Nueva Ley de Aguas aprobada por el Congreso de la Unión restaura control del Estado: Mejía Berdeja

Había acaparamiento de miles de concesiones entregadas sin regulación. El PRIAN intentó  bloquear la reforma para sostener el esquema de privilegios. Hoy, se ordena, vigila y se recuperan los acuíferos de todo el país a favor del pueblo.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

En el marco del aniversario del séptimo aniversario de la Transformación del país, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja afirmó que la reciente aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales por el Congreso de la Unión representa un avance histórico para el país, al reconocer el agua como un derecho humano y restituir la rectoría del Estado sobre los recursos hídricos.

A través de un video colocado en sus redes sociales, Ricardo “El Tigre” Mejía señaló que esta decisión legislativa corrigió décadas de abuso y descontrol derivados de la reforma de 1992, impulsada por el gobierno de Carlos Salinas, que permitió la dispersión y el acaparamiento de miles de concesiones entregadas en todo el país sin regulación; por lo que puntualizó que dichos actos provocaron presiones severas sobre ríos, cuencas y mantos acuíferos en perjuicio de millones de familias mexicanas.

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Mejía Berdeja, quien preside la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados afirmó que con este nuevo marco jurídico “la nación recuperó el control de sus recursos hidráulicos”, lo que ha generado una enorme inconformidad en las bancadas del PRI y el PAN.

Explicó que ambos partidos insistieron en bloquear la reforma para sostener el esquema de privilegios que mantuvo durante décadas la administración del agua en manos de unos cuantos. Sostuvo que la transparencia y el interés público guiaron cada artículo de la Ley, pese a los intentos de frenar su votación mediante tácticas parlamentarias.

Principales demandas

Ricardo “El Tigre” Mejía informó que el dictamen garantiza una de las principales demandas del sector agrario: la posibilidad de transmitir derechos de agua a terceros. Aclaró que un ejidatario podrá heredar o transferir el recurso a su familia o a su núcleo agrario sin perder vigencia. Además, precisó que esta definición jurídica vincula el binomio “tierra-agua”, de modo que toda transferencia de dominio mantendrá asociada su concesión hasta cumplir el plazo autorizado y permitiendo posteriores gestiones de ampliación.

Agua en Mexico

Mejía Berdeja desmintió categóricamente que la nueva Ley prohíba una transmisión de tierras con sus derechos de agua, como difundieron legisladores del PRI y el PAN; además, el legislador petista argumentó que esa versión fue una estrategia para desinformar a productores, campesinos y organizaciones rurales. Explicó que, por el contrario, el diálogo directo con estos grupos permitió incorporar mejoras sustanciales al proyecto original y fortalecer garantías para núcleos agrarios.

El legislador agregó que cuando la oposición quedó sin argumentos, recurrió a la exigencia de una consulta a pueblos originarios, aún cuando la propia Ley establece que toda decisión que los afecte deberá ser consultada conforme a la Constitución. Señaló que ese recurso fue empleado con fines dilatorios y sin un sustento jurídico real. Afirmó que se trató de una postura contradictoria, especialmente por parte de partidos que históricamente ignoraron las necesidades de las comunidades indígenas.

Episodios de violencia

Mejía Berdeja, ex subsecretario en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, recordó episodios de violencia como Acteal, Aguas Blancas y San Salvador Atenco para evidenciar, dijo, la falta de compromiso de los gobiernos del PRI y del PAN con los derechos de los pueblos originarios. Por el contrario, cuestionó que ahora hayan intentado presentarse como sus defensores, pese a que ninguna de sus bancadas tiene representación indígena. Subrayó que el Partido del Trabajo (PT) y Morena sí integran legisladores provenientes de comunidades.

El legislador federal por Coahuila retomó palabras del legislador federal José Luis Sánchez, quien calificó esa postura opositora como “indigenismo de opereta”. Explicó que, al señalar que la Ley violaba la Constitución, los partidos de oposición fueron exhortados a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Recordó que para ello se requieren 166 firmas, una cifra que PRI y PAN no alcanzan, pues juntos apenas superan medio centenar de diputaciones.

