Ataque a diputados fue ordenado por «Los Chapitos» del cartel de Sinaloa: García Harfuch

Ataque armado a legisladores y respuesta federal marcaron la agenda de seguridad nacional.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que una célula de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, perpetró un ataque armado contra diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) en Sinaloa, hecho que activó protocolos federales de protección e investigación. El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, dio a conocer la información durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. El funcionario precisó que los legisladores contaron con custodia federal desde los hechos y que las indagatorias continuaron en curso.

Durante su tradicional conferencia de prensa, se informó que el ataque ocurrió en Culiacán y fue ejecutado por un comando armado que interceptó a los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, quienes resultaron gravemente heridos. La diputada perdió un ojo como consecuencia directa de la agresión, mientras que su compañero permaneció en estado delicado tras recibir impactos de arma de fuego. Las autoridades médicas confirmaron que ambos recibieron atención especializada inmediata.

Desde el primer momento, fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo conjunto en distintos puntos de la capital sinaloense. Elementos de seguridad realizaron cierres viales, cateos selectivos y labores de inteligencia para ubicar a los responsables materiales del ataque. La SSPC sostuvo que las acciones se realizaron con base en información de campo y análisis criminal.

Investigación federal en marcha

Durante la conferencia, García Harfuch subrayó que la investigación avanzó de manera coordinada entre instancias federales y autoridades locales. Señaló que la agresión fue atribuida de manera directa a una célula operativa de Los Chapitos, identificada previamente por actividades violentas en la región. El funcionario afirmó que los resultados preliminares permitieron establecer líneas claras de investigación.

El titular de la SSPC indicó que la protección a los legisladores se mantuvo bajo esquemas federales reforzados. Añadió que la custodia se extendió a familiares directos ante el riesgo latente derivado del ataque. La dependencia evitó proporcionar detalles tácticos para no comprometer el desarrollo de las indagatorias.

La agresión se produjo en un contexto de alta tensión en Sinaloa, donde autoridades federales intensificaron acciones contra grupos criminales vinculados al Cártel de Sinaloa. Las investigaciones previas detectaron disputas internas entre facciones, lo que incrementó los episodios de violencia selectiva. Este escenario fue incorporado como variable clave en el análisis del caso.

Respaldo al gobierno estatal

El gobierno federal anunció respaldo total al gobierno de Sinaloa para esclarecer el atentado contra los legisladores de Movimiento Ciudadano. La presidente Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gabinete de Seguridad colaboró de forma permanente con las autoridades estatales. Confirmó que las acciones conjuntas derivaron en detenciones relacionadas con los hechos.

Durante su mensaje, la mandataria explicó que la Secretaría de Gobernación estableció comunicación directa con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano. La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, transmitió el respaldo institucional y la disposición del gobierno federal para acompañar el proceso de investigación. El objetivo central fue garantizar justicia y condiciones de seguridad. –sn–

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FGR atribuye exceso de velocidad a descarrilamiento del Tren Interoceánico

La FGR atribuyó el descarrilamiento a exceso de velocidad y descartó fallas estructurales.

Por Martín García | Reportero                                      

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico dejó 14 personas muertas y 97 lesionadas. La funcionaria señaló que la principal causa identificada fue el exceso de velocidad. La investigación inicial descartó afectaciones en la infraestructura ferroviaria.

https://youtu.be/l6IOeOn5QPI?t=409

La FGR resolvió ejercer acción penal por los probables delitos de homicidio culposo y lesiones. Las diligencias quedaron a cargo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y ministerios públicos federales. Las actuaciones continuaron conforme a los protocolos periciales.

El informe preliminar indicó que el tren circuló a 65 kilómetros por hora en la curva del siniestro. En ese punto, la velocidad máxima permitida era de 50 kilómetros por hora. El convoy superó el límite autorizado por 15 kilómetros por hora.

Velocidad fuera de norma

La titular de la FGR explicó que el tramo establecía una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora para carga. Para el servicio de pasajeros, el límite ascendía a 50 kilómetros por hora. Los registros de la caja negra confirmaron que el tren rebasó ambos parámetros.

