En este 2026 se tipificará el delito de reclutamiento forzado en México: Mejía Berdeja

Sancionar a criminales que, mediante engaños, redes sociales o falsas ofertas de trabajo, obligan a jóvenes a integrarse a actividades delictivas.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja reconoció que en este 2026 se consolidará la reforma al Código Penal Federal para establecer como delito específico el reclutamiento forzado, más allá de conductas delincuenciales como la trata de personas o la corrupción de menores, ya incluidas en el catálogo normativo.

“El caso (del asesino de) Carlos Manzo, (una persona de) 17 años. O sea, a lo mejor ese joven que ya no vive, que delinquió un delito muy grave, este, a lo mejor fue reclutado de esa manera”, expresó en entrevista el legislador federal por el Partido del Trabajo (PT).

https://youtu.be/uQ5VQqARpqA?t=244

Ricardo “El Tigre” Mejía Berdeja recordó que sus dos iniciativas ya fueron turnadas a la Comisión de Justicia, propuestas que buscan sancionar con penas más severas a organizaciones criminales que, mediante engaños, redes sociales o falsas ofertas de trabajo, obligan a jóvenes a integrarse a actividades delictivas como informantes, halcones o sicarios.

El legislador petista por Coahuila precisó que el reclutamiento forzado es un delito distinto a la trata de personas y a la corrupción de menores, ya que no se trata del uso del cuerpo con fines de explotación, sino de la coacción para cometer actos criminales.

Subrayó que la ausencia de una figura penal específica ha permitido que los responsables evadan la justicia, por lo que insistió en la urgencia de cerrar ese vacío legal y evitar beneficios para los delincuentes.

Agregó que las propuestas, que iniciarán con su discusión en próximos días, cuentan con la voluntad política en la Comisión de Justicia para avanzar en la dictaminación, y reconoció que otras fuerzas políticas han presentado iniciativas similares, lo que ha generado un consenso creciente sobre la necesidad de tipificar este delito. Indicó que las penas propuestas se ubican en rangos comparables a las de la extorsión y el secuestro, con sanciones que podrían alcanzar varias décadas de prisión.

En materia de seguridad pública, Ricardo “El Tigre” Mejía reiteró su llamado a combatir la extorsión, especialmente contra migrantes que regresan al país durante este periodo vacacional y recordó que la ley antiextorsión contempla penas de hasta 42 años de prisión para elementos de corporaciones de seguridad que incurran en este delito, e invitó a las víctimas a utilizar la denuncia anónima al 089 para documentar y sancionar estos hechos.

Mejía Berdeja también adelantó que continuará impulsando reformas en favor de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la revisión de los plazos en el buró de crédito y el fortalecimiento de derechos de los consumidores. Afirmó que el trabajo parlamentario y la negociación han permitido mejorar iniciativas del Ejecutivo y reiteró que seguirá promoviendo cambios legales orientados a la justicia social, la protección de la juventud y el fortalecimiento del Estado de derecho. –sn–

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Congreso mexiquense analiza paquete de seguridad y desapariciones

Ingresaron iniciativas de seguridad y búsqueda enviadas por Ejecutivo mexiquense.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

La Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Estado de México dio entrada a iniciativas del Ejecutivo estatal. El paquete fue enviado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Las propuestas buscaron fortalecer seguridad pública y búsqueda de personas.

Los proyectos se orientaron a actualizar atribuciones policiales e investigación de delitos. También plantearon reforzar mecanismos de localización de personas desaparecidas. El trámite legislativo se realizó durante sesión ordinaria.

Diputados coincidieron en que las iniciativas respondieron al contexto de violencia e inseguridad. El diagnóstico se vinculó con percepción social en la entidad. Las propuestas quedaron turnadas para análisis.

Marco de seguridad

Uno de los proyectos planteó ampliar la participación en la investigación del delito. Además del Ministerio Público, intervendrían la Secretaría de Seguridad y corporaciones policiales estatales y municipales. La actuación se definió dentro de competencias legales.

La iniciativa fue leída por la diputada Krishna Karina Romero Velázquez, del Partido Acción Nacional. El documento propuso armonizar la Constitución local con la federal. También incorporó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El esquema concibió la seguridad como función concurrente entre Federación, estado y municipios. El modelo integró persecución del delito y atención a causas. Incluyó recuperación de espacios públicos y generación de oportunidades.