En este contexto, Mejía Berdeja reiteró que la reforma aprobada moderniza el sistema de administración del agua y dota al Estado de instrumentos claros para planificar, regular y proteger los recursos hídricos del país. Subrayó que esta nueva arquitectura legal permitirá corregir rezagos, evitar abusos y garantizar el acceso equitativo al agua como un derecho fundamental. Dijo que el dictamen asegura un equilibrio entre necesidades sociales, productivas y ambientales.

Capacidades institucionales

El legislador enfatizó que el país requería una legislación que pusiera fin al modelo privatizador instaurado en la década de los años noventa y que fortaleciera las capacidades institucionales frente a la crisis hídrica. Indicó que la nueva Ley responde a ese propósito mediante estrategias de ordenamiento, vigilancia y recuperación de acuíferos, todo a favor del pueblo de México.

Mejía Berdeja sostuvo que el trabajo legislativo continuará con leyes secundarias y ajustes complementarios para asegurar la correcta implementación y, explicó que, el Congreso deberá dar seguimiento puntual a la actualización de concesiones, la integración de padrones, el monitoreo de cuencas y el fortalecimiento de organismos operadores. Aseguró que el grupo parlamentario del PT acompañará cada etapa para evitar retrocesos. –sn–

Ricardo Mejia Berdeja

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Hoy terminan los bloqueos por Ley de Aguas: Segob

Reunión en Bucareli impulsa retiro de bloqueos. La funcionaria informó acuerdos y productores aceptaron liberar carreteras. La Segob confirma acuerdos finales.


Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, indicó que los últimos bloqueos relacionados con la nueva Ley de Aguas avanzaron hacia su conclusión mediante negociaciones directas con productores agrarios, y señaló que la dependencia sostuvo reuniones que permitieron fijar compromisos verificables con los inconformes.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la funcionaria explicó que la sesión realizada en Bucareli derivó en la firma de una minuta que estableció el retiro inmediato de los cierres viales, y afirmó que la autoridad federal observó señales favorables durante la noche previa respecto a la liberación de tramos afectados. Rodríguez añadió que el acuerdo incluyó mensajes difundidos por los propios manifestantes en los que se anunció el fin de su movilización nacional.

La encargada de la política interna, quien encabezó la Mañanera del Pueblo en representación de la presidente Claudia Sheinbaum, indicó que la Segob mantuvo comunicación constante con los grupos que cuestionaron la reforma y sostuvo que la dependencia apostó por el diálogo como vía principal de resolución. La funcionaria recordó que productores y transportistas habían asumido compromisos previos para evitar nuevas movilizaciones, y afirmó que la autoridad federal registró diferencias entre lo pactado en mesa y lo expresado después por ciertos colectivos. Señaló que la institución continuó abierta a recibir peticiones formales de intervención para encauzar demandas sectoriales.

Rodríguez subrayó que la dependencia confió en la palabra de quienes cumplieron los acuerdos establecidos, y mencionó que la Segob mantuvo un seguimiento puntual sobre cada uno de los puntos comprometidos durante las mesas de atención. La responsable de la política interna indicó que la prioridad consistió en garantizar la seguridad en las carreteras, y reiteró que se sostuvo comunicación constante con actores locales para evitar nuevos cierres. También precisó que la institución sostuvo espacios de diálogo disponibles para cualquier grupo que solicitara participación federal.

Aprobación exprés en el Senado

La nueva Ley de Aguas avanzó en el Senado pocas horas después de su aprobación en la Cámara de Diputados, y la alianza integrada por Morena y los partidos Partido Verde (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) obtuvo 85 votos a favor y 36 en contra. El bloque mayoritario impulsó que la minuta enviada por los diputados se discutiera de manera directa en el Pleno, lo que permitió omitir el proceso de revisión en comisiones, y esto provocó un choque inmediato con la oposición parlamentaria. Legisladores inconformes señalaron que el procedimiento modificó la deliberación habitual, y cuestionaron la rapidez con la que se concretó el trámite.