Los datos técnicos revelaron que el tren realizó frenados completos en estaciones previas. Posteriormente, la velocidad aumentó de manera abrupta. El incremento ocurrió antes de ingresar a la curva donde se produjo el descarrilamiento.

Las autoridades federales informaron que el maquinista aceleró de forma considerable tras los frenados. El aumento de velocidad se mantuvo hasta el punto del accidente. Esta secuencia quedó documentada en los sistemas de registro.

Registros de la caja negra

La investigación estableció que el tren alcanzó 111 kilómetros por hora en tramos rectos. En esas zonas, la velocidad máxima permitida era de 70 kilómetros por hora. El convoy circuló 41 kilómetros por encima del límite autorizado.

El ingreso a seis curvas previas se realizó a 52 kilómetros por hora en la primera. Posteriormente, la velocidad aumentó de forma progresiva. En la curva del siniestro, el tren permaneció a 65 kilómetros por hora. –sn–

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Gobernador de Minnesota critica investigación federal por tirote

El gobernador de Minessota, Tim Walz, dijo que "no se puede confiar" en una investigación de las autoridades federales en el fatal tiroteo en el que murió un estadounidense a manos de agentes de inmigración (ICE) #Minneapolis #Tiroteo #InvestigaciónFederal #TimWalz #ViolenciaArmada ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÁS NOTICIAS DE…

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Confirma Marina del Pilar investigación de la FGR contra su exesposo

Marina del Pilar señaló que las indagaciones derivan de una denuncia anónima y que será la FGR la encargada de determinar responsabilidades.

Por Margarita Hernández | Corresponsal                                     

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación abierta contra su exesposo, Carlos Torres Torres, por su presunta participación en delitos de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero. La mandataria aseguró que el caso se esclarecerá conforme a derecho y reiteró su confianza en el actuar de la autoridad federal.

https://twitter.com/azucenau/status/2014136312152961329?s=20

Durante una declaración pública, Marina del Pilar señaló que las indagaciones derivan de una denuncia anónima y que será la FGR la encargada de determinar responsabilidades. Subrayó que no intervendrá en el proceso y que la Fiscalía debe actuar con plena autonomía, al tratarse de una institución seria que realiza investigaciones en profundidad.

La gobernadora explicó que la carpeta de investigación contra Carlos Torres Torres se encuentra activa y que está relacionada con presuntas operaciones financieras y logísticas vinculadas a organizaciones criminales que operan en la región fronteriza de Baja California. De acuerdo con la información confirmada, la denuncia fue presentada a mediados de 2025 y señala una supuesta trama para permitir actividades ilícitas en el estado a una facción del Cártel de Sinaloa.

Marina del Pilar Ávila puntualizó que los hechos investigados corresponden al ámbito personal de su exesposo y aclaró que su relación matrimonial terminó años antes de que asumiera la gubernatura. Recalcó que no existe relación política, administrativa ni de gobierno entre ambos y que su administración no tiene vínculo alguno con las acusaciones que se investigan. –sn–

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FGR avanza en investigación por accidente ferroviario en Oaxaca

La Fiscalía General de la República avanzó en diligencias y priorizó atención a víctimas.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Fiscalía General de la República (FGR) continúa con el desarrollo de diligencias tras los hechos registrados en el Corredor Interoceánico, en el estado de Oaxaca. Las acciones se enfocan en la integración de la carpeta de investigación correspondiente. La institución mantuvo como eje central la reparación integral del daño a las víctimas.

Desde el inicio de la investigación, la FGR informó que las actuaciones se realizaron conforme a los protocolos legales vigentes. El objetivo consistió en esclarecer las causas del accidente ferroviario. También se buscó garantizar derechos de personas lesionadas, ilesas y familiares de fallecidos.

Las diligencias se llevaron a cabo con coordinación interinstitucional. La autoridad federal precisó que el proceso se desarrolló con apego a la ley. Cada acción fue documentada dentro de la indagatoria ministerial.

