A 4 meses de estallido social el Gobierno no ha presentado ninguna reforma social en cambio ha presentado siete proyectos para reprimir manifestaciones
<p>A 4 meses de iniciado el estallido social, <strong>el Gobierno ha presentado siete proyectos destinados a la represión, en cambio con los proyectos sociales que demanda el pueblo, no se ha presentado ninguno</strong>.</p>
<p>El pasado lunes 17 de febrero, el Senado aprobó el proyecto de ley ingresado en noviembre pasado por el presidente Sebastián Piñera, el que busca <strong>aumentar las facultades de la presidencia para poder desplegar a las Fuerzas Armadas</strong> con el fin de defender la -<em>infraestructura crítica</em>- en casos de violencia. <strong>El proyecto permite al Presidente de turno un poder discrecional, y fuera de la normas actuales, para decretar la salida de los militares</strong>.</p>
<p>-<em><strong>Se define que la exención de responsabilidad penal aplicable para personal militar que defiende infraestructura crítica (legítima defensa, cumplimiento de un deber y cumplimiento de una consigna) debe adecuarse precisamente a lo que se determine en las reglas del uso de la fuerza que determine el Presidente de la República por decreto supremo expedido por el Ministerio de Defensa Nacional</strong></em>-, dice el texto ingresado por el gobierno en el Congreso. Se trata de un marco lo suficientemente amplio como para permitir serias restricciones a las libertades democráticas.</p>
<p>Tras la aprobación en el Senado, que <strong>contó con el apoyo de los senadores PPD y DC</strong>, la iniciativa legislativa pasará a la Cámara de Diputados para ser discutida y votada.</p>
<p>En caso de ser aprobada, se sumará a otras medidas represivas que ha impulsado el gobierno desde el estallido social que se inició el 18 de octubre, <strong>como la ley anti saqueos y la anti barricadas</strong>, las que fueron aprobadas el pasado 15 de enero y sólo están a la espera de su promulgación. Además de estas tres iniciativas existen al menos otras cuatro patrocinadas por el Ejecutivo que están a la espera de ser aprobadas, <strong>tales como la ley anti encapuchados, que busca endurecer las penas para quienes participen de actos de violencia con el rostro cubierto</strong>, la cual se encuentra actualmente en el Senado.</p>
<p>Asimismo, dentro de la agenda de seguridad pública de Sebastián Piñera, <strong>está en su primer prioridad del Senado el proyecto que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado</strong>, el que fue presentado en 2018 y actualmente se encuentra con discusión inmediata. En relación a esta, el gobierno anunció el pasado 12 de enero que <strong>presentará un proyecto que regule el derecho a reunión</strong>.</p>
<p>También en el Congreso se encuentra la modificación a la Ley de Partidos Políticos, la cual fue presentada por un grupo de parlamentarios oficialistas, pero patrocinada por el gobierno, que busca <strong>sancionar con la pérdida de financiamiento o la calidad de partido en caso de que las colectividades no condenen la violencia o la promuevan</strong>. A muchos, esto les recuerda el artículo 8º de la Constitución de Augusto Pinochet, eliminado con las reformas de 1989 que proscribía a partidos de orientación marxista.</p>
<p>Con esto a quedado claro que <strong>las prioridades del Gobierno no son las causas sociales y no se ven intenciones de que de verdad quieran solucionarlas</strong>. Más a quedado claro, <strong>dado los reciente casos de sobornos, robos y coimas que han afectado a casi todas las instituciones del Gobierno, que su unico objetivo es gobernar para beneficio de su bolsillo</strong>.</p>