La minuta llegó al Senado y se presentó de inmediato ante el Pleno, después de que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López, aseguró que la mayoría se encontraba conforme con el dictamen aprobado en San Lázaro. Durante la sesión, integrantes de Morena exhibieron carteles que afirmaban que el agua debía asumirse como un bien vital, y los grupos opositores respondieron con mensajes que acusaron al oficialismo de afectar al campo. Las bancadas expresaron sus diferencias mediante consignas visibles desde los escaños durante toda la discusión. –sn–

Rosa Icela Rodriguez

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Congreso aprueba reforma y crecen acusaciones por concesiones

Aprobación legislativa provocó choques políticos y encendió acusaciones por control del agua.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Nacional de Aguas en lo general y en lo particular, y la sesión registró acusaciones directas de traición a la patria contra el bloque oficialista. La bancada de Morena aseguró que no fallaría a los campesinos y defendió su voto como compromiso con derechos agrarios. En tribuna también advirtieron que el llamado cartel inmobiliario debía vigilarse tras la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República (FGR).

Ambos bloques parlamentarios se acusaron mutuamente del acaparamiento de agua en distintas regiones del país. La discusión acumuló cerca de 28 horas entre comisiones y el pleno, con más de 475 reservas presentadas en lo particular a lo largo de 18 horas consecutivas. La votación final cerró con 324 sufragios a favor, 118 en contra y dos abstenciones, lo que permitió que la reforma pasara al Senado para su revisión constitucional.

Morena y sus aliados presentaron 18 reservas que sumaron 68 modificaciones al dictamen, aunque la oposición afirmó que se trataba de cambios de forma y no de fondo. Legisladores del PRI y del PAN insistieron en que no se acreditó una consulta libre, previa e informada hacia pueblos indígenas, obligación establecida en el artículo 2 de la Constitución. Las bancadas opositoras recalcaron que el incumplimiento de ese requisito debilitó la legitimidad del procedimiento legislativo.

Ajustes legislativos

En las reservas del artículo 22, Morena subrayó que los derechos incluidos en concesiones y asignaciones no serían transmisibles. Indicaron que los derechos preferentes derivados de la transmisión de propiedad, fusión o escisión de sociedades y derechos sucesorios serían reasignados conforme al artículo 37 Bis 1. La redacción pretendió reforzar el control institucional sobre la distribución del recurso hídrico.

El artículo 24 amplió el plazo para solicitar prórrogas de concesiones o asignaciones para quienes lo hicieran entre los tres años previos a su vencimiento y hasta seis meses antes de su expiración. El dictamen inicial contemplaba una solicitud durante dos años previos, criterio que fue considerado restrictivo por el bloque oficialista. La ampliación buscó dar certeza a usuarios productivos con títulos próximos a concluir.

El artículo 40 reconoció formalmente a los sistemas comunitarios de agua y saneamiento ubicados en zonas fuera del área de operación de servicios municipales, intermunicipales o metropolitanos. Este reconocimiento permitió que dichas comunidades brindaran y gestionaran el servicio de agua potable bajo reglas claras. Legisladores afirmaron que esta medida respondía a prácticas tradicionales de gestión en regiones rurales.

Penalidades y posiciones políticas

Otra modificación importante fue la del artículo 123 Bis 3, que elevó de tres a cinco meses la multa por trasladar aguas nacionales con fines de lucro sin autorización cuando la cantidad fuera menor a 50 mil litros. Además, incrementó de cien a doscientas Unidades de Medida y Actualización (UMA) la sanción administrativa correspondiente. Para cantidades superiores, se estableció prisión de seis a ocho meses y sanciones de mayor alcance para servidores públicos que autorizaran actos irregulares.

El coordinador morenista Ricardo Monreal presentó las reservas y afirmó que Morena nunca traicionaría a los campesinos de México. Indicó que los derechos de ejidos y comunidades estaban respaldados, y que el binomio tierra-agua permanecía protegido en toda la reforma. Señaló que la información difundida sobre riesgos a concesiones productivas era falsa.

El legislador también sostuvo que la reforma buscaba enfrentar a acaparadores de agua que concentraron tierras y construyeron presas ilegales. Aseguró que provenía del campo y que su bancada no comprometería los derechos agrarios. Subrayó que la movilización social generada contra la reforma se derrumbó tras analizar el contenido del dictamen. –sn–

camara de diputados

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Cámara de Diputados mantiene discusión sobre reforma hídrica

Deliberación legislativa continúa y productores exigen cambios. Avance del proceso.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La propuesta enviada por el Poder Ejecutivo en materia de derecho y aprovechamiento del agua permaneció en revisión y siguió abierta a cambios, informó la presidente de la Cámara de Diputados Kenia López Rabadán a los medios. La legisladora señaló que el debate debía completarse en comisiones y posteriormente en el Pleno. Indicó que la ruta legislativa contempló ajustes pendientes para construir un dictamen consensuado.