Seguimiento a víctimas

Personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) dio seguimiento al estado de salud de personas hospitalizadas. Estas acciones se realizaron en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). El acompañamiento incluyó contacto directo con víctimas y familiares.

Las autoridades establecieron comunicación con personas lesionadas y con quienes resultaron ilesas. También se atendió a familiares de personas fallecidas durante el accidente. El proceso incluyó orientación institucional y apoyo conforme a los marcos legales.

La FGR informó que estas labores se mantuvieron de manera permanente. El seguimiento médico y administrativo continuó en hospitales de la región. Las acciones buscaron garantizar atención integral. –sn–

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«No es terrorismo» la explosión del coche-bomba en Michoacán: García Harfuch

Harfuch explica motivaciones criminales en ataque.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Sspc), Omar García Harfuch, afirmó que el caso del coche bomba en Coahuayana correspondió a actividades de delincuencia organizada y no a acciones de terrorismo, y señaló que las leyes nacional e internacional definen ese delito por la imposición de objetivos políticos o ideológicos.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, expuso que las evidencias mostraron que los responsables buscaban ampliar rutas de trasiego de droga, esquemas de extorsión y control territorial, sin elementos que vincularan el hecho con fines sociales o religiosos. Indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) descartó la clasificación de terrorismo y turnó la indagatoria a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

El funcionario detalló que el ataque formó parte de una confrontación criminal activa en la región, donde operaban grupos con disputas previas. Afirmó que no existían indicios de amenazas contra instancias gubernamentales ni de actos destinados a influir en políticas públicas. Añadió que los responsables buscaban consolidar presencia en Michoacán mediante acciones violentas dirigidas a actores delictivos rivales.

El responsable de Seguridad en el gobierno de Claudia Sheinbaum reiteró que la caracterización jurídica se sustentó en análisis técnicos y antecedentes criminales recopilados en la zona. Sostuvo que la evidencia señaló estrategias de intimidación entre grupos enfrentados y no un intento de alterar la estabilidad institucional. Subrayó que las pesquisas federales se orientaron al fortalecimiento de procesos contra estructuras de delincuencia organizada.

Disputa regional en Michoacán

El titular de la Sspc explicó que el estallido del coche bomba derivó de una pugna local entre organizaciones asentadas en la región de Coahuayana. Apuntó que un grupo afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) confrontó a la alianza denominada Cárteles Unidos, lo que generó movilizaciones violentas previas en distintos puntos limítrofes. Indicó que investigaciones de campo confirmaron la presencia de líderes regionales que mantenían una confrontación prolongada.

El funcionario añadió que en conferencias anteriores se habían documentado ataques previos con explosivos fabricados de forma artesanal, utilizados de manera irregular por ambos bandos. Recordó que algunos artefactos estallaron antes de su uso debido a su manufactura deficiente, lo que reforzó la hipótesis de enfrentamientos internos. Precisó que los ataques no se dirigieron a cuerpos de seguridad comunitarios ni a población civil.

García Harfuch señaló que el grupo aliado al CJNG correspondió al Cártel de Tepalcatepec, estructura con operaciones documentadas en distintas áreas rurales del estado. Indicó que la confrontación con Cárteles Unidos se intensificó en periodos recientes con el objetivo de controlar accesos estratégicos hacia rutas de trasiego. Recalcó que la caracterización del ataque se sustentó en patrones de violencia propios de disputas territoriales.

Sin afrenta al gobierno federal

En la conferencia del martes 9 de diciembre, Claudia Sheinbaum coincidió con García Harfuch en que el coche bomba no representó una afrenta del crimen organizado contra el gobierno federal. Afirmó que la fecha coincidió con actos públicos por los siete años de administraciones identificadas con la Transformación, sin elementos que relacionaran el hecho con esas actividades. Señaló que se trató de un evento estrictamente circunscrito al conflicto criminal regional.

https://sociedad-noticias.com/2025/12/09/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-martes-09-de-diciembre-2025/

La mandataria puntualizó que las líneas de investigación confirmaron un conflicto histórico entre el Cártel de Tepalcatepec y Cárteles Unidos, cuyo historial incluía diversos ataques entre sí registrados en administraciones anteriores. Aseguró que los análisis técnicos descartaron un mensaje político y situaron el hecho en dinámicas criminales previamente detectadas. Sostuvo que organismos de seguridad mantuvieron despliegues operativos para evitar riesgos adicionales.