Mesas de paz

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 71.3 por ciento de población mexiquense identificó la inseguridad como problema central. El dato se incorporó al análisis legislativo. El contexto sustentó las reformas.

Un segundo bloque fue leído por la diputada Maricela Beltrán Sánchez, de Movimiento Ciudadano. La propuesta reconoció a las mesas de paz como instancias formales de decisión ejecutiva. El planteamiento buscó coordinación inmediata.

Las mesas serían presididas por la persona titular del Ejecutivo estatal. Sesionarían de manera ordinaria en días hábiles. Sus funciones incluirían atención a causas de violencia y construcción de paz. –sn–

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Buscan frenar violencia en hoteles capitalinos

Reformas avanzaron para fortalecer vigilancia y prevenir agresiones en hospedajes. Impulso legal en hospedajes.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Eréndira Cruzvillegas Fuentes, consejera jurídica capitalina, presentó un paquete de reformas que buscaba reforzar la vigilancia en hoteles y moteles mediante nuevas obligaciones operativas, y explicó que esa propuesta respondía al aumento de hechos violentos en espacios de hospedaje.

La funcionaria capitalina indicó que el 15.2 por ciento de los feminicidios registrados en la capital ocurrió dentro de hoteles, y señaló que ese dato impulsó una estrategia conjunta con el gobierno federal y organismos internacionales. También afirmó que el sector hotelero participó en la elaboración de los lineamientos para elevar los controles internos y reducir riesgos.

La consejera expuso que la iniciativa integraba cuatro modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles, y precisó que estas comprendían ajustes a los artículos 23, 31 y 68. Añadió que también se incorporaba una adición al artículo 66 para fortalecer la supervisión de entradas y salidas. Indicó que con estas reformas se pretendía establecer mecanismos de control más estrictos mediante registros confiables y sistemas de identificación válidos.

La funcionaria explicó que la propuesta incluía la conexión de cámaras al C5 en accesos, áreas comunes y estacionamientos, y que esa medida permitiría una vigilancia continua. Dijo que también se integrarían protocolos obligatorios para prevenir feminicidios y trata de personas, junto con capacitación para el personal. Añadió que cada hotel tendría un botón de emergencia enlazado con autoridades para activar respuestas inmediatas.

Lineamientos de registro

Cruzvillegas informó que el artículo 23 planteaba el registro de niñas, niños y adolescentes que ingresaran a hoteles, e indicó que debía asentarse el vínculo con la persona adulta acompañante. Explicó que ese procedimiento permitiría detectar casos de trata o explotación infantil. Subrayó que los establecimientos tendrían la obligación de identificar situaciones de riesgo, como mujeres que llegaran después de una agresión, y que deberían notificarlas de forma inmediata.

La iniciativa señaló que cada huésped debía registrar su nombre completo y domicilio, y que además se incluirían los horarios de entrada y salida. Indicó que también se almacenarían las placas de los vehículos o motocicletas utilizados para el acceso. Señaló que los hoteles estarían obligados a contar con seguridad privada certificada y realizar revisiones periódicas para fortalecer el control interno.

La consejera explicó que la propuesta requería instalaciones con personal capacitado para detectar conductas irregulares, y afirmó que esto permitiría intervenir antes de que ocurrieran hechos violentos. Indicó que el proyecto integraba supervisiones permanentes para garantizar el cumplimiento de la ley. Añadió que esas medidas buscaban cerrar brechas que facilitaban delitos en centros de hospedaje. –sn–

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El ministro de Economía, Rachel Reeves, promete ahorrar £6.000 millones a las empresas eliminando papeleo innecesario, pero los conservadores lo consideran una propuesta "no remotamente seria".

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Más info: https://nbes.blog/el-compromiso-de-reeves-para/

SCJN refuerza derechos y seguridad vial en México

La SCJN fortaleció la protección de personas con discapacidad y validó medidas de seguridad vial.

Por Martín García | Reportero                                      

Los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmaron su compromiso con los derechos humanos al reconocer que las personas con discapacidad son titulares plenos de derechos. La decisión se adoptó durante la sesión del 6 de octubre de 2025, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 181/2024 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Con esta resolución, la SCJN invalidó el séptimo párrafo del artículo 145 del Código Civil de Veracruz, que permitía que, en casos de divorcio, personas mayores de edad con discapacidad quedaran bajo tutela de sus excónyuges. La Corte determinó que esta disposición vulneraba la autonomía y el derecho a la capacidad jurídica de dichas personas.

