Se compraron, por lo menos, 450 mil votos en Coahuila: Mejía Berdeja

Se dio vista a la UIF por presunto lavado de dinero. Se usaron más de 270 mdp para comprar el voto, por lo menos. Es una paz narca para evitar que la oposición acceda a cargos de elección popular.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja dio a conocer que, dio vista a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante la presunción de lavado de dinero durante la pasada jornada electoral en Coahuila, al destinarse, por lo menos, 270 millones de pesos para comprar el voto.

“Se pidió la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) porque estimamos que se compraron aproximadamente 450,000 votos a razón de un promedio de 600 pesos, lo que implica que movilizaron el día de la elección 270 millones de pesos, cuando menos ”, dijo.

En el marco de la ratificación de juicio político este lunes contra el gobernador Manolo Jiménez Salinas y del fiscal Federico Fernández Montañez en la Cámara de Diputados, Mejía Berdeja resaltó que la denuncia incluye la exigencia de indagar los circuitos financieros que movilizaron estos recursos durante los comicios locales.

“Esta operación financiera constituyó un esquema de coacción que alteró la voluntad de los ciudadanos en las urnas coahuilenses. Las autoridades federales recibieron la solicitud para identificar a los responsables de la distribución de este capital ilícito”, detalló.

En este sentido, Ricardo “El Tigre” Mejía calificó este proceso electoral –ya impugnado por el Partido del Trabajo y Morena– como una simulación carente de elecciones libres y auténticas en los 16 distritos electorales locales disputados, debido a las irregularidades detectadas durante el conteo, también del órden de una violación flagrante a los derechos humanos.

El legislador federal recordó que, los efectivos de la policía estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE), funcionaron como instrumentos de represión contra los ciudadanos opositores, al documentarse casos donde los agentes detuvieron y golpearon a personas para permitir que los candidatos oficialistas avasallaran en las casillas. El uso de la fuerza pública impidió que el ejercicio del sufragio fuera secreto y respetara la voluntad popular en la región, resaltó.

El parlamentario petista recordó que, una vez ratificada la solicitud de juicio político en contra del gobernador de Coahuila y su fiscal, la dirección general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados turnará el expediente a la Comisión Instructora para su análisis técnico y posterior dictaminación legislativa.

Ricardo “El Tigre” Mejía aseguró que no permitirá que el proceso de justicia se dilate a pesar del periodo de receso parlamentario. El objetivo de la figura del juicio político es que los funcionarios que violentaron la ley no se salgan con la suya;

Finalmente, Mejía Berdeja comparó la situación que se vive en Coahuila, con lo ocurrido en Durango bajo la administración del gobernador Esteban Villegas Villarreal; “en realidad es una paz narca que opera para evitar que la oposición pueda acceder legítimamente a los cargos de elección popular (…) lo que pasa en Durango es igual a lo que pasa en Coahuila”. –sn–

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Detienen a excolaborador de García Luna por desvío millonario

FGR captura a exfuncionario ligado a contratos de penales.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Antonio Molina Díaz y lo señaló por presuntos delitos de peculado y delincuencia organizada.

La FGR informó que elementos federales cumplimentaron una orden de aprehensión contra Antonio Molina Díaz, quien se desempeñó como coordinador general de Centros Federales entre 2006 y 2012. La institución sostuvo que el exfuncionario presuntamente participó en una red de operaciones vinculadas al desvío de recursos públicos durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

De acuerdo con las investigaciones federales, Molina Díaz habría actuado en coordinación con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente procesado en Estados Unidos por diversos delitos. La carpeta de investigación señaló posibles irregularidades relacionadas con contratos para infraestructura penitenciaria federal.

La captura se realizó en un domicilio ubicado en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Durante el operativo, agentes federales aseguraron diversas identificaciones con nombres distintos, equipos de telefonía móvil y cantidades de dinero en efectivo tanto en moneda nacional como extranjera.

Investigación por contratos

La Fiscalía General de la República (FGR) precisó que la orden judicial se relacionó con los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita. La dependencia indicó que las acusaciones derivaron de una investigación sobre el manejo de recursos destinados al sistema penitenciario federal.

Según la información oficial, el exfuncionario habría firmado contratos para la construcción de ocho centros penitenciarios federales durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Las autoridades sostuvieron que dichos convenios habrían permitido el desvío de más de cinco mil millones de pesos.

Las indagatorias apuntaron a que los contratos habrían sido simulados y suscritos con empresas consideradas fachada. La autoridad ministerial señaló que esos mecanismos presuntamente facilitaron operaciones financieras irregulares vinculadas al uso de recursos públicos. –sn–

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Quién es el ejecutivo venezolano del Banco Santander detenido tras golpe al Tren de Aragua

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Pide EU sanciones globales contra terrorismo y el Cártel de Sinaloa

Las medidas anunciadas buscan ampliar la cooperación global contra redes vinculadas con lavado de dinero y financiamiento ilícito.

Por Martín García | Reportero | Agencias                                      

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos (EU), Scott Bessent, llamó a gobiernos aliados a reforzar acciones internacionales contra el financiamiento del terrorismo y las redes criminales vinculadas al narcotráfico, entre ellas el Cártel de Sinaloa. El funcionario participó en la conferencia internacional “No al financiamiento del terrorismo” del Grupo de los Siete (G7), realizada en París, Francia, donde pidió mayor coordinación financiera y política entre naciones.

Durante su intervención, Bessent sostuvo que Estados Unidos enfrentó amenazas globales vinculadas a organizaciones terroristas y estructuras financieras clandestinas. El funcionario afirmó que las redes de financiamiento operaron mediante empresas fantasma instaladas en Europa, sistemas bancarios ilegales en Oriente Medio y organizaciones criminales activas en el hemisferio occidental.

El secretario del Tesoro estadounidense afirmó que las sanciones económicas representaron instrumentos de presión internacional para modificar conductas y frenar operaciones ilegales. También indicó que las medidas financieras no buscaron aislar permanentemente a países o individuos, sino acelerar cambios de comportamiento mediante acciones específicas y focalizadas.

Presión financiera internacional

En la conferencia celebrada en París, Scott Bessent aseguró que la administración encabezada por Donald Trump revisó el esquema de sanciones internacionales para adaptarlo a los nuevos mecanismos financieros utilizados por organizaciones terroristas. Explicó que el Departamento del Tesoro revisó designaciones consideradas obsoletas con el objetivo de fortalecer la vigilancia sobre redes de evasión financiera y lavado de dinero.

El funcionario estadounidense manifestó que las sanciones prolongadas sin resultados tangibles provocaron efectos colaterales difíciles de prever. También indicó que las medidas más efectivas fueron aquellas aplicadas con objetivos concretos, duración limitada y capacidad de generar presión directa sobre actores específicos involucrados en financiamiento ilícito.

Bessent sostuvo que el combate al terrorismo exigió coordinación permanente entre gobiernos aliados y organismos financieros internacionales. Añadió que la cooperación internacional permitió detectar operaciones clandestinas relacionadas con grupos extremistas, empresas fachada y estructuras bancarias utilizadas para transferencias ilegales. –sn–

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