García Harfuch enfatizó que el uso del término terrorismo debía sustentarse en criterios legales verificables y no en percepciones públicas generadas tras eventos de alto impacto. Indicó que la cooperación interinstitucional permitió consolidar una línea sólida de investigación en materia de delincuencia organizada. Afirmó que las autoridades continuaron con operativos de vigilancia en zonas críticas de Michoacán para inhibir nuevos actos violentos. –sn–

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El ex gobernador César Duarte fue detenido en Chihuahua

Detienen a exgobernador por presunto lavado y enfrenta nuevas acusaciones.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que agentes federales cumplimentaron la orden de aprehensión contra César Duarte, quien fue señalado por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La institución explicó que la orden fue emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del estado de México. El mandato se ejecutó en Chihuahua, donde el exmandatario permanecía bajo procesos abiertos.

https://twitter.com/ErnestinaGodoy_/status/1998157008722383142?s=20

La FGR recordó que Duarte fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, tras una solicitud formal del gobierno federal. Señaló que el exgobernador fue extraditado a México el 2 de junio de 2022 para responder por peculado y asociación delictuosa investigados por autoridades estatales. Indicó que esos procedimientos continuaron bajo la supervisión de la Fiscalía de Chihuahua.

La dependencia federal informó que el 4 de octubre de 2024 solicitó al gobierno de Estados Unidos autorización para procesar a Duarte por delitos distintos a los imputados durante la extradición. Añadió que dicha autorización fue otorgada el 4 de diciembre del mismo año tras el análisis jurídico correspondiente. Explicó que esta resolución permitió ampliar el marco penal aplicable al exmandatario.

Investigación financiera federal

La FGR afirmó que Duarte fue investigado por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero realizado desde su cargo en Chihuahua. La institución asentó que el exgobernador habría utilizado estructuras financieras para ocultar recursos desviados de las arcas estatales. Señaló que dichas maniobras incluyeron movimientos a través del Sistema Financiero Mexicano para encubrir el origen ilícito de los fondos.

La autoridad federal indicó que la indagatoria integró documentación bancaria y registros de transferencias vinculadas al presunto desvío. Expuso que análisis contables permitieron reconstruir rutas financieras vinculadas al funcionario durante su administración. Detalló que estos elementos fueron incorporados al expediente judicial que sustentó la nueva orden.

La FGR explicó que el ministerio público federal reunió testimonios y dictámenes periciales que respaldaron la solicitud de aprehensión. Afirmó que las pruebas acreditaron el presunto uso de mecanismos diseñados para ocultar beneficiarios y montos. Indicó que dichos hallazgos se sumaron a investigaciones iniciadas años atrás en Chihuahua. –sn–

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FGR debe explicar la reclasificación del auto-bomba en la Coahuayana, Michoacán

Michoacán registró un cambio en la clasificación del delito y exigió aclaraciones institucionales.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

Claudia Sheinbuam Pardo, titular de la Presidencia de la República, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) debía detallar las razones legales por las cuales el caso Coahuayana pasó de terrorismo a delincuencia organizada. Sheinbaum respondió a preguntas directas sobre la decisión ministerial. La mandataria indicó que la explicación debía apegarse al marco penal aplicable.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la jefe del Ejecutivo subrayó que la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, debía precisar qué elementos motivaron el cambio de tipo penal. También señaló que la clasificación de terrorismo exigió criterios específicos definidos en el Código Penal Federal. Asimismo, afirmó que la institución ministerial debía informar los hechos confirmados del ataque para sustentar la reclasificación.