La Mesa Directiva remitió a la comisión dictaminadora la minuta de la reunión sostenida con productores agropecuarios de 11 entidades federativas. La presidente explicó que dicho encuentro permitió integrar observaciones de diversos sectores productivos. Añadió que el documento contenía planteamientos que debían añadirse al análisis técnico.

La diputada recordó que hace días se anunciaron más de 50 modificaciones al proyecto original. Señaló que a esas propuestas se sumarían nuevas aportaciones entregadas en la minuta de trabajo. Sostuvo que el predictamen circulado aún experimentaría cambios antes de su presentación formal.

Contrastes y exigencias

López Rabadán afirmó que continuaron las observaciones porque existieron diferencias entre integrantes del sector agrícola. Expuso que algunos representantes solicitaron ajustes específicos sobre el manejo del recurso hídrico. Agregó que estas posiciones contrastadas obligaron a sostener un debate amplio.

La legisladora aseguró que el proceso debía mantenerse abierto para ordenar los cambios necesarios. Destacó que el tema exigió un análisis meticuloso debido a la diversidad de actores involucrados. Precisó que los productores manifestaron inquietudes relacionadas con uso, distribución y acceso al agua.

En su exposición, la diputada subrayó que la reforma afectaría directa e indirectamente a millones de personas. Recalcó que el asunto integró un eje compuesto por agua, tierra y alimentos, con impacto nacional. Indicó que su dimensión social implicó responsabilidad técnica en cada decisión legislativa.

Llamado a responsabilidad

López Rabadán señaló que esperaba sensibilidad de cada legislador ante el peso de la votación. Indicó que cada diputada y cada diputado debía asumir la responsabilidad asociada con el dictamen. Enfatizó que el resultado definiría el rumbo de una ley estratégica para el país.

La presidente explicó que el debate buscó asegurar una norma acorde con la realidad hídrica nacional. Recordó que la distribución del agua debía atender criterios de eficiencia, legalidad y equidad. Precisó que el objetivo final consistió en garantizar un marco regulatorio coherente.

En otro momento, la diputada respondió a preguntas de reporteros sobre las declaraciones atribuidas a “El Chapito” respecto de la entrega de “El Mayo” a autoridades estadounidenses. Señaló que correspondía cuestionar la ausencia de autoridad en los hechos descritos. Interrogó públicamente dónde se ubicaban la autoridad federal, la autoridad estatal y la autoridad municipal. –sn–

Kenia López Rabadán

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Puebla analiza propuesta hídrica nacional

Puebla alojó un foro y autoridades discutieron implicaciones legales.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El estado de Puebla fue sede del octavo Foro de Análisis de la Ley General del Agua y reunió a especialistas que explicaron elementos centrales de la propuesta. En el encuentro participaron Miguel Ángel Salub y Nadia Navarro Acevedo ante ciudadanos y agricultores. El diálogo incluyó a presidentes ejidales y expertos en materia hídrica.

Durante la jornada se presentaron alcances e implicaciones vinculadas con la iniciativa de Ley de Aguas Nacionales. La futura discusión en la Cámara de Diputados generó inquietud entre asistentes. Varias intervenciones plantearon efectos en derechos relacionados con el recurso.

Entre los temas expuestos sobresalió la separación del valor del agua respecto al valor de la tierra. La propuesta podría afectar herencias, arrendamientos o ventas de predios con concesiones. Los participantes analizaron posibles consecuencias legales sobre la propiedad rural.

Reformas en debate

La diputada Nadia Navarro afirmó que el planteamiento obligaría a solicitar nuevos permisos ante la autoridad. La modificación no garantizó la conservación de volúmenes de extracción previamente autorizados. La legisladora expuso riesgos administrativos para usuarios agrícolas.

El secretario técnico Miguel Ángel Salub explicó que la iniciativa incluyó incrementos en multas por infracciones. Las modificaciones también contemplaron nuevas obligaciones para productores del campo. Los asistentes procedentes de Amozoc, Acatzingo y otras localidades escucharon detalles sobre los reportes anuales previstos en la propuesta.