El fallo estableció que las figuras de interdicción y tutela limitaban indebidamente la capacidad jurídica, lo que contravenía los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La Corte recordó que ambas figuras quedaron derogadas con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en 2023.

Derechos y autonomía reconocidos

El Pleno concluyó que el Congreso del Estado de Veracruz carecía de competencia para legislar en materia procesal civil, ya regulada por el ordenamiento nacional. Por ello, la disposición estatal fue declarada inválida. Con esta decisión, la Corte consolidó el principio de igualdad y no discriminación hacia las personas con discapacidad.

La sentencia representó un avance significativo hacia la eliminación de normas que restringían derechos fundamentales. El criterio adoptado refuerza el deber de las autoridades locales de adecuar sus leyes a los parámetros del nuevo Código Nacional. Asimismo, se ratificó la obligación del Estado mexicano de garantizar la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida pública.

La SCJN señaló que toda medida de tutela debe atender al respeto de la voluntad y preferencias de las personas involucradas. La decisión sienta un precedente relevante que fortalece el acceso a la justicia y el reconocimiento de la capacidad jurídica plena sin discriminación alguna.

Este fallo se suma a los esfuerzos nacionales por consolidar un marco jurídico incluyente y coherente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por México en 2007.

Movilidad y seguridad en Puebla

En la misma sesión, el Pleno de la Corte protegió la seguridad vial de la población al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 1/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. El tribunal validó disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla que obligan a los automovilistas a contar con un seguro de responsabilidad civil.

La Corte determinó que esta obligación es legítima, pues busca garantizar la reparación del daño a terceros y fortalecer la protección de las víctimas de accidentes de tránsito. El Pleno también consideró constitucional la imposición de multas a quienes incumplan con la contratación del seguro.

Sin embargo, los ministros declararon inconstitucional el artículo 168 de dicha ley, que contemplaba la cancelación de la licencia de conducir hasta por diez años por no contar con seguro. La sanción fue considerada desproporcionada y contraria a los principios de equidad y razonabilidad jurídica.

Por otro lado, la SCJN avaló el artículo 127 de la misma norma, que establece la suspensión de un año de la licencia para quienes conduzcan en estado de ebriedad. El Pleno concluyó que esta medida resultaba adecuada y proporcional para proteger la vida y la integridad de las personas en la vía pública. –sn–

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Crean agencia federal para trenes y transporte público

Agencia operará con autonomía y patrimonio propio.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

Es oficial: la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado será un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, tendrá autonomía técnica y de gestión, y estará sectorizada a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, encabezada por Jesús Antonio Esteva Medina.

Así lo estableció el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025. El documento entró en vigor un día después.

Planeación, regulación, construcción

La nueva agencia federal tendrá atribuciones para planear, construir, modernizar, conservar, regular, supervisar, fomentar y diseñar el sistema ferroviario nacional. También abarcará el transporte multimodal y su integración con el transporte público urbano.

Entre sus funciones destaca la coordinación para construir vías férreas y adquirir equipo rodante. Tendrá la capacidad de ejecutar proyectos estratégicos en todo el país, con visión de largo plazo.

La creación de la agencia refuerza el papel del Estado como rector del servicio ferroviario y recupera su función en la planeación, regulación y supervisión del sector.

Con ello, el transporte ferroviario de pasajeros será reactivado, y el servicio de carga podrá ampliarse como parte de la red nacional de conectividad.

Interés público y patrimonio nacional

De acuerdo con el decreto, la agencia podrá administrar, conceder y vigilar los bienes nacionales destinados al sistema ferroviario. Las vías férreas seguirán siendo parte del dominio público de la Federación.

Se garantiza así que los recursos estratégicos permanezcan bajo control estatal, y se proteja el patrimonio colectivo frente a intereses privados.

El Ejecutivo federal deberá constituir formalmente el organismo dentro de los 90 días hábiles siguientes a la publicación del decreto.

Reformas legales complementarias

El marco legal fue ajustado mediante reformas a otras leyes, como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. También se modificó la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De igual manera, se actualizaron la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley General de Bienes Nacionales, en materia ferroviaria y de armonización normativa.

Estas adecuaciones legislativas buscan dar certeza jurídica a las nuevas atribuciones del Estado en materia de trenes y transporte público. –sn–

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