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La resistencia en el Valle del Tambo se reactiva

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Citi rechaza oferta de Grupo México por Banamex y apuesta por desinversión con Chico Pardo y OPI - Periodistas Unidos

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Efraín Martínez Figueroa | EMF Consultoría Política

Sheinbaum busca acuerdos con mineras

Sheinbaum informó sobre Calica y Grupo México; analizó arbitraje y daños ambientales.


Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que el gobierno federal buscaba un acuerdo con la minera Calica, filial de Vulcan Materials Company, debido al arbitraje internacional que la empresa mantenía activo.

La mandataria recordó que la compañía operaba en Quintana Roo con puerto y mina para exportar material a Estados Unidos. Señaló que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la zona como área natural protegida tras detectar daños ambientales.

Claudia Sheinbaum indicó que se analizaba la viabilidad de utilizar el terreno para actividades de turismo de bajo impacto. Al mismo tiempo, agregó que también se estudiaba el posible costo de adquirir tanto el predio como la concesión del puerto.

Caso Calica

La presidente subrayó que la mina de Calica ya no podía explotarse y que todas las opciones se evaluaban para alcanzar un acuerdo antes de la resolución internacional. Añadió que la prioridad era evitar la prolongación del conflicto legal en tribunales extranjeros.

Según lo explicado, el gobierno federal revisaba alternativas jurídicas y financieras con el objetivo de resolver el litigio. Entre ellas estaba la compra de activos y la reconversión de la zona en un espacio de conservación ecológica y aprovechamiento turístico sustentable.

Sheinbaum aseguró que la negociación buscaba atender tanto los compromisos internacionales como la protección del medio ambiente. La decisión sobre Calica formaba parte de una estrategia más amplia para garantizar un manejo responsable de los recursos naturales del país.

El conflicto con la empresa inició tras verificarse que la extracción de materiales superaba lo autorizado. La actividad irregular llevó a la declaratoria de área natural protegida en la región, lo cual detuvo la explotación y dio lugar al litigio internacional.

Caso Río Sonora

En relación con el Río Sonora, Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Gobernación coordinaba un grupo de trabajo con Grupo México, propiedad de Germán Larrea. El objetivo era asegurar la remediación de los daños causados por la contaminación registrada.

Detalló que se debía garantizar la limpieza del río y del suelo, así como la conclusión de una clínica inconclusa y la operación de un laboratorio para el monitoreo permanente de la calidad del agua en las comunidades afectadas.

Mencionó que el diálogo con Grupo México se realizaba de manera abierta con la población local. Precisó que se buscaba que la empresa aceptara compensaciones integrales por los daños derivados del derrame tóxico que afectó al río Sonora.

Recordó que en 2014 se creó un fideicomiso para canalizar recursos y ejecutar obras de reparación. Sin embargo, antes de concluir su administración, Enrique Peña Nieto lo cerró, lo que dejó múltiples pendientes para las comunidades ribereñas.

Política minera

La presidente puntualizó que actualmente no existían nuevas concesiones mineras en el país. Únicamente se otorgaban permisos vinculados con la explotación de minas ya operativas, bajo autorizaciones relacionadas con residuos mineros y procesos de operación técnica.

Indicó que la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Economía eran responsables de validar estas autorizaciones. El control administrativo pretendía reforzar la vigilancia ambiental y evitar que se repitieran situaciones como las ocurridas en Quintana Roo y Sonora.

Finalmente, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las negociaciones con Calica y Grupo México debían concluir con acuerdos claros. Subrayó que el gobierno federal trabajaba para garantizar justicia ambiental y cumplimiento con las exigencias de las comunidades afectadas. –sn–

Mina en Sabinas Coahuila

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Valle de Bravo vive crisis política y ambiental

El municipio mexiquense de Valle de Bravo enfrenta corrupción institucional y saqueo hídrico en medio de desigualdad social.


Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

El municipio de Valle de Bravo, antes refugio natural del estado de México, cambió radicalmente. El destino se transformó en zona de élite política y empresarial con alto impacto ambiental. Escándalos recientes lo colocaron en el centro de la atención nacional.

En 2024, la presidente municipal Michelle Núñez Ponce, surgida del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tomó decisiones arbitrarias. Ordenó suspender pagos y funciones a cinco integrantes del Cabildo local. Entre los afectados estuvieron el síndico Pastor Nava Montoro y regidores de distintos partidos.

La medida se aplicó sin proceso legal ni justificación administrativa oficial. En 2025, el Poder Judicial Federal resolvió que la suspensión fue inconstitucional. El fallo ordenó restituir los derechos de los funcionarios municipales afectados.