El análisis abordó la incorporación de figuras penales denominadas delitos hídricos. La reforma convertiría ciertas conductas administrativas en faltas sujetas a sanciones penales. Los especialistas señalaron impactos en procedimientos actualmente regulados por mecanismos civiles. –sn–

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Morena quiere quitar patrimonio a milones de mexicanos con Ley de Aguas: Moreira

Ley de aguas genera conflicto nacional Nueva ley de aguas provoca despojo y alarma.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La nueva Ley General de Aguas impulsada por Morena provoca acusaciones de despojo y riesgos para productores, según afirmó el diputado federal Rubén Moreira Valdez, quien señaló que la propuesta separa la tierra de la dotación de agua y criminaliza prácticas tradicionales del campo.

El legislador federal priista explicó que la iniciativa transforma actividades históricas en posibles delitos sin consulta genuina a los afectados. También indicó que la medida afectó a campesinos, ganaderos, mineros y usuarios de varias regiones del país.

En el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, Moreira Valdez aseguró que los supuestos foros regionales organizados por diputados de Morena se efectuaron en la ciudad de México sin escuchar testimonios directos del campo. Añadió que el PRI sí realizó encuentros en distintos estados para conocer preocupaciones reales de los sectores productivos. El diputado sostuvo que la exclusión de voces locales impidió la construcción de una propuesta equilibrada.

El coordinador de la bancada priista precisó que la ley no ayudó ni al jefe del Ejecutivo ni al campo mexicano porque quedó diseñada para controlar actividades de la población. Señaló que detrás de la iniciativa actuaron funcionarios que ejecutaron procesos deficientes o intencionalmente restrictivos. También afirmó que la propuesta fortaleció un modelo centralizado con mecanismos de presión institucional.

Control del agua

Moreira Valdez expuso que la ley permitió que autoridades fabricaran delitos contra campesinos mediante criterios discrecionales. Indicó que la normativa abrió la puerta al despojo de agua para beneficiar a empresarios afines o favorecer intercambios políticos. Explicó que estas acciones redujeron la competitividad y frenaron la inversión nacional.

En un foro efectuado en Aguascalientes, encabezado por el diputado Luis Gerardo Sánchez, el legislador priista adelantó que toda el agua del país quedaría bajo control del gobierno federal. Afirmó que incluso la lluvia estaría sujeta a permisos oficiales antes de ser retenida por productores o comunidades. También advirtió que norias caseras o bordos de abrevadero quedarían vigilados y obligados a pagar impuestos.

El diputado señaló que Morena aceleró el proceso legislativo porque sus comisiones cambiaron posturas de un día para otro con el fin de avanzar la aprobación. Recordó que el PT pidió votar la iniciativa sin modificaciones bajo el argumento de que no perjudicaba a la población. Añadió que este ritmo legislativo evidenció la intención de cerrar el dictamen en diciembre.

Impactos legales

El abogado Miguel Ángel Sulub explicó que la iniciativa presidencial permitiría negar concesiones o prórrogas a quienes presentaron adeudos fiscales porque mezcló exigencias tributarias con derechos hídricos. Precisó que los propietarios ya no podrían vender, heredar o alquilar parcelas con agua debido a que el líquido quedó desligado de la tierra. Añadió que cada uso del recurso necesitaría autorización y que incluso herederos podrían enfrentar negativas oficiales.

Sulub advirtió que un pequeño productor sería sancionado por usar más volumen del permitido según criterios administrativos estrictos. Señaló que las multas oscilaron entre 30 mil y 7 millones de pesos, cifra superior al valor de muchas parcelas. También detalló que la propuesta creó delitos hídricos con penas de 2 a 12 años de cárcel y multas de hasta 1.3 millones de pesos.

El ambientalista Ignacio Loera indicó que la reforma afectó prácticas agrícolas sustentables como la rotación de cultivos, técnica mesoamericana fundamental para la conservación de suelos. Explicó que dichas actividades quedaron sujetas a restricciones oficiales que limitaron la autonomía de productores. Agregó que la norma generó incertidumbre para comunidades rurales. –sn–

Ruben Moreira

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