productor de sostenibilidadSDDR: No es burocracia, es falta de voluntad.
Leo a Antonio Cerrillo en La Vanguardia y me enciendo. El titular “La burocracia bloquea la implantación del retorno de envases usados al comercio” es un blanqueo a la jugarreta que está perpetrando la industria del envase de usar y tirar. Si me acompañas en los próximos párrafos te cuento qué está pasando con el SDDR en España.
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular establecía que, si no se cumplía los objetivos de recogida separada de botellas de plástico, “se implantará en todo el territorio en el plazo de dos años un sistema de depósito, devolución y retorno para estos envases que garantice el cumplimiento de los objetivos”.
Antes de que este requisito legal llegase al BOE estaba meridianamente claro que en España no se cumpliría el objetivo. Había avisos desde varios frentes. Como muestra traigo dos ejemplos. Los ecologistas, Greenpeace a la cabeza, advirtieron (en marzo de 2019) que España apenas recogía separadamente el 25% de los envases de plástico. Un trabajo científico, publicado en mayo de 2022, dejó el dato en un 15% demostrando que la estimación anterior era muy prudente.
La implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR) en España no es un capricho ecologista. Es una necesidad imperiosa. Por un lado, para mejorar la gestión de residuos. Por otro, para tratar de poner un poco de luz en los datos de recogida y reciclaje. Pero, sobre todo, para conseguir una atribución justa de los costes causados por los envases de usar y tirar.
Desde finales de la década de 1990, la legislación europea regula que quienes ponen en el mercado productos que con su uso generan residuos, deben asumir los costes de la recogida y gestión de esos residuos. Un trabajo de 2021, sobre estimaciones conservadoras, estima en 1700 millones de euros anuales el coste que el deficiente sistema de recogida residuos de envases traslada a los municipios españoles.
La industria del envase de usar y tirar se beneficia de este modelo insostenible de producción y consumo. Maximiza beneficios generando contaminación por plásticos. En vez de vender a granel productos de proximidad o utilizar vidrio reutilizable nos impone el plástico de usar y tirar. Entre otras cuestiones, este modelo de negocio afecta, cada vez más, a la salud de las personas. Tanto como para contar con su propia Directiva (UE) 2019/904 relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente. Un texto que España tiene que cumplir o parte de nuestro presupuesto irá a pagar las pertinentes sanciones.
Unión Europea que lleva décadas recordando a España que tiene que revisar los sistemas de responsabilidad ampliada del productor y recomendando la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno para mejorar la gestión de los residuos.
El diagnóstico está claro. Las soluciones también. Pero De la falta de transparencia pasamos a la desinformación ambiental, las fake news y el greenwashing, puestos al descubierto en 2018. O a la estrategia corporativa, evidenciada en la publicación de 2020: Hablan basura. El manual corporativo de soluciones falsas a la crisis del plástico elaborado por la Fundación Changing Markets. En el documento se exponen las estrategias para “Demorar, distraer y descarrilar: eso es lo que hacen las grandes compañías de la industria del plástico para obstruir y socavar las diferentes iniciativas legislativas que tratan de poner coto a uno de los sectores más contaminantes del planeta.”
La oposición a los SDDR en España nace con las obligaciones relativas a la responsabilidad ampliada del productor. Un año antes de la aprobación de la primera normativa sobre envases y sus residuos se crea Ecoembalajes España S.A. (ECOEMBES). Su logro es evitar que se adopte la opción preferente para la gestión de residuos de envases, el SDDR, haciendo de la excepción, el contenedor amarillo, la práctica generalizada. Una práctica que ha estado hipotecando la gestión de residuos durante tres décadas.
Para ello, entre otras cuestiones y de la mano de su hermano Ecovidrio, ha financiado cátedras universitarias, presuntas organizaciones sociales, actividades periodísticas, estudios e informes con los que manipular a la opinión pública. Y los procesos de toma de decisiones.
A pesar de todo ello la evidencia sale a la luz. Cualquier persona, con un mínimo de interés en la materia, es capaz de recopilar información que demuestra un desfase entre los datos de la industria y los de los flujos materiales de residuos de envases. O los errores de bulto en los informes con los que se manipula a quienes tienen la responsabilidad de legislar en favor del interés general.
Y así llegamos al “Informe relativo al cálculo de la recogida separada de botellas de plástico de un solo uso para bebidas en el año 2023”. En 2024 vino a zanjar la cuestión:
Se obtiene un porcentaje de recogida separada de botellas SUP para el año 2023 del 41,3%
A partir de aquí se aplica la previsión de la ley de residuos:
De acuerdo al porcentaje de recogida separada de botellas SUP para el año 2023, no se alcanzan los objetivos de recogida separada establecidos en el artículo 59 de la LRSCEC, para el año 2023 y, en consecuencia, se deberá implantar, en todo el territorio nacional y en el plazo de dos años, un sistema de depósito, devolución y retorno (en adelante SDDR).
Los envases sujetos al sistema SDDR, así como el procedimiento para la implantación del citado sistema se recogen en el artículo 47 del RDERE
En este punto hay que recordar que, para incluir la previsión sobre el SDDR, en la elaboración de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circula se tuvo que contemplar la pertinencia y viabilidad del SDDR.