La presidente explicó que la investigación debía esclarecer qué ocurrió, quiénes fueron los responsables y cuál fue la causa inmediata de la explosión. Añadió que la determinación final requirió una investigación exhaustiva por parte de la FGR. Sostuvo que el caso debía procesarse bajo las reglas formales del sistema penal mexicano.

Cambio de clasificación

El cuestionamiento público surgió después de que la FGR informara primero sobre la apertura de una carpeta de investigación por terrorismo. Menos de 24 horas después, la institución informó que la indagatoria continuó por delincuencia organizada. El ajuste generó preguntas sobre los parámetros utilizados para redefinir el delito.

En su comunicado oficial, la FGR precisó que el trabajo se realizó en coordinación con el Gabinete de Seguridad del gobierno federal. También confirmó la participación de autoridades estatales de Michoacán en las primeras diligencias. El informe estableció que la investigación se centró en la explosión registrada el fin de semana.

La dependencia detalló que el estallido ocurrió frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana. El hecho dejó seis personas muertas y al menos diez lesionadas, según informes preliminares estatales. El automóvil involucrado fue identificado como vehículo utilizado para la detonación.

Investigación en curso

La jefe del Ejecutivo afirmó que la prioridad institucional fue esclarecer completamente los hechos violentos. También señaló que el gabinete evaluó la información recabada por autoridades federales y estatales. La investigación continuó bajo los lineamientos de la FGR para determinar la responsabilidad penal correspondiente.

https://sociedad-noticias.com/2025/12/08/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-lunes-08-de-diciembre-2025/

La presidente declaró que, hasta el momento, no se determinó un reforzamiento adicional del llamado Plan Michoacán. El programa cumplió un mes de operación y su evaluación interna se mantuvo activa. Las autoridades federales señalaron que cualquier modificación dependerá de resultados concretos de seguridad.

El gobierno federal reiteró que las instituciones responsables continuaron con las diligencias en campo. También confirmaron el análisis de material pericial obtenido en la zona afectada. Finalmente, destacaron que la clasificación definitiva del delito dependerá del avance de la investigación formal. –sn–

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Javier Tapia Santoyo, directivo del IPN, enfrenta señalamientos de corrupción

Presión pública crece y autoridades investigan desvíos millonarios.

Por Martín García | Reportero                                      

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicitó la destitución inmediata de Javier Tapia Santoyo tras documentar desvíos de recursos y ocultamiento patrimonial, y acusó que el servidor público concretó contratos irregulares mientras ocupaba cargos clave en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), reveló este lunes el diario Reforma.

El rotativo precisó que, la dependencia señaló que el funcionario acumuló ventajas económicas no declaradas, lo que habría configurado faltas administrativas graves. También informó que las irregularidades económicas fueron detectadas en revisiones internas y en expedientes que ya se integraban desde meses atrás.

La investigación oficial detalló que el funcionario del IPN enfrentó señalamientos por su participación en contrataciones de limpieza que, según los documentos, presentaron múltiples anomalías. Las indagatorias precisaron que Tapia Santoyo autorizó procedimientos que redujeron la competencia entre proveedores. Las autoridades indicaron además que existió un patrón de adjudicaciones dirigidas.

Contratos bajo sospecha

Los expedientes internos establecieron que el contrato más relevante alcanzó 2 mil 500 millones de pesos y fue otorgado a Servicios Integrales Retimar, compañía señalada por pertenecer al llamado “Cártel de la limpieza” debido a su presencia en diversas contrataciones públicas. Funcionarios consultados recordaron que trabajadores de limpieza del IPN habían protestado días antes por pagos atrasados. En los documentos oficiales se asentó que esta inconformidad coincidió con la revisión de los contratos firmados por Tapia Santoyo.

Las autoridades anticorrupción verificaron también operaciones realizadas entre 2019 y 2022, periodo en el que Tapia fungió como tesorero del ISSSTE. Registros financieros mostraron depósitos efectuados en cuentas bancarias propias y en empresas con las que mantenía vínculos. Los expedientes identificaron como relacionadas a Human Mobile Systems y Labi Scientific.

