiten que se trata de un asunto complejo de gestionar porque se aspira a encontrar el difícil equilibrio entre atajar cualquier falta de respeto y no caer en el juego de la ultraderecha. "Es complicado porque ellos buscan la provocación", razonan fuentes parlamentarias, que rememoran el día en que el ultra José María Sánchez insultó a la diputada socialista Laura Berja al grito de "bruja" y "borracha". Ese día Gómez de Celis expulsó de la cámara al miembro de Vox. Pero Sánchez se negó a marcharse. Durante algunos minutos la presidencia del Congreso tuvo que parar el Pleno para bajar a negociar personalmente con el grupo parlamentario de Vox y conseguir encauzar la situación. Pero el diputado nunca se marchó. "Ese día se lo cargaron todo", denuncia un diputado de Unidas Podemos muy crítico con la labor realizada por Batet. "Vox ya sabe que, si no quiere, no se va. Y por eso hacen lo que están haciendo: lo que les da la gana", critica. Desde la presidencia responden que la alternativa a negociar es cruzar una línea roja difícilmente asumible. "¿Metemos a la Policía en el hemiciclo? ¿Les vamos a regalar esa foto? Eso no puede suceder", reflexionan fuentes parlamentarias. En el equipo de Meritxell Batet confían en que la situación pueda reconducirse hacia unos términos que permitan mantener un mínimo de decoro en el debate parlamentario apelando a la "madurez y sensatez de sus señorías". "Aquí no hay grupos parlamentarios golpistas ni terroristas", dijo la presidenta del Congreso en uno de sus apercibimientos durante el Pleno de este jueves. Minutos antes y yendo incluso un paso más allá que Vox, intervino la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. "Desde luego que la diputada de Vox no dijo la verdad: no son filoterroristas, son directamente terroristas", apuntó, en referencia a los diputados de EH Bildu. Arrimadas no fue expulsada de la tribuna de oradores, aunque Batet ordenó retirar sus palabras, una vez más, del diario de sesiones.

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eldiario.es (bot no oficial)Dec 1, 2022

El PSOE no quería ni oír hablar de la ley del 'solo sí es sí' y luego apareció Irene Montero https://www.eldiario.es/politica/psoe-no-queria-oir-hablar-ley-si-si-luego-aparecio-irene-montero_129_9756842.html Iñigo Sáenz de Ugarte #PP-PartidoPopular #Sesióndecontrol #Libertadsexual #MeritxellBatet #IreneMontero

El PSOE no quería ni oír hablar de la ley del 'solo sí es sí' y luego apareció Irene Montero

