Atención psicológica en escuelas avanza en propuesta legislativa

La iniciativa legislativa sobre salud mental infantil y juvenil avanzó con énfasis en prevención y atención. La propuesta buscó fortalecer la salud mental y ampliar la atención escolar.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La diputada federal Abigail Arredondo Ramos expuso que la salud mental de niñas, niños y adolescentes requería una intervención inmediata, pues problemáticas como el suicidio y el acoso escolar se originaban en la ausencia de apoyo oportuno. Indicó que estos factores afectaban la estabilidad emocional de la población escolar y generaban riesgos en su vida cotidiana. Señaló que la prevención resultaba determinante para equilibrar ideas, emociones y conductas.

La legisladora presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación, con el fin de que autoridades de los tres niveles de gobierno garantizaran la presencia de especialistas en salud mental dentro de los centros educativos. Explicó que la propuesta incluía atención psicológica directa para estudiantes y la incorporación de orientación profesional en los planes de estudio. Añadió que esta medida buscaba fortalecer las redes institucionales de acompañamiento.

Abigail Arredondo Ramos detalló que su proyecto incluía agregar una fracción al artículo 30 y otra al artículo 72, así como sumar un nuevo párrafo al artículo 73. Indicó que también modificaba el tercer párrafo vigente y actualizaba el artículo 80. Subrayó que estos ajustes pretendían integrar la salud mental como un componente estructural del sistema educativo.

Riesgos emocionales en aumento

La diputada afirmó que la atención psicológica oportuna funcionaba como mecanismo preventivo para evitar alteraciones emocionales severas. Indicó que tales alteraciones podían derivar en decisiones que afectaran la vida y la integridad de estudiantes. Recalcó que la intervención temprana constituía un recurso esencial para disminuir riesgos.

La legisladora advirtió que la ausencia de apoyo profesional podía generar efectos graves, entre ellos el suicidio. Citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reportaron 8 mil 837 suicidios en 2023. Explicó que el 65.6 por ciento correspondía a personas menores de 40 años. Añadió que las estadísticas confirmaban la urgencia de actuar.

La diputada señaló que el grupo con mayor vulnerabilidad se ubicaba entre los 15 y 19 años. Recordó que la tasa nacional pasó de 4.9 a 6.8 casos por cada 100 mil habitantes entre 2013 y 2023. Indicó que el comportamiento al alza evidenciaba una problemática sostenida durante una década. Enfatizó que la tendencia debía abordarse desde las escuelas. –sn–

Abigail Arredondo Ramos

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Escuelas carecen de accesibilidad educativa: Celia Fonseca

La diputada Celia Fonseca alertó sobre carencias escolares y presentó iniciativa de inclusión. Brechas en infraestructura escolar.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La diputada Celia Fonseca alertó sobre carencias escolares en México y presentó una iniciativa sobre inclusión dentro de los recintos educacitovos en el país. Brechas en infraestructura escolar.

La legisladora del PVEM señaló que solo 23.14% de primarias y secundarias tuvo accesibilidad. Precisó que este déficit afectó gravemente a niñas, niños y adolescentes con discapacidades en todo el país. Informó que la carencia limitó el derecho a la educación en igualdad de condiciones.

Según datos presentados, más de un millón de jóvenes menores de 29 años resultaron afectados. La falta de infraestructura adaptada incidió en la calidad del aprendizaje y la permanencia escolar. La diputada enfatizó que las brechas educativas permanecieron como un reto urgente de atender.

La diputada federal recordó que promovió una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación. El proyecto buscó garantizar inclusión y accesibilidad para estudiantes con discapacidades en planteles educativos. Señaló que la medida formó parte de la agenda de la LXVI Legislatura.

El objetivo principal de la propuesta fue asegurar educación de calidad, inclusiva y digna. Celia Fonseca destacó que la iniciativa atendió mandatos constitucionales e internacionales asumidos por México. La legisladora planteó que ninguna persona con discapacidad quedara excluida de los planteles.

