¿Puede una empresa ir a la cárcel?

En Venezuela, la regla general es que solo las personas naturales responden penalmente. Sin embargo, en ciertos delitos las personas jurídicas pueden recibir multas, clausuras o incluso disolución, mientras sus directivos enfrentan responsabilidad penal directa.

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FGR recupera efectivo y confirma responsabilidad en caso de la «Estafa Maestra»

FGR obtuvo reparación millonaria de Ricardo Mejía Zayas y José Francisco Monroy Gaytán, y confirmó responsabilidad penal en convenio irregular.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la reparación del daño por casi 63 millones de pesos tras concluir un proceso penal contra un ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y un rector universitario, vinculados al caso conocido como La Estafa Maestra.

La institución, que dirige la senaadora con licencia de Morena, Enrnestina Godoy, señaló que ambos firmaron un convenio con anomalías que afectaron recursos públicos. Las autoridades precisaron que el monto quedó plenamente acreditado como perjuicio al Estado Mexicano.

Los imputados fueron identificados como Ricardo Mejía Zayas y José Francisco Monroy Gaytán, quienes ocuparon cargos directivos en la entonces Sedesol y en la Universidad Intercultural del Estado de México. Las investigaciones confirmaron que sus funciones permitieron la celebración del convenio cuestionado. Los registros oficiales indicaron que su intervención comprometió recursos federales.

El acuerdo se suscribió sin garantizar las condiciones más favorables para el Estado, de acuerdo con la carpeta judicial. Las evaluaciones técnicas mostraron que la universidad involucrada subcontrató la totalidad de los servicios pactados con la dependencia federal. Los dictámenes revelaron que los servicios se adquirieron a un costo inferior, lo que generó un perjuicio directo a la hacienda pública federal.

Convenio bajo investigación

La FGR explicó que la cifra establecida como reparación ascendió a 62 millones 877 mil 192 pesos, resultado de la diferencia entre el monto pagado y el costo real de los servicios. Las autoridades detallaron que esta operación formó parte de las prácticas asociadas al esquema conocido como La Estafa Maestra. El análisis ministerial determinó que existió un uso indebido de atribuciones en la firma del convenio.

El Ministerio Público Federal integró pruebas documentales y periciales para sostener la acusación ante el juez. Los indicios incluyeron contratos, reportes financieros y comparativos de costos. La autoridad judicial evaluó cada elemento y concluyó que se acreditó la responsabilidad penal de los involucrados.

Los funcionarios obtuvieron beneficios legales previstos en el Código Penal Federal, aunque condicionados al pago total de la reparación económica. El juzgado estableció que este requisito constituía un elemento indispensable para acceder a los sustitutivos. La resolución precisó que el Estado Mexicano debía recuperar íntegramente los recursos afectados.

Fallos y obligaciones

Las autoridades ministeriales supervisaron el cumplimiento de las obligaciones dictadas por la sentencia. La FGR confirmó que el monto quedó garantizado, tal como lo ordenó la autoridad judicial. El proceso avanzó hacia su conclusión una vez establecido el resarcimiento.

El caso reforzó los mecanismos de revisión aplicados por la FGR en investigaciones sobre irregularidades administrativas. Los expedientes mostraron la forma en que decisiones institucionales afectaron el patrimonio público. Los dictámenes finales subrayaron la necesidad de verificar cada convenio suscrito con instituciones educativas.

La resolución judicial también permitió documentar el esquema de subcontrataciones observado en la universidad estatal. Las autoridades establecieron que este sistema disminuyó la calidad y el valor del servicio contratado originalmente. El análisis ministerial determinó que la operación afectó los principios de eficiencia administrativa. –sn–

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No más impunidad en Coahuila, la tragedia en El Pinabete no quedará impune: Mejía Berdeja

No debe haber olvido, ni impunidad en una tragedia que enlutó a todo el país”.  La justicia local en Coahuila está inmóvil ante la responsabilidad penal de quienes operaban esta mina de manera irregular. Régulo Zapata Morales, uno de los responsables del siniestro en “El Pinabete”.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja exigió justicia plena para las víctimas y los familiares de la tragedia minera ocurrida el 3 de agosto del año 2022 en “El Pinabete”, en Sabinas, Coahuila, donde diez trabajadores perdieron la vida tras el colapso de un pozo de carbón.