Esto se hizo en 2021: Estudio de viabilidad de la implantación de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en España. Allí se podía leer, desde el punto de vista ambiental:
Todos los escenarios muestran resultados de valor negativo, es decir, todos muestran beneficios netos ambientales porque los ahorros/créditos de la recuperación de materiales son superiores a los impactos del sistema (consumos y emisiones directas del sistema).
Todos los escenarios SDDR tienen beneficios ambientales superiores a los beneficios ambientales de la gestión actual (SCRAP).
El estudio concluye que la implantación es viable y, en cuanto a los plazos, concreta: En referencia al calendario de implantación, se ha presentado una propuesta de 32 meses hasta la puesta en funcionamiento del sistema.
¿Por qué no tenemos un SDDR funcionando en España? No es por la burocracia. Es por la falta de voluntad. La industria del envase de usar y tirar está poniendo, sistemáticamente, palos en las ruedas.
En una aproximación esquizofrénica, unas veces dicen que el modelo actual de recogida es maravilloso, otras que no hay plástico recuperado suficiente para cumplir los objetivos de reciclaje. Sacan pecho de España como ejemplo en educación y conciencia ambiental, para luego acusarnos a los españoles de ser demasiado cortitos como para participar en la recogida de residuos con SDDR. Se ponen medallas sobre la capacidad de innovación y desarrollo, pero luego lloran sobre el reto logístico que implicaría el despliegue del SDDR. La distribución española líder en Europa pero no puede hacer algo que ya hacen Portugal o Croacia (entre otros muchos).
Los que se conforman con lo menos malo no se quedan atrás. A la hora de la verdad su único objetivo es un sillón calentito desde el que ver pasar la película tranquilamente. Los únicos intereses que defienden son los de su cuenta corriente. Por el camino enmierdan los debates y le hacen el caldo gordo a quien pueda asegurarles sus ingresos. Pero lo de aprovechar los recursos a su alcance para mover cambios reales no les interesa: podría generales algún enemigo incómodo en el futuro.
Con todo, lo más preocupante son los políticos y los responsables públicos con competencias en materia de gestión de residuos. Los hemos escuchado haciendo suyo el discurso de la industria. Expresando dudas y reticencias al cumplimiento de un requisito legal aprobado en virtud del interés general.
La jugarreta está clara: pase en corto y patadón p’alante. El requisito sobre el SDDR obligatorio ha llegado a la ley de una forma muy precaria. Promovido por personas con una sensibilidad ambiental que no abunda. Y que se puede torcer fácilmente con unas puertas giratorias. Es fácil negar que la actividad de una cuñada o un miembro del partido como asesores de Ecoembes influya en la situación que vive el reciclaje en España. Pero lo cierto es que la acción política genera serias dudas sobre si el SDDR llegará a implantarse aquí.
¿Qué pasaría si la industria consigue retrasar un poco más la implantación del SDDR? ¿Quizá hasta la próxima legislatura? ¿Quizá habría otros partidos en el gobierno? ¿Quizá alguno deseando revertir medidas que pueden tacharse fácilmente de imposiciones ecologistas?
Los profesionales de mantenerse en un sillón calentito tienen que nadar y guardar la ropa en un escenario en el que “lo que queda de legislatura” es un tiempo muy impreciso y cada vez más corto. Se cede un poco en una legislación que -en vez de solucionar el problema- materializa la opción retardista, se ponen las condiciones para que podamos controlar el proceso desde el despacho de un político afín a la causa y se hace descarrilar la medida cuando llegue el momento de aplicarla. Yo lo llamaría prevaricación, pero ni soy juez ni tengo capacidad para llevar ante uno a quienes están haciendo la jugarreta a la vista de todos.
Tenemos claro que la gestión de residuos genera unos costes que hay que pagar. Lo sencillo es trasladarlos a las arcas municipales a través del contenedor amarillo. Y que los alcaldes los repercutan a sus vecinos en forma de tasas de gestión de residuos. Legislar para que lo asuman quienes -en su modelo de negocio- deciden apostar por opciones que maximizan su beneficio perjudicando al resto, nos deja lejos del alcance de las puertas giratorias.
El reto es conseguir que el impacto (económico, ambiental, social y, sobre todo en la salud pública) de los residuos de envases de usar y tirar se refleje en el precio de compra de los productos envasados. Aumentar la oferta de productos locales y de temporada, frente a la imposición de productos insosteniblemente plastificados en cualquier lugar del planeta donde la fiscalidad, los derechos laborales o el respeto a las funciones ecosistemas no sean un coste.
Porque 1700 millones de euros al año son muchos euros. Pero si los repartimos entre cuarenta millones de españoles casi no se nota. No es una cuestión de burocracia. Es una cuestión de voluntad. Y la intención parece ser que los paguemos entre todos para que unos pocos se lo lleven calentito.
La cuestión es si vamos a seguir dejando que nos digan que llueve mientras nos están meando, o si somos capaces de exigir que se cumpla la legislación vigente. El SDDR es un requisito justo, necesario y viable, aprobado en favor del interés general y que debe aplicarse más pronto que tarde. La próxima vez que te pregunten, recuerda que son tu alcalde, su partido político y sus asesores, los que deciden si en con tu tasa de basuras subvencionas los beneficios de grandes corporaciones o si apuesta por un sistema de recogida que, cuando devuelves los envases vacíos, te permite recuperar el importe que pagas cuando compras productos envasados.
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