Carencias en estados críticos

La diputada explicó que el Estado debía asegurar espacios físicos seguros y accesibles en escuelas. Detalló que las condiciones mínimas incluyeron rampas, pasamanos, baños adaptados y mobiliario ergonómico. También señaló la urgencia de integrar recursos tecnológicos y apoyos adicionales para estudiantes.

Recordó que, pese a esfuerzos, la inversión en accesibilidad no cubrió las necesidades nacionales. Las deficiencias se agravaron tras la pandemia, que deterioró la infraestructura escolar en comunidades. Fonseca subrayó que la falta de presupuesto educativo amplió los rezagos en equipamiento.

De acuerdo con su informe, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán tuvieron mayores rezagos estructurales. Explicó que en esas entidades menos de 10% de escuelas contó con accesibilidad adecuada. La cifra reflejó una brecha mayor frente a la media nacional de infraestructura escolar.

Por ello, la diputada consideró indispensable garantizar espacios educativos universales en cada entidad. Propuso que los inmuebles incluyeran elevadores, pisos táctiles y señalización en braille. Además, planteó instalar sistemas de alerta visual y sonora en todas las aulas.

Inclusión en la agenda legislativa

La diputada del PVEM indicó que los planteles debían cumplir con normas nacionales e internacionales. Subrayó que la accesibilidad y seguridad formaron parte de compromisos internacionales de derechos humanos. Recordó que la ley mexicana reconoció el derecho a la educación sin discriminación.

Fonseca insistió en que los espacios físicos y mobiliario debían ser adaptables a necesidades. Recalcó que esta flexibilidad fue esencial para asegurar igualdad de oportunidades educativas. Además, apuntó que la equidad debía ser el principio rector de las políticas públicas.

La legisladora reiteró que el Congreso analizaría la propuesta en el próximo periodo ordinario. Explicó que la reforma buscó incorporar obligaciones explícitas para el Estado mexicano. La iniciativa pretendió garantizar inclusión de estudiantes con discapacidad en todos los niveles escolares.

La diputada recordó que el inicio del ciclo escolar 2025-2026 ocurrirá el 1 de septiembre. Señaló que el tema de la accesibilidad debe atenderse antes del regreso a clases. La legisladora planteó que la infraestructura deficiente afectó directamente a familias y comunidades.

Urgencia de infraestructura inclusiva

El planteamiento de Celia Fonseca sumó respaldo de legisladores del Partido Verde Ecologista. El grupo parlamentario coincidió en la necesidad de aprobar reformas para fortalecer derechos educativos. La diputada señaló que la propuesta se incluyó en la agenda prioritaria.

Además, puntualizó que el cumplimiento de estándares internacionales ayudaría a reducir desigualdades educativas. Aseguró que la adopción de normas de accesibilidad resultó indispensable en planteles rurales. La diputada subrayó que la educación inclusiva fortaleció el tejido social y comunitario.

En su posicionamiento, Celia Fonseca reiteró que el rezago no debía posponerse por falta de recursos. Consideró que las políticas educativas necesitaban ser acompañadas de inversión en infraestructura accesible. Destacó que este componente fue clave para garantizar igualdad sustantiva en escuelas.

La diputada concluyó que la reforma a la Ley General de Educación fortalecería la inclusión. Señaló que el proyecto representó un avance legislativo en favor de estudiantes con discapacidades. Reiteró que el Estado debía cumplir su obligación de garantizar educación inclusiva y digna. –sn–

Alumnos y maestro en salón de clases | @SociedadN_ | Foto: Twitter @SEPGobPue

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Impulsan educación libre de violencia contra mujeres

La Comisión de Educación del Congreso local aprobó una iniciativa contra la violencia escolar. Propusieron reformar la Ley General de Educación y crear entornos seguros.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

La diputada local Patricia Urriza Arellano, de Movimiento Ciudadano, presentó el dictamen ante el Congreso de la Unión. Señaló que el objetivo fue fortalecer la cultura libre de violencia hacia mujeres.