“A más de tres años de los hechos, es inadmisible que la Fiscalía de Coahuila no haya judicializado la carpeta de investigación por homicidio. No debe haber olvido, ni impunidad en una tragedia que enlutó a todo el país”, sostuvo el legislador por el Partido del Trabajo (PT).

Mejía Berdeja, quien también preside la comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, recordó que el gobierno federal ha invertido más de 2 mil 200 millones de pesos para recuperar los cuerpos de los trabajadores atrapados, lo que representa —dijo— “una muestra clara del compromiso humanista del Estado mexicano a cargo de la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo”. Sin embargo, lamentó que la justicia local en Coahuila esté inmóvil ante la responsabilidad penal de quienes operaban esta mina de manera irregular.

Zapata Morales

En este sentido, Mejía Berdeja denunció que –al menos– once empresas beneficiadas con contratos de suministro de carbón otorgados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) están vinculadas directa o indirectamente con Régulo Zapata Morales, uno de los presuntos responsables del siniestro en “El Pinabete”.

“Es indignante que se premie con contratos millonarios a los mismos personajes implicados en una tragedia que costó vidas humanas. Hay impunidad porque se protege a Régulo Zapata, al alcalde de Sabinas, al secretario del Ayuntamiento y a otros funcionarios locales”, señaló.

El legislador por Coahuila, Ricardo “El Tigre” Mejía, subrayó que esta red de complicidades ha impedido que la carpeta de investigación avance, pese a las evidencias que apuntan a negligencia y omisiones criminales de las autoridades de aquella entidad, que dirige el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Exigen justicia

“La carpeta está archivada. No se puede tolerar que se le otorguen contratos al homicida de El Pinabete. No vamos a dejar de señalar, ni de exigir justicia, hasta que este caso se limpie y los responsables enfrenten la ley”, enfatizó.

Mejía Berdeja afirmó que la tragedia de El Pinabete es un recordatorio doloroso de la corrupción, el abandono institucional y la falta de supervisión en la industria minera de Coahuila, donde por años se han permitido prácticas ilegales que ponen en riesgo la vida de cientos de trabajadores y sus familias.

“El carbón no puede seguir manchado de sangre. Las familias mineras de Coahuila merecen respeto, justicia y condiciones dignas de trabajo. No podemos permitir que la impunidad se normalice ni que las tragedias se olviden con el tiempo”, subrayó.

Espera de respuesta

Mejía Berdeja reiteró que desde el Congreso de la Unión impulsará acciones de fiscalización, auditorías y reformas que garanticen mayor transparencia en las licitaciones de carbón y la rendición de cuentas de los funcionarios involucrados.

“No es un tema político, es un tema de humanidad. Las familias no pueden seguir esperando justicia tres años después. Si no hay respuesta, promoveremos que la Fiscalía General de la República atraiga el caso para que no quede en la impunidad”, advirtió.

Asimismo, exhortó a los integrantes del Poder Judicial del Estado de Coahuila a no ceder ante presiones políticas y a actuar con independencia, garantizando los derechos de las víctimas y el debido proceso legal.

Nueva etapa de justicia

Finalmente, Mejía Berdeja reafirmó su compromiso con las familias de los mineros y con la búsqueda de la verdad, destacando que la Cuarta Transformación ha abierto una nueva etapa de justicia social, donde los intereses económicos no deben estar por encima de la vida humana.

“El México del pasado, donde los poderosos eran intocables, ya no puede existir. No descansaremos hasta que los responsables de El Pinabete enfrenten la justicia y se garantice que nunca más una familia minera sufra esta tragedia”, concluyó Ricardo “El Tigre” Mejía. –sn–

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