Autoritarismo y desigualdad

El caso expuso un patrón de autoritarismo y opacidad institucional en el ayuntamiento. Las denuncias públicas señalaron un manejo discrecional del poder municipal. La alcaldesa enfrentó críticas por el contraste entre lujo personal y pobreza comunitaria.

Paralelamente, Valle de Bravo consolidó su imagen como destino de élite nacional. Se promovieron propiedades de lujo y turismo exclusivo con fuerte inversión inmobiliaria. La expansión desplazó a comunidades rurales y profundizó desigualdades sociales.

Imágenes mostraron a Núñez con prendas de diseñador valoradas en miles de pesos. Entre ellas se identificaron chamarras Moncler de hasta 32 mil pesos. Habitantes denunciaron el contraste con los niveles de precariedad y carencias locales.

El municipio se convirtió en símbolo de desconexión entre autoridades y población vulnerable. Reportes ciudadanos documentaron abandono de programas básicos de salud y servicios. La brecha social creció en paralelo con el auge inmobiliario y turístico.

Presas ilegales en 2025

El escándalo más grave estalló en mayo de 2025 tras investigaciones federales. La Fiscalía General de la República (FGR) reveló la existencia de presas ilegales. Se contabilizaron al menos diez construcciones en zonas naturales protegidas.

Las estructuras desviaban agua del sistema Cutzamala, fuente esencial para millones. La operación ilegal afectó directamente el abasto hídrico en la región centro del país. Habitantes señalaron daños severos a comunidades rurales y zonas forestales.

La construcción de presas implicó maquinaria pesada y obras sin permisos autorizados. Autoridades federales confirmaron que empresarios ligados a Grupo México encabezaron el proyecto. El nombre de Germán Larrea apareció en investigaciones oficiales.

Las pesquisas también señalaron la participación de funcionarios de la Semarnat. Reportes oficiales describieron un entramado de complicidad institucional a nivel federal y estatal. La operación ilegal mostró la vulnerabilidad de áreas estratégicas en la zona.

Comunidades en resistencia

La comunidad local fue la primera en denunciar movimientos sospechosos en el área. Desde 2024, habitantes de Mesa Rica y La Huerta alertaron sobre maquinaria. Sin embargo, las autoridades ignoraron los reportes comunitarios en repetidas ocasiones.

Vecinos documentaron con fotografías la construcción de bordos en áreas prohibidas. Sus denuncias fueron entregadas a autoridades municipales y estatales. Ninguna institución respondió de manera inmediata a las acusaciones de saqueo.

Los pobladores acusaron despojo político y saqueo ambiental en la zona. Señalaron que Valle de Bravo se convirtió en un territorio controlado por intereses privados. La inconformidad derivó en protestas pacíficas y bloqueos comunitarios.

El saqueo hídrico se sumó a la crisis política municipal. La población denunció que la riqueza turística contrastaba con la marginación local. Organizaciones civiles retomaron el caso como ejemplo de impunidad y abuso. –sn–

Valle de Bravo

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Con incentivos del Plan México al sector minero podría retroceder lo que se considera avance en la reforma minera de 2023; aquí te contamos por qué

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Sheinbaum da incentivos al sector minero; organizaciones alertan sobre riesgos

Sector minero podría retroceder lo que se considera avance en la reforma minera de 2023

Avispa Midia
🚛💧 Grupo México niega las acusaciones de saqueo de agua en Sonora, asegurando que su uso de pozos profundos es legal y transparente. La empresa destaca su participación en mesas de trabajo con el gobierno estatal. #GrupoMéxico
agua.org.mx @aguaorgmx
https://agua.org.mx/sonora-grupo-mexico-rechaza-acusaciones-de-saqueo-de-agua-en-sonora-eje-central/
Sonora - Grupo México rechaza acusaciones de “saqueo” de agua en Sonora (Eje Central) – Agua.org.mx

11 de Julio del 2024 Fuente: Eje Central Grupo México respondió a las acusaciones de un supuesto “saqueo” de agua en la carretera Cananea-Bacoachi, estado de Sonora. La empresa minera rechaza … Seguir leyendo Sonora – Grupo México rechaza acusaciones de “saqueo” de agua en Sonora (Eje Central) →

Agua.org.mx
Grupo México busca mantener una mesa de diálogo por contaminación en Río Sonora

López Obrador comentó que Grupo México envió un oficio a la Secretaría de Gobernación para establecer un acuerdo de diálogo para poner fin a la problemática generada por la contaminación del Río So…

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