La reforma modificaría el artículo 30 fracción IX e incorporaría la fracción IV Bis al artículo 130. Esto permitiría integrar contenidos educativos enfocados en eliminar estereotipos de género.

También plantearon sensibilizar a madres y padres sobre la violencia contra mujeres en espacios escolares. La intención fue prevenir y erradicar estos patrones desde los primeros años.

Concientización desde la infancia

La legisladora explicó que el entorno educativo es clave para frenar conductas agresivas. Indicó que niñas y niños reproducen actitudes aprendidas si no reciben orientación adecuada.

Expresó que la iniciativa buscó formar una comunidad escolar consciente, que detecte y atienda la violencia. Añadió que la prevención requiere información y compromiso familiar.

“Queremos una educación que fomente igualdad y respeto”, expresó Urriza Arellano en la comisión. Aseguró que una formación integral ayuda a consolidar valores en la niñez.

Indicó que el proyecto también incluyó herramientas para detectar actos violentos desde temprana edad. Esto permitiría intervenir antes de que los comportamientos escalen.

Problema de salud pública

La propuesta destacó que la violencia de género es una emergencia sanitaria. Se apoyó en datos de la Organización Mundial de la Salud y el INEGI para sustentar el dictamen.

Según la OMS, una de cada tres mujeres ha sufrido agresiones físicas o sexuales. Mientras que 70.1 por ciento de mujeres mexicanas mayores de 15 años ha sido violentada.

La iniciativa subrayó que los planteles escolares son espacios estratégicos para combatir esta realidad. Recalcó que en las aulas pueden detectarse señales tempranas.

Además, promovieron programas educativos con enfoque de equidad y derechos humanos. Señalaron que esto permite construir una sociedad sin patrones de abuso ni discriminación.

Cambio estructural en aulas

Propusieron que los planes de estudio incluyan contenidos de respeto e igualdad. Indicaron que erradicar estereotipos desde el aula forma personas más conscientes.

La legisladora afirmó que la inclusión de estos temas desde preescolar hasta nivel medio superior es vital. Añadió que este tipo de educación genera generaciones más responsables.

“Queremos que niñas y niños crezcan libres de violencia”, reiteró Urriza Arellano. Reafirmó su compromiso con la transformación educativa en favor de los derechos de las mujeres.

La comisión consideró necesario capacitar a docentes y personal directivo. Resaltó que todos los actores educativos deben involucrarse para obtener resultados sostenibles.

Educación con perspectiva de género

El dictamen promovió estrategias con perspectiva de género y enfoque interseccional. Plantearon adaptar los contenidos a contextos urbanos y rurales.

También contemplaron materiales didácticos que promuevan valores de igualdad, respeto y paz. Consideraron que esto facilitaría su aplicación en todos los niveles.

Subrayaron que las acciones no deben limitarse a campañas temporales. Propusieron integrar la cultura de no violencia como parte del currículo nacional.

El documento explicó que una educación transformadora impulsa la convivencia armónica. Recalcó que la escuela debe ser ejemplo de tolerancia, justicia y equidad.

Compromiso legislativo local

La diputada Urriza Arellano reiteró su compromiso con la agenda de género desde el Congreso local. Explicó que seguiría promoviendo iniciativas con enfoque de prevención.

Llamó al Congreso de la Unión a respaldar el dictamen para su análisis y aprobación. Señaló que la educación libre de violencia es un derecho para todas y todos.

Aseguró que continuaría trabajando con organizaciones civiles y académicas. Recalcó que el cambio debe realizarse en conjunto con las comunidades educativas.

Finalmente, indicó que seguiría impulsando reformas que garanticen la igualdad sustantiva. Añadió que el combate a la violencia debe comenzar desde las aulas. –sn–

Niñas en patio de escuela

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