En política, el momento más significativo es cuando un partido o Gobierno demuestra a las claras que ya no quiere hablar sobre un tema determinado. El PP ha perdido todo interés en hablar de inflación. Como si ya se hubiera solucionado por completo. Los ministros socialistas prefieren no hablar de la ley de sólo sí es sí, a menos que sea imprescindible. Para empezar, Pedro Sánchez no quiso mencionar la polémica en la sesión de control por las reducciones de pena a algunos agresores sexuales ni siquiera cuando le preguntaron de forma explícita por ella. Todo cambió cuando Irene Montero hizo su aparición. La consigna era clara o quizá es que todos coincidían en que en estos momentos al Gobierno no le conviene hablar de una ley que ha tenido efectos secundarios no previstos. También se les podría llamar consecuencias de las que no se había avisado antes en público. El argumento de que es mejor esperar a que hable el Tribunal Supremo ha quedado algo deslucido después de su primera sentencia en un recurso de apelación. Cuca Gamarra, portavoz del PP, acusó al presidente de "rebajar las penas a agresores sexuales". Sánchez no le dedicó al asunto ni una palabra. Otro diputado del PP había presentado una pregunta sobre la gestión de su Ministerio a la vicepresidenta Nadia Calviño, pero de entrada pasó del tema para preguntarle. "¿Va a responder sobre el sí es sí o se va a esconder como ha hecho el presidente?". El mayor salto mortal lo dio Luis Santamaría, del PP, con una pregunta a la ministra de Justicia sobre el proyecto de ley de derechos de los animales que comenzó con la revisión de penas a condenados por delitos sexuales. Delitos cometidos por seres humanos, no por animales. Planteó una cuestión que debió de causar escalofríos en el Gobierno: "Si algún excarcelado reincide, ¿cómo se lo contarán a las víctimas?". Por eso, los ministros socialistas que abandonaban el hemiciclo, una vez finalizadas sus intervenciones, no movían ni una ceja, y los labios mucho menos, cuando los periodistas les preguntaban por la ley. En los momentos finales de la sesión de control, Irene Montero debía responder a dos preguntas del PP y Vox. En la primera, la ministra de Igualdad reconoció que ha habido "dificultades en la aplicación de la ley" que comparó con las que se produjeron tras la ley aprobada en tiempos del Gobierno de Zapatero. En la réplica posterior, Montero fue directamente al ataque. Citó la última campaña de la Xunta de Galicia sobre la violencia de género con imágenes de una mujer corriendo en pantalón corto, no vigilando su copa en un bar o sencillamente saliendo de noche. Anuncios que se centran en lo que deberían hacer las mujeres, no en lo que no deberían hacer sus agresores. "¿Qué hacen ustedes? –explicó la ministra–. Una campaña en Galicia que dice 'no debería pasar, pero pasa'. 'Vigila tu copa, mujer, cuando salgas por la noche', (por) la Comunidad de Madrid. 'Quien siembra vientos, recoge tempestades' (esto lo dijo Martínez Almeida, pero se refería específicamente a Montero, no a las víctimas de violaciones). Culpar a las víctimas de las agresiones que sufren". Resulta bastante inaudito que se sigan haciendo campañas con este guion, pero parece que son perfectamente posibles con gobiernos del PP. Montero podía haber dicho que es un ejemplo de lo que se conoce desde hace tiempo como la cultura de la violación, pero lo que hizo fue imputar directamente esa responsabilidad a los diputados del PP: "Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas". Ahí empezaron los rayos y truenos. El napalm desbordó el hemiciclo. Se activó la mecha del grupo parlamentario del PP, que saltó hecho una furia. Se sentían insultados, que es una sensación permanente en la Cámara en esta legislatura. Por otro lado, acusar a alguien de promover violaciones es indudablemente un insulto. Sólo un violador no lo consideraría como tal. Los diputados del PP y Vox saltaron de sus escaños y empezaron a gritar. No se había visto una así desde los tiempos más revueltos de Pablo Casado y quizá ni eso. No fue un arrebato de unos veinte segundos, como ocurre en los casos más graves. Pasaron totalmente de las llamadas al orden de la presidenta, Meritxell Batet, durante casi dos minutos. "¡Es intolerable!", dijeron varios en voz alta. Cuando Batet dijo a Montero que finalizara su réplica, los diputados se negaron a aceptarlo y siguió la bronca: "¡Que lo retire!", gritaban. Al finalizar la ministra, Batet tomó la palabra para dirigirse a Montero y decirle que "la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios dirigida a un grupo parlamentario". Dirigiéndose a todos los grupos, les dijo: "Les pido, por favor, respeto en las expresiones que se utilizan y contención en el lenguaje". Los diputados socialistas le aplaudieron. Los de Unidas Podemos, no. Respeto y contención son cosas que brillan por su ausencia en muchos debates parlamentarios. En especial, lo segundo. Si los ministros socialistas no tenían mucho interés en hablar de la ley de sólo sí es sí, la intención de Montero de buscar el cuerpo a cuerpo contra la derecha no habrá caído muy bien entre ellos. "Lo primero que sobra es el hostigamiento, pero también las expresiones gruesas, las algaradas y el espectáculo", dijo Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE, en apoyo de la intervención de Batet. Fernández se ha solidarizado con Montero en varias ocasiones en las que esta ha recibido ataques personales o insultos directos. No esta vez. Algo parecido hizo la ministra de Justicia. En los pasillos, Pilar Llop dijo a los periodistas que todas las fuerzas políticas que votaron a favor de la ley integral de violencia de género, "como hizo el Partido Popular", y que luego también votaron el pacto de Estado "son partidos que han estado a la altura de las circunstancias". No los incluye en ninguna categoría de promotores de la cultura de la violación. En el Congreso, los insultos sólo se denuncian cuando los recibes. Si provienen de los tuyos, seguro que hay razones para justificarlos. Los diputados del PP se sintieron gravemente insultados por Montero. En esa misma sesión, su compañera Ana Vázquez dijo al ministro Marlaska: "Usted es un cobarde". Pero si les preguntas a ellos si eso es un insulto, dirán escandalizados que en absoluto. Lo mismo que harán los de Podemos con las palabras de Montero. Raramente los insultos se producen en el hemiciclo cuando un diputado pierde los nervios. Siempre forman parte de una estrategia política.

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