La revisión del ISSSTE documentó que el entonces tesorero presuntamente destinó recursos públicos para la compra de insumos médicos a una red de empresas fantasma. Dentro de esa red se señaló a Interacción Biomédica, compañía que habría recibido más de mil 613 millones de pesos. Las autoridades indicaron que estos pagos ocurrieron mediante procedimientos administrativos que ya eran analizados antes de la solicitud de destitución.

Exigencias de suspensión inmediata

El informe indicó que en el caso del contrato de limpieza del IPN, Tapia Santoyo redujo deliberadamente la participación de posibles competidores. Documentos de adjudicación establecieron que la contratación se realizó de manera plurianual hasta 2028 por un monto superior a 2 mil millones de pesos. Las instancias de control señalaron que estas decisiones vulneraron las reglas de contratación pública.

Los sistemas de denuncia concluyeron que los hechos configuraron enriquecimiento ilícito y abuso de funciones. La Secretaría Administrativa del IPN fue identificada como área requirente en la operación. Los reportes señalaron que Tapia actuó como responsable directo en la emisión del contrato.

La Secretaría Anticorrupción ordenó retirar al funcionario el acceso a su correo institucional y a todas las cuentas de los sistemas internos del IPN. La medida incluyó la suspensión del uso de recursos financieros, humanos y materiales asignados al cargo. La instrucción se emitió con carácter urgente. –sn–

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FGR confirma investigación federal de red criminal relacionado con Rocha Cantú

Investigación federal avanza y órdenes judiciales se ejecutan con precisión.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el 29 de noviembre obtuvo información suficiente que permitió abrir la carpeta de investigación ministerial (928/2024) por delincuencia organizada, y se integraron datos relacionados con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas en territorio nacional.

POr su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal informó que los indicios fueron recabados mediante procedimientos formales, y los documentos se remitieron a la instancia correspondiente para su análisis. Las autoridades federales señalaron que la investigación avanzó conforme a los lineamientos legales establecidos.

En esa misma carpeta, hace 10 días el juez federal competente otorgó órdenes de aprehensión contra 13 personas, y los expedientes se mantuvieron en estricta reserva por motivos procesales. Los informes judiciales precisaron que cada mandato se sustentó en elementos comprobatorios, y las instituciones involucradas notificaron los actos ministeriales aplicables. Los procesos se radicaron ante los órganos jurisdiccionales que definieron los tiempos de cumplimiento.

La dependencia indicó que hoy se cumplió una orden de aprehensión en contra de una funcionaria federal acusada de participar en los delitos investigados, y los agentes ministeriales confirmaron la ejecución del mandato. La autoridad explicó que el procedimiento se llevó a cabo con apego a derecho, y se realizaron las certificaciones que el expediente exigió. Las instancias responsables notificaron que la persona quedó a disposición del Ministerio Público Federal (MPF).

Caso Raúl Rocha Cantú

En relación con uno de los señalados, Raúl Rocha Cantú, la Fiscalía comunicó que se obtuvieron datos fundamentales que permitirán al Ministerio Público Federal (MPF) ampliar el curso de la indagatoria, y los documentos se integraron al expediente en tiempo y forma. El organismo reiteró que la información pública previa fue considerada en el análisis, y se añadieron elementos provenientes de entrevistas procesales. Las autoridades determinaron que los avances se difundirán conforme se validen los registros.

La dependencia precisó que la situación jurídica del mencionado individuo se dará a conocer cuando los elementos probatorios sean ratificados con plena certeza, y los informes ministeriales se encuentren completos. El MPF señaló que se realizarán las diligencias correspondientes, y los resultados serán presentados ante la autoridad judicial. La instancia federal confirmó que el expediente continúa en revisión.

La autoridad judicial explicó que las diligencias se mantendrán en curso para determinar la validez de cada prueba, y se establecerán las conclusiones procedimentales una vez que concluyan los peritajes. Las instituciones reiteraron que los tiempos procesales se ajustaron a lo dispuesto en la ley, y no se anticiparon resoluciones. El proceso fue supervisado por los órganos técnicos de cada área. –sn–

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