Futuro mi CubaPagos digitales en Cuba: ¿por qué se sigue violando la ley y quién responde ante el pueblo?
Una práctica ilegal que se está volviendo costumbre
En la Cuba de hoy, cada vez son más los ciudadanos que enfrentan una situación tan cotidiana como preocupante: llegar a un establecimiento y encontrar que no se aceptan pagos electrónicos, o peor aún, que estos se limitan arbitrariamente según la conveniencia del negocio.
Lo que debería ser una práctica regulada y normalizada dentro del proceso de bancarización, se ha convertido en un espacio donde la ilegalidad comienza a percibirse como algo habitual.
Y ahí surge una pregunta inevitable:
👉¿cómo hemos llegado a este punto?
La ley es clara, pero su cumplimiento no lo es
El marco legal cubano no deja margen a la interpretación:
- La Resolución 111/2023 del Banco Central de Cuba regula el uso del efectivo
- El Decreto Ley 91/2024 establece sanciones por violaciones económicas
- Se promueve el uso obligatorio de pagos electrónicos mediante canales oficiales
Esto significa que:
✔️ El cliente tiene derecho a pagar electrónicamente
✔️ El comercio está obligado a facilitar ese pago
✔️ No pueden imponerse límites arbitrarios ni recargos
Sin embargo, en la práctica, estas normas no se están cumpliendo con la sistematicidad requerida.
Camagüey como ejemplo: cuando la excepción se convierte en regla
Lo que ocurre en la provincia de Camagüey ilustra con claridad esta problemática.
Se han identificado casos concretos:
🔥 La MIPYME Kanga acepta pagos mediante transferencias bancarias directas —no a través de pasarelas oficiales de pago en línea— y únicamente para operaciones de bajo volumen, estableciendo un límite de hasta 20,000 CUP. Además, restringe este método cuando se trata de compras de mayor escala o grandes volúmenes de un mismo producto.
🔥 Por su parte, una MIPYME ubicada en la ZETI también utiliza el mecanismo de transferencia directa a su cuenta, sin emplear el sistema de pago en línea, imponiendo un límite máximo de 10,000 CUP para este tipo de operaciones.
Un patrón común que distorsiona el sistema de pagos
En ambos casos se repite un patrón preocupante:
Se emplean mecanismos de pago electrónico a través de transferencias bancarias directas, pero no se facilita ni se muestra el uso de los códigos QR asociados a las pasarelas oficiales de pago en línea, que son los instrumentos establecidos para este fin.
Este elemento no es menor. El uso del pago en línea mediante QR fiscal no solo garantiza mayor transparencia en las operaciones, sino que además permite al cliente beneficiarse con una bonificación del 6 %, mientras que al prestador del servicio se le aplica una comisión aproximada del 1.5 %, la cual, al momento de la declaración jurada anual, se reconoce como gasto propio de la actividad económica.
La omisión de este mecanismo no solo limita los beneficios al consumidor, sino que distorsiona el uso correcto del sistema diseñado para el control y la equidad fiscal.
¿Problemas reales o incumplimiento deliberado?
Sería un error analizar este fenómeno sin tener en cuenta el contexto.
Existen dificultades objetivas:
✔️Inestabilidad en la conectividad
✔️Fallas en plataformas como Transfermóvil y EnZona
✔️Escasez de efectivo
✔️Distorsiones en la cadena de suministros
Estas tensiones son reales y afectan el funcionamiento de la economía.
Pero hay una línea que no puede cruzarse:
👉 ninguna dificultad justifica violar la ley ni afectar al consumidor
El trasfondo: evasión fiscal y economía paralela
Más allá de las justificaciones, en muchos casos el problema tiene un núcleo claro:
👉 la evasión fiscal
El uso de:
🏷️Transferencias a cuentas personales o no fiscales
🏷️Mecanismos fuera de las pasarelas oficiales
Restricciones arbitrarias de montos
permite ocultar ingresos y reducir obligaciones tributarias.
Esto genera un doble daño:
🧶Afecta los ingresos del Estado
🧶Rompe la equidad entre quienes cumplen y quienes no
Y, en última instancia, debilita el orden económico que el país necesita consolidar.
La pregunta clave: ¿dónde está la responsabilidad?
Aquí es donde el análisis debe elevarse.
No basta con señalar al actor económico.
Es necesario preguntarse:
📌¿Quién controla?
📌¿Quién supervisa?
📌¿Por qué estas prácticas persisten si están claramente identificadas?
Si bien existen inspecciones y sanciones —y se han cerrado establecimientos por estas causas—, la realidad demuestra que:
👉Las violaciones continúan
👉Los mecanismos de control no siempre actúan con la eficacia necesaria
👉Se genera una percepción de impunidad
Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser individual y pasa a ser estructural.
El costo lo paga el pueblo
Cada vez que un negocio niega o limita el pago digital:
💥Se restringe el acceso a productos
💥Se obliga al ciudadano a buscar efectivo
💥Se pierde tiempo, dinero y tranquilidad
💥Se genera desigualdad
En pocas palabras:
✍️el costo de la ineficiencia y la ilegalidad recae sobre el pueblo
✍️Orden, control y conciencia: una necesidad urgente
Para revertir esta situación se requiere una acción coherente en tres niveles:
✔️ Institucional
🏷️Mayor rigor en la supervisión
🏷️Aplicación efectiva de sanciones
🏷️Seguimiento sistemático a los infractores
✔️ Económico
📌Corrección de distorsiones en la cadena de pagos
📌Mayor estabilidad tecnológica
📌Fortalecimiento del proceso de bancarización
✔️ Ciudadano
💪Conocimiento de los derechos
💪Exigencia de su cumplimiento
Denuncia responsable
Conclusión: la ley no puede ser opcional
La bancarización es una herramienta clave para:
✔️La transparencia
✔️El control económico
✔️La justicia social
Pero su efectividad depende de algo esencial:
🧶el cumplimiento real de la ley
Permitir que cada actor económico establezca sus propias reglas, como ocurre en casos observados en Camagüey, es abrir la puerta a una economía donde la legalidad se vuelve relativa.
Y eso no puede ser compatible con el modelo de justicia social que defendemos.
